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Reformas estructurales

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El gobierno anunció que enviará al Congreso cuatro proyectos de reformas estructurales: una nueva Carta Orgánica del BCRA, el “Grillete Fiscal”, modificaciones a la legislación sobre mercado de capitales y cambios en normas referidas a seguros. Todavía no se conoce el detalle de los tres últimos.

En el caso de la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, se establece como mandato único de la autoridad monetaria preservar el valor del peso y velar por la estabilidad financiera, dejando de lado las imprecisiones introducidas en 2012 que agregaron objetivos de actividad y empleo y cuestiones sociales. Si bien es cierto que la Federal Reserve tiene un mandato dual (no así el Banco Central Europeo), en un país con alta predisposición a utilizar al banco central como financiador del Tesoro parece más adecuado el mandato único.

En ese sentido, se prohíbe el financiamiento al Tesoro y las utilidades del BCRA deben destinarse a reducir deuda. Esto último tiene particular sentido en un contexto en el cual el costo de la deuda es todavía elevado.

Pero el problema central de cualquier reforma es la capacidad del marco legal de resistir los embates populistas. La propuesta de contar con mayorías calificadas en ambas cámaras es una señal, pero podría ser modificada por otra ley que no requiere tales mayorías especiales. En definitiva, la inconsistencia temporal de obtener y gastar recursos en el corto plazo a costa de hipotecar el futuro no se resuelve por sí sola con una nueva ley, sino que requiere de perseverancia y éxito económico y de una sociedad que valore la estabilidad.

Nótese que un mismo gobierno populista pudo lograr capturar parte de las reservas del BCRA o apropiarse de los fondos que los trabajadores tenían en las AFJP (en este caso, validado por la justicia ya que en aquel momento no se podía demostrar el daño futuro), mientras que tuvo que ceder en su intento por aumentar los derechos de exportación al campo. En este último caso había un sector afectado con mayor capacidad de movilización y el daño era más cercano y visible, que el que sufriría varios años después el conjunto de aportantes a la seguridad social o el que podían padecer los ciudadanos por el deterioro en la calidad de los activos del BCRA.

En lo que respecta al “Grillete Fiscal”, según las declaraciones de los funcionarios, se buscaría alentar al Congreso a que corrija un déficit si éste se mantiene durante algunos meses. Para ello, se dispone que se cierren actividades no esenciales y que los legisladores nacionales y los funcionarios del Ejecutivo dejen de percibir sus haberes hasta que no se remedie el problema.

Esta reforma tiene poco que ver con una regla fiscal tradicional. Si bien tiene un parecido con el “shutdown” americano, en aquel caso no se pretende lograr un equilibrio de las cuentas públicas, sino que el Congreso aumente el tope de deuda.

Una regla fiscal pretende asegurar la solvencia del Estado, pero permitiendo que la política fiscal actúe en forma contracíclica. En las versiones más modernas se trata de preservar el recorte en la inversión pública, que es lo más fácil de hacer desde un punto de vista político[1]. En trabajos de FIEL encontramos evidencia de que las reglas provinciales flexibles protegieron la inversión pública durante períodos de consolidación fiscal y que las reglas nacionales pasadas no fueron un obstáculo para la expansión significativa del gasto público durante 2009 y 2016, cuando se relajaron las restricciones de la regla aprobada en 2004.[2]

En definitiva, las modificaciones en los marcos legales pueden ayudar, pero no son suficientes para asegurar la estabilidad y todavía queda pendiente contar con un marco fiscal de largo plazo moderno que aumente las chances de asegurar la solvencia intertemporal.   

Actividad económica e ingresos fiscales

La última información del PIB mensual correspondiente al mes de mayo arrojó un dato algo peor al esperado. Pero analizando un listado más amplio de indicadores se pueden obtener algunas conclusiones.

  1. La actividad económica muestra que la recuperación modesta continuó a lo largo de los primeros meses del año, ubicándose alrededor de 5% por encima del nivel del año 2023.
  2. La industria se mantiene en un nivel 9% más bajo que el observado en 2023, pero hace meses que detuvo su caída (aunque tampoco inició una recuperación).
  3. En el caso de la construcción, luego de un desmoronamiento de 28% entre 2023 y 2024, se inició una mejora que ha continuado en los primeros meses de 2026. Ello ha permitido que el sector se encuentre en un nivel menos malo que el observado hace dos años (18% más bajo que en 2023).
  4. La información del INDEC sobre consumo formal muestra que las ventas en supermercados medidas a precios constantes continúan en 2026 alrededor de 10% más bajas que en 2023, mientras que las que se realizan en shopping centers han vuelto a los niveles de aquel año. 

Es posible contrastar las cifras que arrojan los indicadores de consumo formal disponibles con los datos de recaudación impositiva. En el caso del IVA y de Ingresos Brutos, hay que contemplar que cada mes se recauda en función de las ventas del mes previo, mientras que en el caso del impuesto a las transacciones financieras, el fisco se hace de recursos prácticamente en el mismo mes, a medida que se registran los débitos y créditos en las cuentas corrientes bancarias de las empresas.

Debe tenerse presente que estos indicadores no son precisos. Por ejemplo, influye la cantidad de días hábiles de cada mes, y los valores mensuales pueden estar afectados por cambios en la parte que se recauda de IVA e Ingresos Brutos en la Aduana al importar insumos. Además, ingresos brutos y el impuesto al cheque son una mezcla de impuestos a la producción y al consumo por lo que su recaudación no debería reflejar perfectamente lo que pasa con el consumo formal.

De todas maneras, en los impuestos recaudados por el gobierno nacional se observa una caída entre 2023 y 2025 algo mayor que la observada en las ventas de supermercados y shopping centers. En cambio, el desempeño de la recaudación de ingresos brutos en ese período fue algo mejor que el observado en los impuestos nacionales mencionados.

Pero esa diferencia desaparece en 2026 y, en todos los casos, la recaudación estuvo por debajo de lo que sugiere la evolución de las ventas formales. Una posibilidad es que haya algo más de consumo informal, lo que es consistente con la evolución de la masa salarial informal que ha mejorado tanto por mayor empleo como por mayores ingresos reales, a diferencia de la masa salarial formal que se ha visto afectada negativamente, tanto por la evolución de los puestos de trabajo como de los ingresos de los trabajadores medidos a precios constantes.

Otra posibilidad es que las empresas se endeuden más con el fisco que en el pasado demorando el ingreso de sus obligaciones tributarias; sin embargo, esta opción no es consistente con la normalización de las tasas reales de financiamiento a corto plazo para empresas. 

El gobierno nacional ha compensado con esfuerzo la caída de los ingresos tributarios con reducciones adicionales en el gasto primario. Pero para mantener el ancla del programa económico parece que será necesario, no sólo un mayor dinamismo en la actividad económica, sino también mejorar la administración tributaria.


[1] Ver, por ejemplo, Ardanaz, Martín, Cavallo, Eduardo, Izquierdo, Alejandro y Puig, Jorge, 2021. «Growth-friendly fiscal rules? Safeguarding public investment from budget cuts through fiscal rule design,» Journal of International Money and Finance, Elsevier, vol. 111(C).

[2] Daniel Artana, Cynthia Moskovits, Jorge Puig e Ivana Templado, 2022. «Fiscal rules and the behavior of public investment: towards growth-friendly fiscal policy? The case of Argentina,» SN Business & Economics, Springer, vol. 2(8), pages 1-23, August.

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Cómo es la reforma del Banco Central que propone Milei

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El presidente, Javier Milei, aseguró que la reforma del Banco Central apunta a eliminar la posibilidad de que la política “estafe a los argentinos” con el déficit fiscal y fustigó a los ex presidentes de la entidad, Marcó del Pont, y Miguel Ángel Pesce, por los cambios que se introdujeron durante el kirchnerismo.

 “La carta que hizo (Mercedes) Marcó del Pont está mal técnicamente”, afirmó el Presidente y enfatizó: “La carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero”.

En una entrevista radial, el jefe de Estado remarcó que “para conseguir los objetivos necesita el Banco Central y tiene uno que se llama la política monetaria” y enseguida aclaró: “No le puede pedir a un instrumento cinco objetivos, eso es una declaración de ignorancia”.

Milei afirmó que el primer aspecto de la reforma es “quitarle la actual función al Banco Central de cinco objetivos y por la cual puede emitir por cualquier cosa”. En ese sentido precisó que “el único objetivo pasará a ser preservar el valor de la moneda”.

Como segundo punto marcó “la prohibición total y absoluta de financiar al fisco” tanto de “manera directa como indirecta”.

“La política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos”, enfatizó el presidente. Milei afirmó que si se viola la independencia del BCRA “debería ir preso el directorio de banco que lo avale eso, el Poder Ejecutivo y los diputados y senadores que hagan ese tipo de desastres”.

Consultado sobre si el Congreso votaría en su propia contra, contestó: “Que le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando. Esto es cambiar una ley que trajo 90 años de decadencia de los argentinos”.

Como tercer aspecto subrayó un respaldo contundente a la gobernanza del Banco Central y en ese sentido indicó que la idea es que “no se puede echar de cualquier manera al presidente y al directorio”.

“Vamos a trabajar para que los políticos populistas no los puedan remover fácil”, señaló el jefe de Estado.

El cuarto punto que remarcó el presidente es limitar el reparto de utilidades, para que esto no derive en una emisión de dinero a través del reparto de dividendos fiticios.

El quinto punto es eliminar las Letras Intransferibles del Tesoro al Banco Central, proceso que se inició en las últimas semanas.

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El STJ recibió a autoridades judiciales en el marco de la reforma del Código Procesal Penal de Misiones

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La reforma del Código Procesal Penal de Misiones representa un paso significativo en la actualización del sistema judicial provincial, promoviendo herramientas orientadas a una mayor eficiencia y transparencia en los procesos penales.

Orientados en ese trabajo, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori junto a los ministros Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva, Valeria Fiore Cáceres, y el procurador general Jorge Giménez, recibieron a Daniel Olivares Yapur, presidente de la Corte de Justicia de San Juan;  Víctor Emilio del Río, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chaco; Jorge Camilo Baclini y Daniel Aníbal Erbetta, ministros de la Corte Suprema de Santa Fe y a Fabricio Serafino, director de la Oficina Judicial Penal de esa provincia.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos del edificio de Tribunales, donde las autoridades intercambiaron opiniones acerca de la actividad que se llevará a cabo esta tarde y en la cual los presentes serán disertantes: “Jornada Académica por la Reforma del Código Procesal Penal de Misiones. Acusación, defensa y jurisdicción”, organizada por el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, el Ministerio Público y la Universidad Católica de Santa Fe.

La presidente brindó la bienvenida y expresó que el cambio generacional que vive Misiones, hará que la Provincia esté a la altura de los cambios, “estamos convencidos de que escuchar a quienes ya han recorrido este camino es fundamental. El Procurador General y los fiscales que transcurrieron el proceso de selección podrán nutrirse de esas experiencias, aprendiendo tanto de los aciertos como de los desafíos que enfrentan otras provincias en la implementación de los nuevos sistemas y las reformas procesales, para avanzar en Misiones con una mirada responsable y superadora”.

El ministro Díaz, impulsor de este encuentro, destacó: “Somos conscientes de que estamos frente a un gran desafío. En distintas oportunidades he señalado que esta constituye la reforma del sistema de justicia más trascendente desde la creación del Consejo de la Magistratura. Por ello, no podemos subestimar la magnitud del cambio que implica la implementación de un nuevo modelo procesal, ni la responsabilidad institucional que demanda su adecuada planificación y ejecución”.

Esta jornada por su relevancia y trascendencia cuenta con la declaración de interés provincial, judicial y municipal tanto por la Cámara de Diputados de la Provincia, el Poder Judicial de Misiones y la Municipalidad de Posadas.

La visita constituyó además una instancia de diálogo e intercambio de experiencias entre representantes de distintos poderes judiciales del país en cuanto a los nuevos modelos de juicios por jurado y del código procesal como así también, la implementación del sistema acusatorio.

La “Jornada Académica por la Reforma del Código Procesal Penal de Misiones. Acusación, defensa y jurisdicción” dará inicio esta tarde en la Universidad Católica de Santa Fe con la presencia de Magistrados y Funcionarios de Misiones, Santa Fe y San Juan, entre otros.

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El oficialismo acelera la adhesión al sistema internacional de patentes

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El oficialismo intentará avanzar este martes con el dictamen del proyecto de adhesión argentina al sistema internacional de patentes, una iniciativa que combina compromisos internacionales, presión empresarial cruzada y una discusión sensible sobre el acceso a medicamentos y la protección de la industria nacional.

El plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General fue convocado para las 15 con el objetivo de dejar lista la iniciativa para una eventual sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 20 de mayo. El proyecto forma parte de una agenda legislativa que también incluiría la denominada Ley de Hojarasca y la readecuación del régimen de zona fría para usuarios de gas.

La discusión gira en torno a la adhesión argentina al PCT (Patent Cooperation Treaty), un sistema internacional al que ya adhieren cerca de 150 países y que permite simplificar el registro de patentes mediante un único trámite internacional. Para el Gobierno nacional, el ingreso al esquema representa una señal de alineamiento regulatorio y apertura económica en el marco de los acuerdos comerciales recíprocos firmados meses atrás con Estados Unidos.

El cambio político que destrabó el expediente

El proyecto había quedado listo para ser dictaminado el 14 de abril, luego de la intervención de la Secretaría de Desregulación de la Nación. Sin embargo, el tratamiento se frenó por la reacción de la industria farmacéutica local frente a uno de los capítulos del texto.

Según lo informado, la versión original dejaba a los laboratorios nacionales en una situación de mayor vulnerabilidad frente a compañías multinacionales, especialmente estadounidenses. Esa situación activó el lobby de las cámaras empresariales locales, principalmente CILFA y COOPERALA, que reclamaron mantener bajo reserva parte del tratado vinculada a instrumentos técnicos y mecanismos de patentamiento de medicamentos.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) presionó para sostener la redacción original, en línea con el texto aprobado por el Senado en 1998, con el objetivo de preservar los intereses de las farmacéuticas norteamericanas.

La disputa dejó expuesta una tensión habitual en la política económica argentina: la necesidad de avanzar en compromisos de integración internacional sin desarticular sectores industriales locales considerados estratégicos.

De acuerdo con lo trascendido, representantes de AmCham se comunicaron con la titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, aunque finalmente no lograron revertir los cambios impulsados por el sector farmacéutico local.

Qué cambia con la adhesión al PCT

El sistema internacional de cooperación en patentes permite centralizar trámites y facilitar la protección de desarrollos tecnológicos en múltiples mercados. Para investigadores y empresas argentinas, el esquema abre la posibilidad de registrar innovaciones con menos costos administrativos y mayor alcance internacional.

Pero el debate excede la cuestión técnica. El punto más sensible está vinculado al negocio farmacéutico y al eventual impacto sobre la producción de medicamentos genéricos.

La preocupación de los laboratorios nacionales radica en que una mayor facilidad para patentar medicamentos por parte de empresas extranjeras podría retrasar o limitar la fabricación local de genéricos, que suelen comercializarse a valores más bajos. Según el planteo de las cámaras empresariales argentinas, eso podría trasladar costos al sistema sanitario y encarecer el acceso a medicamentos.

Frente a esa presión, el Gobierno resolvió finalmente dejar bajo reserva el capítulo II del tratado. De esa manera, Argentina avanzaría con la adhesión al sistema internacional, pero manteniendo control local sobre determinadas herramientas de evaluación técnica y patentamiento farmacéutico.

La negociación con Estados Unidos y los tiempos que se vencieron

El expediente también quedó atravesado por los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante Estados Unidos. El objetivo original era que la ley estuviera aprobada antes del 30 de abril, plazo que formaba parte de los entendimientos comerciales recíprocos firmados meses atrás.

Sin embargo, la negociación interna y la presión cruzada entre laboratorios nacionales y multinacionales terminaron demorando el proceso. Con los tiempos vencidos, la eventual entrada en vigor de la norma recién podría concretarse hacia fines de mayo, siempre que el proyecto logre superar el trámite en Diputados y luego en el Senado.

La secuencia revela una dinámica cada vez más visible en el Congreso: reformas impulsadas por el Ejecutivo que avanzan condicionadas por disputas sectoriales y negociaciones empresariales de alta intensidad.

Impacto económico y lectura industrial

Aunque el proyecto tiene una dimensión diplomática y regulatoria, el trasfondo es económico. El régimen de patentes afecta directamente la estructura de costos del sistema farmacéutico y el posicionamiento competitivo de la industria nacional.

La definición del Gobierno de mantener bajo reserva parte del tratado puede leerse como un intento de equilibrio entre dos objetivos: sostener la agenda de apertura y alineamiento internacional sin exponer completamente a los laboratorios locales frente a actores globales con mayor capacidad financiera y tecnológica.

En términos productivos, el debate también involucra a provincias con presencia industrial vinculada a la salud, distribución farmacéutica y cadenas comerciales regionales. Aunque el texto no menciona impactos específicos sobre Misiones o el NEA, el eventual encarecimiento de medicamentos podría tener efectos indirectos sobre sistemas provinciales de salud y consumo familiar en regiones con menor capacidad adquisitiva relativa.

El oficialismo buscará ahora transformar el acuerdo político alcanzado en mayoría legislativa. Pero el debate sobre propiedad intelectual, producción local y acceso a medicamentos difícilmente quede cerrado con la votación parlamentaria.

La evolución de los costos farmacéuticos, la reacción de los laboratorios nacionales y el alcance efectivo de las reservas introducidas al tratado serán algunas de las variables que el mercado y el sistema político seguirán de cerca en las próximas semanas.

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Avanzan en la redacción de un nuevo Código Penal y podría eliminarse la figura de femicidio

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Gobierno nacional avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal, tras una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

El funcionario difundió la novedad a través de sus redes sociales, donde detalló los principales ejes de la iniciativa oficial que busca actualizar la normativa penal en función de los desafíos actuales en materia de seguridad y delito.

Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”, expresó Mahiques en su cuenta personal, en línea con la información publicada sobre el encuentro entre ambos dirigentes.

En ese sentido, el ministro explicó que, mientras se desarrolla el nuevo proyecto, el Ejecutivo trabajará junto al Congreso de la Nación en una serie de modificaciones parciales, entre las que se destacan el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Entre los puntos más controversiales aparece la intención de eliminar la figura penal de femicidio (homicidio agravado por violencia de género) del Código Penal, argumentando que busca la igualdad ante la ley y evitar la supuesta superioridad del valor de la vida femenina sobre la masculina. Esta propuesta busca modificar el art. 80, inc. 11, lo que ha generado alarma y preocupación en organizaciones de mujeres.

Entre los delitos que se buscarán tipificar o reforzar figuran los vinculados a cuestiones migratorias, las estafas piramidales, las denominadas “viudas negras”, salideras y entraderasmotochorros, daño animal, la presencia de armas en cárceles y las picadas ilegales, además de poner el foco en una mayor centralidad de las víctimas dentro del sistema penal.

Finalmente, añadió que impulsarán el agravamiento de pena para los casos de incumplimiento de deberes alimentarios, los “trapitos” y el grooming y abuso sexual infantil.

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