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Norte Grande: gas, infraestructura y zonas cálidas, la agenda que Misiones llevó a la mesa nacional

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La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande dejó en Posadas una conclusión que excede la discusión coyuntural sobre la provisión de energía: para las provincias del norte argentino, la infraestructura sigue siendo una condición determinante para competir, industrializarse y reducir las brechas de desarrollo con el centro y el sur del país. El encuentro reunió a los mandatarios regionales con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y colocó en el centro de la agenda el transporte de gas, las obras viales, la hidrovía, el impacto climático y el futuro régimen de zonas cálidas.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, planteó que la discusión energética debe incorporar las particularidades estructurales de la región. “No tenemos un metro de caño de gas, Osvaldo yo te envidio cuando decís que tenés problemas con el gas, acá no tenemos porque no hay gas. Acá funcionamos a leña”, remarcó el misionero. “El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región”, sostuvo.

La definición tiene una particularidad para Misiones: la provincia no enfrenta simplemente un problema de abastecimiento insuficiente, sino que carece de acceso a la red de gas natural. Esa diferencia explica por qué el reclamo regional apunta a una política de infraestructura de largo plazo y no únicamente a resolver eventuales restricciones durante los meses de mayor demanda.

Santilli aseguró que el Gobierno nacional tomó nota de los planteos y vinculó la discusión con las obras destinadas a recuperar capacidad de transporte. Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte ya fue concluida y ahora resta avanzar con obras de compresión y otros trabajos necesarios para incrementar el flujo. El funcionario también señaló que el cambio en el suministro proveniente de Bolivia obligó a modificar la arquitectura del abastecimiento y a fortalecer el transporte desde Vaca Muerta hacia el norte.

La cuestión adquiere una dimensión productiva cuando se observa cómo la falta de gas condiciona a las economías regionales. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue explícito al señalar que el objetivo no es solamente garantizar el consumo domiciliario, sino disponer de energía suficiente para transformar la matriz productiva. En su diagnóstico, Corrientes y Misiones comparten con sectores de Chaco una desventaja estructural frente a las zonas que sí cuentan con infraestructura gasífera.

El caso correntino permite dimensionar el costo económico de esa brecha. Valdés señaló que parte de la industria arrocera utiliza leña en sus procesos de secado y que el humo generado puede convertirse en una barrera para acceder a determinados mercados. La discusión, por lo tanto, no se reduce al precio de la energía: involucra calidad, competitividad, estándares ambientales y capacidad exportadora.

El mismo razonamiento alcanza a la yerba mate y a otras actividades industriales del Norte Grande. Cuando una provincia carece de infraestructura energética competitiva, una parte del costo de producir se traslada directamente a las empresas. En mercados internacionales donde los compradores pueden sustituir proveedores con rapidez, perder competitividad puede significar perder mercados que después requieren años para recuperarse.

Tucumán llevó a la Asamblea una advertencia similar. Osvaldo Jaldo explicó que las restricciones en el suministro de gas afectan actividades estratégicas como la industria citrícola y la producción sucroalcoholera. En conjunto, según planteó, esos sectores representan cerca de 100.000 puestos de trabajo en la provincia. El dato expone el vínculo entre infraestructura y empleo: una interrupción energética para una industria de escala regional no es solamente un problema operativo, sino un riesgo directo sobre la actividad económica y los ingresos de miles de familias.

Jaldo también marcó una transformación en el mapa energético argentino. Durante los años en que el gas proveniente de Bolivia ingresaba por el norte, las provincias de esa región ocupaban una posición privilegiada dentro del esquema de distribución. Con el desplazamiento hacia el gas producido en Vaca Muerta, el flujo se reorganizó desde el sur hacia el norte y dejó a varias provincias ante la necesidad de adaptar su infraestructura para recibir el nuevo suministro.

En ese punto aparece uno de los principales desafíos de la política energética nacional: Vaca Muerta puede ampliar de manera sustancial la disponibilidad de gas argentino, pero el recurso no genera por sí mismo desarrollo territorial si no existe una red capaz de transportarlo hacia los centros industriales y productivos. La infraestructura es el puente entre la abundancia del recurso y su transformación en inversión, empleo y competitividad.

La discusión sobre las llamadas zonas cálidas incorpora otra dimensión de la misma asimetría. Mientras el Congreso avanza con el proyecto de Zonas Frías, los gobernadores del Norte Grande buscan que el esquema de beneficios energéticos contemple también las regiones sometidas a temperaturas extremas durante el verano. El planteo consiste en evitar que el reconocimiento de las condiciones climáticas dependa de decisiones administrativas cambiantes y avanzar hacia un marco legal que otorgue previsibilidad.

Valdés sostuvo que los gobernadores quieren trabajar durante este período en una ley que deje expresamente establecido el tratamiento para las provincias cálidas y muy cálidas. El objetivo político es convertir un reclamo recurrente en una política pública permanente, con criterios objetivos y previsibles.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y presidente pro tempore del Norte Grande, confirmó que habrá una nueva reunión de trabajo con el Gobierno nacional para abordar la cuestión energética. La expectativa es que el debate por zonas frías y cálidas pueda avanzar en paralelo con las obras de infraestructura necesarias para ampliar la disponibilidad de gas y electricidad.

La agenda energética no fue el único frente de infraestructura discutido en Posadas. Los gobernadores también plantearon la necesidad de mejorar las rutas nacionales y profundizar la capacidad navegable de la hidrovía Paraná-Paraguay. Para Corrientes, Valdés puso el foco en llevar el calado del troncal a un rango de entre 12 y 14 pies, una mejora que permitiría ampliar las alternativas de navegación, reducir costos logísticos y generar mayor competencia entre puertos.

La lógica detrás de ese reclamo es similar a la energética. Una infraestructura insuficiente aumenta el costo de colocar producción en los mercados y termina funcionando como un impuesto implícito sobre las economías regionales. En provincias alejadas de los grandes centros de consumo y exportación, cada restricción logística tiene un impacto proporcionalmente mayor.

El componente climático agregó una urgencia adicional a la agenda. Corrientes planteó la necesidad de anticiparse a las consecuencias de la transición entre los fenómenos de El Niño y La Niña, especialmente por el riesgo de sequías e incendios. La experiencia reciente de la región convirtió la prevención en una cuestión económica además de ambiental: incendios, sequías y eventos extremos afectan producción, infraestructura, empleo y finanzas provinciales.

En ese contexto, la presencia de Santilli fue leída por los gobernadores como una oportunidad para transformar reclamos dispersos en una agenda institucional común. El jefe de Gabinete evitó involucrarse en la política interna de las provincias y sostuvo que el camino debe ser el trabajo conjunto entre Nación y gobernadores, incluso cuando existan diferencias políticas.

La definición tuvo especial eco en Jaldo, quien reivindicó el diálogo institucional con un Gobierno nacional de signo político diferente al suyo. El tucumano sostuvo que los gobernadores deben representar a todos los habitantes de sus provincias y que el Presidente, elegido democráticamente, representa al conjunto de los argentinos. Para el mandatario, la discusión sobre infraestructura requiere superar la lógica de la confrontación política y concentrarse en aquellos puntos donde existe coincidencia.

Esa postura también revela el nuevo escenario de negociación entre Nación y provincias. Los gobernadores buscan recuperar capacidad de incidencia sobre políticas que impactan directamente en sus economías, mientras el Gobierno nacional necesita ordenar prioridades fiscales y de infraestructura. El desafío consiste en transformar esa tensión en acuerdos que permitan ejecutar obras con impacto productivo y no solamente atender emergencias.

Jalil resumió esa perspectiva al destacar que una parte importante de los reclamos planteados en reuniones anteriores está avanzando y que el diálogo permitió destrabar distintos temas. También anticipó avances en una nueva legislación vinculada al cabotaje y una agenda de trabajo con Cancillería para fortalecer la denominada Marca Norte Grande.

Para Misiones, sin embargo, el punto estructural continúa siendo el acceso a la energía. La provincia puede reclamar reducción de asimetrías, pero la discusión adquiere otra profundidad cuando se considera que el gas natural todavía no forma parte de su infraestructura básica. En ese escenario, la incorporación al sistema de transporte de gas no debería pensarse únicamente como una obra energética, sino como una plataforma para atraer inversiones, sustituir combustibles más costosos, mejorar procesos industriales y ampliar mercados.

El resultado de la Asamblea, por eso, puede medirse menos por la cantidad de compromisos anunciados que por la capacidad de convertir una agenda regional en decisiones concretas. La solución para el Norte Grande no pasa por una transferencia permanente de recursos para compensar desventajas, sino por construir las condiciones de infraestructura que permitan que las provincias produzcan en igualdad de condiciones.

La discusión sobre gas, rutas, hidrovía, electricidad y clima converge finalmente en una misma pregunta: qué infraestructura necesita la Argentina para que el crecimiento de Vaca Muerta, la producción agroindustrial y las economías regionales no queden concentrados territorialmente. La respuesta, para el Norte Grande, pasa por conectar recursos con mercados y convertir esa conexión en competitividad. En Posadas, los gobernadores volvieron a poner esa ecuación sobre la mesa; ahora el desafío es convertir el diagnóstico en obras y reglas que sobrevivan al próximo ciclo político.

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Sáenz, antes de la cumbre del Norte Grande: “Hay que empezar a mirar más para el interior”

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La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande tendrá este miércoles en Misiones una discusión que excede la foto institucional. El encuentro reunirá a los mandatarios de las provincias del norte con una agenda atravesada por infraestructura, energía, transporte y economías regionales, pero también por una negociación política de mayor alcance: la búsqueda del Gobierno nacional de respaldo para el proyecto de Zonas Frías y, posteriormente, para un régimen específico destinado a las provincias sometidas a temperaturas extremas.

Antes de la reunión, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, planteó cuál será la posición con la que llega a Posadas: construir una agenda común que permita que las necesidades del Norte Grande tengan una representación efectiva frente al Gobierno nacional. En ese marco, confirmó que los mandatarios esperan aprovechar la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para plantear demandas que, según remarcó, no siempre coinciden con las prioridades de la Casa Rosada.

“Hay una agenda en común para las necesidades del NOA y del Norte Grande”, sostuvo Sáenz, al señalar que los gobernadores están dispuestos a dialogar y acompañar aquellas medidas que consideren beneficiosas para la región, pero también a rechazar las que puedan perjudicar sus economías. La clave, en su planteo, es que determinadas cuestiones deben ser defendidas independientemente de la pertenencia política de cada mandatario.

“Hay cosas que son propias de la región, necesidades que son propias de la región y que tenemos que defender independientemente del partido político que seamos”, afirmó.

La infraestructura aparece como uno de los principales puntos de convergencia. Sáenz enumeró las rutas nacionales, la falta de obras y el financiamiento pendiente como problemas compartidos con Misiones y otras provincias. Puso como ejemplo las rutas 9 y 34 en Salta y cuestionó el deterioro de la red vial nacional.

“La ruta ya no son rutas y no son pozos. Son cráteres y se van cobrando lamentablemente vidas de la gente”, graficó. En paralelo, cuestionó el destino de los recursos vinculados al impuesto destinado al mantenimiento vial y anticipó que la problemática debería ser abordada como una acción conjunta de las provincias.

El reclamo adquiere una dimensión federal porque, según explicó, los gobernadores comenzaron a conocer a partir de una investigación periodística cómo se administra y distribuye el fondo destinado a las rutas. Sáenz sostuvo que existe una asignación discrecional de esos recursos y planteó que el debate debe involucrar al conjunto de los mandatarios del Norte Grande.

En ese punto, la discusión sobre infraestructura se conecta directamente con la competitividad de las economías regionales. Para Sáenz, la situación que atraviesan los productores misioneros tiene un correlato en Salta con actividades como la producción de banana y otras cadenas regionales que enfrentan dificultades para sostener su actividad.

“Lo mismo está pasando con la banana en Salta, con las distintas economías regionales”, señaló, en una definición que busca correr el debate del terreno estrictamente político hacia una problemática productiva común: costos, infraestructura, logística y regulaciones nacionales impactan de manera diferente en cada territorio, pero comparten una consecuencia sobre el entramado productivo.

En el caso de Misiones, la crisis yerbatera y el reclamo por condiciones que permitan sostener a los productores forman parte de esa agenda. Sáenz afirmó conocer la situación del sector productivo misionero y sostuvo que las economías regionales serán uno de los temas que los gobernadores deben llevar tanto al Ejecutivo como al Congreso.

La presencia de Santilli en Posadas adquiere así un valor político y operativo. Sáenz destacó que el jefe de Gabinete “ha venido a acompañar y a escuchar”, una actitud que consideró compatible con el respeto que merecen los gobernadores por haber sido elegidos por sus respectivas sociedades.

Pero el gobernador salteño también dejó una definición que excede la coyuntura: el Norte Grande no pretende limitar su agenda a la negociación con la Nación, sino construir capacidad política propia para defender intereses regionales.

“Hay que empezar a mirar más para el interior”, sostuvo. Y agregó que ningún gobierno nacional, a su criterio, ha mirado suficientemente las necesidades de las provincias del interior frente al peso político y económico de Buenos Aires, el conurbano y la Capital Federal.

La crítica apunta también al proceso de toma de decisiones. Sáenz cuestionó que se impulsen desregulaciones o modificaciones normativas sin suficiente conocimiento de las particularidades productivas de cada provincia. Como ejemplo mencionó medidas vinculadas a barreras sanitarias en Salta, que, según su interpretación, pueden afectar la producción cuando son diseñadas sin contemplar las características territoriales.

“Estaría bueno que empiecen a conocer” las provincias, planteó, y reclamó que ministros y funcionarios nacionales recorran los territorios antes de adoptar decisiones que impactan sobre las economías regionales.

Zonas Frías y el nuevo mapa de negociación

La agenda de la Asamblea estará atravesada además por la negociación nacional alrededor del proyecto de Zonas Frías. El Gobierno busca avanzar primero con la iniciativa que ya tuvo tratamiento en Diputados y posteriormente discutir un régimen destinado a las denominadas zonas cálidas, una cuestión especialmente sensible para las provincias del norte por las temperaturas extremas y el impacto energético sobre hogares y actividades productivas.

En ese escenario, el Norte Grande aparece como un actor necesario para la construcción de mayorías legislativas, pero también como un bloque territorial con demandas propias. La presencia de Santilli abre un canal de negociación que los gobernadores pretenden aprovechar para discutir no sólo tarifas, sino también infraestructura, rutas, energía y financiamiento.

Sáenz sostuvo que el diálogo no implica acompañamiento automático. “Estamos siempre dispuestos al diálogo y siempre predispuestos a seguir avanzando y acompañar en lo que tenemos que acompañar y no acompañar aquello que perjudica al norte argentino”, resumió.

Un federalismo que busca pasar de la foto a la gestión

La dimensión política también apareció en la conversación. Sáenz señaló que el encuentro representa una oportunidad para acompañar al gobernador anfitrión, Hugo Passalacqua, y defendió la necesidad de respaldar a quienes fueron elegidos por los ciudadanos de cada provincia.

Consultado por una eventual reelección de Passalacqua, sostuvo que acompañaría su decisión si finalmente resolviera ser candidato, aunque remarcó que la definición corresponde al propio gobernador y a los misioneros. La declaración se inscribe en una discusión más amplia sobre el poder territorial en Misiones y el rol de los gobernadores como interlocutores frente a la Nación.

Más allá de esa dimensión política, el planteo central de Sáenz vuelve sobre una cuestión estructural: la capacidad de las provincias para construir una agenda federal que no dependa exclusivamente de las prioridades del Gobierno nacional de turno.

“Tenemos que juntarnos todos, reunirnos todos, pelear por los misioneros, pelear por los salteños, pelear por los catamarqueños, pelear por los tucumanos”, sostuvo.

En esa lógica, la 24ª Asamblea del Norte Grande puede funcionar como algo más que una instancia protocolar. Si los reclamos sobre rutas, energía, economías regionales y financiamiento logran traducirse en posiciones comunes, el espacio regional puede transformar demandas dispersas en una agenda negociadora con mayor peso institucional.

El desafío, en definitiva, es que el federalismo deje de agotarse en una declaración política y consiga convertirse en mecanismos concretos de financiamiento, infraestructura y desarrollo productivo. En una región donde las distancias encarecen la logística y donde las decisiones nacionales tienen impactos asimétricos, la coordinación entre provincias puede ser una herramienta para reducir esa brecha.

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Passalacqua recibe al Norte Grande en Posadas: infraestructura, energía y una negociación clave con Nación

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Misiones será este miércoles el escenario de una nueva pulseada política del federalismo argentino. El gobernador Hugo Passalacqua recibirá en Posadas a los mandatarios y representantes de las diez provincias del Norte Grande en la 24ª Asamblea de Gobernadores, un encuentro que pondrá sobre la mesa una agenda que combina infraestructura, energía, desarrollo regional y, de manera indirecta, una negociación de alto interés para la Casa Rosada en el Senado.

La Asamblea se desarrollará en el Parque del Conocimiento y buscará consolidar posiciones comunes frente a problemas estructurales del norte argentino. El financiamiento de infraestructura aparece entre los ejes centrales, en un contexto donde las restricciones sobre la obra pública nacional obligan a las provincias a discutir alternativas para sostener conectividad, competitividad y capacidad productiva.

El otro capítulo estratégico será el energético. Los gobernadores abordarán la Estrategia Federal Energética, con especial atención a las nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas. Para Misiones y buena parte del Norte Grande, la discusión tiene una dimensión que excede la infraestructura: el costo y la disponibilidad de energía condicionan directamente las posibilidades de radicación industrial, inversión y expansión de las actividades productivas.

La agenda incorporará además el impacto potencial del fenómeno climático de El Niño, con la necesidad de fortalecer herramientas de prevención y respuesta ante eventos que pueden afectar infraestructura, producción y servicios públicos. También se trabajará sobre la marca institucional Norte Grande, con la intención de profundizar la identidad común y la presencia conjunta de la región.

El Norte Grande vuelve a ser una pieza de negociación para la Casa Rosada

La reunión adquiere una relevancia política adicional porque llega en medio de conversaciones entre el Gobierno nacional y los mandatarios del Norte Grande alrededor del proyecto de Zonas Frías y de una eventual propuesta para las provincias que enfrentan temperaturas extremas durante el verano.

Según el escenario planteado en la información suministrada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo contactos con los gobernadores para buscar posiciones que permitan reunir los votos necesarios en el Senado para aprobar el proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados. La estrategia oficial contemplaría discutir posteriormente un esquema específico para las denominadas zonas cálidas.

En ese tablero, la Asamblea de Posadas puede funcionar como una instancia política de coordinación regional. El debate sobre tarifas energéticas, transporte de gas y condiciones diferenciales de acceso a la energía se superpone así con una negociación parlamentaria que necesita de los votos de senadores de las provincias del Norte Grande.

La cuestión tiene particular importancia para Misiones, donde el costo energético y las condiciones de acceso a infraestructura forman parte de una agenda histórica de reclamos federales. La discusión sobre un régimen diferencial para zonas cálidas podría abrir, en ese sentido, un capítulo específico para las provincias del NEA, aunque el material suministrado no precisa todavía los alcances concretos de esa eventual propuesta.

Un bloque regional atravesado por distintas estrategias políticas

El Norte Grande llega a esta Asamblea con una característica que complejiza cualquier intento de presentar al espacio como un bloque político homogéneo. Los gobernadores han sostenido posiciones diferentes frente a la administración de Javier Milei, combinando acuerdos institucionales, reclamos federales y distintos grados de acompañamiento a las iniciativas del Ejecutivo.

El escenario también tiene como telón de fondo el nuevo rol de Gerardo Zamora, quien dejó la gobernación de Santiago del Estero para asumir como senador nacional. De acuerdo con los datos aportados, Zamora conserva peso político en su provincia y continúa siendo una referencia dentro del armado regional, aunque la representación santiagueña en la Asamblea estará a cargo de Elías Suárez.

La diferencia entre los posicionamientos también se expresa en el vínculo con la Casa Rosada. Mientras algunos mandatarios del Norte Grande han mantenido una relación de mayor cooperación con el Gobierno nacional, otros buscan reforzar un perfil opositor o de mayor autonomía política. Esa heterogeneidad vuelve más relevante la capacidad del espacio para construir acuerdos sobre asuntos concretos, aun cuando no exista coincidencia plena en materia partidaria.

En ese contexto, la discusión energética puede transformarse en un terreno de convergencia. Para las provincias, la cuestión no se reduce al precio de una tarifa: involucra competitividad productiva, infraestructura, acceso a servicios y condiciones territoriales diferenciadas.

Zamora y una crítica que tensiona el debate sobre el modelo de desarrollo

El nuevo posicionamiento público de Gerardo Zamora agrega otro componente a la discusión regional. En una columna citada en el material de base, el senador cuestionó iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y planteó una concepción del desarrollo que pone el foco en la soberanía sobre los recursos naturales, la producción, el empleo y la capacidad estatal para establecer reglas.

Su planteo introduce una discusión de fondo que excede la agenda inmediata de la Asamblea: qué modelo de federalismo económico pretende construir la Argentina y cuánto margen tendrán las provincias para negociar las condiciones de desarrollo de sus territorios.

La tensión aparece especialmente alrededor de la infraestructura y los recursos estratégicos. Mientras el Gobierno nacional impulsa una agenda basada en la desregulación y la reducción de la intervención estatal, las provincias buscan preservar herramientas que consideran necesarias para compensar asimetrías territoriales y sostener inversiones donde los costos estructurales son mayores.

Para Misiones, esa discusión tiene una traducción concreta. La provincia necesita infraestructura y energía competitiva para reducir las desventajas derivadas de su localización, ampliar su capacidad productiva y sostener el crecimiento de sus cadenas de valor. El Norte Grande comparte buena parte de esas restricciones, aunque con realidades productivas diferentes.

Por eso, la Asamblea de Posadas puede ser leída menos como una reunión protocolar y más como una instancia de negociación territorial. La capacidad de los gobernadores para transformar demandas individuales en una agenda común será determinante para medir el peso real del bloque frente a Nación.

Passalacqua será anfitrión de una agenda con impacto federal

Las actividades comenzarán a las 10 con la llegada de los gobernadores al Hangar de la Provincia. A las 10.20 está prevista la fotografía institucional en la explanada del Parque del Conocimiento, mientras que la Asamblea comenzará a las 10.45. A las 12.45 los mandatarios atenderán a la prensa y posteriormente compartirán un almuerzo de trabajo.

Para Passalacqua, la condición de anfitrión ofrece además una oportunidad para colocar los intereses específicos de Misiones dentro de una agenda regional más amplia. La provincia puede utilizar el ámbito del Norte Grande para reforzar reclamos vinculados con energía, infraestructura y conectividad, pero también para buscar acuerdos que permitan mejorar las condiciones estructurales de competitividad.

El desafío estará en que la fotografía institucional de diez provincias se transforme en una agenda efectiva de negociación. En un escenario de recursos fiscales limitados, infraestructura nacional ralentizada y una discusión energética que vuelve a ocupar el centro de la política económica, el federalismo se mide menos por la cantidad de reuniones y más por la capacidad de convertir consensos regionales en decisiones concretas.

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Gobernadores del Norte Grande buscan una postura común ante la reforma de Zona Fría y proponen compensaciones energéticas para el NEA

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La discusión por los subsidios energéticos volvió a convertirse en un eje de articulación política entre provincias con intereses y alineamientos muy distintos. Este martes, los gobernadores del Norte Grande se reunirán en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo formal de avanzar en una agenda de desarrollo regional, pero con una prioridad política que domina las conversaciones previas: construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno de Javier Milei y abrir el debate sobre mecanismos compensatorios para las provincias del norte argentino.

La convocatoria adquiere relevancia porque reúne a mandatarios que, en el escenario nacional, mantienen relaciones muy diferentes con la Casa Rosada. Estarán presentes el misionero Hugo Passalacqua, el correntino Juan Pablo Valdés, el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el salteño Gustavo Sáenz, el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Elías Suárez. La diversidad política de la mesa refleja la dimensión del tema: la energía aparece como uno de los pocos asuntos capaces de generar coincidencias entre gobernadores dialoguistas y opositores.

La preocupación regional surge luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que modifica el esquema de subsidios al gas natural, una de las piezas centrales de la estrategia de reducción del gasto público que impulsa la administración libertaria. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado y, en ese contexto, los mandatarios buscan fortalecer su capacidad de negociación actuando como bloque.

El régimen de Zona Fría fue concebido originalmente para aliviar el costo del gas en regiones donde las bajas temperaturas elevan significativamente el consumo residencial. Durante años benefició principalmente a provincias patagónicas y zonas cordilleranas, otorgando descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las facturas. Sin embargo, la ampliación sancionada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández extendió el beneficio a más de cuatro millones de hogares distribuidos en gran parte del país, incorporando cientos de municipios y departamentos de distintas provincias.

Desde su llegada al poder, el Gobierno nacional cuestionó esa expansión argumentando que el esquema perdió su objetivo original y terminó transformándose en un subsidio generalizado financiado por todos los usuarios del sistema energético. Bajo esa lógica, la reforma busca reducir el universo de beneficiarios y generar un ahorro fiscal que, según estimaciones debatidas en el Congreso, podría oscilar entre los 200.000 y los 460.000 millones de pesos anuales.

Para las provincias del Norte Grande, el debate excede la discusión sobre el gas. Los gobernadores sostienen que existe una asimetría estructural en la política energética nacional. Mientras el régimen de Zona Fría reconoce el impacto económico de las bajas temperaturas sobre los hogares del sur argentino, las jurisdicciones del norte enfrentan consumos extraordinarios durante varios meses al año debido a temperaturas extremas que superan frecuentemente los 40 grados.

En ese marco comenzó a tomar fuerza una propuesta informal que algunos dirigentes ya denominan “Zona Caliente”. La idea apunta a diseñar algún mecanismo de compensación para las provincias del NEA y NOA, donde el uso intensivo de sistemas de refrigeración genera elevados costos energéticos tanto para las familias como para sectores productivos, comerciales y de servicios.

Para Misiones, la discusión tiene una relevancia particular. La provincia enfrenta cada verano extensos períodos de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, condiciones que incrementan de manera considerable el consumo eléctrico residencial y empresarial. En ciudades como Posadas, donde los registros térmicos suelen ubicarse entre los más altos del país durante la temporada estival, la energía se transforma en un componente cada vez más significativo dentro de la estructura de costos.

La reunión del CFI también funcionará como una prueba sobre la capacidad de los gobernadores para reconstruir espacios de coordinación regional en un contexto donde la administración nacional concentra buena parte de las decisiones fiscales y presupuestarias. Más allá de los capítulos vinculados a logística, recursos hídricos, educación o industrias culturales previstos en la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, la energía aparece como el tema con mayor potencial político.

Lo que está en juego no es únicamente la continuidad o modificación de un esquema de subsidios. También se debate el criterio con el que el Estado nacional reconoce las diferencias climáticas y productivas entre regiones. En un país atravesado por fuertes contrastes geográficos, el Norte Grande busca instalar una discusión que trascienda el gas y contemple el costo energético integral que enfrentan las provincias del NEA y NOA.

La verdadera incógnita del encuentro será si los mandatarios logran superar sus diferencias partidarias y presentar una propuesta unificada. Si eso ocurre, la negociación por la reforma de Zona Fría podría convertirse en uno de los principales frentes de discusión entre las provincias y el Gobierno nacional durante las próximas semanas.

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