Luego de anunciarlo previamente finalmente el Gobierno nacional cumplió su palabra y envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como ley de etiquetado frontal.
Dicha ley, vigente hasta el momento, obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. El Gobierno de Milei está en contra e incluso dos diputados de LLA presentaron un proyecto exigiendo su derogación hace unos días atrás.
La iniciativa plantea eliminar por completo la Ley 27.642 y argumenta que el sistema actual presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas que, según el Poder Ejecutivo, terminaron generando distorsiones en la información nutricional y mayores costos para la industria alimentaria.
El proyecto fue firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones.Qué cuestiona el Gobierno del etiquetado frontal
En los fundamentos de la iniciativa, el oficialismo sostiene que el modelo de octógonos negros adoptado en Argentina se basa en parámetros impulsados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero asegura que no existe un criterio único y uniforme a nivel internacional sobre sistemas de etiquetado nutricional.
Según el texto, distintos países aplican modelos diferentes y muchos de ellos se encuentran en revisión permanente a partir de nuevos consensos científicos y cambios en políticas alimentarias.
El Gobierno afirma además que la experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la ley permitió detectar “dificultades relevantes” vinculadas al sistema de perfil de nutrientes utilizado para determinar las advertencias.El etiquetado frontal “Genera interpretaciones simplificadas”
Uno de los principales argumentos del proyecto es que el esquema vigente “simplifica” la información nutricional y puede inducir a interpretaciones erróneas por parte de los consumidores.
El texto sostiene que productos con composiciones nutricionales diferentes terminan recibiendo advertencias similares, dificultando que el consumidor pueda distinguir entre perfiles alimentarios distintos.
Además, el Ejecutivo asegura que el sistema no contempla adecuadamente factores como:el grado de procesamiento; las porciones efectivamente consumidas; el rol del alimento dentro del patrón alimentario; las particularidades tecnológicas de determinadas categorías.
El proyecto también cuestiona la metodología de cálculo utilizada por la ley actual, al considerar que en algunos casos genera resultados “técnicamente inconsistentes o desproporcionados”.
Críticas al impacto económico y regulatorio
Otro de los ejes del proyecto apunta al impacto económico del etiquetado frontal sobre la industria alimentaria.
El Gobierno sostiene que la coexistencia de múltiples mecanismos gráficos de advertencia generó “superposición regulatoria”, mayores costos de implementación y dificultades operativas, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Según el texto, muchas PyMEs enfrentaron costos elevados vinculados al rediseño de envases, adaptación de líneas productivas, manejo de stock y adecuaciones regulatorias.
La iniciativa también advierte que estas exigencias pueden favorecer procesos de concentración de mercado en beneficio de empresas con mayor capacidad financiera para absorber los costos regulatorios.
El proyecto establece directamente la derogación total de la Ley 27.642.
Sin embargo, el Gobierno aclara que seguirán vigentes las obligaciones generales de información nutricional previstas en el Código Alimentario Argentino y en otras normas complementarias.
Según el Ejecutivo, eso permitirá mantener información “clara, verificable y basada en criterios técnicos y científicos actualizados”, sin necesidad del sistema de advertencias frontales actual.
También continuarán vigentes las normas sobre defensa del consumidor, publicidad engañosa y lealtad comercial.
El argumento del Gobierno: “un sistema más preciso”
En el mensaje enviado al Congreso, el oficialismo sostiene que la derogación busca avanzar hacia un modelo de información nutricional “más precisa, contextualizada y técnicamente consistente”.
El proyecto afirma que el actual esquema tiene poca capacidad de adaptación frente a nuevos consensos científicos y cambios tecnológicos en materia alimentaria.
Además, el Ejecutivo sostiene que el sistema vigente incorporó demasiados aspectos técnicos directamente en el texto legal, dificultando futuras actualizaciones regulatorias.
En ese sentido, el Gobierno asegura que la derogación no implica abandonar políticas de alimentación saludable, sino reemplazar el esquema actual por herramientas “más flexibles, actualizables y compatibles con estándares técnicos internacionales”.
“La medida procura avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional”, sostiene el proyecto oficial.
