yerba mate Misiones

El Obispo Martínez respaldó el reclamo yerbatero y recordó que: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve”

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La crisis de la producción yerbatera sumó un nuevo actor institucional de peso. El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, recibió este miércoles a representantes de productores, tareferos y organizaciones civiles de Misiones, quienes expusieron el profundo deterioro económico y social que atraviesa la actividad. Tras el encuentro, el titular de la Diócesis de Posadas advirtió que la provincia enfrenta una situación de emergencia y sostuvo que “todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.

La reunión fue solicitada por las entidades que representan a miles de familias vinculadas a la producción de yerba mate. Para el obispo, el principal objetivo fue escuchar de manera directa una realidad que ya conoce a partir de sus recorridas pastorales por toda la provincia, pero que esta vez llegó con el respaldo de organizaciones que expresan la problemática de pequeños productores y trabajadores rurales.

Martínez diferenció la realidad del sector yerbatero misionero de otros conflictos agropecuarios del país. Remarcó que en Misiones predominan los pequeños productores y los tareferos, familias que dependen exclusivamente de la actividad para subsistir y que hoy enfrentan un escenario de extrema vulnerabilidad.

“Acá no estamos hablando de grandes terratenientes ni de grandes capitalistas. Estamos hablando de pequeños productores y tareferos que padecen circuitos de injusticia y que hoy, según ellos mismos manifestaron, ya no pueden sobrevivir”, afirmó.

El obispo explicó que la crisis trasciende al sector primario y termina afectando a toda la economía de los pueblos del interior. Cuando el ingreso de quienes producen y cosechan yerba desaparece, también se resiente el consumo, caen las ventas en los comercios y se deteriora la actividad económica local.

“Esa depresión económica alcanza al supermercado, al almacén, al comerciante, a las fuentes de trabajo. Es un problema social que impacta sobre toda la comunidad”, describió.

Durante la reunión surgió además la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001.

El obispo consideró que aquel antecedente demuestra que el diálogo institucional puede contribuir a ordenar situaciones complejas cuando los sectores afectados logran expresar sus demandas de manera organizada.

Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.

“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a que las políticas públicas contemplen especialmente a los sectores más vulnerables y recordó que el desarrollo económico solo resulta sostenible cuando incorpora inclusión social.

Frente a las familias que hoy atraviesan la crisis productiva, Martínez dejó un mensaje de esperanza, pero también de organización comunitaria.

“Nunca hay que bajar los brazos. En los momentos difíciles es fundamental mantenerse unidos, organizarse y sostener la esperanza”, expresó.

Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.

“Tenemos que defender nuestros minerales, el litio, el acuífero y todos aquellos recursos que forman parte del patrimonio nacional. Si no existe un discernimiento adecuado, podemos terminar entregando riquezas que condicionarán el futuro de las próximas generaciones”, afirmó.

Para el obispo, la actual crisis yerbatera también debe interpretarse como una oportunidad para fortalecer los espacios de diálogo entre el Estado, los sectores productivos y las organizaciones sociales. Consideró que las soluciones no surgirán únicamente desde los indicadores macroeconómicos, sino de la capacidad de construir consensos que permitan sostener el empleo, preservar la producción y evitar que miles de familias rurales continúen profundizando su situación de vulnerabilidad.

El respaldo de la Iglesia Católica al reclamo de productores y tareferos incorpora una nueva dimensión institucional a un conflicto que ya dejó de ser exclusivamente económico. La preocupación expresada por la Diócesis de Posadas refleja que la crisis de la yerba mate impacta sobre el tejido social de Misiones y plantea el desafío de encontrar respuestas antes de que las consecuencias sean aún más profundas.

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Andresito pierde $64.800 millones por año por el derrumbe del precio de la yerba

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La crisis que atraviesa la producción yerbatera ya no se refleja únicamente en los ingresos de los productores. En Comandante Andresito, uno de los principales polos yerbateros del país, el derrumbe del precio de la hoja verde comienza a medirse en términos de desarrollo local, actividad económica y capacidad de generación de riqueza.

Un informe elaborado por el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones revela que la diferencia entre los aproximadamente $250 por kilo que actualmente reciben los productores y los $700 por kilo que el organismo considera necesarios para cubrir costos y garantizar la sustentabilidad de la actividad provoca una pérdida anual de $64.800 millones para la economía de Andresito.

La magnitud del número adquiere otra dimensión cuando se lo compara con las finanzas públicas del municipio: equivale a casi 14 presupuestos municipales completos que cada año dejan de circular dentro de la localidad.

Una economía que deja de girar

El análisis toma como referencia las cerca de 18.000 hectáreas cultivadas con yerba mate en Comandante Andresito, cuya producción ronda los 144 millones de kilos de hoja verde anuales.

Con el precio actual, esos volúmenes generan ingresos por alrededor de $36.000 millones. Sin embargo, si la materia prima se comercializara a $700 por kilo, el ingreso anual ascendería a $100.800 millones.

La diferencia, de $64.800 millones, representa recursos que hoy no llegan a los productores ni se vuelcan al circuito económico local.

Para una localidad cuya actividad gira en torno a la producción primaria, semejante caída tiene un efecto multiplicador sobre prácticamente todos los sectores.

El impacto supera ampliamente a las chacras

Desde el Ministerio del Agro advierten que la pérdida no termina en el productor.

Menores ingresos implican menos contratación de tareferos, menor demanda de servicios rurales, reducción en la compra de fertilizantes, agroquímicos, combustible y maquinaria, además de una caída del movimiento comercial en talleres mecánicos, estaciones de servicio, corralones, supermercados y pequeños comercios.

Cada peso que deja de percibir un productor es un peso que tampoco circula en la economía de Andresito.

El fenómeno termina afectando el consumo, la inversión privada y también la recaudación de distintos niveles del Estado, profundizando el deterioro económico de una región cuya matriz productiva depende fuertemente de la yerba mate.

Una pérdida que se replica en toda Misiones

El informe también amplía la mirada hacia el conjunto de la provincia.

Tomando una producción anual cercana a los 900 millones de kilos de hoja verde, la diferencia entre el precio actualmente percibido y el valor considerado necesario para sostener la actividad implica que Misiones deja de incorporar alrededor de $405.000 millones por año a su economía.

Ese dinero, sostienen desde la cartera agraria, podría traducirse en mayor inversión productiva, más empleo rural, mayor consumo interno y una mayor capacidad de crecimiento para las economías regionales.

La desregulación, en el centro del debate

El estudio fue difundido en un contexto de fuerte tensión dentro de la cadena yerbatera.

Desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) perdió la facultad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, modificando el esquema de regulación que había funcionado durante más de dos décadas.

La desregulación derivó en una fuerte dispersión de valores pagados a los productores y profundizó el conflicto entre los distintos eslabones de la cadena.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que el mercado debe definir los precios, el Gobierno de Misiones, cooperativas, asociaciones de productores y trabajadores rurales vienen reclamando mecanismos que permitan recomponer el valor de la materia prima y evitar el deterioro de las economías regionales.

Para el Ministerio del Agro, el caso de Andresito muestra con claridad que la discusión excede al sector yerbatero: el precio de la hoja verde termina definiendo el nivel de actividad económica de localidades enteras.

Cuando el ingreso del productor cae, también se resiente el empleo, el comercio, los servicios y la inversión. En municipios cuya economía depende casi exclusivamente de la yerba mate, el precio de la materia prima deja de ser un dato sectorial para convertirse en un factor determinante del desarrollo local.

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Safrán detalló el alivio financiero para la yerba y alertó por la caída de recursos: “Misiones pierde cerca de $40.000 millones por mes”

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El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán aseguró que la provincia atraviesa un escenario financiero complejo por la caída de la coparticipación federal, la baja en la recaudación propia y la desaceleración general de la actividad económica, mientras busca sostener sectores estratégicos como la yerba mate con nuevas herramientas financieras.

En una entrevista con Open1017, Safrán explicó el funcionamiento de la nueva línea de descuento de cheques a tasa cero en Banco Macro para productores, secaderos y molinos yerbateros, destinada a mejorar el precio de la hoja verde y dar liquidez a toda la cadena productiva.

La operatoria comenzó a regir desde el miércoles 6 de mayo y permite descontar cheques de entre 60 y 90 días sin costo financiero, siempre que se respeten precios mínimos de referencia: 301 pesos por kilo de hoja verde y 1.160 pesos por kilo de canchada.

“Quien descuenta el cheque no tiene ningún tipo de descuento por motivos financieros, lo cobra a su valor nominal”, explicó el ministro.

Safrán reconoció que esos valores no representan el ideal pretendido por el sector, pero señaló que funcionan como un piso para ordenar el mercado.

“Sabemos que en algunos lugares se está pagando más. En la zona norte algunos ya están pagando 350 pesos la hoja verde, en la zona centro hasta 380, pero también hay lugares donde pagan menos de 300”, detalló. En Andresito, Kabour, uno de los principales compradores subió el precio a 265 pesos. 

El objetivo principal es evitar que productores y operadores yerbateros se vean obligados a malvender su producción por falta de liquidez en plena cosecha gruesa.

“Queremos que no se vean obligados a entregar la hoja verde o vender la canchada a un precio que no conviene solo para hacerse de liquidez”, sostuvo.

Además, este año se incorporó una nueva herramienta: los molinos que paguen el precio mínimo de la canchada también podrán descontar los cheques provenientes de supermercados por la venta de yerba elaborada.

De ese modo, según explicó, toda la cadena gana oxigenación financiera: el molino puede comprar canchada, el secadero puede comprar hoja verde y el productor puede sostener la cosecha.

La crisis fiscal

Safrán fue contundente al describir la situación de las finanzas provinciales.

“Todas las provincias están atravesando un momento financiero complicado”, afirmó, y explicó que tanto la coparticipación como la recaudación provincial crecen por debajo de la inflación.

Aunque abril mostró una leve mejora, indicó que los recursos siguen deteriorándose en términos reales.

“En promedio por mes, en el caso de Misiones tenemos una pérdida de recursos cercana a los 40.000 millones de pesos”, señaló.

Ese cálculo surge de comparar la evolución de la coparticipación y la recaudación propia con el ritmo de inflación y el crecimiento de los costos del Estado: medicamentos, salud pública, comedores escolares, salarios y servicios esenciales.

“Los costos del Estado crecieron con la inflación, pero los recursos no. Eso genera este desbalance”, explicó.

Frente a ese escenario, sostuvo que la provincia debe profundizar la austeridad y priorizar únicamente los programas más necesarios.

El reclamo que vuelve al centro

En ese contexto, Misiones volvió a insistir con un régimen diferencial impositivo por su condición de provincia fronteriza.

Safrán recordó que Misiones enfrenta una situación única en la Argentina por su contacto permanente con Brasil y Paraguay y el enorme flujo de personas y mercaderías.

“El puente Posadas-Encarnación o el de Puerto Iguazú tiene más movimiento que el aeropuerto de Ezeiza”, afirmó.

Con un dólar barato y fuerte competencia externa, el ministro insistió en que la provincia necesita una zona aduanera especial o una reducción de impuestos nacionales que permita competir. “Si el planteo del Gobierno nacional es bajar impuestos, entonces hagámoslo con los impuestos nacionales aquí en Misiones para poder ser competitivos con Brasil y Paraguay”, remarcó.

Según explicó, el planteo actual es muy similar al que Misiones impulsó en 2020 y que llegó a aprobarse en el Congreso, aunque luego no prosperó plenamente tras el veto de Alberto Fernández.

Para Safrán, la crisis actual tiene tres causas principales: tasas de interés elevadas, atraso cambiario y apertura indiscriminada de importaciones.

El año pasado llegamos a tener tasas del 120 por ciento nominal para créditos cuando la inflación estaba en 30. Quien tomó crédito se endeudó y se sobreendeudó”, señaló.

A eso sumó el impacto de un dólar bajo, que golpea a las economías regionales y reduce competitividad exportadora, además del ingreso de productos importados terminados que compiten con ventajas sobre la industria local.

“Muchos tienen dumping o subsidios y compiten injustamente con los productos locales”, advirtió.

Según el ministro, cuando se consulta a las empresas, la mayoría habla de caídas de ventas de entre 30 y 40 por ciento.

“¿Cómo sostenés una estructura de personal y funcionamiento cuando tus ventas cayeron 30 por ciento?”, planteó.

Safrán advirtió que la recesión comenzó a sentirse con fuerza desde marzo del año pasado y que todavía no aparecen señales claras de recuperación.

“Estamos esperando la recuperación económica, pero hasta el momento no llega”, resumió.

Mientras tanto, la provincia busca sostener su actividad económica con herramientas puntuales para sectores estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la producción y la exportación.

En ese escenario, la yerba mate vuelve a ocupar el centro de la estrategia económica misionera.

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Adrián Núñez, presidente de la Libertad Avanza en Misiones sobre la yerba: “Es innegable que hay un eslabón que la está pasando mal”

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Casi al pasar, por primera vez, el presidente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Núñez, reconoció públicamente que uno de los eslabones de la cadena yerbatera atraviesa una situación crítica tras la desregulación impulsada por el Gobierno nacional con el DNU 70/23. En una entrevista concedida al programa Dólar Blue, el dirigente libertario admitió que “es innegable que hay un eslabón del sector que la está pasando mal”, aunque ratificó la política aplicada por el presidente Javier Milei y descartó que se vaya a fijar precios mínimos. 

La declaración marca un giro discursivo dentro del espacio oficialista, que hasta ahora había defendido sin matices la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), especialmente en lo referido a la fijación de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada.

A pesar de admitir que la producción primaria atraviesa una situación crítica, Núñez sostuvo que la política nacional sigue siendo la correcta.

La frase cobra especial relevancia en una provincia donde la yerba mate no solo representa identidad productiva, sino también una de las principales economías regionales. Misiones concentra el 85% de la producción nacional de hoja verde, con más de 11 mil productores, de los cuales el 75% son pequeños y medianos con explotaciones de hasta 50 hectáreas.

Durante la entrevista, los periodistas remarcaron el fuerte desequilibrio estructural del mercado yerbatero: pocos compradores frente a miles de productores atomizados.

“Son tres molinos y 13 mil productores”, inquirió el cronista. Núñez respondió con una defensa conceptual de la desregulación, aunque terminó admitiendo la dificultad concreta del esquema.

“No, bueno, esas son particularidades de la actividad, pero de ninguna manera…”, intentó justificar, cuando le marcaron que el yerbatero es “un mercado imperfecto”. “Es innegable que hay un eslabón del sector que está pasando mal, lo sabemos y se está trabajando en ese sentido”, respondió. Consultado sobre cuáles eran esas medidas, mencionó acciones paliativas y un convenio con ANMAT para controles de calidad, aunque evitó profundizar.

Uno de los puntos más sensibles expuestos en la entrevista fue la forma de pago.

“Están pagando con cheque a 90 días a los tareferos y productores. No tienen para mantener ni siquiera la chacra”, remarcaron los conductores. Núñez no lo negó.

La respuesta dejó en evidencia una de las principales críticas del sector: la falta de herramientas concretas para sostener financieramente a los pequeños productores mientras el mercado se acomoda a la nueva lógica.

El problema no es menor. Desde la desregulación, los precios pagados al productor quedaron librados a la negociación privada en un contexto de enorme asimetría. Mientras algunos secaderos arrancaron pagando entre 260 y 300 pesos por kilo de hoja verde, productores reclamaban valores mínimos de entre 390 y 450 pesos para cubrir costos y sostener la actividad.

En Andresito, por ejemplo, la oferta inicial fue de 350 pesos por kilo; algunas cooperativas superaron los 400 pesos, mientras que la Cooperativa Piporé llegó a pagar 450 pesos a sus asociados. Sin embargo, la referencia dominante del mercado siguió muy por debajo de esos valores.

La Provincia, en cambio, reclama un mínimo de 700 pesos para la hoja verde, lo que equivale a 50 centavos dólar. El Gobierno provincial prepara para las próximas horas una batería de medidas con el objetivo de elevar el precio de la materia prima.

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Decisiones trascendentales

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No fue un discurso más. Había una enorme expectativa por sus palabras, por el tono político y las miradas externas e internas. No defraudó ese interés. El mensaje del gobernador Hugo Passalacqua marcó un cambio de época en una de las políticas centrales: la rigurosidad fiscal. Instaurado en 2007, el pago a cuenta en los controles fiscales había sido un pilar que marcó a Misiones, para bien, en cuanto al control recaudatorio y para mal, en cuanto a las quejas empresarias y opositoras. En rigor, nunca se trató de una “Aduana Paralela”, sino de un pago a cuenta que obligó a exteriorizar la mercadería que compraban o pretendían ingresar. Un dedo en la llaga para muchos. 

El problema dejará de ser un tema de discusión, tras la decisión tomada por el Gobernador de que se levanten los controles ruteros. “Aclaro: No habrá más cobros de ningún tipo en los puestos de control, quedando los mismos únicamente para verificación de documentación”, insistió Passalacqua en el pasaje más sorpresivo de su mensaje de Estado ante la Cámara de Diputados. 

El anuncio, que rompe muestra una dinámica que choca con los dogmas, desarticula el andamiaje argumentativo de la oposición y las cámaras empresarias, que cuestionaban el impacto del pago a cuenta, que comenzó a cobrarse en 2007, hace casi 20 años. 

La exclusión, que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta 10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados. Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia. 

Finalmente, se dispone para los nuevos contribuyentes, la exclusión del pago a cuenta desde su alta, a efectos de atraer aún más inversiones legítimas a la provincia.

Además de la relevancia política, la decisión toma otra dimensión porque se toma en medio de una fuerte caída de los recursos federales y de la recaudación propia.

En el primer bimestre Misiones registró una recaudación propia de impuestos y tasas varias por $179.166 millones, cifra que equivale a una  variación real negativa de -23,4% respecto a igual período del año anterior. En términos de variación relativa, se trata del peor primer bimestre desde 2006. Visto en moneda constante, la recaudación de 2026 es la más baja desde el año 2020. Entre enero y febrero, la provincia registra una pérdida de más de $40.000 millones en términos reales, explicada por la baja tanto en la coparticipación como en la recaudación propia. Solo en enero, la caída total real fue de $43.492 millones, y en febrero de $41.159 millones interanual. 

Según los datos oficiales, este desequilibrio se profundiza al observar los montos que los misioneros aportan por mes en impuestos nacionales (IVA, ganancias y cheques): cerca de $476.000 millones, de los que sólo retornan $170.000 millones, en concepto de coparticipación. El impacto se acentúa porque, históricamente, la Nación compensaba esa asimetría financiando obras de infraestructura, viviendas y programas de incentivos. Hoy ese escenario cambió. La caída drástica de las transferencias y la paralización de las obras nacionales significan que el Estado nacional concentra en sus arcas los recursos que antes redistribuía. Hoy las provincias son las que deben cubrir esa ausencia. 

El Gobernador venía masticando la reforma fiscal desde hace varias semanas y la preparó como anuncio estelar de su mensaje legislativo. Además del impacto en el discurso opositor, la medida también apunta a demostrar que la caída del consumo y los precios altos poco y nada tienen que ver con la política fiscal de Misiones, sino a decisiones que se toman en Buenos Aires. 

La distancia que tenemos con las políticas implementadas desde Nación, es similar a la distancia geográfica que nos separa de la capital. La gestión política va mucho más allá de lo macroeconómico. Se construye sobre una lectura profunda y constante, conectados cara a cara con la gente que nos marca una agenda propia, alejada de los ruidos y videos virales de redes sociales”, describió Passalacqua.

Y los datos sustentan esa posición. Desde diciembre de 2023, el padrón de Convenio Multilateral en Misiones creció diez por ciento, sumando 4.600 nuevas firmas (entre empresas, PyMEs y unipersonales) que hoy eligen operar en la provincia. Mientras Misiones suma firmas, la tendencia nacional es drásticamente opuesta: en el resto del país, este padrón de contribuyentes cayó en casi 18 mil, detalló Passalacqua. ¿Cómo puede coincidir ese dato con el discurso de que Misiones ahuyenta inversiones?

Passalacqua fue más allá en rebatir los argumentos opositores -libertarios- y exhibió datos que colocan a Misiones lejos de los primeros lugares en la presión fiscal. 

Misiones está en la mitad de la tabla, exactamente en el puesto 13. “Hay 12 provincias que cobran una alícuota superior a nuestro 4,5%. Y la diferencia de fondo es que varias de esas jurisdicciones con impuestos más altos hoy están emitiendo bonos para tapar agujeros financieros o tienen peores calificaciones de riesgo crediticio internacional. Nosotros, con un enorme esfuerzo propio, elegimos el camino del orden, cumpliendo nuestras obligaciones sin hipotecar el futuro”, remarcó. 

La novedad sorprendió en el recinto, donde los diputados parecieron no tomar dimensión del cambio. Incluso, los más acérrimos opositores quedaron en una suerte de offside argumentativo. Otros, como el ex tenista Diego Hartfield optaron por relatar la noticia por las redes sociales desde el confort de su hogar, su lugar elegido para “hacer política”. E ironizar sobre los anuncios. “Sobre el programa Ahora Sepelios prometo no hacer ningún comentario. Solo leeré los vuestros”, se mofó el especialista financiero. 

Los programas Ahora son una herramienta fundamental para sostener el consumo y aliviar a miles de familias misioneras, ante el incesante aumento diario de precios y costos. 

El primero fue el Ahora Pan en 2018, que permite hoy tener el pan más barato de la Argentina, en un acuerdo con las panaderías a cambio de mitigar el costo de la electricidad. Passalacqua anunció varios nuevos capítulos, como el Ahora Chacra, el Ahora Verdulería y el Ahora Sepelios, que permitirá a trabajadores, autónomos o monotributistas, todos los días de la semana, pagar los servicios en hasta 6 cuotas sin interés y con reintegro de hasta el 25% con tarjetas de crédito y otras alternativas de pago. 

Cada uno de los planes impacta en el consumo. En 2025 generaron ventas por 105 mil millones, representando más del diez por ciento del total de ventas minoristas. A la Provincia le cuesta 775 millones de pesos al mes mantener el financiamiento. Pero en una una familia misionera de cuatro integrantes puede representar un ahorro combinado de hasta 273.000 pesos mensuales, equivalente al 23% de su ingreso. “Este ahorro cotidiano es un respiro económico vital para que nuestras familias lleguen a fin de mes en este contexto”, remarcó Passalacqua. 

Llegar a fin de mes es una odisea para millones de argentinos y miles de misioneros. La actividad económica se desploma a diario y el cierre de empresas que no logran “reconvertirse” es abrumador. No es una actividad en particular, sino una realidad transversal a toda la economía. “Nunca… lo que nunca me pasó en la vida, para el mes de junio, ni una sola reserva. Saqué una promoción del 40% con unos precios increíbles. Ayer recién a la noche a última hora ingresaron dos reservas para el 25 de junio al 29. Pero viene horrible la mano, viene horrible la mano”, contó un hotelero de Iguazú, asombrado por la parálisis de la actividad.

En contraste, la eliminación del pago a cuenta de Ingresos Brutos puede reactivar la actividad. El grupo inversor del hotel Marriot que se construye en Iguazú debe traer todo el sistema antiincendios. Lo iba a importar desde Córdoba, con una inversión de 130 mil dólares. El pago a cuenta le significaba inmovilizar cerca de 10 millones de pesos, que ahora volcará a comprar insumos en Misiones. La operación se hará en julio. 

En el sector industrial también fue bien recibida la noticia. No sólo por la supresión del pago a cuenta, sino por la exención a la salida de productos desde la provincia. Una yerbatera que acumulaba 1.200 millones en retenciones y analizaba mudar su sede a la provincia matriz, ahora revisará sus planes.  

La yerba también tuvo un capítulo en el mensaje de Passalacqua. “Esta desregulación no es libertad, es una asimetría profunda que deja el escenario donde se permite que el pez grande se devore al más chico”, sentenció el gobernador. En una respuesta tácita al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el libertario Rodrigo Correa, Passalacqua insistió en que “la crisis SI EXISTE (la mayúscula es del Gobernador) pero no la están pagando todos por igual”.

El mandatario le puso números a la desregulación. “Hace exactamente un año pedíamos en este mismo lugar 505 pesos y ese valor hoy sería $700 por el kilo de hoja verde. El ajuste castiga al eslabón más vulnerable, el productor, mientras el sector industrial mantiene sus márgenes. Estamos hablando de 400 mil millones de pesos que dejan de ingresar a nuestra economía. Es dinero que ya no llega a la despensa, a la carnicería del barrio. La plata que siempre da vueltas, ya no gira porque no hay, deja de llegar, el yerbatero la deja de percibir”, detalló. 

La provincia ya demandó al Estado Nacional para restaurar las facultades del INYM; ahora también lo están haciendo varias asociaciones gremiales yerbateras, con el respaldo provincial. La Justicia federal posadeña, que en primera instancia había intervenido, ahora dilata una definición y, por el contrario, partió la demanda en varias partes, entre Oberá e Iguazú, lo que genera más desasosiego a los productores. 

En las próximas horas habrá nuevas medidas para la yerba mate, en la búsqueda de inclinar la balanza para subir el precio. No serán los 700 pesos, pero habrá herramientas financieras y de gestión apuntadas a secaderos y molinos para elevar el precio de referencia, bastante por encima de los valores actuales.  

Passalacqua abrió y cerró su mensaje con referencias al tiempo político que se vive de cara a las elecciones de 2027. “Misiones se ha consolidado como precursora de una idea que el Santo Padre, el Papa Francisco, supo bautizar como la “Cultura del Encuentro”, comenzó, en velada referencia al Encuentro Misionero lanzado hace unas semanas. “Les aseguro que tengo la fortaleza y la templanza necesarias para navegar estos tiempos difíciles hoy y mañana”, cerró. No hacen falta muchas lecturas subterráneas. El discurso tuvo una enorme carga simbólica, que reveló el estado de situación de la economía y medidas para mejorar lo que se pueda mejorar, con recursos propios. “Todos los logros alcanzados son el mérito del enorme esfuerzo de la gente, de los intendentes que
siempre están y del reflejo de una cohesión y una visión de Estado que se han sostenido en el tiempo. Iniciativas claves que fueron proyectadas bajo la visión del ingeniero Rovira, otras se consolidaron durante la gestión de Closs, y muchas otras han sido impulsadas por el doctor Herrera y sus respectivos equipos de trabajo”, remarcó Passalacqua.

El contraste fue fuerte con lo que sucedió en el Congreso, donde Manuel Adorni tuvo que defender la gestión libertaria. El jefe de Gabinete, acorralado por las denuncias por enriquecimiento acelerado y gastos VIP, repitió el esquema del propio Presidente: sencillamente hacer oídos sordos de los gritos de la realidad. Sobre la yerba, negó una crisis, descartó asistir a los productores y recomendó a los industriales ir a los bancos a financiarse para cubrir la rentabilidad perdida.

Lo más saliente que dejó su paso por el Congreso, además de nuevas revelaciones de la lujosa vida que ostenta junto a su pareja, fue un desliz, o quizás una advertencia: su informe incluyó un minucioso informe sobre los gastos de una tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica. Gastos por 313.000 dólares en menos de un año en consumos que incluyen hoteles de lujo, free shops, peluquerías, discotecas, servicios de playa y compras en tiendas de ropa en distintos países. Los gastos corresponden al período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, etapa que coincide casi por completo con la gestión de Demian Reidel al frente de la empresa estatal. Según el documento, la cuenta identificada bajo el número 338402 acumuló consumos que exceden ampliamente los gastos operativos habituales de una misión corporativa y abren interrogantes sobre los mecanismos de control interno. Reidel es uno de los asesores más cercanos, influyentes e íntimos amigos del presidente argentino Javier Milei.

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