En una audiencia cargada de tensión, la jueza Loretta Preska exigió al Estado argentino entregar correos, chats y documentos de los últimos dos ministros de Economía. Los demandantes quieren probar que Argentina y YPF son un mismo ente para embargar activos, incluidos los depósitos de oro del Banco Central en el exterior.

El caso YPF: una década de litigio y un fallo millonario en juego

El juicio por la expropiación de YPF continúa escalando en complejidad y riesgo para el país. Argentina fue condenada en primera instancia a pagar más de USD 16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos a litigar por la falta de oferta pública a los accionistas minoritarios en 2012. La sentencia está apelada, y recién en octubre la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York escuchará los argumentos orales.

Mientras tanto, en la última audiencia celebrada en el tribunal de la jueza Loretta Preska, los abogados de Burford insistieron en acceder a información que vincule directamente al Estado con YPF bajo la figura de “alter ego”. El objetivo es claro: extender el alcance de un eventual embargo a activos del Tesoro, empresas estatales y hasta el Banco Central.

El oro del Banco Central, en la mira

Uno de los puntos más polémicos fue el pedido de documentación sobre el oro del Banco Central que fue enviado al exterior durante 2023. Burford pretende conocer su ubicación para poder ejecutarlo como parte del cobro de la sentencia.

El abogado Seth Levine, representante de los demandantes, apuntó directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien en declaraciones públicas habló sobre esa operación: “Quiero saber quién sabe sobre el oro. Ya dije quién es: Luis Caputo, porque habló en los medios”, sostuvo Levine, reclamando acceso a sus correos y mensajes privados.

La defensa argentina, a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, argumentó que el BCRA es una entidad independiente y que los dichos de Caputo fueron meramente informativos. Pero Preska rechazó esa posición y advirtió que el ministro puede ser citado a declarar si no entrega los datos. La jueza fue contundente: “No acepto esa excusa. Caputo debería figurar como fuente de información. Si no lo hace, lo analizaremos”.

El avance sobre activos y la tensión por la soberanía

El reclamo por el oro no es un hecho aislado. Burford también solicitó detalles sobre cuentas bancarias, fideicomisos, relaciones financieras con China y futuras privatizaciones, lo que muestra el alcance de su estrategia para localizar activos embargables.

La defensa argentina alertó que el interrogatorio a altos funcionarios podría vulnerar principios de soberanía. Pero para Preska, el incumplimiento de la sentencia amerita medidas excepcionales: “Los ganadores deben cobrar o el Estado debe negociar”, sostuvo.

La jueza también rechazó que la información solicitada tenga carácter secreto por defecto, exigiendo que Argentina justifique por qué ciertos documentos deberían quedar protegidos. Este punto aumenta el riesgo de exposición de comunicaciones sensibles del Gobierno.

La escalada del caso YPF expone a Argentina a un doble riesgo: el financiero, por una condena que compromete más de USD 16.000 millones, y el institucional, por la posibilidad de que activos estratégicos en el exterior queden embargados.

La ofensiva de Burford apunta a quebrar la barrera entre YPF y el Estado, una estrategia que, de prosperar, podría abrir la puerta a embargos sobre reservas del Banco Central y otros activos públicos. La audiencia también reveló el creciente fastidio de Preska con la falta de respuestas del país, lo que presiona al Gobierno a acelerar una estrategia de defensa o avanzar hacia una negociación.

En el plano político, la tensión entre preservar activos soberanos y cumplir con la justicia internacional plantea un dilema delicado. La audiencia no solo fue un capítulo más en el juicio por YPF: fue una advertencia de que el costo de no cerrar este frente podría ser mucho mayor.