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Los que quedan en el camino

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Algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, yo creo que vale la pena”. La frase del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, describe el derrumbe de la economía y se convierte en una definición política de quiebre. Ya no se trata cerrar los números con la gente adentro, sino de un sálvese quien pueda para alcanzar un país “normal”, en el que, por reflejo, no será para todos. 

El problema en la frase de Grinman es que ese “algunos” ya involucra a cerca de 22 mil empresas y casi 300 mil empleos perdidos en los últimos dos años. Números que impactan por la velocidad y la magnitud del deterioro. Durante los cuatro años de Cambiemos cerraron 25 mil pymes. Durante el peor gobierno de Alberto Fernández, que atravesó la pandemia y terminó con una feroz recesión, se estima que cerraron 12 mil empresas. 

No se trata, como plantea livianamente el diputado libertario Diego Hartfield de que “cierre de empresas hubo siempre”, sino de un plan económico que derrumbó la actividad y que no aparecen señales positivas en el horizonte. 

La misma dinámica se puede observar en la yerba mate. Durante los 90, la anterior década desregulada, la crisis tardó en hacer eclosión porque Carlos Menem había logrado congelar los precios. De la hiper se pasó a cero casi sin escalas y los productores pudieron “aguantar”, aunque inexorablemente se producía un éxodo rural y se malvendían chacras por la miseria de los precios de la materia prima. Ahora ese escenario se repite a máxima velocidad: mientras se derrumbó el precio de la hoja verde, los costos de producción no dejaron de subir. El gasoil, insumo esencial de la chacra, aumentó 231,8 por ciento desde que asumió Javier Milei. Ni hace falta sumar electricidad o los alimentos, que en el último año aumentaron por encima del 40 por ciento. La situación se hace insostenible para muchos pequeños productores. 

La industria, aunque paga mucho menos que hace dos años por la materia prima, también debe afrontar mayores costos y rentabilidad escasa.Y despide. Un círculo nada virtuoso que la reforma laboral celebrada como un triunfo por el Gobierno, no vendrá a solucionar. 

La reforma laboral es la carta que le faltaba al menú libertario. No puede quejarse el Presidente de que haya obstrucción de la oposición, ni culparla por falta de resultados: cada iniciativa considerada clave, contó con respaldo político.

La nueva ley laboral avanza sobre varios pilares sensibles del sistema de relaciones de trabajo en la Argentina. Por un lado, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica el esquema de despidos mediante la creación de un fondo de cese laboral administrado por bancos y entidades financieras. Ese fondo se nutriría de aportes patronales que hasta ahora tenían como destino la Agencia Nacional de la Seguridad Social, lo que abre un interrogante inevitable: ¿se trata de un mecanismo de previsibilidad para las empresas o de un nuevo factor de desfinanciamiento del sistema previsional?

La iniciativa también redefine el equilibrio de fuerzas entre empleadores y sindicatos. Impone límites más estrictos al derecho a huelga al fijar servicios mínimos del 75% en sectores considerados esenciales -salud, educación, transporte, energía y agua, entre otros-, un alcance tan amplio que, en la práctica, reduce de manera significativa la capacidad de presión gremial. Al mismo tiempo, promueve los acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos por actividad, lo que podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el poder estructural de los sindicatos.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta a “modernizar” la legislación laboral y a dinamizar un mercado de trabajo formal que lleva más de una década estancado. Sin embargo, buena parte de los economistas advierte que ninguna modificación normativa, por sí sola, puede revertir esa inercia si la economía no logra salir del ciclo de bajo crecimiento que arrastra desde hace años. La discusión de fondo, entonces, no es solo jurídica ni laboral: es, ante todo, macroeconómica. Sin expansión sostenida, difícilmente haya reforma que alcance.

Misiones perdió más de 10 mil empleos privados desde que asumió Javier Milei -después de un techo de 110 mil registrados en 2023-. La extensa fila -varias cuadras y largas horas de espera desde la madrugada del viernes- de jóvenes y no tanto, para cubrir 20 puestos pedidos por un supermercado familiar de Posadas, exhibe una postal que no era habitual. 

Fotos gentileza Primera Edición.

La urgencia por un trabajo atraviesa a toda la sociedad. En la construcción, el derrumbe es histórico, con el volumen de empleo más bajo desde 2007. En diciembre Misiones registró unos 4.636 empleos formales en la construcción, con una baja mensual del 6,3% (-312 empleos) al tiempo que, en la comparación interanual, el empleo se contrajo 10,1% (-521 empleos). Si se toma la evolución desde noviembre 2023 a diciembre 2025, de modo de observar el impacto sobre la construcción de las políticas aplicables por la gestión Milei, Misiones presenta una baja del 40,4%, provocando una pérdida de 3.137 empleos.

No es un problema local. La última encuesta de Zuban & Córdoba revela que la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%).

En la misma línea, la última encuesta de Atlas Intel para Bloomberg vuelve a encender luces amarillas en la Casa Rosada. La desaprobación del presidente Javier Milei trepó al 55,3% y acumula dos meses consecutivos en alza, acercándose al máximo histórico de la serie. La aprobación, en cambio, cayó al 41,5%, también por segundo mes consecutivo, mientras que el 3,3% aún no toma posición. Cuando se analiza la evaluación general del Gobierno, el 53,1% lo califica como malo o muy malo, frente a un 35% que lo considera excelente o bueno y un 11,9% que lo define como regular. Lo llamativo es que, aunque crecen tanto las opiniones positivas (+4,5 puntos) como las negativas (+5,5 puntos), estas últimas alcanzan su nivel más alto desde el inicio de la serie. La sociedad parece polarizarse, pero con un sesgo creciente hacia la crítica, aunque hasta hace pocas semanas se aplaudía a rabiar la motosierra y el ajuste.

El capítulo laboral es especialmente sensible. Más de la mitad de los argentinos cree que la reforma reducirá derechos (59%) y aumentará la precarización (55%). Un 63% piensa que la informalidad crecerá o no cambiará. Si bien el 40% espera mayor competitividad, el 58% prevé que la oferta de empleo caerá o permanecerá estancada. El mensaje oficial de modernización choca con el temor social a la pérdida de estabilidad.

El trasfondo es económico. El 62% califica la situación del país como mala y apenas el 22% la considera buena. Más contundente aún: el 57% evalúa negativamente la realidad de su propio hogar. A futuro, el 50% cree que la economía empeorará y más de la mitad anticipa un deterioro del mercado laboral. Ese clima condiciona consumo, crédito e inversión, pilares de cualquier recuperación sostenible.

No se trata de una consultora marginal. Atlas Intel fue una de las firmas que mejor proyectó el triunfo de Milei en 2023. Su estudio Latam Pulse Argentina, realizado en febrero de 2026 junto a Bloomberg, ubica la confianza del consumidor en zona negativa y posiciona al país entre los peores registros de la región.

La brecha entre la narrativa oficial de estabilización macroeconómica y la percepción cotidiana de la sociedad aparece como el principal desafío político. Porque aun cuando los números fiscales o inflacionarios muestren mejoras, el humor social se mueve por el empleo, el ingreso disponible y la expectativa de futuro. Y hoy, según estos datos, ese humor está dominado más por la preocupación que por la esperanza.

Las soluciones no pueden ser locales, aunque las provincias tienen que hacerse cargo de las consecuencias. El gobernador Hugo Passalacqua expresó con claridad su prioridad: “Empleo, empleo, empleo”; repitió durante la firma de un nuevo acuerdo de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones por 5.500 millones, destinado a Pymes y fortalecer el empleo. 

También en esa línea se inscribe la reingeniería de la cúpula del Estado que decretó Passalacqua: 144 puestos jerárquicos fueron eliminados como corolario de un proceso que se inició hace varios meses y que continuará en los próximos. “Decreté la eliminación de 114 cargos jerárquicos del ámbito provincial, entre direcciones, secretarías y otras estructuras. Esta decisión se da en el marco de una serie de medidas que estamos tomando como parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente. Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar”, detalló Passalacqua.

Es que las perspectivas no son alentadoras en cuanto a los recursos. En el mes de febrero de 2026 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,44 billones presentando un nuevo descenso en términos reales1, que esta vez fue de -7,5% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,5% real mensual).

En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 172.603 millones con una variación también negativa del 7,9% interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,7% real. El primer bimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 358.336 millones, que representa un -7,4% en términos reales contra igual período del 2025.

Si la economía no crece es improbable que los recursos lo hagan. Y la economía lejos está de crecer de forma homogénea. Apenas estertores. El estimador económico de diciembre mostró un crecimiento interanual del 3,5% y una suba mensual desestacionalizada del 1,8%. En términos de tendencia-ciclo, el avance fue de apenas 0,3%. A primera vista, el número habilita la palabra “recuperación” y el Gobierno de Javier Milei lo exhibe como señal de éxito, del mismo modo que lo hizo con el superávit comercial.

El 3,48% interanual está fuertemente explicado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2% y aportó 1,91 puntos porcentuales al total. Es decir, más de la mitad de la expansión proviene del agro. La explicación técnica es clara: cosecha récord de trigo y efecto rebote tras la sequía de 2023.

El segundo motor es la intermediación financiera, con un crecimiento del 14,1% y una incidencia de 0,52 puntos. Le sigue explotación de minas y canteras, con 9,1% y 0,36 puntos de aporte. También muestra dinamismo el sector de electricidad, gas y agua.

El patrón es evidente: la expansión se apoya en agro, finanzas y sectores primarios o energéticos.

En contraste, los sectores con mayor encadenamiento productivo y mayor elasticidad empleo-producto siguen mostrando debilidad. La industria manufacturera cayó 3,9% interanual y restó 0,60 puntos al crecimiento. El comercio mayorista y minorista retrocedió 1,3% y restó 0,16 puntos. Hoteles y restaurantes bajaron 1,5%. La administración pública cayó 1,1%.

En términos distributivos y laborales, el dato es aún más relevante. El agro combina alta productividad con baja absorción relativa de empleo. La intermediación financiera tampoco es intensiva en mano de obra. Es posible, entonces, observar crecimiento estadístico sin una mejora proporcional en el salario real ni en el consumo masivo.

Políticamente, el número permite construir la narrativa de la reactivación y alimentar el relato del “éxito económico”. Pero la estructura sectorial revela un patrón de crecimiento apoyado en commodities, energía y valorización financiera, mientras la industria manufacturera -núcleo de densidad tecnológica y empleo- continúa en contracción.

El consumo masivo no rebota: se sigue hundiendo. El adelanto de la consultora Scentia para enero confirma una caída interanual de 1,1% en el total de canales. Pero el promedio esconde el golpe real: el self service total -supermercados de cadena y autoservicios independientes- cae 3,8% frente a enero del año pasado. Dentro de ese universo, los supermercados retroceden 3,3% y los autoservicios 4,2% interanual. Es el consumo cotidiano, el de góndola y barrio, el que sigue en terreno negativo.

El desglose por canales tampoco ofrece consuelo. Contra diciembre, enero muestra desplomes de dos dígitos: supermercados -15,4%, autoservicios -12,5%, mayoristas -14,6% y e-commerce -11%. Farmacias caen 7,8%. Solo Kioscos y Tiendas (K+T) exhiben una leve suba interanual de 2,7%, mientras que el comercio electrónico crece 33% contra enero de 2025, aunque desde una base más acotada y con fuerte volatilidad mensual. Pocas veces se vio un deterioro tan extendido y sostenido en el consumo masivo: cuando caen los canales que venden lo básico, no es un ajuste estadístico, es una señal de enfriamiento profundo del poder adquisitivo.

En Misiones, las ventas en los supermercados volvieron a ser negativas. Las ventas relevadas en las bocas de expendio de los grandes supermercados de la provincia totalizaron $ 29.771 millones en diciembre y en relación con igual mes del 2024 mostraron una caída del 6,0%, la octava baja consecutiva. Fue la provincia con el tercer mayor descenso del país (solo por encima de Corrientes y Tucumán); a su vez, el retroceso también se observó en la comparación mensual  desestacionalizada, donde las ventas disminuyeron en 0,2% real (también la tercera más fuerte del país). Misiones cerró el 2025 con una caída acumulada de sus ventas del 3,8% contra 2024 (tercera más fuerte del país). Fue el peor año para este indicador en la provincia, ya que también muestra bajas contra todos los años desde 2017.

Como contraste, los Ahora se transformaron en una herramienta definitiva de sostén de la actividad económica. Los últimos datos de las ventas de los diferentes programas Ahora Misiones revelan un crecimiento exponencial en el consumo interno impulsado por estas herramientas de fomento económico durante los años 2024 y 2025. El impacto económico total en el bienio analizado alcanzó la cifra histórica de $160.945 millones, con un total de ventas en 2024 de $62.287.046.550 y $98.658.577.995 durante 2025, con un incremento nominal del 58,4% sobre las ventas totales.Los programas se han diversificado para cubrir todas las necesidades de las familias misioneras. Se destaca el programas Ahora Misiones, que con un total de $44.090 millones en el año 2025 sigue siendo el pilar del consumo, representando el 50% de las ventas totales del sistema.Sin el programa de financiamiento, la sangría fronteriza sería inaguantable. La presión por el empleo, mucho más asfixiante.

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Fate, un síntoma

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Cuando en las próximas horas el Senado convierta en ley la Reforma Laboral -concebida con la premisa de aliviar cargas empresarias y bajo la promesa, todavía incierta, de dinamizar la creación de empleo- el presidente Javier Milei sumará una nueva pieza a su arquitectura económica. En poco más de dos años de gestión, ese engranaje ya incluye el mega DNU de desregulación, la Ley Bases, un presupuesto moldeado por el ajuste y dos salvatajes financieros: uno del Fondo Monetario Internacional y otro del siempre gravitante “Tío Donald” en Estados Unidos. 

Sin embargo, más allá del sostenido superávit financiero, los resultados concretos exhiben una fragilidad evidente. La inflación, lejos de estar bajo control, continúa mostrando una tendencia ascendente desde mayo del año pasado, aun en un contexto de fuerte intervención y cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales.

Mientras se celebra la flexibilización laboral, el cierre de Fate se transformó en un síntoma de la agonía económica: 920 despidos en un miércoles negro, que desnudó los efectos de la apertura de importaciones al mismo tiempo que una desprotección de la producción nacional. No es, ni cerca, un problema exclusivo de la única fábrica de neumáticos de capital nacional, sino un caso testigo de un mal de época que provocó la pérdida de 21.938 empleadores desde diciembre de 2023 (30 por día) y la destrucción de 290.600 puestos de trabajo registrados –más de 400 puestos por día-.

Nadie en el oficialismo puede explicar cómo la Reforma Laboral ayudará a recuperar ese empleo perdido. La oposición y los menos crédulos advierten que eso no sucederá. 

No es que no se crea en las buenas intenciones del Gobierno, sino que los antecedentes no son positivos. La reforma es muy similar a otra que se aprobó a los apurones en los primeros meses del gobierno de Fernando De la Rúa. La recordada “ley Banelco” se emparenta con el proyecto actual, que retoma, casi sin matices, los mismos ejes que ya se intentaron en el pasado: ampliación del período de prueba, descentralización de la negociación colectiva, debilitamiento de la ultraactividad de los convenios, habilitación de modalidades contractuales precarias, reducción o pago parcial del salario y la imposición de cláusulas atadas a la productividad. 

El Gobierno tuvo que quitar el artículo 44, que incluía el “exceso” de imponer descuentos de hasta el 50 por ciento por enfermedad para los trabajadores. 

El conjunto tiene una lógica repetida en otros tiempos de la Argentina: hay que sufrir el presente para aspirar a un futuro, potencial, lejano, que será mejor. Álvaro Alsogaray pedía resignación con su célebre “hay que pasar el invierno”; en 1961, Roberto Alemann insistía en que “suframos hoy, que mañana estaremos bien”. En 1989, Carlos Menem ensayaba el optimista “estamos mal, pero vamos bien”; en 2001, poco antes del estallido, Fernando de la Rúa aseguraba que “lo peor ya pasó”; en 2016, Mauricio Macri prometía “el segundo semestre” y “la luz al final del túnel”. 

En 2024, Javier Milei hablaba de una “salida en V corta” también en el segundo semestre. Distintos contextos, distintas recetas y signos políticos, pero una constante narrativa: la promesa de que el sacrificio presente será recompensado en un futuro inmediato que, casi siempre, se anuncia más cercano de lo que la realidad termina permitiendo.

La reforma laboral fue aprobada en Diputados en medio de un paro general de la CGT. Contundente. El cuarto en la era Milei, que ya se convirtió en el tercer presidente con mayor número de huelgas, detrás de De la Rúa y Raúl Alfonsín. Según la central obrera, se trata del primer paso de una resistencia a la reforma, que seguramente terminará siendo judicializada y con escaso apoyo político: Un monitoreo de la consultora Zentrix sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei muestra un cambio significativo en la percepción social. En noviembre de 2025, el 55% de los consultados se manifestaba a favor de la reforma, mientras que el 39% se declaraba en contra. Sin embargo, en la medición de febrero de 2026, el apoyo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%.

En nombre de la “modernización”, el núcleo del planteo apunta a flexibilizar las condiciones laborales bajo la premisa de dinamizar el mercado de trabajo.

Ese esquema en el año 2000 fue impulsado en su momento por la ministra de Trabajo de la alianza: Patricia Bullrich, promotora también del descuento del 13 por ciento a estatales y jubilados. La promesa era la misma: la flexibilización sería el camino para generar empleo. Un argumento similar usó la senadora, ahora libertaria, Patricia Bullrich para defender la iniciativa rediseñada por Federico Sturzenegger, otro ex alianza, que ahora lidera el plan de desregulación, mientras su esposa cierra jugosos contratos con el Estado. 

A la luz de la experiencia acumulada, la ecuación -menos regulación a cambio de más empleo- no se verificó. De la Rúa se escapó en helicóptero días antes de las navidades de 2001, con 20 por ciento de desocupación y cerca de tres millones de personas sin empleo. 

Hoy la Argentina alcanzó un nuevo máximo en precariedad laboral. Según el Indicador de Trabajo Desprotegido, elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares, más de 6 millones de personas se desempeñan en puestos de baja calidad laboral, el nivel más alto desde que el INDEC publica esta serie en 2016. El dato refleja un deterioro estructural del mercado de trabajo, con fuerte impacto en jubilados y trabajadores mayores.

La industria advierte que la reforma laboral no cambiará el desequilibrio. En un comunicado, la Unión Industrial remarcó que “las principales economías del mundo no dudan en desplegar instrumentos de defensa comercial cuando perciben amenazas sobre sus cadenas de valor estratégicas”. 

Frente a prácticas de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas, los Estados intervienen para resguardar su entramado productivo. Pretender que la Argentina compita en un escenario de apertura irrestricta, sin herramientas equivalentes ni correcciones internas, supone ignorar esa evidencia comparada. La Argentina atraviesa una combinación de caída del consumo, suba de costos y competencia externa barata. ¿Si no hay a quien vender, cómo mejorará la ecuación?

El dogma libertario pretende que con menos regulaciones, el mercado se ordenará solo, generará empleo y habrá crecimiento. La yerba mate es un ejemplo cercano de que la desregulación no implica un círculo virtuoso: desplome de precios de la materia prima, con un impacto brutal en el sector productivo, acompañado por importaciones libres y sin control de calidad, lo que amenaza a la misma industria y promueve una guerra comercial de precios bajos con costos por las nubes. Sturzenegger es quien se jacta de hacer realidad la desregulación yerbatera. Los productores no tienen nada para celebrar. El viernes iban a reunirse con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero Rodrigo Correa pegó el faltazo sobre la hora. Las entidades productivas firmaron un documento en el que expusieron el estado de situación: las entidades sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, el sector atraviesa “quizás el peor momento de su historia”, marcado por una fuerte caída del precio de la hoja verde y la eliminación de herramientas regulatorias.

Apuntan específicamente a los decretos 70/2023 y 81/2025, que limitaron facultades del INYM en materia de fijación de precios y regulación del mercado. Según los productores, la pérdida de esas atribuciones dejó al sector sin un instrumento clave para equilibrar la cadena y proteger a los pequeños y medianos yerbateros.

“¿Quién puede subsistir en la Argentina de hoy, donde el combustible y otros servicios esenciales no paran de subir, con un promedio de rendimiento de 6 mil kilos por hectárea, cobrando 180 pesos por kilo y con pagos a 120 días o más?”, plantean en el documento.

“A través de este escrito, evidenciándose claramente que la política de desregulación provoca un criminal deterioro socio económico, le solicitamos formalmente, señor Rodrigo Correa, que gestione, desde el lugar que ocupa en la Institución y ante quien corresponda, la devolución de todas las facultades del INYM y que cese el desguace de normativa y de la estructura de la Institución, que se aceleró a partir de su presencia”, señala el acta firmado por los productores.

La Provincia quiere que el INYM por lo menos sugiera un precio de referencia y convocó a la industria a una reunión para el 10 de marzo para analizar la situación de toda la cadena y evaluar avances del Centro de Transacción de la Yerba Mate. 

La crisis productiva en la yerba mate es una consecuencia de las políticas nacionales, pero con efecto focalizado en Misiones, como Fate en Buenos Aires, Dass en Eldorado, La Granja Tres Arroyos en Entre Ríos o cientos de pymes en cada punto del país. Las respuestas a esas crisis “locales” son siempre de las provincias, gobernadores e intendentes. Sin embargo, al mismo tiempo, son demonizados por el “costo político” y los “gastos estatales”. Pero sin esa contención, el tejido social ya hubiera implosionado. 

Es la paradoja del momento. Los gobernadores deben negociar la sobrevivencia con Nación y se les exige atender los estallidos. Al mismo tiempo se les cuestiona si se oponen a las políticas nacionales y si no logran contener sus consecuencias. 

Misiones lo puede hacer gracias a una política económica sostenida en el tiempo, aunque está cada vez más exigida. Fue la primera provincia en acordar incrementos salariales para el sector docente y de la seguridad y ya tiene agendados encuentros con otros sectores de la administración pública. 

En conjunto, el salario docente insume alrededor de 60 mil millones por mes. De cada diez pesos que se destinan a educación en Misiones, aproximadamente 6 salen directamente del presupuesto provincial. 

A eso se suman el Boleto Estudiantil y diversos programas de cuidado del bolsillo que continúan vigentes desde hace varios años, desde crisis anteriores. Decisiones políticas al servicio de la sociedad. El gobernador Hugo Passalacqua trazó una línea: se congeló el sueldo hasta diciembre de este año y redobló la exigencia sobre el gabinete para estar cerca y mostrar resultados. La eyección de una funcionaria de Turismo por sus comentarios desaprensivos, es una prueba de que no habrá tolerancia a desvíos.

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Éxodo laboral de Misiones a Brasil: “Esto es el ADN de La Libertad Avanza”

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Por: Gastón Rodríguez. La quietud en Comandante Andresito, en el extremo misionero que limita con el Brasil, se siente más allá de la siesta. Calles vacías, comercios cerrados, un silencio insólito en las noches de verano del mayor productor de yerba mate de la Argentina. “Andresito, hoy, es un pueblo fantasma”, se lamenta Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN). “La situación es tan grave –explica– que no sólo los trabajadores, sino también los productores y los hijos de los productores se están yendo a Brasil a trabajar porque no nos alcanza, todos nos estamos empobreciendo”.

El éxodo misionero hacia Brasil para emplearse, en su mayoría, en la recolección de frutas y verduras ya es un paisaje triste; la última foto –una más– de la galopante crisis económica. 

“El poco trabajo que hay no está bien pago, entonces la única alternativa es cruzarse a Brasil; ya pasaba en años anteriores, pero nunca la cantidad que se ve ahora. Allá los trabajadores están bien pagos, les dan condiciones dignas de vivir y en algunos casos hasta les cubren el transporte. Hay que reconocer que el Brasil le está dando una mano grande a nuestra gente, es un alivio dentro de una situación cada vez más difícil”, admite con algo de pudor el intendente de Comandante Andresito, Bruno Beck.

Desamparados

Todos coinciden en que la suerte de Misiones se empezó a estropear el día que el gobierno de Javier Milei reglamentó el DNU 70/23 que eliminó el precio sostén del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), permitiendo que los gigantes de las industrias impongan valores que no cubren ni la mitad de los costos de producción.

“La desregulación que aplicó el gobierno nacional nos dejó totalmente desamparados. En 2023, un paquete de yerba de precio promedio estaba 2500 pesos, y los productores recibíamos 400 pesos. Hoy, que el valor promedio del paquete está en 4000 pesos, la industria nos ofrece entre 180 y 200 pesos. Entendemos la situación del país, pero hace dos años que venimos trabajando a perdida. No podemos más, pedimos una solución a gritos, pero no hay decisión política”, se queja Petterson.

En el mismo sentido opina el intendente Beck: “Cuando se impone la ley de la oferta y la demanda, los que tienen plata bajan los precios. No hay que darle más vuelta. El gobierno nacional no tiene empatía con la gente. Toda la parte comercial de Andresito está complicada, cada vez se vende menos, cada vez el salario está más deteriorado, y eso va deteriorando también a las familias. Esto que estamos viviendo es el ADN de La Libertad Avanza”.

Éxodo laboral de Misiones a Brasil: “Esto es el ADN de La Libertad Avanza”

“Todos se habrán ido”

Isaías Mendoza se define como “tarafero de ley”. La mayor parte de sus 45 años la pasó recolectando la hoja verde de yerba mate. Hace ya varios días que no ve ni a su mujer ni a sus tres hijos –de seis, diez y doce años– porque, dice, “hay que aprovechar la temporada y aguantar hasta que la situación mejore”.

Isaías llegó a Ilópolis, en el estado de Rio Grande do Sul, para hacer lo que ya no le sirve en su país. “Cayó mucho el precio de la yerba en Andresito, ahora se paga muy poco, podés sacar 25 mil pesos por día por nueve horas de trabajo. Acá cobramos entre 110 y 120 mil pesos por día, a veces un poco más, ganamos bien, nos defendemos, como venimos de lejos, si perdemos un día lindo de trabajo es mucha plata. Yo estoy con cuatro amigos, pero somos bastantes los argentinos que estamos en Brasil”.

Isaías dejó a su familia en Oberá, cruzó la frontera y a las siete de la tarde se subió a un micro de larga distancia en Barracão, frente a la misionera Irigoyen; alrededor de las 4:30 de la madrugada bajó en Soledade, donde el patrón lo cargó en la caja de una camioneta para llevarlo hasta la plantación. La misma caja de la camioneta que Isaías luego cargó con cinco o seis mil kilos de hojas verdes.

“En Misiones se gana poco, no da ni para sobrevivir. Estás hasta 12  horas en el secadero de la yerba mate para ganar 30 mil pesos, como mucho. Yo me quedo en Brasil, hasta para vivir es mejor”, dice Jorge Holan, otro “golondrina” que emigró al vecino país. Según los registros de la provincia, unos 1200 trabajadores ya cruzaron en busca del sustento que les niega la patria. Se calcula que también lo hicieron otros dos mil “en negro”. Incluso, personas con empleos codiciados, como los municipales, se han mudado. El intendente de Andresito arriesga un pronóstico funesto: “En marzo empieza la cosecha; no va a haber gente para hacer la tarefa, para recoger la yerba. Ya todos se habrán ido a buscar mejores rumbos”. «

Éxodo laboral de Misiones a Brasil: “Esto es el ADN de La Libertad Avanza”
Responsables de la destrucción

Organizaciones de productores yerbateros enviaron una carta al ministro del Interior, Diego Santilli, solicitándole una reunión “para comenzar a revertir esta insensata destrucción de la economía regional”.

“Desde que Javier Milei asumió la Presidencia –destaca el texto– la Yerba Mate Argentina sufre un criminal deterioro. El Decreto 70/23 y medidas económicas tomadas por el actual Gobierno, del que Usted forma parte, están ocasionando la destrucción de la economía regional yerbatera, arrinconando en la pobreza a miles de mujeres y hombres trabajadores del sector, y a cientos de secaderos, cooperativas y pequeñas y medianas industrias”.

“A tal punto llega el daño que están provocando, que está comprometida la inocuidad y la calidad del producto, con posibles repercusiones en la salud de los consumidores y también en la comercialización. Debe saber Usted y cada uno de quienes forman parte de esa línea de gestión que son responsables directos de esta situación”.

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“La yerba no es un mercado más”: Misiones cuestiona la política nacional y reclama mayor presencia del Estado

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La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que Facundo López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había advertido que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, sostiene, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, resume.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fue creado en 2002 por iniciativa de los propios productores y durante más de dos décadas actuó como regulador y árbitro del mercado. En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica el ministro, configura una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, afirma. Desde esa lógica, plantea que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado también dice que cuando hay este tipo de patología se debe intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?
—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?
—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite institucional volvió a quedar expuesto cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, se reunió con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, para trasladarle la preocupación por la situación de los pequeños productores. También participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Desde el oficialismo nacional, sin embargo, ratificaron que no habrá marcha atrás en la política de desregulación ni en el redimensionamiento del Instituto.

En diciembre, más de veinte trabajadores con larga trayectoria fueron desvinculados en el marco de una reconfiguración interna que acompañó la pérdida de funciones. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento se inscribe en el proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que adecuaron el funcionamiento del organismo al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, el ordenamiento del stock y la regulación productiva, y pasó a concentrarse en tareas técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?
—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era un muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

El corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su estructura interna: áreas que seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

El trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%. Y no es solamente la caída: los costos subieron. Hoy no es rentable”, sintetiza.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?
—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

La crítica se extiende a la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que transmitió la preocupación del Gobierno misionero al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, aunque reconoce que la línea política del sector se define en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la órbita de Federico Sturzenegger.

Frente a ese escenario, la Provincia intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque admite que el margen es acotado. La crisis, incluso, comenzó a trascender las fronteras misioneras. Durante la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, el malestar de los productores se hizo visible a nivel nacional. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional conserva respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si existen desacuerdos estructurales?
—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y el vino, y no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición pragmática del Frente Renovador de la Concordia, el ministro describe una relación con la Nación basada en la gobernabilidad, pero sin resignar la defensa de los intereses productivos locales. La crisis yerbatera, sin embargo, introduce un factor de tensión creciente: mientras el oficialismo provincial intenta contener el impacto económico y político, el malestar en la base productiva se intensifica.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?
—Que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?
—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces; Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

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De reformas y urgencias

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“… Del otro lado tenemos esto”. El tuit del presidente Javier Milei apuntaba a un grupo de “manifestantes” violentos al momento en que se debatía en el Congreso la reforma laboral y el Gobierno se anotaba una victoria contundente. 

Más allá de la obviedad de que la violencia era protagonizada por los infiltrados de siempre -con asistencia perfecta y una relación simbiótica con las fuerzas del orden-, el mensaje presidencial desnuda el momento que atraviesa la política: puesta en escena, agenda única ante leyes anacrónicas y una oposición silenciosa, ausente de la calle y sin reacción en los debates, mientras que la economía está cada día más complicada y sin un horizonte promisorio.  

En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa que a pesar del ajuste brutal de los últimos dos años, “se vienen meses duros” por escasez de recursos.

La economía argentina vuelve a transitar un laberinto que no le resulta desconocido. No es que el gasto haya explotado ni que el Estado haya perdido súbitamente la disciplina: el problema es más silencioso y, por eso mismo, más complejo. Los ingresos se enfrían, la actividad pierde vigor y el financiamiento empieza a exhibir límites cada vez más visibles. Cuando la recaudación se desacelera en términos reales durante seis meses consecutivos y enero perfora el piso más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación, la señal es inequívoca. 

Según datos de ARCA, los ingresos alcanzaron 18,33 billones de pesos -un aumento nominal del 22% interanual-, pero insuficiente frente a la inflación. Detrás de la cifra se esconde una economía que pierde dinamismo y un equilibrio fiscal que, sin crecimiento, se vuelve cada vez más frágil.

Ajeno a las señales de alerta en la economía, el Presidente se anotó sendas victorias en el Congreso, que dio medias sanciones a la Reforma Laboral y a la baja de la edad de imputabilidad, a los 14 años. No fueron las leyes “ideales” y hubo que negociar artículos, pero ambas normas forman parte de la oferta política libertaria. 

Claro que había que modernizar la ley laboral, vetusta y anclada en el tiempo, pero la nueva ley no parece estar diseñada para estimular la economía ni la creación de empresas, mucho menos para proteger a los trabajadores. De hecho, se mantienen impuestos -Ganancias se coparticipa y si se eliminaba se iba a desfinanciar a las provincias- y privilegios sindicales. 

En cambio, para el trabajador implica el fin de las horas extras, jornadas laborales más extensas, indemnizaciones podadas, descuentos por enfermedad, vacaciones fraccionadas y “colaboradores” sin relación de dependencia. ¿Servirá el menú para generar empleo en medio de un derrumbe que en los últimos dos años se cobró cerca de 200 mil puestos formales, con una industria que funciona a media máquina y escasos brotes verdes? Ni los más optimistas se animan a vaticinar una respuesta positiva. Sin embargo, fue una sesión de película. Dentro y fuera del recinto.

En paralelo a ese mercado laboral expulsivo y con escasas oportunidades, se endurece la legislación penal que ahora considera a los chicos de catorce años como un adulto penalmente responsable. Pudo ser peor. El Gobierno quería que la edad sea de 13 años, pero la resistencia de los gobernadores y algunos diputados obligó a “suavizar” la ley que ocupó grandes titulares en los diarios y minutos de televisión sin mucha profundidad y con ansias punitivistas. Lo cierto es que los delitos cometidos por menores de 18 años representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. 

En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad. En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.

¿Realmente ameritaba una baja de la edad de imputabilidad con tanta premura? ¿Sin casi debate? Hay muchas voces encontradas. El mapa revela que el delito cometido por menores no es un flagelo. 

Muchos son los interrogantes también sobre cómo atender este nuevo público judicial y carcelario en tiempos de recursos escasos. Se destinan apenas 23 mil millones para aplicar la ley. No alcanza siquiera para nuevos centros de detención en todo el país, mucho menos para profesionales, cuerpos penitenciarios especiales y contención, ya que no se puede poner a un menor en una misma celda que un adulto. 

Hoy el sistema carcelario está colapsado. Misiones alberga en sus cárceles a detenidos por causas federales. Se mezcla a ladrones de gallinas con narcotraficantes. En esa convivencia, lo más probable es que el ladrón de gallinas sea tentado por delitos de ganancias mayores.

En el debate en Diputados quedó claro que la premura por la aprobación de la ley era exclusiva del Gobierno. El diputado misionerista Oscar Herrera Ahuad hizo notar lo obvio: sin recursos, la ley resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable”. Una carga para las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público y la presión fiscal. Curiosamente, hace poco nada más, el oficialismo amenazaba con meter presos a los diputados que aprueben leyes sin especificar de dónde saldrían los recursos para ponerlas en práctica. ¿Quiénes serán los responsables cuando la ley esté vigente? Los gobernadores, los sistemas policiales y penitenciarios de las provincias. La Nación, es un ente inasible, pero sus decisiones afectan la vida diaria y el bolsillo de cada uno de los argentinos. 

Basta repasar cómo la desregulación del mercado yerbatero impacta directamente en la vida de miles de pequeños productores, a los que la Nación ignora, con una enorme pérdida de rentabilidad y una caída del precio de la materia prima. La Provincia inevitablemente debe hacerse cargo de las consecuencias de esas políticas, aunque las herramientas no estén en su poder. 

El presidente de la Legislatura, Sebastián Macías recibió el viernes al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa y al diputado Adrián Núñez para analizar la situación del universo yerbatero y ver cómo podría mejorar el precio de la hoja verde. Macías puso énfasis en el control de calidad y frenar la importación, además de promover nuevos mercados para aumentar la demanda. Los libertarios salieron del encuentro con una afirmación: “La desregulación ha contribuido a un aumento del consumo interno y a niveles récord de exportaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la yerba mate argentina en el mercado nacional e internacional”.

Desde el espacio señalaron que, si bien aún existen aspectos por mejorar, “el rumbo está trazado y debe sostenerse” con seriedad institucional, promoviendo mayor competitividad y previsibilidad para todos los actores involucrados. 

Los números pueden ser engañosos. Es cierto que el 2025 fue el año récord para las exportaciones, pero no es una consecuencia de la desregulación, sino de un intenso trabajo de promoción del INYM y de las propias industrias. Se enviaron al exterior 60.011.180 kilos, por un valor total de 116,34 millones de dólares, con un precio promedio de 1.938,64 dólares por tonelada. Pero hace unos años el promedio por tonelada era de 2.500 dólares y con costos mucho menores. 

En el mercado doméstico, el desempeño también fue positivo, aunque con matices. Durante 2025, la yerba mate a salida de molinos destinada al consumo interno sumó 266.788.512 kilos, lo que representó una suba del 3,08% respecto de 2024. Pero todavía está debajo del año 2023, que fue el máximo histórico en ventas internas, con 285.430.373 y debajo de los últimos cinco años. El 2020, durante la pandemia, fue el más parecido, con 268.776.695 kilos. La desregulación no hizo aumentar el mercado interno y dejó a la yerba mate como la única economía regional en rojo desde marzo de 2024, según el semáforo de Coninagro. 

La visión de Misiones es diametralmente opuesta a la del espacio libertario. La Provincia advierte que la desregulación rompió el equilibrio en la cadena yerbatera. Lo mismo que con el rol del Estado. La Renovación entiende que el Estado debe intervenir donde la economía necesita estímulos y particularmente, en el cuidado del bolsillo familiar. El gobernador Hugo Passalacqua ratificó la vigencia del Boleto Estudiantil Misionero, que permite ahorrar a una familia hasta dos millones de pesos al año en transporte, al mismo tiempo que fortalece la igualdad de oportunidades para los chicos de todos los niveles educativos.

Lo mismo sucede con la decisión de extender las medidas de alivio fiscal, para que el dinero quede en empresas y las familias, al mismo tiempo que pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial comenzó a dialogar con los estatales -docentes y policías- para comenzar el año con tranquilidad. La respuesta, nuevamente, será local, aunque los interrogantes sean externos.

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