Es tan vasta la avanzada del presidente Javier Milei que prácticamente no hay sector que no haya sido afectado y no esté hoy en estado de alerta ante la pérdida de derechos y desregulaciones que benefician casi todas a los sectores poderosos. Ejemplos abundan. Con el DNU y la ley “ómnibus”, se avanza sobre facultades del Congreso y hasta de la Justicia. Hay pocos ganadores y son demasiados los perdedores, sobre todo en las clases media y baja, que ya venían agobiadas por la inflación, pero que ahora no saben cómo enfrentar los aumentos de “libre competencia”, en alquileres, combustible, comida, prepagas, transporte y etceteras. Le baja la presión tributaria a Techint al mismo tiempo que aumenta al doble el monotributo. Habilita la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al Tesoro Nacional, para permitir al ministro de Economía, Luis Caputo, a usar los activos que respaldan las jubilaciones para cancelar deuda. Manotear la plata de los jubilados para pagar deudas. Una enorme transferencia de recursos desde la “libertad de pagar más”.
Es tan abrumador el embate presidencial contra derechos y contra el bolsillo, que muchos analistas advierten sobre el agotamiento acelerado de la sociedad. Los cacerolazos volvieron a sonar en todo el país. Marzo, con la vuelta a clases, será un termómetro inapelable.
De un plumazo, el Presidente pretende erigirse en emperador, sin la injerencia molesta del Congreso o el Poder Judicial. Ambos hasta ahora han dado pocas señales de reacción. La Corte, de hecho, avisó que cualquier conflicto será analizado después de la feria. ¿Democracia en crisis? El verano no se toca. Los derechos pueden esperar.
Sin embargo, los abogados constitucionalistas de distintas expresiones políticas, coinciden en que el DNU es inconstitucional y hay que frenarlo. Hasta un antikirchnerista como Daniel Sabsay, de origen radical, dijo que “si aceptamos el argumento de que cualquier presidente puede por decreto dejar sin efecto la mitad del ordenamiento jurídico, cuando venga otro presidente va a hacer lo mismo y nunca vamos a tener República”.
El abogado explicó que el Artículo 99, inciso 2 de la Constitución prohíbe al presidente dictar disposiciones de carácter legislativo, a menos que se encuentre en circunstancias excepcionales que impidan el normal funcionamiento de la sanción de leyes. “A esto se le excluyen cuatro materias, la penal, fiscal, partidos políticos y electoral”, precisó.
“El gobierno no puede argumentar que es un cataclismo económico porque el procedimiento normal de sanción de leyes está vigente”, afirmó Sabsay, subrayando la disponibilidad del Congreso para sesiones extraordinarias.
El Colegio de Abogados de Misiones se declaró en “estado de análisis permanente” y rechazó el DNU por inconstitucional, al mismo tiempo que advirtió sobre la inseguridad jurídica que generan sus efectos.
El proyecto de ley ómnibus presentado por Milei no deja lugar a dudas de un avasallamiento nunca antes visto sobre la división de poderes y el concepto de república. “Tiene por objeto promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales. La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social”. Por dos años o más. A gusto del Presidente, aunque las consecuencias de las decisiones que se tomen en ese período, quedarán como permanentes. Palabras más, palabras menos, cerrar el Congreso y tirar la llave. Una declarada fujimorización.
La estrategia parece ser clara. Abrir tantos frentes de batalla para dividir la resistencia y multiplicar la confusión. Sin embargo, la primera reacción ha sido de un rechazo unificado. Inusitadamente alto, en contraste con el resultado electoral que coronó a Milei en la segunda vuelta.
La primera encuesta de la consultora Zuban & Córdoba es reveladora: el 60 por ciento está en contra de darle superpoderes a Milei. Un porcentaje similar rechaza que el Congreso apruebe la ley sin cambios. “Es un verdadero récord, la pérdida de casi 1% de apoyo por día a la gestión presidencial, desde la asunción del 10 de diciembre pasado”, analizó Gustavo Córdoba. Alberto Fernández perdió su 80% después de varios meses a partir de la famosa foto de Olivos y de otros episodios combinados con el manejo de la pandemia y la mala gestión económica, recuerda la consultora. Javier Milei perdió más de un punto de imagen positiva por día, y hoy tiene un 55% de imagen negativa. Es llamativo un dato: el 53,4 por ciento de los encuestados descarta que el ajuste lo esté pagando la casta. Incluso, un 54 por ciento anticipa que si hubiera un plebiscito, como amenazó el Presidente, votaría en contra de su plan de gobierno.
Es también un récord el llamado a un paro nacional de parte de la CGT -para el 24 de enero-. Una CGT que estaba sumida en un letargo, decidió unificar las posiciones de diversos sectores sindicales y enfrentar las promesas de ajuste. Será el paro general más rápido desde la vuelta de la democracia. A Fernando De la Rúa se lo hicieron a los 77 días. A Raúl Alfonsin a los 269. A Milei se lo harán a los 44 días. Argumentos sobran para la confrontación: manoteo de los aportes de los trabajadores a los sindicatos, libre competencia entre obras sociales y prepagas, reducción de las indemnizaciones por despido y la limitación del derecho de huelga y de protesta calentaron los ánimos.
Varios gobernadores también marcaron territorio. El misionero Hugo Passalacqua instruyó a la Fiscalía de Estado a presentar una cautelar en contra de la desregulación del mercado yerbatero y en defensa de los pequeños productores. El juez federal Alejandro Marcos Gallandat se abocará al tema en las próximas horas.
En la primera semana de enero se sumará una acción declarativa de certeza sobre los cambios que afectan al Instituto Nacional de la Yerba Mate. No se trata únicamente de las facultades del INYM. Está en juego el modelo productivo de Misiones. No es un tema menor, ya que el DNU se se opone a “promover distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y en particular a las cooperativas yerbateras de la zona productora”, lo que contradice profundamente la historia de las chacras misioneras.
La paradoja es que la yerba mate “regulada”, cierra el año como una de las escasas economías regionales con luz verde en el semáforo de Coninagro. Con un crecimiento del 2,5 por ciento en comparación con el año pasado, el consumo interno de yerba se convirtió en el más alto de los últimos cinco años, según las estadísticas del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Claramente, no hay ni necesidad ni urgencia en el cambio de las reglas de juego. Como fin de ciclo, vale la comparación: en 2001, la yerba desregulada valía una miseria de 0,5 centavos de dólar. Se cambiaba yerba por vales de comida. Entre 1991 y 2001 el precio de la materia prima cayó de $0,20 a 0,6 pesos convertibles uno a uno. El precio en góndola, en cambio, se mantuvo casi constante. Esos 14 centavos de dólar perdidos por la producción primaria por una cosecha promedio de 700 millones de kilos por 10 años, permite dimensionar la enorme transferencia de ingresos de la producción hacia la industria, comercios e impuestos: casi 1.000 u$s millones en una década. Antes de la devaluación de Milei, la yerba había recuperado impulso, con un precio de casi 60 centavos de dólar oficial. Ahora está a 0,26 centavos. ¿El libre mercado permitirá a los productores recuperar esa diferencia? Difícil conseguir resultados distintos con una misma receta. El único que celebró públicamente la desregulación fue Pedro Puerta, el cambiemileista yerbatero. Sus socios políticos fueron más reticentes: “La derogación del INYM es un golpe directo a los pequeños productores y a la estabilidad de nuestra provincia. Como legisladores, debemos velar por la equidad en la cadena productiva, y no podemos permitir que esta desregulación perjudique a quienes más lo necesitan”, señala un comunicado del radicalismo, que pidió que la desregulación sea analizada en el Congreso. Pero no pueden levantar mucho la voz, ya que la UCR forma parte de la alianza de Gobierno con el propio Milei.
Milei también impone una reforma política que modificará sustancialmente la representatividad de las provincias, pasando de un sistema proporcional a uno mayoritario o de “circunscripciones uninominales”, parecido al que se utiliza en el Reino Unido o en Estados Unidos.
Aunque a priori Misiones no sería perjudicada, otras provincias perderán diputados y tendrán mayor representación las de mayor volumen poblacional. El sistema propuesto -el que gana se lleva todo, aunque sea con un solo voto-, puede otorgarle más bancas a un partido con menos votos que otro y dejar sin bancas a un partido que obtuvo 20 por ciento de votos en todo el país pero no logró ganar en ningún distrito uninominal. También deja fuera de competencia a terceros partidos y promueve el bipartidismo, como en Estados Unidos. Y, no menor, diluye la paridad de género.
Por eso es clave la representatividad en el Congreso. La Renovación allí se hizo fuerte, con mayor presencia que en años anteriores. Los de Cambiemos tendrán que hacer malabares para acompañar las políticas de ajuste en la sociedad con el Presidente. En el Congreso deberá librarse la gran batalla contra el modelo de ajuste que arrasa con las economías provinciales y afecta severamente las proyecciones: la coparticipación cayó en diciembre casi el 20 por ciento, un porcentaje nunca registrado, ni en pandemia. Si el ajuste sigue y la actividad se desploma -más si cabe-, el escenario no será mejor para las provincias.
Las medidas que se tomen en el escenario local serán fundamentales para cuidar la actividad y el consumo. La economía ordenada permite sostener cierta autonomía de movimientos. Para cuidar el bolsillo, el gobernador Hugo Passalacqua anunció la extensión de los programas Ahora hasta el 30 de marzo. La parábola no es casualidad. Fue Passalacqua, el que creó el primer Ahora, cuando la inflación comenzaba a convertirse en un problema en 2018. Fue para cuidar el pan en la mesa. Como ahora.
