Villarruel exige la devolución de despachos y bienes del Senado antes del recambio de diciembre
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avanzó con una medida inédita en el Senado: dispuso que los 24 senadores cuyo mandato finaliza en diciembre entreguen, antes del recambio parlamentario, no solo sus despachos, sino también todo el mobiliario y equipamiento asignado, incluyendo computadoras, teléfonos, celulares, tarjetas de comedor, resmas y papelería oficial.
La disposición, instrumentada a través del Decreto Presidencial 488/2025, fue comunicada en las últimas horas y encomienda a la Dirección General de Administración realizar un relevamiento exhaustivo de las oficinas utilizadas por senadores, bloques políticos y asesores, tanto en el Palacio Legislativo como en los anexos de la Cámara alta.
La resolución busca cortar con una práctica extendida en el Congreso: la “herencia de despachos”, por la cual legisladores salientes solían delegar sus oficinas a sucesores de su mismo espacio político o a aliados, sin que la Presidencia de la Cámara interviniera directamente en la reasignación.
Villarruel, que meses atrás había centralizado las funciones administrativas tras la salida de su entonces secretario administrativo Emilio Viramonte Olmos, justificó la medida en la necesidad de transparentar y ordenar el uso de los recursos públicos.
El texto oficial señala: “Los senadores con mandato cumplido deberán restituir a esta Presidencia del H. Senado de la Nación (…) los despachos y/u oficinas que oportunamente se les hubiesen asignado para el ejercicio de sus funciones parlamentarias, antes del 10 de diciembre del año en que finalice su mandato”.
La restitución deberá incluir la totalidad de bienes propiedad del Senado: muebles, modulares, equipos telefónicos, computadoras, laptops, celulares, tarjetas de acceso, tarjetas de comedor, papelería oficial, expedientes y carpetas.
La decisión de Villarruel fue interpretada como una jugada política de alto impacto, ya que elimina un “trofeo de guerra” que por décadas se negoció en la Cámara alta a través de usos y costumbres no reglamentados.
Fuentes legislativas señalaron que la medida afecta por igual a oficialistas y opositores, generando malestar en bloques que esperaban preservar espacios estratégicos en el Palacio Legislativo. El golpe simbólico es mayor en los despachos de la “Casa”, el edificio central del Congreso, más codiciados que los ubicados en los anexos.
Además de implicancias políticas, la resolución apunta a reforzar la autoridad de la Vicepresidencia sobre la administración del Senado y a evitar litigios internos por la reasignación de oficinas. En el corto plazo, se prevé un reacomodamiento de espacios que podría tensar aún más las relaciones entre Villarruel y un cuerpo legislativo que ya viene mostrando fricciones con la Casa Rosada.
Con el recambio de diciembre, la vicepresidenta se asegura un control absoluto sobre la redistribución de oficinas y envía una señal clara de disciplina institucional: los bienes del Senado son patrimonio del Estado y no de los legisladores salientes.
