Para CAME, la Navidad 2023 resultó una fecha “muy desafiante” para sus representados,. Conocé los rubros más golpeados y el calculo interanual.
Las ventas minoristas navideñas en los comercios bajaron el 2,8% en 2023 con respecto al mismo período del año pasado y el 44% de los comerciantes vendió menos de lo esperado en el marco de nuevo gobierno, devaluación de la moneda y aumentos de precios, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
“La Navidad 2023 resultó una fecha muy desafiante, marcada por el recambio de gobierno, la devaluación de la moneda y fuertes subas de precios que afectaron la demanda dando lugar a unas fiestas más austeras”, consignó la entidad en un comunicado.
El relevamiento fue realizado por CAME entre el viernes 22 y el domingo 24 de diciembre en 230 comercios pymes del país. Los comerciantes encuestados revelaron que “los resultados podrían haber sido aún más desalentadores”; sin embargo, destacaron de forma positiva que “se observaron compras anticipadas de regalos ya desde fines de noviembre, para evitar los nuevos ajustes de precios”.
Los rubros que más crecieron de los seis relevados fueron dos: indumentaria, con un aumento del 9,2%, y librerías con un avance de 8,8% respecto del mismo período 2022.
El resto de los rubros, según la CAME, bajaron siendo el peor desempeño cosmética y perfumería, con una retracción del 23,5% en comparación con el 2022.
En el sector calzados disminuyó un 13,6%. El ticket promedio de compra, según los comercios encuestados, se situó en $25.860. “A pesar de los desafíos, estos datos sugieren cierta resiliencia en el comportamiento de los consumidores durante las festividades”, agregó la CAME.
En el caso de la indumentaria, las ventas habían sido muy negativas en la Navidad de 2022, con un desplome del 14,4% en las ventas. Las tiendas experimentaron un repunte, impulsado en parte por la preferencia de los consumidores por regalos vinculados al sector. Además, en un esfuerzo por estimular las ventas, muchos negocios implementaron estrategias como ofrecer cuotas sin interés y descuentos atractivos. El ticket promedio fue de $23.395. “Hubo pocas ventas este fin de semana porque la gente se apuró a comprar antes del 10 de diciembre, pero el mes va a terminar dentro de lo esperado”, comentó el dueño de un comercio de la ciudad de Córdoba.
En electrodomésticos se observó una disminución del 7,9% en las ventas a precios constantes, siempre en comparación con la Navidad pasada, y el ticket promedio se situó en tan sólo 26.740 pesos, un monto considerado bajo para la categoría de productos en cuestión. La tendencia de los consumidores se inclinó hacia la adquisición de artículos más económicos, y en el segmento de productos más costosos, sólo aquellos que ofrecían cuotas sin interés lograron destacarse muy moderadamente. Además, se reportaron faltantes de mercadería en 6 de cada 10 comercios medidos.
“Le pusimos fuerza y muchas promociones, pero está difícil, aumentaron mucho los precios de celulares y equipos en las últimas dos semanas, por lo que esos productos no se vendieron”, señaló un vendedor de la ciudad de Mendoza. “Se vendió el chiquitaje, fue difícil esta Navidad, nuestra venta cayó en cantidades y en valores constantes”, añadió otro, de La Rioja.
En las librerías, el ticket promedio alcanzó los $14.771. Fue un rubro muy requerido para quienes buscaron un buen regalo de bajo valor, a pesar de que, como el resto de los productos, los precios subieron mucho. Ayudaron las promociones, ya que 7 de cada 10 librerías medidas ofrecieron cuotas sin interés o descuentos por pago en efectivo.
El Presidente Javier Milei comenzó la última semana del año con el llamado oficial a sesiones extraordinarias al Congreso, a través del Decreto 76/2023 para tratar varias leyes pero no el DNU 70. Además continúa con su plan de ajuste, a través del Decreto 84/2023 determinó la no renovación de contratos iniciados en el 2023 en toda la administración pública nacional, se estima que quedarán sin empleo unas 7000 personas.
A no engañarse: la suerte del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) definirá el inicio de 2024 y también el futuro del 1er. gabinete de Javier Milei. No hay dudas de que el Estado argentino precisa un recorte pero también reducir la presión tributaria -algo que hasta ahora no aparece- en el Ajustazo.
Si bien había anticipado en campaña que en caso de ser necesario subsanaría su debilidad legislativa con la convocatoria a plebiscitos, el Gobierno de Javier Milei apeló no a esa vía al llegar al poder, sino a la del decreto. Lo hizo luego de haber anticipado que el día 11 de diciembre, un día después de asumir, convocaría al Parlamento a extraordinarias, para avanzar con un sinnúmero de modificaciones legislativas que irían en el sentido anunciado por el líder de La Libertad Avanza en la campaña.
Una decisión curiosa para el Gobierno con la minoría más extrema de la historia de la democracia argentina. Porque si algo se espera ante semejante escenario es que el Presidente sea muy cauteloso allí en el Poder Legislativo, el único ámbito donde no califica el triunfo que encumbró a Milei en la presidencia el 19 de noviembre, sino con las elecciones generales del 22 de octubre, cuando La Libertad Avanza resultó segunda, con solo el 30% de los votos.
La mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado se construyeron en base a ese resultado, razón por la cual el oficialismo cuenta apenas con 37 diputados y 7 senadores propios.
La realidad es que el Poder Ejecutivo no convocó finalmente al Congreso el 11 de diciembre a sesionar, sino que apeló a la vía del decreto para dar una muestra de poder y autoridad.
En definitiva: a ningún gobierno el Congreso le volteó un decreto de necesidad y urgencia. Pero estamos hablando de gestiones que tuvieron mayorías al menos en una de las dos cámaras; en el caso de Cambiemos, varias veces estuvo cerca de romper ese invicto. Nada indica que a Milei le vaya a ir mejor en esa materia.
La Administración Javier Milei intenta presentar un escenario de ‘normalidad’, tal como si todo estuviese ‘encaminado’. Pero hay sesión permanente entre los opositores definiendo cuál será su posición ante el Ejecutivo Nacional. Lo de YPF es muy complicado cuando la Argentina precisa obtener asistencia financiera externa al rechazar el tramo del ‘swap’ chino que faltaba ejecutar.
7.000 estatales menos
En el Boletín Oficial se publica otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para no renovar los contratos de los empleados públicos que hayan ingresado a partir de enero 2023 y revisar la situación del resto. Sin duda es una prerrogativa del nuevo gobierno ante la sospecha de que la Administración Alberto Fernández hizo abuso de incorporaciones al retirarse. Puede resultar verdadero o falso: hay que resolverlo. Dicen que son 7.000 empleos. Habrá que revisar su urgencia y utilidad.,
“Las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”.
Incluye a empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31/12/2023″, de toda la administración nacional, entes públicos, incluidos ANSeS, PAMI y AFIP. Sin duda, necesario.
Muy controversial oponerse a este capítulo del Ajustazo. Y para la oposición, la oportunidad de demostrar que no hay un rechazo ‘per se’. Quizás DNU por DNU.
Megatarifazo
Las empresas de distribución de gas reclaman una recomposición de tarifas desde febrero de al menos el 376,52% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que sería un patrón para todo el territorio argentino. Enorme preocupación. Enargas llevará el tema a la audiencia pública del 08/01/2024 que elaborará principios para el descongelamiento tarifario.
Es cierto que se ha deformado toda la estructura tarifaria congelando los valores desde comienzos de 2023 pero escalar el 300% es sumar presión a la inflación en marcha.
En el caso de Metrogas, 376,52%, luego de los “más de 4 años” que su tarifa de distribución se mantuvo congelada “tomando como base el índice de febrero de 2018 versus el mismo índice a noviembre 2023 y estimando el incremento de costos del mes de diciembre 2023 según el REM del Banco Central” (19,95%), y descontando los incrementos ya otorgados”.
El cargo fijo para usuarios de Metrogas pedido a Enargas a partir de febrero 2024 es un mínimo de $4.318 en Ciudad de Buenos Aires y $4.335 en Gran Buenos Aires para N1 (mayores ingresos), N3 (menor ingreso) y N2 (ingresos medios). Para el tramo de mayor consumo el cargo fijo: $19.333 (CABA) y $19.357 (PBA).
Combate entre privados
Los distribuidores -algunos sólo intermediarios y otros subsidiarias de las industrias- envían listas con subas de 100% de aumento con el argumento de recuperar el atraso de Precios Justos. Es una vergüenza: las industrias no sólo engrosaron sus márgenes de utilidad sino que hicieron sobrestocks de importados a tipo de cambio oficial que, en muchos casos, ahora además transfirieron al Estado.
Es correcto que los minoristas rechacen, en muchos casos, esas listas. Esto provoca góndolas con menos productos. Pero sucede algo más: las grandes superficies (cadenas de supermercados) logran tratamientos diferenciales a los que no acceden los otros minoristas, y esto provoca más fricciones.Un combate despiadado ocurre. Los minoristas más minoristas reclaman no más de 10% de diferencial de precio respecto de las grandes cadenas, que además pueden pagar a más largo plazo.De ninguna manera la devaluación puede ser un argumento a causa del sobrestock de todos los industriales.
Cada uno defiende su participación en ‘la torta’ del consumo, que mermará por la anunciada estanflación.
YPF el cisne negro
El 10/01/2024 vence el plazo que dispuso la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, para depositar una garantía en el caso judicial perdido por la Argentina por la expropiación de YPF que hicieron CFK y Axel Kicillof.
De lo contrario, ocurrirán embargos.
El gobierno de Javier Milei solicitó un pedido de extensión de 30 días pero la jueza rechazó la prórroga.
La Administración Javier Milei todavía no diseñó una estrategia al respecto.
Temario de las Sesiones extraordinarias
TEMAS PARA LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
Proyecto de Ley de reforma de las funciones del Estado.
Proyecto de Ley modificatorio de su similar N° 19.945 respecto de establecer la Boleta Única de Papel (Exp. Senado 4-CD-22).
Proyecto de “Ley de Impuestos a Ingresos Personales”
Proyecto de Ley por el cual se solicita autorización para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024, cuando razones de gobierno lo requieran.
Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y Japón para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019 (Msje. 230/19).
Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 13 de abril de 2019 (Msje. 120/19).
Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2018 (Msje. 99/19).
Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, suscripto en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 16 de abril de 2018 (Msje. 133/19).
Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición en Materia de Tributos sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1° de diciembre de 2018 (Msje. 98/19).
Consideración de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales.
Consideración de Acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro
El pasado 20 de diciembre, el Poder Ejecutivo de la Nación publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, mediante el cual realiza una reforma legislativa masiva y sistémica en la que modifica y deroga decenas de leyes. Entre ellas, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento, las leyes de Promoción Industrial y Comercial, la Ley de Tierras, el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y los Códigos Civil y Comercial y Aduanero de la Nación.
Nuestra Constitución prohíbe al Presidente legislar por sí mismo una reforma radical del orden legal argentino. Solo el Congreso tiene esa atribución, y es imprescindible que así sea en una democracia republicana. Al mismo tiempo que nuestra norma fundamental le ha asignado ciertas facultades de gobierno vinculadas a la administración general del país al Poder Ejecutivo, le ha atribuido a otros actores la responsabilidad de dictar las leyes que rigen nuestra vida. Una concentración de facultades de semejante magnitud en un solo funcionario atenta contra el principio de división de poderes, que hace al corazón mismo del sistema republicano de gobierno. Este diseño institucional busca asegurar un esquema de frenos y contrapesos entre las diversas ramas del Estado, con el fin de evitar excesos que pongan en riesgo derechos y libertades.
Resulta evidente que el conjunto de normas cuya derogación o modificación se pretende mediante este decreto reviste tal trascendencia que solo puede ser discutido por el Poder Legislativo, a través de un proceso deliberativo y participativo de análisis, fundamentación, discusión y acuerdo mayoritario. Es en el Congreso en el que se hallan representadas todas las fuerzas políticas a las que la ciudadanía confió su voto. Los procesos legislativos son aquellos que ofrecen posibilidades de alcanzar debates amplios, robustos y plurales, y también los que proporcionan mayores oportunidades para la participación ciudadana. La legislación unipersonal por la vía de un DNU bloquea el debate público que debe preceder a reformas de estas dimensiones, tanto en el Congreso como fuera de él, e impide que la ciudadanía ejerza un control real e informado de su contenido.
La Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” (artículo 99, inc. 3). Es claro, entonces, que no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley y la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
El DNU carece de una justificación pública, precisa y suficiente del impedimento que tendría el Congreso para discutir cada una de las reformas que dispone. Según la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, la validez de los DNU depende de la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución (es decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión); o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Ninguno de esos supuestos se da en el presente caso.
La legislación por DNU solo es legítima en la medida en que se ejerza con criterios restrictivos y de manera proporcionada, con el menor alcance posible que resulte imprescindible para atender una situación de emergencia. No es en modo alguno una habilitación para legislar todo lo que se entienda conducente para superar un estado de cosas determinado. El Decreto 70/2023 no respeta el sentido de esa excepcionalidad. Por el contrario, abusa de él, traicionando y desnaturalizando la finalidad del pacto constitucional.
A su vez, la invocación de una situación de necesidad y urgencia que impediría que el Congreso debatiera las reformas parece ser aún más incongruente cuando el propio Poder Ejecutivo anunció que convocará a sesiones extraordinarias en los próximos días.
Desde ACIJ venimos alertando hace años sobre el abuso de la herramienta de los DNU por parte de diferentes gobiernos, y hoy nos encontramos en una situación en la que dicho abuso ha alcanzado dimensiones extremas, sin precedentes en la historia democrática. En la aprobación o rechazo de este decreto es mucho lo que está en juego. Como comunidad política, estamos ante una disyuntiva entre respetar la Constitución Nacional o violarla, entre otorgar al Poder Ejecutivo todo el poder para decidir sobre nuestra vida, nuestra libertad y nuestros derechos o distribuirlo democráticamente, entre aceptar con resignación abusos autoritarios y deslealtades constitucionales de las autoridades (provengan del signo político que sea) o sostener y defender el valor de una democracia pluralista y deliberativa.
En un escenario semejante, tanto el Poder Judicial como el Congreso tienen la responsabilidad indelegable de asegurar el efectivo cumplimiento de nuestra Constitución, impedir el avasallamiento de nuestras instituciones y defender nuestro sistema democrático y republicano de gobierno. Ello, en este caso, supone dejar sin efecto el DNU 70/2023.
Constitucionalistas de todo el país advirtieron sobre la inaplicabilidad del DNU presidencial que deroga o modifica más de 300 leyes de la economía nacional, golpeando a muchos sectores y poniendo a otros a merced de la voracidad del mercado, como es el caso de los pequeños productores yerbateros de Misiones, al derogarse las regulaciones del sector.
La motosierra pasó primero por la Constitución y las instituciones de la República y extrañamente no se escuchó a los radicales manifestarse al respecto, más allá de unos cuantos mensajes por “X” (ex Twitter), siendo ellos los abanderados defensores de la República. O mejor dicho, para ampararse en las instituciones que ellos mismos se jactan de defender, el Jefe del Bloque de la UCR avaló las reformas que propone el Javier Milei: “Queremos que muchas de las iniciativas que se proponen en el DNU salgan y sean una realidad”, aseguró Rodrigo De Loredo, pero pidió que el oficialismo analice la posibilidad de enviar esas propuestas en proyectos de ley o fragmentar por temas el decreto. Aquellos que deberían defender con algo de memoria a la clase media trabajadora y a los pobres piden a gritos que los dejen participar para votar a favor de las medidas tan dañinas que sin tapujos el presidente las ha leído sin levantar la mirada hacia la cámara, un calco del anuncio de Carlos Menem en los tempranos años ´90, que terminó provocando tanta tragedia y dolor en una generación entera de argentinos.
Diversas voces advierten que se vendrá una catarata de juicios, cautelares y medidas judiciales que harán totalmente impracticable la mayoría de los cambios, ya que se sustituyen instituciones y leyes clave de la democracia, esto dicho por constitucionalistas de todas las identificaciones políticas. Precisamente, en el día de ayer el Juzgado Nacional en lo Contencioso y Administrativo Federal N°2 admitió tramitar un amparo colectivo contra el DNU anunciado por el presidente.
Al final, y como advirtieron algunos sectores que no fueron escuchados, el ajuste lo están pagando las economías regionales, que fueron perjudicadas con la aplicación de retenciones del 15% a las exportaciones y a su vez, el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo ha liberado de las mismas a los mega exportadores sojeros.
En Misiones los sectores de todo el arco productivo, pero principalmente de la yerba, el tabaco y la foresto industria salieron a rechazar y repudiar el DNU que los perjudica. Les vuelven a cobrar retenciones a las exportaciones, cuando en la campaña se prometió sacar impuestos, y les abre las importaciones como en el Gobierno de Macri, donde se inundó el comercio local de productos chinos, taiwaneses e indios en contra de la industria nacional, causando el cierre de pymes y desempleo. Y por supuesto, sin escrúpulos ni pensar en las personas, han licuado los ingresos de la clase media asalariada en un solo día, reemplazando a la gente por una planilla de Excel sin anunciar ni una sola medida que pueda recomponer mínimamente el poder de compra de los salarios.
El contrato que ilusoriamente hizo el presidente con su electorado de que el ajuste no lo iba a pagar la gente lo ha dilapidado quizás pensando que con la legitimidad de la victoria en las urnas iba a tener el tiempo necesario para aplicar las peores medidas posibles para la gente de a pie del país; las primeras manifestaciones están avisando lo contrario.
Educación y producción en la mira
Los docentes son otro de los sectores con mayor preocupación, ya que parte de su sueldo (el FONID) proviene de fondos nacionales que ahora el presidente pone en duda su continuidad junto a la suba del boleto (530 pesos sin SUBE) y la luz será otro golpe que se sentirá con más fuerza desde enero. En definitiva, los economistas describen que lo que se está produciendo es una gran transferencia de recursos de los bolsillos de la gente hacia los sectores más concentrados de alimentos, energía, salud y telecomunicaciones, es decir, un puñado de empresas formadoras de precios, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo funciona el libre mercado allí?
El libre mercado “que no se aplica en el mundo” tal como lo pregona el presidente Milei en base a teóricos de hace 100 años, donde la población mundial no era de 8 mil millones de personas y que, aquí la clave, el poder mundial no estaba concentrado en menos del 7% por ciento de los habitantes (y este porcentaje se sigue achicando, es decir, cada vez es más concentrado), hace que no exista la llamada equidad ni igualdad de oportunidades. En el caso de Argentina, por ejemplo, solo 20 empresas concentran el 74% de las ventas de supermercado, donde deciden qué y a qué precio deben comer los 47 millones de argentinos.
Lo mismo pasó con las empresas prepagas de servicios de salud, que este viernes anunciaron aumentos del 40% basadas en el DNU anunciado que aún no se hizo efectivo. Como dicen desde el gobierno, la libertad de cada individuo es si es caro que no compre para comer, que no pague por su salud, que no viaje en colectivo y vaya en bicicleta al trabajo, total la distancia no es problema, si la luz es cara que no use el aire acondicionado, si el agua es cara que no la use, esa es la libertad que pregonan.
*Comunicado de una de las principales prepagas del país.
Una provincia que defiende a los suyos
Misiones no se quedó de brazos cruzados. El gobierno reaccionó rápidamente ante el avasallamiento defendiendo al misionero con dos medidas concretas: la propuesta de Rovira para crear un Instituto Misionero de la Yerba Mate, que regule la calidad y el precio, defendiendo a los pequeños productores del abuso de los grandes y frenando que se repita la crisis de los ´90; y con otra reacción en la justicia, donde el gobernador Passalacqua anunció que presentará una cautelar en la Corte para frenar la desregulación.
La diferencia no solo se observa en estas acciones, sino que viene de raíz. La Renovación al asumir tomó una provincia empobrecida y endeudada en dólares, con su capital malvendido y privatizado. El plan de reactivación de la economía y la búsqueda de un equilibrio saludable logró pagar esa deuda tomada en los noventa con el propósito de conseguir el equilibrio fiscal sin endeudarse y sin hacer pagar el ajuste a la gente.
Al no tener que destinar los recursos provinciales en pagos de deudas, Misiones comenzó a destinarlos a soluciones en salud de calidad, seguridad, educación, obras públicas, créditos blandos a emprendedores y empresas, la creación de los programas “Ahora”, promoción industrial y turismo, buscando el crecimiento económico en todos los rubros, articulando el funcionamiento público-privado, es decir, beneficiar y acompañar a aquellos que quieren invertir, generar trabajo y valor agregado.
El modelo misionero presentado ha posicionado objetivamente a la provincia como un ejemplo de crecimiento y orden. La búsqueda de un equilibrio fiscal debe poder cerrarse con la gente adentro. La gran diferencia es que las viejas ideas de este nuevo gobierno vienen a decirle a la gente que la vivienda digna, el acceso a la salud, al turismo o poder comprarse un auto y mejorar su vivienda no es para todos. Este disciplinamiento se basa en una vieja doctrina que busca tener la moral del pueblo por el piso, acallados, conformándose con salarios mal pagos a cambio de no quedar desempleados y contrasta contundentemente con el modelo misionero que resume lo logrado con el slogan que se ha hecho realidad: “que lo bueno crezca”.
Sin respetar la división de poderes, ni comprender la complejidad de un país con un enorme entramado productivo, Milei pasó la motosierra por la constitución y las instituciones de la república, derogando o modificando a través de un DNU más de 300 leyes de la economía nacional, afectando a las economías regionales y a la clase media asalariada, mientras que, a otros, los expone a la voracidad del mercado, como es el caso de los pequeños productores yerbateros de Misiones.
La teoría de la división de poderes de Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes”, se basan en la idea de que el poder debe ser dividido en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Esta división tiene como fin prevenir la concentración del poder en una sola persona, y así garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Contrariamente a esto los Decreto de Necesidad y Urgencia que intenten derogar o modificar más de 300 leyes son un claro ejemplo de intento de suma del poder público y una tentativa de sustitución del congreso nacional.
La motosierra pasó primero por la constitución y las instituciones de la república, derogando o modificando a través de un DNU más de 300 leyes de la economía nacional, afectando a diversos sectores y exponiendo a otros a merced de la voracidad del mercado, como es el caso de los pequeños productores yerbateros de Misiones al derogarse las regulaciones del sector.
En este sentido, constitucionalistas de todo el país destacaron la inconstitucionalidad del DNU presidencial y advirtieron que se vendrá una catarata de cautelares y medidas judiciales debido a esto, no obstante, el “vamos por todo” de Milei no fue cuestionado por los históricos abanderados de la república, que en este caso optaron por el silencio.
En tanto que, los sectores del arco productivo, principalmente de la yerba, el tabaco y la foresto industria salieron en forma unánime a rechazar y repudiar el DNU que los perjudica terriblemente en su actividad económica, sumado a que se les vuelve a cobrar retenciones a las exportaciones, cuando en la campaña se les prometió sacar impuestos, combinado con la apertura de las importaciones, que traerían resultados que golpearían fuertemente a la industria nacional, sobre todo a las pymes que son las generadoras de mayor empleo privado en el país.
Sin embargo, el gobierno de la provincia de Misiones reaccionó inmediatamente ante el avasallamiento, defendiendo a los ciudadanos con dos medidas concretas, primeramente la propuesta de el Ing. Carlos Rovira para crear un Instituto Misionero de la Yerba Mate, que regule la calidad y el precio del producto, defendiendo a los pequeños del abuso de los grandes y no dejando que se repita la crisis de los 90, y posteriormente en la justicia donde el gobernador Hugo Passalacqua anunció que presentará una cautelar en la Corte para frenar la desregulación.
Misiones se destaca por hacer, por innovar y por no esperar que la política se la digiten desde Buenos Aires, por ello, Carlos Rovira posteó en Twitter que “el producto madre de la tierra colorada no está en discusión, y los misioneros somos soberanos para cuidarlo”.
En esta línea, la diferencia no solo se observa en estas acciones, sino que proviene desde su concepción, ya que la Renovación tomó una provincia devastada y endeudada, heredada de Puerta y Schiavoni, y con mucho trabajo consiguió un equilibrio fiscal sin endeudarse y sin que el ajuste recaiga sobre la gente, como lo está haciendo el gobierno nacional. Con el complemento, de que Misiones mantuvo una salud de calidad, seguridad, educación de vanguardia e innovadora, obras públicas y crecimiento económico en todos los rubros. Por eso, el modelo Misionerista es el que la nación debería imitar.
La Casta
Al final, la casta eran las economías regionales y la clase media asalariada, lo cual genera mucha preocupación en estos sectores, como es el caso de los docentes que la intranquilidad se va acrecentando debido a que parte de su sueldo (el FONID), proviene de fondos nacionales que ahora Milei pone en duda su continuidad.
Además, la suba del transporte público y el servicio eléctrico será otro impacto al bolsillo que se sentirá con más fuerza desde enero, por eso, diversos economistas analizan las políticas económicas del actual gobierno y destacan que se está produciendo una gran transferencia de recursos de la clase media asalariada y las pymes hacia los sectores más concentrados de alimentos, energía, construcción, que son los formadores de precios.
