El gobierno de Venezuela puso en marcha este jueves 8 de enero un proceso de liberación de presos políticos, incluido un “número importante” de ciudadanos extranjeros, en lo que las autoridades describieron como un “gesto para la paz” y la convivencia nacional. El anuncio fue formulado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y se produce en un contexto de fuerte presión internacional y política interna tras la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. La medida tiene implicaciones tanto en la dinámica política venezolana como en las relaciones exteriores del país.

Liberaciones inmediatas en un contexto político crítico

El titular del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que “el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras” y que “estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”. Rodríguez presentó la decisión como una contribución a la “convivencia pacífica” y a la búsqueda de la paz, aunque no precisó la cifra exacta de personas liberadas ni sus identidades específicas.

El anuncio fue interpretado públicamente como un gesto unilateral del gobierno y no resultó de un acuerdo con otros actores políticos o externos. Rodríguez subrayó que la medida forma parte de una decisión interna de las instituciones del Estado venezolano, sin detallar el procedimiento administrativo ni judicial para efectuar las excarcelaciones.

Organizaciones de derechos humanos han calculado que en Venezuela había, hasta finales de 2025, alrededor de 863 presos políticos, incluidos activistas, opositores y extranjeros, según estimaciones del Foro Penal, aunque las cifras oficiales no han sido confirmadas por el gobierno.

Repercusiones internas y externas del gesto

El contexto en el que se produce esta medida es particularmente sensible. Cinco días antes, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, lo que tensó aún más las relaciones diplomáticas y generó un escenario de alta presión internacional sobre Caracas. La decisión de liberar presos políticos aparece, así, vinculada a una estrategia de alivio de tensión tanto interna como externa y como señal hacia actores internacionales ante críticas sostenidas sobre la situación de derechos humanos en el país.

La noticia generó reacciones inmediatas entre familiares de los detenidos, que durante meses han mantenido vigilias y protestas en Caracas a la espera de resultados concretos. Grupos de derechos humanos, como Foro Penal, celebraron la medida como una “buena noticia” que podría marcar el inicio de un proceso de liberación efectivo, aunque advirtieron que verificaciones detalladas serán necesarias para confirmar cada excarcelación.

En el plano internacional, países con ciudadanos detenidos en Venezuela estaban siguiendo de cerca los anuncios. Por ejemplo, gobiernos europeos confirmaron que al menos cinco presos españoles estaban entre los que serían liberados, según informaron fuentes diplomáticas.

Contexto político y consideraciones de transición

Analistas políticos interpretan estas excarcelaciones como un posible primer paso hacia una distensión o una transición más amplia, aunque advierten sobre la falta de detalles oficiales sobre los criterios de selección de quienes serán liberados. La oposición venezolana ha señalado que la liberación de presos políticos es una condición mínima en cualquier proceso de reconciliación nacional y ha pedido que el gesto se amplíe hacia una amnistía más general.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos también han recordado que denuncias sobre torturas, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en recintos como El Helicoide, Tocorón o El Rodeo forman parte del reclamo de justicia integral que va más allá de excarcelaciones puntuales.

En consecuencia, la medida no solo tiene impacto en la esfera judicial y los derechos humanos, sino que podría influir en la percepción externa de la gestión venezolana y en el diálogo con actores internacionales que presionan por reformas políticas y respeto a las libertades fundamentales.