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El STJ recibió a autoridades judiciales en el marco de la reforma del Código Procesal Penal de Misiones

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La reforma del Código Procesal Penal de Misiones representa un paso significativo en la actualización del sistema judicial provincial, promoviendo herramientas orientadas a una mayor eficiencia y transparencia en los procesos penales.

Orientados en ese trabajo, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori junto a los ministros Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva, Valeria Fiore Cáceres, y el procurador general Jorge Giménez, recibieron a Daniel Olivares Yapur, presidente de la Corte de Justicia de San Juan;  Víctor Emilio del Río, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chaco; Jorge Camilo Baclini y Daniel Aníbal Erbetta, ministros de la Corte Suprema de Santa Fe y a Fabricio Serafino, director de la Oficina Judicial Penal de esa provincia.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos del edificio de Tribunales, donde las autoridades intercambiaron opiniones acerca de la actividad que se llevará a cabo esta tarde y en la cual los presentes serán disertantes: “Jornada Académica por la Reforma del Código Procesal Penal de Misiones. Acusación, defensa y jurisdicción”, organizada por el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, el Ministerio Público y la Universidad Católica de Santa Fe.

La presidente brindó la bienvenida y expresó que el cambio generacional que vive Misiones, hará que la Provincia esté a la altura de los cambios, “estamos convencidos de que escuchar a quienes ya han recorrido este camino es fundamental. El Procurador General y los fiscales que transcurrieron el proceso de selección podrán nutrirse de esas experiencias, aprendiendo tanto de los aciertos como de los desafíos que enfrentan otras provincias en la implementación de los nuevos sistemas y las reformas procesales, para avanzar en Misiones con una mirada responsable y superadora”.

El ministro Díaz, impulsor de este encuentro, destacó: “Somos conscientes de que estamos frente a un gran desafío. En distintas oportunidades he señalado que esta constituye la reforma del sistema de justicia más trascendente desde la creación del Consejo de la Magistratura. Por ello, no podemos subestimar la magnitud del cambio que implica la implementación de un nuevo modelo procesal, ni la responsabilidad institucional que demanda su adecuada planificación y ejecución”.

Esta jornada por su relevancia y trascendencia cuenta con la declaración de interés provincial, judicial y municipal tanto por la Cámara de Diputados de la Provincia, el Poder Judicial de Misiones y la Municipalidad de Posadas.

La visita constituyó además una instancia de diálogo e intercambio de experiencias entre representantes de distintos poderes judiciales del país en cuanto a los nuevos modelos de juicios por jurado y del código procesal como así también, la implementación del sistema acusatorio.

La “Jornada Académica por la Reforma del Código Procesal Penal de Misiones. Acusación, defensa y jurisdicción” dará inicio esta tarde en la Universidad Católica de Santa Fe con la presencia de Magistrados y Funcionarios de Misiones, Santa Fe y San Juan, entre otros.

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El oficialismo acelera la adhesión al sistema internacional de patentes

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El oficialismo intentará avanzar este martes con el dictamen del proyecto de adhesión argentina al sistema internacional de patentes, una iniciativa que combina compromisos internacionales, presión empresarial cruzada y una discusión sensible sobre el acceso a medicamentos y la protección de la industria nacional.

El plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General fue convocado para las 15 con el objetivo de dejar lista la iniciativa para una eventual sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 20 de mayo. El proyecto forma parte de una agenda legislativa que también incluiría la denominada Ley de Hojarasca y la readecuación del régimen de zona fría para usuarios de gas.

La discusión gira en torno a la adhesión argentina al PCT (Patent Cooperation Treaty), un sistema internacional al que ya adhieren cerca de 150 países y que permite simplificar el registro de patentes mediante un único trámite internacional. Para el Gobierno nacional, el ingreso al esquema representa una señal de alineamiento regulatorio y apertura económica en el marco de los acuerdos comerciales recíprocos firmados meses atrás con Estados Unidos.

El cambio político que destrabó el expediente

El proyecto había quedado listo para ser dictaminado el 14 de abril, luego de la intervención de la Secretaría de Desregulación de la Nación. Sin embargo, el tratamiento se frenó por la reacción de la industria farmacéutica local frente a uno de los capítulos del texto.

Según lo informado, la versión original dejaba a los laboratorios nacionales en una situación de mayor vulnerabilidad frente a compañías multinacionales, especialmente estadounidenses. Esa situación activó el lobby de las cámaras empresariales locales, principalmente CILFA y COOPERALA, que reclamaron mantener bajo reserva parte del tratado vinculada a instrumentos técnicos y mecanismos de patentamiento de medicamentos.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) presionó para sostener la redacción original, en línea con el texto aprobado por el Senado en 1998, con el objetivo de preservar los intereses de las farmacéuticas norteamericanas.

La disputa dejó expuesta una tensión habitual en la política económica argentina: la necesidad de avanzar en compromisos de integración internacional sin desarticular sectores industriales locales considerados estratégicos.

De acuerdo con lo trascendido, representantes de AmCham se comunicaron con la titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, aunque finalmente no lograron revertir los cambios impulsados por el sector farmacéutico local.

Qué cambia con la adhesión al PCT

El sistema internacional de cooperación en patentes permite centralizar trámites y facilitar la protección de desarrollos tecnológicos en múltiples mercados. Para investigadores y empresas argentinas, el esquema abre la posibilidad de registrar innovaciones con menos costos administrativos y mayor alcance internacional.

Pero el debate excede la cuestión técnica. El punto más sensible está vinculado al negocio farmacéutico y al eventual impacto sobre la producción de medicamentos genéricos.

La preocupación de los laboratorios nacionales radica en que una mayor facilidad para patentar medicamentos por parte de empresas extranjeras podría retrasar o limitar la fabricación local de genéricos, que suelen comercializarse a valores más bajos. Según el planteo de las cámaras empresariales argentinas, eso podría trasladar costos al sistema sanitario y encarecer el acceso a medicamentos.

Frente a esa presión, el Gobierno resolvió finalmente dejar bajo reserva el capítulo II del tratado. De esa manera, Argentina avanzaría con la adhesión al sistema internacional, pero manteniendo control local sobre determinadas herramientas de evaluación técnica y patentamiento farmacéutico.

La negociación con Estados Unidos y los tiempos que se vencieron

El expediente también quedó atravesado por los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante Estados Unidos. El objetivo original era que la ley estuviera aprobada antes del 30 de abril, plazo que formaba parte de los entendimientos comerciales recíprocos firmados meses atrás.

Sin embargo, la negociación interna y la presión cruzada entre laboratorios nacionales y multinacionales terminaron demorando el proceso. Con los tiempos vencidos, la eventual entrada en vigor de la norma recién podría concretarse hacia fines de mayo, siempre que el proyecto logre superar el trámite en Diputados y luego en el Senado.

La secuencia revela una dinámica cada vez más visible en el Congreso: reformas impulsadas por el Ejecutivo que avanzan condicionadas por disputas sectoriales y negociaciones empresariales de alta intensidad.

Impacto económico y lectura industrial

Aunque el proyecto tiene una dimensión diplomática y regulatoria, el trasfondo es económico. El régimen de patentes afecta directamente la estructura de costos del sistema farmacéutico y el posicionamiento competitivo de la industria nacional.

La definición del Gobierno de mantener bajo reserva parte del tratado puede leerse como un intento de equilibrio entre dos objetivos: sostener la agenda de apertura y alineamiento internacional sin exponer completamente a los laboratorios locales frente a actores globales con mayor capacidad financiera y tecnológica.

En términos productivos, el debate también involucra a provincias con presencia industrial vinculada a la salud, distribución farmacéutica y cadenas comerciales regionales. Aunque el texto no menciona impactos específicos sobre Misiones o el NEA, el eventual encarecimiento de medicamentos podría tener efectos indirectos sobre sistemas provinciales de salud y consumo familiar en regiones con menor capacidad adquisitiva relativa.

El oficialismo buscará ahora transformar el acuerdo político alcanzado en mayoría legislativa. Pero el debate sobre propiedad intelectual, producción local y acceso a medicamentos difícilmente quede cerrado con la votación parlamentaria.

La evolución de los costos farmacéuticos, la reacción de los laboratorios nacionales y el alcance efectivo de las reservas introducidas al tratado serán algunas de las variables que el mercado y el sistema político seguirán de cerca en las próximas semanas.

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Avanzan en la redacción de un nuevo Código Penal y podría eliminarse la figura de femicidio

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Gobierno nacional avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal, tras una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

El funcionario difundió la novedad a través de sus redes sociales, donde detalló los principales ejes de la iniciativa oficial que busca actualizar la normativa penal en función de los desafíos actuales en materia de seguridad y delito.

Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”, expresó Mahiques en su cuenta personal, en línea con la información publicada sobre el encuentro entre ambos dirigentes.

En ese sentido, el ministro explicó que, mientras se desarrolla el nuevo proyecto, el Ejecutivo trabajará junto al Congreso de la Nación en una serie de modificaciones parciales, entre las que se destacan el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Entre los puntos más controversiales aparece la intención de eliminar la figura penal de femicidio (homicidio agravado por violencia de género) del Código Penal, argumentando que busca la igualdad ante la ley y evitar la supuesta superioridad del valor de la vida femenina sobre la masculina. Esta propuesta busca modificar el art. 80, inc. 11, lo que ha generado alarma y preocupación en organizaciones de mujeres.

Entre los delitos que se buscarán tipificar o reforzar figuran los vinculados a cuestiones migratorias, las estafas piramidales, las denominadas “viudas negras”, salideras y entraderasmotochorros, daño animal, la presencia de armas en cárceles y las picadas ilegales, además de poner el foco en una mayor centralidad de las víctimas dentro del sistema penal.

Finalmente, añadió que impulsarán el agravamiento de pena para los casos de incumplimiento de deberes alimentarios, los “trapitos” y el grooming y abuso sexual infantil.

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El parásito que no mata: por qué la reforma del seguro enfrenta el mismo problema que mató a la LRT

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Hay una frase que escuché hace años, en una conversación que no olvidé. Me la dijo un abogado litigante “de parte actora”, con larga trayectoria en juicios de daños laborales, en un momento de franqueza que probablemente no calculó bien, creyéndola un puente de entendimiento. Yo llevaba varios años como abogado de una de las empresas más grandes del sector forestal del NEA, y la frase describía exactamente lo que vivíamos del otro lado del mostrador, ya que ese abogado no paraba de conseguir poderes de trabajadores del sector que alegaban haber tenido accidentes de trabajo en faenas forestales:

“Yo les hago juicios grandes pero acepto transar los casos en montos pagables. No me sirve matar a la empresa sino seguir litigando, sin generar que deban reaccionar y tratar de destruirme.”

No lo dijo como confesión. Lo dijo como descripción de una estrategia racional. Y si bien me chocó y me irritó en su momento, el abogado tenía razón: era exactamente eso. Una estrategia racional, sostenida en el tiempo, que no requería coordinación con nadie porque el sistema de incentivos la producía de manera espontánea.

Tardé años en tener el marco teórico para entender por qué esa frase era tan importante. Ahora lo tengo.

Primer concepto: el parásito óptimo

La biología evolutiva distingue entre parásitos letales y parásitos óptimos. Un parásito que mata a su huésped demasiado rápido se extingue junto con él. El parásito que sobrevive es el que aprende a calibrar la extracción: tomar lo suficiente para prosperar, dejar lo suficiente para que el huésped siga funcionando.

La tenia, el toxoplasma, el parásito de la malaria: todos exhiben, en grados distintos, ese equilibrio entre extracción y preservación del huésped. No porque tengan conciencia de hacerlo, sino porque la selección natural eliminó a los linajes que exageraban y conservó a los que calibraban bien.

El abogado que me habló aquel día no era una tenia. Era un profesional inteligente que había aprendido, mediante experiencia acumulada, a calibrar exactamente lo mismo: extraer sin destruir. No por altruismo hacia la empresa, sino porque la empresa muerta no genera más juicios.

Eso es lo que la teoría de juegos evolutiva llama una Estrategia Evolutivamente Estable, o ESS por sus siglas en inglés. Un equilibrio en el cual ningún actor tiene incentivo de cambiar su conducta unilateralmente. El litigante no tiene incentivo de pedir más porque podría activar una respuesta defensiva costosa. La empresa no tiene incentivo de pelear hasta el final porque el costo esperado del juicio completo supera el costo de la transacción. El sistema se estabiliza en un punto que no es óptimo para nadie en particular pero que nadie puede mejorar actuando solo.

Cuando los proyectos de ley hablan de “industria del juicio” o de “caranchaje jurídico”, están describiendo este fenómeno con lenguaje moral. El problema del lenguaje moral es que sugiere que la solución es de orden ético: habría que convencer a los abogados de no ser caranchos. Pero los equilibrios evolutivamente estables no se disuelven con apelaciones éticas. Se disuelven cuando cambian los incentivos que los sostienen.

Segundo concepto: el dique y la presión evolutiva

En 1995, el gobierno argentino sancionó la Ley de Riesgos del Trabajo con una arquitectura conceptual que parecía sólida: crear un sistema de cobertura de accidentes de trabajo gestionado por aseguradoras privadas, con prestaciones tarifadas y, crucialmente, con la vía de la acción civil vedada para el trabajador accidentado. El artículo 39 de esa ley decía, en sustancia: si sufriste un accidente de trabajo, tenés el sistema de las ART y nada más, salvo que el empleador haya actuado con dolo.

La lógica era la de la seguridad jurídica: costos predecibles, litigiosidad controlada, primas calculables. Las empresas, incluyendo las del sector forestal, internalizaron esa promesa. Contrataron sus ART, estructuraron su gestión de riesgos sobre la promesa del tope y, en muchos casos, relajaron inversión en prevención porque el costo marginal de un accidente quedaba acotado por el sistema.

Había un problema. El artículo 39 LRT intentaba construir un dique contra una corriente que ya existía en el sistema jurídico argentino desde 1968.

En ese año, la reforma de la Ley 17.711 al Código Civil de Vélez Sarsfield había introducido algo muy importante en el artículo 1113: la responsabilidad objetiva por riesgo o vicio de la cosa. Quien era dueño o guardián de una cosa riesgosa respondía por los daños que causara, sin necesidad de que la víctima probara culpa. Bastaba acreditar el daño y la relación causal con la actividad riesgosa.

Ese artículo estaba vigente en 1995. Y producía una asimetría que haría insostenible al artículo 39 LRT desde el primer día de su vigencia.

Pensemos en una faena forestal: motosierras, tractores forestales, carga de rollos, trabajo en altura entre árboles. El visitante ocasional que sufre un accidente en esa faena tiene abierta la vía del artículo 1113 de Vélez sin ninguna restricción: la actividad es riesgosa, el daño existió, la relación causal es clara. El trabajador que opera en esa misma faena durante ocho horas diarias, expuesto permanente y profesionalmente al mismo riesgo, tenía vedada esa vía por el artículo 39 LRT.

Cuanto mayor la exposición al riesgo, menor el derecho a la reparación integral. Esa ecuación viola el principio de igualdad ante la ley de una manera tan visible que resulta llamativo que el sistema haya sobrevivido nueve años.

Sobrevivió por inercia y por conveniencia de muchos actores, no porque fuera jurídicamente sostenible.

Tercer concepto: por qué el colapso era inevitable

En la teoría del derecho como fenotipo extendido, que es el marco que vengo desarrollando en los últimos años, las normas jurídicas son tratadas como replicadores culturales que compiten por sobrevivir en un ambiente institucional. Un replicador sobrevive si tiene mayor “fitness” que sus competidores en ese ambiente. Y el fitness de una norma depende, entre otras cosas, de su compatibilidad con el sustrato constitucional que la rodea.

El artículo 39 LRT era un meme normativo en conflicto de fitness con al menos tres elementos del sustrato jurídico argentino:

El primero era el artículo 1113 de Vélez, que desde 1968 había establecido la responsabilidad objetiva por riesgo como principio general del derecho de daños.

El segundo era el artículo 19 de la Constitución Nacional, del cual la Corte Suprema derivó históricamente el principio alterum non laedere: nadie puede causar un daño a otro sin repararlo integralmente.

El tercero, más reciente, era el artículo 75 inciso 22 de la Constitución incorporado en 1994, que dio jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Varios de esos tratados protegen el derecho a la reparación integral de daños de manera explícita.

Tres corrientes simultáneas empujando contra un solo dique. La pregunta no era si colapsaría sino cuándo.

El fallo Aquino de la Corte Suprema, dictado el 21 de septiembre de 2004, declaró inconstitucional el artículo 39 LRT en cuanto vedaba la acción civil del trabajador accidentado. El voto de la mayoría fue construido exactamente sobre esas tres corrientes. La Corte no innovó: reconoció una incompatibilidad estructural que existía desde el primer día de vigencia de la LRT.

Lo que siguió es la historia que muchos abogados del sector conocen bien. La apertura de la vía civil para accidentes de trabajo, combinada con la posibilidad que la jurisprudencia posterior fue reconociendo de acumular la prestación ART con la indemnización civil, convirtió cada accidente de trabajo en un objeto de litigación con valor económico significativo para todos los actores del proceso. Excepto, frecuentemente, para quien lo había sufrido.

El ecosistema de litigiosidad que la LRT pretendía evitar emergió con mayor vigor que el anterior, porque ahora operaba sin el techo que el artículo 39 hubiera impuesto y con el capital humano especializado que el sistema ART había contribuido a desarrollar.

El segundo marco: lo que cambió con el CCyCN

Hasta aquí, el análisis corresponde al período 1995-2015, cuando regía el Código de Vélez reformado. Hay que distinguir ese marco del que rige hoy.

El Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde agosto de 2015, no creó la responsabilidad objetiva por actividad riesgosa: la heredó de Vélez y la sistematizó con mayor precisión técnica. Los artículos 1757 y 1758 establecen que toda persona responde por el daño causado por actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Ya no solo las cosas riesgosas: las actividades riesgosas en sentido amplio.

Esa extensión tiene consecuencias directas para el análisis del sistema asegurador. La gestión de siniestros que se demora sistemáticamente, el diseño de coberturas con exclusiones que el asegurado no pudo conocer razonablemente, la intermediación que crea expectativas que la póliza no cumple: todas estas actividades pueden encuadrar en la categoría de actividad riesgosa bajo el CCyCN con mayor facilidad que bajo el texto de Vélez.

Lo que esto significa para el Proyecto Benedit y para cualquier reforma del sistema asegurador es concreto: el marco de referencia actual es más exigente que el que produjo el colapso de la LRT. Si el artículo 1113 de Vélez ya era suficiente para hacer insostenible el dique del artículo 39, los artículos 1757 y 1758 del CCyCN ofrecen un sustrato aún más robusto para cualquier reclamación de reparación integral que el nuevo régimen asegurador intentara limitar sin respaldo constitucional propio.

Lo que la reforma necesita entender

El Proyecto Benedit diagnostica correctamente la obsolescencia de las tres leyes. Describe con precisión el fenómeno de la litigiosidad parasitaria. Pero el análisis que antecede sugiere que el problema no se resuelve cambiando los textos normativos sin modificar la arquitectura de incentivos que produce los equilibrios que se quieren eliminar.

La litigiosidad en seguros no es un defecto de redacción de la Ley 17.418. Es un equilibrio evolutivamente estable que opera con la lógica que describió aquel abogado: extracción calibrada para no destruir al huésped. Ese equilibrio sobrevivirá a la reforma del texto legal si la reforma no altera las variables que lo sostienen: el régimen de tasas de interés judicial, el modelo de honorarios proporcionales al monto del juicio, la ausencia de mecanismos extrajudiciales con enforcement (fuerza normativa) real y el costo relativo de conciliar versus litigar.

La historia de la LRT es la historia de un dique construido sin análisis de la presión que debía contener. El resultado fue nueve años de ilusión de estabilidad, de malas decisiones confiando en un sistema sin bases para ser sostenible y un colapso que generó exactamente el ecosistema que se quería evitar, pero amplificado.

Una reforma del sistema asegurador que incorpore ese aprendizaje, que mapee los equilibrios que pretende desplazar antes de cambiar los textos, y que diseñe mecanismos que alteren los incentivos reales y no solo las reglas formales, tiene posibilidades genuinas de producir un sistema diferente.

Una reforma que repita el error de 1995, prometiendo estabilidad sin analizar la presión evolutiva que la rodea, producirá en algún momento su propio Aquino.

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Asamblea General de la ONU, sobrecargada de resoluciones repetitivas, busca su revitalización

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Por Thalif Deen / Inter Press Service – La Asamblea General (AG), con 193 miembros, el máximo órgano normativo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido durante mucho tiempo el depósito de decenas de resoluciones prolijas y obsoletas acumuladas a lo largo de varias décadas, y que permanecen en el olvido.

Como parte de la reestructuración propuesta de la ONU, que se enfrentan a una grave crisis de liquidez, ahora se está tratando de racionalizar y revitalizar la Asamblea General, que se ha visto sumida en un atasco burocrático.

La presidenta de la Asamblea General, la alemana Annalena Baerbock, ha pedido a cada comité principal que revise sus métodos de trabajo y proponga medidas concretas para mejorar la eficiencia, entre ellas:

• Fusionar puntos similares del orden del día para evitar repeticiones.

• Reducir la frecuencia, la duración y el número de resoluciones.

• Utilizar ciclos bienales o trienales cuando sea apropiado;

• Limitar las explicaciones de voto a cinco minutos; y

• Simplificar los procedimientos de adopción: un martillo, una decisión, todos los textos.

Estas recomendaciones, en su mayoría detalladas en una resolución reciente, ayudarían a remodelar la Asamblea General para responder a los retos globales con agilidad y coherencia. Pero, a menos que se apliquen estas reformas, seguirán siendo solo palabras sobre el papel, otra resolución más.

«No basta con seguir como hasta ahora. Necesitamos menos resoluciones repetitivas, debates más breves y una programación más inteligente. No más «resoluciones por el simple hecho de hacerlas», afirmó la presidenta de la Asamblea General.

Y advirtió: «No podemos predicar el domingo que necesitamos menos resoluciones y luego presentar una para su consideración el lunes. Y esto, lamentablemente, es lo que está ocurriendo».

Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de las Naciones Unidas y antiguo representante permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas, dijo a IPS que la ONU soporta la pesada carga de las resoluciones acumuladas a lo largo de 80 años.

«Muchas ya no son pertinentes, otras son superfluas y algunas repetitivas. Dada su peligrosa situación financiera actual, sería conveniente que cada departamento y oficina revisara rigurosamente las resoluciones de su competencia e identificara aquellas que podrían derogarse», afirmó.

Esto, dijo, podría hacerse mediante una resolución general. Algunas podrían requerir delicadas negociaciones con los Estados miembros, que podrían reclamar la propiedad de las resoluciones que habían propuesto. Si se maneja con sensibilidad, esto podría reportar considerables beneficios financieros y de personal.

Señaló que las nuevas resoluciones deben examinarse cuidadosamente para evitar redundancias.

El personal de las Naciones Unidas podría ayudar de manera proactiva en este proceso. Incluso cuando las resoluciones se apliquen dentro de las asignaciones de recursos existentes, habrá algunos costos, incluido el tiempo.

Cuando una resolución propuesta no pueda aplicarse debido a limitaciones de recursos, debe vetarse desde el principio, Kohona, quien hasta hace poco era embajador de Sri Lanka en China.

Los responsables de la ejecución de las medidas deberían ubicarse o trasladarse a una oficina en la que fuera más probable que se aplicara la resolución y donde fuera más eficaz.

Por ejemplo, propuso que la responsabilidad de aplicar las resoluciones relacionadas con el Programa delas Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) se asignara a Nairobi. También consideró que las operaciones de mantenimiento de la paz deberían trasladarse a Nairobi, ya que la mayoría de ellas se llevan a cabo actualmente en África.

Baerbock afirmó: «Hemos visto cómo las comisiones principales han presentado resoluciones para conferencias de tres días, sin presupuesto adjunto, plenamente conscientes de la situación fiscal que estamos debatiendo en este mismo momento».

«Hemos visto más de 160 eventos paralelos durante la Semana de Alto Nivel, a pesar de la petición de reducir su número o de la petición de algunos de que no se celebren eventos paralelos en absoluto», añadió.

Destacó que «ya hemos visto tres o cuatro reuniones de alto nivel presentadas para su consideración para la 81 Semana de Alto Nivel (el año que viene), y cuatro para cada una de las 82 y 83, a pesar de la decisión de esta Asamblea —es decir, de todos nosotros— de limitarlas a un máximo de tres».

«Aunque todos queremos proteger las cosas que nos importan, cada uno de nosotros debe hacer concesiones en esta época de reformas», sentenció la presidenta de la 80 Asamblea General.

Purnima Mane, ex subsecretaria general del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), dijo a IPS que el importante esfuerzo que se está realizando para revisar los métodos de trabajo de cada uno de los comités de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mejorar su eficiencia es sin duda loable.

Es una oportunidad de oro para cuestionar algunas de las llamadas «verdades absolutas» sobre el funcionamiento de la Asamblea General y centrarse en lo que importa de una manera racionalizada.

Sin embargo, a su juicio de Mane las soluciones propuestas actualmente son algo periféricas, aunque indican un deseo de cambio.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los comités es la variedad de cuestiones que se abordan sin un orden de prioridades claro, incluida la falta de atención a cuestiones clave que se han descuidado. Y la ausencia de un sentido de urgencia, señaló

«Las sugerencias ofrecidas se refieren a la mejora de la eficiencia del trabajo, pero evitan las cuestiones más difíciles, tal vez debido a la falta de tiempo y, en ocasiones, a la falta de voluntad por parte de algunos miembros de asumir el riesgo de proponer soluciones que podrían requerir el desmantelamiento de métodos de trabajo muy arraigados», añadió.

Otra barrera, consideró Mane, podría ser la preocupación por las posibles dificultades que se pueden encontrar para llegar a un acuerdo sobre estos métodos y, más aún, la posibilidad de una participación limitada de los Estados miembros en su aplicación.

«Quizás empezar poco a poco e identificar objetivos posiblemente alcanzables para el funcionamiento y la gestión de los comités podría ser un buen comienzo, pero sin el compromiso de los Estados miembros con las cuestiones prioritarias y con la aplicación de las resoluciones propuestas, es poco probable que todos estos cambios y esfuerzos reporten beneficios, incluido el ahorro de recursos», afirmó.

Reducir los puntos del orden del día y evitar resoluciones repetitivas y debates interminables es un buen comienzo, pero se necesita la voluntad de los Estados miembros para aplicar estas resoluciones, una vez aprobadas, añadió.

Y aunque se da por sentada la voluntad de aplicar las resoluciones, en realidad es precisamente ahí donde a veces radica el problema. El verdadero reto es cómo fomentar y garantizar la aplicación, dijo Mane, quien también ha sido directora ejecutiva de la organización Pathfinder International.

Andreas Bummel, cofundador y director ejecutivo de Democracy Without Borders, dijo irónicamente aa IPS que la cuestión de la revitalización de la Asamblea General se ha convertido en un tema ritual.

«Abordar el número de resoluciones anuales y evitar repeticiones inútiles año tras año es una obviedad. Esto debería haberse aplicado hace mucho tiempo. Pero se necesitan cambios más profundos», dijo.

Por ejemplo, detalló, es necesario que haya continuidad y memoria institucional en la oficina del presidente de la Asamblea General. El mandato debería ser de dos años y recibir la financiación adecuada.

Además, mediante la creación de una Asamblea Parlamentaria, el instrumento de la Iniciativa Ciudadana y las Asambleas Ciudadanas, la Asamblea General puede convertirse en un centro de innovación e inclusión para todo el sistema de las Naciones Unidas. Esto debería estar en la agenda.

Mientras tanto, la revitalización también se está extendiendo a la Oficina de la Presidencia de la Asamblea General.

La 80 AG, dijo Baerbock, se benefició de un traspaso temprano y fluido de la 79, lo que nos permitió empezar con buen pie. Sin embargo, el volumen de trabajo sigue siendo inmenso.

En septiembre, «nuestra Semana de Alto Nivel contó con más de siete reuniones importantes en solo unos días», recordó.

«El resto de la sesión contará con casi veinte procesos intergubernamentales y múltiples reuniones de alto nivel obligatorias; y el número total de resoluciones apenas ha cambiado, muchas de ellas casi idénticas a las de sesiones anteriores», añadió.

Pero esto no es sostenible, afirmó, y además contradice la petición de las misiones más pequeñas, que no pueden asistir a tres reuniones al mismo tiempo.

Las transiciones son importantes. La preparación es igualmente importante. «Debemos asegurarnos de que cada presidencia esté preparada para el éxito», dijo Baerbock, la presidenta de la 80 Asamblea General.

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