La Casa Rosada oficializó la estructura y alcances de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (ACCySPT), organismo creado en julio pasado para reemplazar a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El Decreto 584/2025, publicado este 18 de agosto en el Boletín Oficial, detalla las funciones, incompatibilidades y atribuciones del Director Ejecutivo, quien tendrá dedicación exclusiva y restricciones para vincularse con empresas del sector hasta dos años después de dejar el cargo.

De la CNRT a la nueva Agencia de Control

El decreto se enmarca en el proceso de reorganización administrativa impulsado por el Gobierno de Javier Milei, iniciado con el Decreto 461/2025, que dispuso la transformación de la CNRT en la actual Agencia.

Según los fundamentos oficiales, la medida busca modernizar y transparentar los mecanismos de control sobre concesiones de transporte y servicios públicos vinculados al sector, centralizando funciones bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

En esta línea, el Gobierno también derogó partes del histórico Decreto 1388/96, que fijaba el estatuto de la CNRT, para adecuar el marco normativo a la nueva institucionalidad.

El anexo del decreto establece que el Director Ejecutivo será el representante legal del organismo y tendrá a su cargo la dirección general, incluyendo la gestión económica, financiera, patrimonial, contable y de recursos humanos de la Agencia.

Entre sus principales atribuciones figuran:

• Proponer la estructura organizativa al Poder Ejecutivo.
• Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.
• Celebrar contratos y convenios con organismos nacionales, provinciales, municipales e internacionales, públicos o privados.
• Gestionar financiamiento y recursos, incluyendo la aceptación de donaciones, legados o herencias.
• Publicar la Memoria Anual de la Agencia.

En materia de incompatibilidades, el decreto es claro: durante el ejercicio del cargo y hasta dos años después de su cese, el Director no podrá ser propietario ni accionista con control societario en empresas de transporte, ni mantener con ellas vínculos laborales o profesionales.

Además, su remoción solo podrá realizarse por acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional, en caso de incumplimiento de las obligaciones legales.

El personal de la Agencia se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y por el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (Decreto 214/2006), lo que mantiene al nuevo organismo dentro del esquema laboral aplicable a la Administración Pública Nacional.

El decreto también prevé la derogación de artículos específicos del Decreto 1388/96 y sus modificatorios, consolidando así la transición de la CNRT a la nueva Agencia.

La creación y reglamentación de la ACCySPT se da en un contexto de tensión con sindicatos de transporte y empresas concesionarias, que siguen de cerca el alcance de las nuevas normas de control.
El Gobierno busca reforzar la transparencia y limitar los conflictos de interés, en un sector históricamente sensible por los vínculos entre reguladores y compañías prestatarias.

En términos políticos, la decisión también envía un mensaje hacia adentro de la administración: el control del transporte será estratégico en la agenda de ajuste y modernización del Estado, y quedará bajo una figura con poderes concentrados pero bajo estrictas restricciones éticas.

La consolidación de la Agencia abre interrogantes sobre su implementación práctica:

• ¿Cómo impactará la reorganización en la fiscalización del transporte urbano e interjurisdiccional?
• ¿Logrará la nueva figura del Director Ejecutivo garantizar mayor independencia frente a las empresas reguladas?
• ¿Qué margen de maniobra tendrá la Agencia en la relación con provincias y municipios, donde también existen entes reguladores?

El Gobierno apuesta a que la Agencia se convierta en un órgano de control más ágil y transparente, clave en la supervisión de servicios concesionados como colectivos, trenes y transporte de cargas, sectores atravesados por subsidios y contratos millonarios.

La reglamentación del Decreto 584/2025 marca un paso institucional fuerte en esa dirección, pero su eficacia dependerá de la capacidad de gestión y del perfil del Director Ejecutivo que sea designado en las próximas semanas.