En varios frentes

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En las próximas horas tomará forma definitiva el debate político más transformador de los últimos años en Misiones. Después de los primeros escarceos con el presidente Alberto Fernández y su equipo económico, el proyecto de convertir a Misiones en una zona libre de impuestos será ingresado al Congreso, para ser tomar forma de ley, con los argumentos necesarios para conseguir los cambios tributarios. 

Por estas horas se repasa detalladamente el articulado para que no quede resquicio de duda y se pueda avanzar en un Congreso convulsionado, donde cada uno atiende su juego y renuencia a trabajar sobre los temas de fondo que necesita la Argentina federal. 

Misiones tiene argumentos y ya hay experiencias similares como Tierra del Fuego, que es territorio aduanero especial, característica que quiere adoptar la tierra colorada. 

Seguramente la iniciativa sea ingresada por Diputados, donde se analiza cuestiones impositivas, pero todo el bloque misionerista está involucrado en el diseño del proyecto, bajo la mirada del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, además del respaldo de las cámaras empresariales, lideradas por la Confederación Económica de Misiones.

Una vez que el proyecto ingrese al Congreso nacional, Misiones tendrá tres frentes abiertos de discusión y negociaciones con la Nación. El primero es el pedido de compensación por 126 mil millones de pesos, presentado en febrero, que incluye actualización de coparticipación y fondos para la protección del medioambiente, que limita la expansión de actividades agrícolas y los ingresos percibidos. 

También se debe revisar el proyecto de Presupuesto nacional para 2021, que ha sido poco generoso con la tierra colorada en cuanto a recursos y obras. Se gestionará un incremento de fondos -aumentan sólo 16 por ciento, con una proyección de mínima de una inflación del 29-, pero especialmente de obras, que son pocas y pequeñas, de escasa relevancia para lo que demanda el crecimiento de la provincia. 

El timming y los acuerdos que se logren en el Congreso serán vitales. Convencer al resto de los legisladores no será tarea sencilla en un escenario en que cada uno juega su juego y la grieta se hace más profunda entre oficialismo y Cambiemos. No fueron estos, buenos días para el debate de cuestiones de fondo. 

El ministro Martín Guzmán se anotó la primera pifia en el momento más inoportuno, durante la presentación del Presupuesto, cuando, a micrófono abierto, confesó ser capaz de sarasasear. Después quiso explicar que se refería a “hacer tiempo” hasta que se ponga a punto el powerpoint. 

El diputado salteño del Frente de Todos, Juan Marcelo Ameri se esmeró en superar el papelón cuando en plena sesión virtual y a la vista de todos, se puso a besar los pechos de su pareja para probar los resultados de una reciente operación estética. El pleno terminó aceptando su renuncia ante la magnitud del escándalo, con un voto en contra, el del misionero Alfredo Schiavoni. Punto a favor del diputado de Cambiemos: consideró que su colega toquetón debía ser expulsado y no aprobarle la renuncia. Expulsado, le cabe la inhabilitación. Con la renuncia, puede volver a ser candidato. 

En un contexto hipermediatizado es naif pensar que las acciones son menos relevantes que las palabras y vergonzante que alguien puede tolerar un manoseo público en la matrix de un zoom a la hora del té. La cosa pública, mucho más ante el hastío generalizado, exige mayor rigurosidad. La sarasa, aunque sacada de contexto, emparenta al emisor con aquel que se quería ir o el que proyectaba una inflación del 10 por ciento en el año récord de suba de precios. La sarasa embarra a un ministro que venía con valla invicta y se dejó hacer un gol de media cancha ante una hinchada contraria que se asusta por el degollado.

Los papelones y la agonía de la recesión que se profundiza en plena pandemia están esmerilando la imagen positiva de Fernández, pero es desmesurado atribuirle responsabilidad en males que vienen de arrastre de los últimos años. 

El PBI se derrumbó 19,1% en el segundo trimestre producto de la “parálisis” en los meses iniciales de la pandemia, entre abril y mayo. Fue el peor registro trimestral de la historia económica argentina. Superior a la caída de 16,3% en el primer trimestre del 2002 tras el estallido de la Convertibilidad y al 13,5% en el segundo  trimestre de ese mismo año. 

El desempleo aumentó del 10 por ciento dejado por Mauricio Macri al 13,1%, afecta a 2,3 millones de argentinos y es la cifra más alta desde 2004. La pérdida de puestos de trabajo en la Argentina está en el promedio mundial. La pandemia destruyó 495 millones de empleos y desplomó el salario en 3,5 billones de dólares. 

De todos modos, el Gobierno exhibe cierta lentitud en dar respuestas acorde a las urgencias, como la ley de emergencia para el turismo, a la que el Presidente tuvo que vetar artículos clave por errores en la redacción. 

En ese escenario complejo Misiones debe hacer oír su voz para que sean atendidas sus demandas. Las negociaciones, de todos modos, no serán breves, sino que el Gobierno provincial se prepara para una maratón en la que lo importante es llegar a la meta y no el tiempo empleado. Los argumentos son contundentes: con las fronteras cerradas, el circulante en Misiones creció en torno a los diez mil millones de pesos, registrado en una mayor facturación del comercio minorista, estimada en 6.500 millones y el comercio mayorista el resto. La recaudación impositiva se mantuvo constante en medio de una caída en el promedio país y la tierra colorada es la única donde en los últimos cuatro meses creció el consumo de cemento, cuando hay un desplome general. Recrear las condiciones de competitividad es lo que se requiere con la política impositiva diferencial. 

A diferencia de otros intentos, esta vez hay toda una provincia encolumnada, incluso los dirigentes de la oposición. 

Durante la entrega de viviendas del Procrear, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, volvió a reclamar al presidente Alberto Fernández una “política de frontera diferenciada” para ponerle fin a las asimetrías históricas con Brasil y Paraguay, que lleva a los misioneros a trasladarse a esos países para hacer compras, algo que implica una fuga de divisas.

El mandatario le contó al Presidente que durante los meses de aislamiento por la pandemia de coronavirus se incrementaron las compras de productos en Misiones y lo atribuyó al cierre de las fronteras. “Los misioneros han comprado en Argentina y no tuvieron que irse a otro país a comprar y llevar el dinero que muchas veces son dólares que se van”, declaró y consideró que la situación constituyó una “oportunidad” para la provincia en cuanto a ventas de productos locales.

“Lo que estamos viviendo refuerza nuestro pedido de una política diferencial para las zonas de frontera. Se trata de una deuda histórica que tiene el país central con las provincias periféricas como Misiones”, insistió.

En el sector empresario dejaron de lado egoísmos y entendieron que un beneficio parcial no sirve sino para agrandar las asimetrías internas. “El dinero de los misioneros tiene que quedar en Misiones, la gente va a trabajar, está consumiendo, prácticamente todas las industrias están trabajando al cien por ciento. Eso habla a las claras de que se han tomado las precauciones y esa plata se está reciclando en Misiones por primera vez en la historia”, explicó el presidente de la CEM, Alejandro Haene. El dirigente empresario también defendió el cierre de las fronteras, para proteger la economía, pero también la salud de los misioneros. “Debemos ser inflexibles”, sentenció. 

En esa línea de protección económica y de la salud se van dando las respuestas dentro de la Provincia. Misiones debe ser una de las pocas provincias que actualizó paritarias con los estatales, que ahora tendrán un piso salarial de 30 mil pesos. El sector docente fue uno de los más favorecidos, con un básico de 10.500 pesos, 80 por ciento por encima del básico en enero. Herrera Ahuad calculó que el Estado desembolsará 700 millones de pesos más con los incrementos. 

El propio Gobernador, cuya imagen positiva creció en el último mes, encabeza las reuniones para avanzar en la atención a las demandas más urgentes. El turismo, que todavía espera la reacción de la Nación, tendrá un paquete especial para sobrellevar el parate. Este lunes se presentarán los detalles de un programa pensado para las empresas del sector, con una baja en la alícuota de Ingresos Brutos para los hoteles de Puerto Iguazú y una reducción de la deuda de patentes para los vehículos destinados al turismo en Cataratas. Otro estímulo que presentará Herrera Ahuad es el Ahora Turismo durante todo el mes, en lugar del primer fin de semana. El beneficio regirá desde noviembre para fortalecer el turismo interno. Los hoteleros también tendrán una quita en los intereses de las facturas de energía eléctrica. 

En el Gobierno esperan que en los primeros días de octubre, dependiendo de la curva del coronavirus, el transporte se reactive. En cambio, el comité científico desaconsejó la vuelta a clases presenciales y es poco probable que haya novedades antes de fin de año. No se analiza únicamente la situación de los más chicos, sino el impacto de posibles focos en los núcleos familiares. Todavía no están dadas las condiciones.

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Concejales de Eldorado deberán “llevarse” a sus empleados cuando terminen su mandato

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La decisión forma parte de la reforma de la Carta Orgánica del municipio. Además se aprobó que cada edil podrá contratar hasta dos personas quedando una tercera a su cargo, y quienes quieran pasar a planta permanente deberán concursar.
A finales de octubre los convencionales constituyentes de Eldorado, deberán concluir el trabajo de reforma integral de la Carta Orgánica sancionada en el año 1991.
Entre los artículos que ya fueron aprobados, figura un límite para la contratación de personal por parte de los concejales. Podrán, con el sueldo del cuerpo deliberativo, contratar hasta dos empleados, quedando el tercero a cargo del edil.
Hoy, cada concejal – siete en total – puede contratar la cantidad de empleados que considere necesario y es el Concejo el que abona los sueldos.
Asimismo, se incluyó que esos empleados no podrán pasar a planta permanente y deberán “irse” con el funcionario cuando termine su mandato, por su condición de empleado temporal. Los trabajadores que quieran pasar a planta permanente deberán concursar y demostrar “idoneidad”.
Además, los convencionales constituyentes aprobaron limitar el mandato del intendente a dos periodos y crearon la figura del vice intendente.  
A fines de octubre deberán concluir el trabajo que pasará a la comisión de revisión para la aprobación en general.

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Se suspendió la presentación del nuevo Código Penal por falta de consenso

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El Gobierno de Mauricio Macri resolvió hoy suspender por segunda vez la presentación del proyecto de ley de reforma del Código Penal que se iba a hacer el próximo martes y por ahora no se informó de una nueva fecha. El motivo fue una discrepancia sobre un artículo sobre la despenalización del aborto , cuya legalización fue rechazada por el Senado hace apenas una semana. Tampoco hubo consenso para la tenencia de drogas para consumo personal.
Por falta de consenso sobre la legalización del aborto y la tenencia de drogas para consumo personal, el Gobierno suspendió la presentación del anteproyecto de ley sobre el Código Procesal Penal que iba a encabezar el presidente Mauricio Macri el martes 21 de agosto a las 15 horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
“Nuestro trabajo ya está hecho, pero queremos mandarlo cuando haya consenso en el Congreso”, le confió una fuente gubernamental a TN. “La presentación se suspendió hasta nuevo aviso”, insistió.
Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno resolvió no avanzar por ahora para no reavivar el tema del aborto, poco tiempo después del rechazo legislativo, cuando fue un tema muy divisivo social y políticamente. Dijeron entonces que se presentaría antes de fin de año, pero sin dar precisiones.
La inclusión de ciertas causales, como abuso sexual y salud mental, para permitirle a una mujer que aborte sin tener consecuencias legales todavía provoca internas incluso dentro del Gobierno.
En la madrugada del 9 de agosto, con 38 votos en contra y 31 a favor, el Senado rechazó el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que había obtenido media sanción en Diputados.
Un sector del Gobierno, entonces, intentó incluir algunas causales en el anteproyecto sobre el Código Procesal Penal, pero, como no hubo acuerdo, suspendió la presentación del mismo.
La posible despenalización de la tenencia de sustancias para consumo también tuvo miradas contrapuestas. La nueva idea del Gobierno, entonc es, podría ser sumar otras iniciativas para alcanzar un consenso generalizado. Así, quiere garantizarse que cuando envíe el anteproyecto sobre el Código Procesal Penal sea aprobado por ambas cámaras para no revivir lo sucedido con el debate por el aborto legal.
Extraoficialmente se supo que, dentro de la discusión talló la postura de un sector del Gobierno que habría propuesto directamente eliminar el artículo 88 del Código. Ello desató una disputa con la comisión redactora del Código Penal, que preside el juez Mariano Borinsky en el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con algunas interpretaciones, la eliminación de ese artículo implicaría en los hechos una legalización (del aborto). Ello es así porque ese punto establece penas de uno a cuatro años de prisión para la mujer que incurra en esa práctica.

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Consensos con mirada federal sobre el nuevo Código Procesal Penal

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, participó de una mesa debate con Rodolfo Urtubey, Eduardo Casal, Stella Maris Martínez y Miguel Piedecasas sobre los mecanismos para avanzar en la implementación del sistema acusatorio penal.
En la reunión “Consensos por el nuevo Código Procesal Penal Federal”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, debatió con autoridades de los tres poderes sobre los consensos alcanzados en torno a la reforma de ese texto normativo. Participaron el presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey; el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; en representación de la Corte Suprema, el juez Julián Ercolini; el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal; y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
En el piso 11 de la sede ministerial, el ministro, junto a fiscales, jueces y defensores de todo el país, también concretó una puesta en común de las necesidades y los aportes que se realizarán para poder implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal. El proyecto fue presentando en octubre de 2016 en el Senado y se estima que este año será discutido en el Congreso. Busca modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales.
“El nuevo proyecto del Código Procesal Penal fue elaborado en el marco de diálogo institucional que promueve el programa de gobierno abierto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A partir de reuniones con actores judiciales, instituciones y la sociedad civil, se generó una norma jurídica que establece procesos ágiles y transparentes a través del juicio oral y público, y que da un rol protagónico a la víctima durante el proceso penal”, dijo Garavano.
El ministro explicó que la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial. “Implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal. Por eso es imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación”, destacó.
Este Código nació de la modificación del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. La diferencia radica en que mientras el antiguo proyecto se instauraba como un cuerpo normativo “nacional”, la propuesta “federal” responde a que se pensó de modo que su aplicación pudiera ser efectiva en todo el país sin entorpecer la adaptación gradual de las diferentes jurisdicciones, y los cambios que trae aparejado.
En ese sentido, Garavano se refirió a la importancia de “avanzar hacia un sistema adversarial”, en el que los fiscales son los que investigan y no los jueces. Y señaló que de la mesa que se conformó surgirán las acciones que se deberán tomar para cumplir la meta de octubre: ese mes se prevé que el Código esté en pleno funcionamiento. Y precisó que se necesitarán entre cinco y siete años para que su aplicación sea total en todo el país. “Estamos planificando una implementación que llegue en última instancia a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos”, explicó.
Garavano también indicó que este nuevo cuerpo normativo viene acompañado de medidas que, entre otras cosas, lograron en 2017 fuera mayor el número de personas privadas de su libertad con condena que las que estaban procesadas.
Un proyecto enriquecido
El senador Rodolfo Urtubey señaló la importancia de pasar a un sistema en el que los fiscales sean los encargados de llevar adelante las investigaciones: “Hoy todo se juega en la etapa de instrucción, donde un dictamen prácticamente es una condena”. “El proyecto sancionado en 2015 (en relación al viejo proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación) ha sido enriquecido con institutos que se han incorporado en los últimos dos años”, destacó. Se refirió así a la figura de flagrancia, a los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas, entre otros.
“La mejor política es el resultado de los consensos. Estoy impresionado por la cantidad y calidad de actores del proceso judicial penal presentes en esta mesa”, afirmó Urtubey.
El titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, señaló que implementar este Código se tratará de un “cambio cultural, un cambio de diseño. El Consejo va a asumir su responsabilidad institucional para que esto suceda”, adelantó.
La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dijo que “se equivocan al decir que no nos convienen” los cambios en relación al tipo de investigación y a los procedimientos penales. Es que, explicó, uno de los principales problemas que tienen las personas privadas de su libertad es la falta de certeza con respecto a su condena, y con estas metodologías este aspecto se resuelve más rápidamente.
“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados o liberados”, destacó. Y agregó que el sistema acusatorio con audiencias públicas es transparente: “La sociedad podrá juzgar cómo trabaja la justicia”.
Formaron parte de la mesa de trabajo el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares; el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez; y el representante del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache. También el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi; el presidente de la Cámara Federal de Salta, Ernesto Sola Espeche y su par de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero y el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato.
Las experiencias provinciales
Por la mañana hubo otra una reunión de trabajo con operadores del sistema de justicia que intervinieron en reformas procesales penales en distintas provincias: Catamarca, Salta, Córdoba, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.
Durante la reunión, Benítez destacó: “El trabajo en equipo con personas que a nivel provincial ya han visto estas modificaciones con distintas magnitudes y desde distintos puestos institucionales, es clave para el proceso de reforma. Es necesario conocer las experiencias del sistema acusatorio en las jurisdicciones provinciales, para conocer los desafíos que supone la Reforma Procesal Penal Federal”.

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“La rebelión es condición de la libertad”, afirma Jorge Altamira

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El Partido Obrero difundió un comunicado firmado por su referente Jorge Altamira, donde califica la aprobación de la reforma previsional como un”atraco en el Congreso de la Nación”.

Ayer el Congreso Nacional acabó aprobando el desfalco jubilatorio en un ambiente perfumado de gases lacrimógenos que eran disparados incluso desde edificios privados y helicópteros. Ya lo habían hecho Duhalde y su cofradía desde los altos de la avenida Pavón, en junio de 2002, aunque con balas de plomo. ¿Hemos asistido ayer a un ensayo general?

La aprobación sólo fue posible por la complicidad generalizada de la ‘clase política’ –tropa propia y adversaria -, porque los 127 votos que reunió el oficialismo son inferiores al quórum – o sea que la sesión podría haber sido levantada, retiro mediante de la ‘oposición’, o el proyecto derrotado con el voto de los ausentes (todos ex kirchneristas o kirchneristas).

Alguien apeló a la remanida expresión “victoria a lo Pirro” para caracterizar correctamente el resultado a favor del atraco. Mientras José López se la llevó en bolsas, Báez contaba los billetes en Puerto Madero, la familiar K prefería la caja de seguridad de los bancos, Cristóbal López se afanaba el impuesto a los combustibles y De Vido arreglaba con los concesionarios de los ferrocarriles, los españoles en quiebra en Río Turbio y con Calcaterra y Odebrecht, los macristas de los Fiscal Paradise, para consumar el robo a los jubilados, se cargaron a todo el Congreso. Los beneficiarios del atraco son los socios de la camarilla financiera instalada en el gobierno, porque la contrapartida del ‘hold up’ contra las jubilaciones es la rebaja del impuesto a las ganancias – del 35 al 25% a las grandes empresas -, y la habilitación de la jubilación privada para los Fondos de Retiro y las compañías de Seguro.

Antes de fin de año, este mismo Congreso va a votar la posibilidad de que los asalariados que pagan ganancias depositen este impuesto al salario en esas cuevas financieras, a condición de mantenerlos hasta el cese de la vida laboral. En lugar de eliminar este impuesto que heredó del gobierno K, Macri lo ha convertido en vitalicio. En el mundo de la libertad económica, los asalariados son forzados a tributar a los Fondos de Retiro, que a su vez financiaran con estos salarios confiscados a las empresas que cotizan en la Bolsa. En 2002, la bancarrota econ{omica esfumó todo el dinero de los aportes en las AFJP, debido a la desvalorización gigantesca de las acciones y la deuda pública que esos fondos tenían en sus carteras.

Luis Majul, el domingo pasado, pasó un video que muestra a un diputado K llevándose la lapicera de Monzó, el mandamás de Diputados. En la sesión de ayer, los macristas se afanaron diez mil millones de lapiceras, a diez pesos cada una.

Fuera del atraco, ayer se cometieron varios delitos más: uno, porque la ley es inconstitucional y, dos, porque emplazaron al Procurador del Tesoro para que dictamine lo contrario. Ocurre que el atraco vulnera los derechos adquiridos de los jubilados mediante una aplicación retroactiva de la norma. Los jubilados deberán retornar ahora a los estrados judiciales, como ocurrió bajo el kirchnerismo. La ‘reparación histórica’, que solamente reconoció la mitad de lo establecido por la Justicia, se reconvirtió en una violación mucho más histórica.

Como lo señaló Romina del Pla, la diputada del Partido Obrero, ayer se produjo una segunda violación – esta vez al mandato popular, porque Macri nunca dijo, en las elecciones recientes, que tenía planeado un asalto a los ingresos jubilatorios. El financista aplica en política los mismos métodos que desarrolla en el ‘mercado’: el embuste y el engaño. El tercer delito cometido ayer fue la compra de los gobernadores, para que encolumnen a sus diputados a favor del atraco. El dinero que vaya a los Manzur, Urtubey, Cornejo, Insfran o Bertone, no será destinado a la mejora social de las provincias sino al respaldo de la deuda pública usuraria local, previo descuento de un porcentaje para la camarilla oficial.

Los economistas mediáticos que no nunca acertaron un pronóstico, han justificado el atraco por el déficit de Anses, lo cual sugiere que se vienen nuevos delitos de lesa jubilación, porque el robo de ayer no supera ese déficit en lo más mínimo. Se quiere imponer un sistema de jubilación privada, por un lado, y una pensión a la vejez, por el otro, que no cubriría siquiera la canasta básica. El déficit en cuestión obedece a la progresiva desaparición de los aportes patronales (desde Martinez de Hoz), que ahora se acentuará con el anunciado blanqueo previsional.

La pensión a la vejez sería financiada también por impuestos, no a las ganancias de las compañías – que se reducen -, sino al consumo personal, o sea los trabajadores. La clase obrera contribuye dos veces a Anses – con el aporte personal y con el pago de IVA, Ingresos Brutos y Ganancias. La necesidad de bajar ‘costos laborales’ por esta vía es un abuso político y de lenguaje, porque la revalorización del peso ha aumentado esos costos más de lo que podría incidir cualquier otro rubro.

La movilización obrera de ayer, como la del jueves previo, puede ser descripta entonces como la reacción en defensa propia frente a un asaltante armado. Los medios admitidos en la defensa propia son ilimitados. Ayer, Estado y su gobierno violaron el derecho constitucional de petición, al impedir el acercamiento de la multitud al Congreso. De ese modo se intentó que la masa se consumiera en su propia impotencia y se abriera una etapa de resignación política. Un éxito de este propósito hubiera sido suicida para todos los explotados. La jornada del lunes 18 mostró lo mejor que tiene la clase obrera y la juventud en Argentina, la tendencia a la rebelión, que al menos según Hegel es la condición de la libertad. No se pueden entregar las jubilaciones y menos aún la libertad.

El alcahueterismo mediático recurrió de nuevo a la tesis del complot K, último recurso que dispondrían para evitar las rejas. Es una forma de bastardear la rebelión popular, una difamación millones de veces usadas por los explotadores y sus gobiernos. Agustín Rossi, en las sesiones en Diputados, y Larroque y Cabandié, en el cacerolazo de anoche en Congreso, dejaron en claro que ellos también están en contra de “toda” violencia – la del atracador y la del atracado. El kirchnerismo, en tanto movimiento político definido, se encuentra en declinación acentuada. No es una fuerza motriz, es un freno de mano. Los trabajadores han ingresado en una nueva etapa política, que abre posibilidades excepcionales y desafíos mayúsculos al movimiento obrero.

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