La estabilidad política no solo es una condición institucional deseable: también constituye un factor determinante para el crecimiento económico. Un nuevo estudio elaborado por los economistas Luc Tucker e Idrissa Aladji Aya para el Fondo Monetario Internacional (FMI) aporta evidencia contundente sobre los costos económicos de las rupturas institucionales y concluye que los golpes de Estado generan efectos significativamente más profundos y duraderos de lo que se estimaba hasta ahora.
La investigación señala que un golpe de Estado puede reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en aproximadamente 2,3 puntos porcentuales durante el mismo año en que ocurre el evento. Sin embargo, el impacto no se limita al corto plazo. Según el análisis, las consecuencias económicas persisten durante varios años, provocando una pérdida acumulada cercana a cinco puntos porcentuales del PIB en los cinco años posteriores.
Los resultados surgen de la aplicación de un modelo de equilibrio de entropía, una metodología estadística diseñada para aislar con mayor precisión los efectos causales de eventos políticos disruptivos sobre variables económicas. El estudio sostiene que el deterioro observado tras un golpe de Estado supera las estimaciones realizadas en trabajos previos y ofrece nuevas explicaciones sobre los mecanismos que amplifican el daño económico.
Uno de los hallazgos más relevantes es el papel que desempeñan las sanciones económicas internacionales. Los investigadores concluyen que gran parte de la desaceleración posterior a los golpes se encuentra asociada a medidas restrictivas impuestas por organismos multilaterales o países socios, que limitan el acceso al financiamiento, reducen los flujos comerciales y deterioran las condiciones para la inversión.
No obstante, el trabajo también identifica factores internos de gran peso. La incertidumbre política que generan estos episodios afecta directamente las decisiones de hogares y empresas, provocando una contracción del consumo privado y una fuerte caída de la inversión. Ambos componentes son señalados por el FMI como los principales canales de transmisión del impacto económico negativo.
La evidencia resulta particularmente relevante en un contexto global donde distintos países enfrentan crecientes tensiones institucionales, conflictos internos y crisis de gobernabilidad. Para economías emergentes y en desarrollo, donde la confianza de los inversores suele ser más sensible a los riesgos políticos, los efectos pueden amplificarse aún más.
El informe también aporta una lectura estratégica para los responsables de política económica. Más allá de las reformas fiscales, monetarias o productivas, la estabilidad institucional aparece como un activo económico de primer orden. La previsibilidad política, la vigencia del Estado de derecho y el respeto por las reglas democráticas no solo fortalecen la calidad institucional, sino que también constituyen condiciones esenciales para sostener la inversión, el empleo y el crecimiento de largo plazo.
La conclusión del FMI es clara: los golpes de Estado no solo alteran el orden político, sino que generan costos económicos persistentes que pueden comprometer durante años las posibilidades de desarrollo de un país. En un escenario global cada vez más competitivo, la estabilidad institucional emerge como uno de los recursos más valiosos para preservar el crecimiento y atraer inversiones.
Durante los primeros meses de 2026, las provincias del NEA enfrentaron un deterioro real de sus recursos públicos. La inflación regional corrió por encima de la evolución de las transferencias nacionales y también de la recaudación provincial, configurando un escenario de menor poder adquisitivo fiscal para Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
El informe de coyuntura del IERAL Regional NEA, firmado por Gerardo Alonso Schwarz, Nayla Cabal y Juan Cuevas, analiza la relación entre los recursos transferidos por la Nación y la capacidad recaudatoria propia de las cuatro provincias, con foco en la Coparticipación, los recursos nacionales totales y la recaudación de Ingresos Brutos. En los primeros cuatro meses del año, la inflación promedio del NEA fue de 32,4%, mientras que la Coparticipación creció apenas 12,8% nominal y el total de recursos nacionales avanzó 24,7%.
El dato muestra una pérdida de poder adquisitivo. Aunque en abril hubo una mejora puntual, con una suba real de 4% en la Coparticipación promedio, los recursos nacionales totales todavía registraron una caída real de 3,5% interanual.
El informe también señala que la Nación envió Aportes del Tesoro Nacional por 39 mil millones de pesos al NEA en los primeros cuatro meses del año. Misiones recibió 15 mil millones, Corrientes 14 mil millones y Chaco 10 mil millones. Esos fondos buscaron compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo, aunque representan una proporción menor frente a los recursos no discrecionales.
El capítulo más sensible aparece en la recaudación propia. Misiones se diferencia del resto de la región porque su recaudación de Ingresos Brutos comenzó a crecer por debajo de la inflación desde marzo de 2025 y la tendencia se profundizó con el paso de los meses. Incluso llegó a registrar una caída interanual nominal de 0,7%.
Recursos públicos vs. inflación en el NEA
Indicador
Variación 2026
Inflación promedio NEA
32,4%
Coparticipación
12,8%
Recursos Nacionales Totales
24,7%
ATN enviados al NEA
$39.000 millones
ATN para Misiones
$15.000 millones
Fuente: IERAL NEA sobre datos del Ministerio de Economía de la Nación.
Al descontar la inflación, el golpe es más fuerte: en el último dato disponible, todas las provincias del NEA muestran caídas reales en Ingresos Brutos, pero Misiones aparece como la más afectada, con una baja de 18%. Chaco retrocedió 7,9%, Corrientes 8,2% y Formosa 11,1%.
El IERAL atribuye esta dinámica a varios factores: la unificación del tipo de cambio, la mayor estabilidad en artículos de primera necesidad, la vuelta del crédito y la posibilidad de realizar compras digitales en el exterior sin impuestos hasta cuatrocientos dólares. Ese conjunto de cambios amplió la oferta disponible para los consumidores, pero también desvió compras hacia otras jurisdicciones o países, con impacto directo en ventas locales y recaudación provincial y municipal.
En el caso de Misiones, el informe suma un elemento estructural: la fuerte competencia comercial y turística de Brasil y Paraguay frente a la oferta local. Esa presión reduce ventas y recaudación, en un contexto en el que además varios contribuyentes acumularon saldos a favor con el fisco provincial.
Caída real de la recaudación de Ingresos Brutos
Último dato disponible de 2026
Provincia
Variación real
Chaco
-7,9%
Corrientes
-8,2%
Formosa
-11,1%
Misiones
-18,0%
Dato clave: Misiones registra la mayor caída real de recaudación tributaria del NEA, en un contexto marcado por la competencia comercial y turística de Brasil y Paraguay, además del crecimiento de las compras digitales en el exterior.
Fuente: IERAL NEA y Agencia Tributaria Misiones.
La conclusión regional es clara: al sumar los recursos tributarios de origen nacional, incluidos los Aportes del Tesoro Nacional, y los recursos tributarios provinciales, todas las provincias del NEA registran caída real o pérdida de poder adquisitivo. En el primer trimestre, la inflación promedio fue de 32,1%, mientras los recursos administrados crecieron cerca de 24% en Misiones y alrededor de 23% en Chaco, Corrientes y Formosa.
El deterioro fiscal también puede trasladarse a los municipios, especialmente a los de menor capacidad de recaudación propia, que dependen en mayor medida de las transferencias nacionales y provinciales.
Por Nicholas Mulder / F&D FMI – Los gobiernos están tomando el control de empresas y recursos privados al ritmo más rápido en 50 años. Basándose en las múltiples oleadas de nacionalizaciones del siglo pasado, este cambio alterará el panorama económico mundial.
Desde 2020, los gobiernos de todos los continentes han nacionalizado propiedades en manos de sus propios ciudadanos y de inversores extranjeros. Francia y Alemania se hicieron cargo de las compañías eléctricas y de servicios públicos. Francia puso el mayor astillero de Europa bajo control gubernamental. El Reino Unido nacionalizó los ferrocarriles y la fabricación de acero.
Rusia ha incautado más de 48.000 millones de dólares en puertos, fábricas y empresas de consumo desde que invadió Ucrania en 2022. Estados Unidos adquirió una participación dominante en el único productor nacional de tierras raras del país. Y una lista creciente de países confiscó recursos de propiedad extranjera como litio, oro, uranio, níquel e incluso aceite de palma. Aunque las valoraciones son disputadas, entre 2016 y 2026 se nacionalizaron activos por valor de entre 239.000 y 544.000 millones de dólares.
La inestabilidad geopolítica, las disrupciones en los mercados de materias primas y el desarrollo de energías renovables están impulsando estas adquisiciones. Y a medida que más gobiernos adoptan políticas económicas intervencionistas, la actual ola de nacionalizaciones no muestra señales de aflojarse. Estas adquisiciones cambiarán, pero no frenarán, la integración económica y financiera global. En cambio, podrían reorganizar los patrones a largo plazo del comercio y la inversión internacional.
Esta es la cuarta gran ola de nacionalizaciones en los últimos 100 años. El ritmo y el momento de las nacionalizaciones reflejan generalmente una combinación de urgencia política, condiciones monetarias y movilidad de capital (véase la Tabla 1).
La primera ola llegó en los años 30, durante la Gran Depresión. La segunda comenzó a finales de los años 40, cuando muchos países construyeron economías mixtas tras la Segunda Guerra Mundial. En los años 70, la descolonización, el fin del sistema de tipos de cambio de Bretton Woods, los choques energéticos y las presiones inflacionarias impulsaron una tercera ola.
Existe una considerable variedad en la forma y el contenido de las nacionalizaciones. No todas son afirmaciones de propiedad gubernamental. En algunos casos, el papel del Estado ha sido facilitar la transferencia de bienes de un propietario privado a otro en una venta forzosa. Algunas adquisiciones son confiscaciones directas, mientras que otras son expropiaciones compensadas. Todos utilizan instrumentos políticos y legales para someter la propiedad privada al control nacional y renegociar la relación entre el Estado y el capital.
¿Qué es lo distintivo en la creciente ola de nacionalización en la década de 2020? Consideremos la historia de las tres oleadas anteriores, cada una más grande que la anterior.
Primera oleada: años 30
La economía mundial integrada de las décadas de 1870 y 1930 se apoyaba en dos pilares: el libre comercio relativamente y el patrón oro internacional. Estas políticas facilitaron el camino para grandes flujos de inversión extranjera. Economías ricas como Francia, Alemania y Reino Unido acumularon grandes reservas de capital extranjero que ascendían entre el 50 y el 160 por ciento de su propio PIB.
Aunque la Primera Guerra Mundial erosionó gran parte de esta inversión de capital transfronteriza, el conflicto no destruyó la integración global del mercado. En cambio, reorientó la economía mundial en torno al crecimiento estadounidense en los años 20, cuando la inversión y el comercio internacionales se expandieron nuevamente bajo un patrón oro revivido.
La Gran Depresión puso fin al libre comercio y a los flujos de capital, y desencadenó la primera ola global de nacionalizaciones. A partir de 1928–29, se produjo una serie en cascada de crisis en los precios de las materias primas, luego en los mercados bursátiles y el comercio mundial, y finalmente en el orden monetario internacional.
Para evitar el colapso del sistema financiero, varios países tomaron control total o parcial de sus sistemas bancarios. Entre 1931 y 1935, Estados Unidos nacionalizó aproximadamente un tercio del capital financiero, y en Alemania más de la mitad del capital bancario pasó a ser propiedad estatal. Italia nacionalizó el 20 por ciento de los activos privados, industriales y financieros entre 1931 y 1933. La propiedad estatal se expandió en Francia, que nacionalizó su industria aeronáutica y ferrocarriles; el Reino Unido, que nacionalizó los yacimientos de minas de carbón; y Bolivia y México, que se hicieron con compañías petroleras extranjeras.
Estas medidas a menudo respondían a una crisis urgente, y algunas fueron posteriormente revertidas. Pero como ocurrieron en las economías más avanzadas de la época, tuvieron un efecto significativo en las economías en desarrollo. Además, el comercio global y los préstamos transfronterizos se redujeron drásticamente, y muchos gobiernos impusieron controles de capital. Estos desarrollos permitieron nacionalizaciones a un coste relativamente bajo, sin temor a una fuga de capitales ni una reacción negativa de los mercados internacionales.
La oleada de nacionalizaciones de los años 30 fue un síntoma de la desintegración económica y financiera global. A corto plazo, evitó bancarrotas, pero también segmentó los mercados nacionales y redujo el comercio y la inversión internacionales. Con el tiempo, una mayor propiedad estatal otorgó a los gobiernos mayor autonomía para la formulación de políticas y les permitió contribuir a un nuevo orden económico internacional al final de la Segunda Guerra Mundial.
Segunda oleada: finales de los años 40
Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo una nueva oleada de nacionalizaciones en las economías europea, latinoamericana y asiática.
Surgió un modelo económico mixto en el que la inversión pública a gran escala coexistía con mecanismos de mercado privado. El sistema de tipo de cambio fijo establecido en Bretton Woods en 1944 aportó estabilidad financiera internacional, lo que ayudó a las nacionalizaciones al reducir el riesgo de fuga de capitales. En muchos países, la alta inflación permitió a los gobiernos elegir el momento más propicio para comprar las participaciones de los accionistas privados. Y dado que los gobiernos financiaron las nacionalizaciones emitiendo bonos, la inflación también ayudó a reducir el coste real de pagar la deuda.
De este modo, el Reino Unido nacionalizó el Banco de Inglaterra y las industrias de aviación, carbón, teléfono, transporte, electricidad, gas y hierro y acero. Francia tomó el control del Banque de France; instituciones financieras privadas que poseen el 80 por ciento de los depósitos bancarios; los sectores del carbón, la electricidad y la telefonía; y varias industrias importantes. Nacionalizaciones similares ocurrieron en Argentina, Austria, Brasil, Checoslovaquia, India, Indonesia, Irán, Italia, Japón y en estados socialistas de Europa del Este.
Esta segunda oleada de nacionalizaciones fue más amplia en su enfoque sectorial, más sistemática en su desarrollo y se implementó de forma más gradual que las acciones apresuradas de los años 30. Esto permitió a los inversores privados ajustar las expectativas, redujo la volatilidad económica y evitó que las nacionalizaciones interrumpieran el rápido crecimiento de las tres primeras décadas de posguerra.
Un elemento que marcó una gran diferencia fue que las economías europeas se hicieron principalmente con las propiedades de sus propios ciudadanos. Esto significaba que podían gestionar el proceso a través de instituciones políticas, asegurando una mayor estabilidad y legitimidad democrática. En cambio, cuando las economías en desarrollo adquirieron propiedades de inversores occidentales, los riesgos eran mayores y las disputas diplomáticas e incluso los conflictos directos eran posibilidades reales.
La oleada de nacionalizaciones de posguerra desempeñó un papel catalizador importante para la economía mundial. Las empresas estatales lideraron la movilización de grandes sumas para inversión y ayudaron a impulsar un rápido crecimiento económico en las economías avanzadas. Aunque existían inevitables ineficiencias en la asignación de recursos, hubo un aumento proporcional en el control político sobre las prioridades de inversión. Los países con altos niveles de propiedad nacionalizada no tuvieron un rendimiento inferior a las economías con mayor inversión del sector privado hasta la década de 1970.
Tercera ola: años 70
La primera y segunda oleada de nacionalización tuvieron lugar cuando las naciones del Atlántico Occidental y Norte dominaban la economía mundial. El posterior desmantelamiento de los imperios europeos aumentó el número de estados soberanos: la membresía de la ONU pasó de 51 naciones en 1945 a 127 en 1970. Estas nuevas economías nacionales buscaron labrarse un hueco en la división global del trabajo. Pero muchas naciones exportadoras de materias primas de América Latina, África y Asia seguían dependiendo del capital extranjero.
Dos sacudidas provocaron un aumento de nacionalizaciones. La primera fue el fin del sistema de Bretton Woods. La devaluación de la moneda estadounidense por parte del presidente Richard Nixon en agosto de 1971 provocó un shock para los productores de materias primas, que obtenían ingresos por exportación en dólares. Los productores de petróleo aumentaron su propiedad de compañías petroleras extranjeras para captar una mayor parte de los ingresos en una moneda debilitada.
La crisis del petróleo de 1973 provocó un aumento masivo en el precio de la energía y los minerales, lo que hizo que los países con recursos naturales estuvieran ansiosos por aprovechar el auge de las materias primas. Investigaciones de Stephen Kobrin muestran que el ritmo de las adquisiciones de propiedades se aceleró; Alcanzó su punto máximo en 1975, cuando 28 países llevaron a cabo 83 expropiaciones—una cada cuatro días, de media. Entre 1971 y 1980, las economías en desarrollo nacionalizaron al menos 26.000 millones de dólares en propiedades extranjeras, o el 11 por ciento de la inversión extranjera directa total en el mundo en desarrollo en 1980.
La tercera ola de nacionalización fue más amplia, más larga y los recursos involucrados fueron más valiosos que cualquiera que la precediera (véase el Gráfico 1). El éxito de las nacionalizaciones tempranas animó a otras economías a participar en intervenciones similares. Y la inflación causada por los choques monetarios y energéticos facilitó las nacionalizaciones porque los pagos a los propietarios eran más baratos en términos reales.
Las economías de América Latina, África y Oriente Medio pudieron nacionalizar grandes porciones de sus bases de recursos durante los años setenta. Pero la mayor ola de nacionalización de la historia terminó con las políticas monetarias restrictivas adoptadas por la Reserva Federal a partir de 1979, que redujeron la inflación y ralentizaron el crecimiento global.
El efecto económico internacional más significativo de la ola de nacionalización de los años setenta fue el sobrepeso de deuda soberana que creó. Como la mayoría de las economías en desarrollo pagaban compensación a los inversores, sus obligaciones externas crecieron. Cuando los tipos de interés se dispararon a principios de los años 80, esto les expuso a grandes riesgos de refinanciación y desencadenó crisis de deuda desde Jamaica hasta Zaire. En los años siguientes, muchos activos nacionalizados fueron privatizados a medida que los mercados de capitales se integraron más y los gobiernos buscaron formas de reducir la deuda pública.
Cuarta ola: Década de 2020
La actual ola de nacionalizaciones se originó tras la crisis financiera global de 2008 y las adquisiciones de emergencia de varias instituciones financieras importantes. Estos movimientos en la mayoría de los casos se revirtieron cuando las empresas se vendieron de nuevo al sector privado, pero ha habido nacionalizaciones más permanentes desde finales de la década de 2010. Algunas fueron respuestas a grandes choques globales de oferta y demanda, como la pandemia de COVID-19 en 2020 y el aumento de precios de los productos básicos en 2022 provocado por la invasión rusa de Ucrania.
Otras adquisiciones buscan abordar desafíos más amplios, como el cambio climático. La nacionalización de minerales para tecnologías renovables, por ejemplo, puede permitir que las naciones exportadoras obtengan beneficios en precios. Otra corriente de adquisiciones refleja consideraciones de seguridad nacional y el deseo de los gobiernos de controlar recursos considerados vitales para la competencia estratégica.
Las nacionalizaciones geopolíticas harán que la inversión extranjera directa entre adversarios estratégicos sea más arriesgada. Sin embargo, esto no reducirá necesariamente la integración económica y financiera global global. Más comercio, préstamos e inversiones podrían fluir dentro de bloques geopolíticamente alineados, y los estados neutrales pueden atraer capital extranjero posicionándose como intermediarios fiables y destinos seguros para la inversión.
Las nacionalizaciones ocurren frecuentemente en oleadas porque responden a factores externos e internos de amplia duración. Cuando los precios de las materias primas están subiendo, la perspectiva de captar una mayor parte de los ingresos por exportación resulta atractiva. Las nacionalizaciones exitosas señalan la facilidad y conveniencia de tales políticas para otros. Este “efecto demostrativo” ayuda a explicar por qué las nacionalizaciones históricamente se agrupan en movimientos ondeantes y procíclicos.
Los gobiernos pueden nacionalizar más fácilmente en tiempos de inflación, cuando los costes reales de las adquisiciones compensadas son menores. Sin embargo, una mayor movilidad de capital suele mantener a raya las nacionalizaciones al ofrecer a los inversores más opciones de salida y acelerar las reacciones del mercado que limitan a los gobiernos. El auge de las nacionalizaciones hoy en día, a pesar de la histórica alta integración en los mercados de capitales, señala fuertes fuerzas macroeconómicas y geopolíticas que favorecen las adquisiciones y una creciente convicción política de que las nacionalizaciones son un instrumento vital de la política económica en una era de fragmentación geoeconómica.
NICHOLAS MULDER, profesor adjunto de historia moderna en la Universidad de Cornell y autor de La era de la confiscación: Crear y tomar la propiedad en la creación del mundo moderno.
En el Día Mundial del Ambiente, Iguazú Argentina S.A., el ITUREM y el Parque Nacional Iguazú firmaron un Acuerdo de Cooperación Institucional para el desarrollo del Programa “Iguazú Somos Todos”. El acto se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Ente de Turismo de Iguazú (ITUREM) y contó con la presencia su director, Leopoldo Lucas; el Intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, y la Gerente General de Iguazú Argentina S.A., Carol Da Rosa.
El acuerdo compromete a las tres partes a llevar adelante acciones que fomenten el conocimiento del área protegida, la valoración del patrimonio natural y cultural local, y la conservación de la biodiversidad. Entre las actividades proyectadas se prevé la realización de talleres y charlas en instituciones educativas locales y la organización de visitas escolares al Parque Nacional Iguazú.
La propuesta surge a partir de la decisión de retomar y fortalecer una iniciativa impulsada previamente por el municipio, incorporando una mirada integral que vincule ciudadanía, patrimonio, conservación, turismo y desarrollo local. El objetivo es generar espacios de aprendizaje e intercambio que permitan acercar a la comunidad, especialmente a niños y jóvenes, al conocimiento y valoración de los principales activos naturales y culturales de Puerto Iguazú.
“Cada una de las partes involucradas tiene un interés en conservar la naturaleza, y en trasladar también ese interés de conservación a toda la comunidad, especialmente a niños y jóvenes en las escuelas, para que ellos sean los multiplicadores de estas ideas en sus casas, dentro de las escuelas y hacia toda la comunidad”, afirmó Leopoldo Lucas.
Por otra parte, Claudia Benítez, Encargada del Área de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Iguazú (APN) señaló: “En el Parque Nacional Iguazú tenemos un departamento de Conservación y Educación Ambiental, pero no es suficiente porque justamente no todos estamos concientizados sobre todas las problemáticas relacionadas al ambiente. Es importante entender que el ambiente es todo lo que nos rodea, y cuidarlo es también cuidarnos a nosotros y a nuestra propia salud”.
Los presentes resaltaron que acuerdos como este permiten el crecimiento de las actividades relacionadas con la responsabilidad social y el involucramiento de la comunidad como defensores y protectores del patrimonio natural.
La decisión del Gobierno nacional de eximir del Impuesto a las Ganancias a los ingresos provenientes de alquileres destinados a vivienda permanente fue recibida con optimismo por el sector inmobiliario. Para Maximiliano Haene, CEO de la inmobiliaria Haene Castuariense, la medida mejora la rentabilidad de quienes invierten en inmuebles para renta y puede convertirse en un estímulo para ampliar la oferta habitacional en ciudades con fuerte crecimiento demográfico como Posadas.
La exención, reglamentada mediante el decreto 406/2026, tendrá efecto retroactivo a enero y alcanza a personas humanas que alquilen inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Quedan excluidos los alquileres temporarios, turísticos y comerciales, así como las sociedades y empresas propietarias de inmuebles.
En diálogo con Economis, Haene analizó el impacto de la medida en el mercado inmobiliario.
¿Cómo recibe el sector inmobiliario esta exención del Impuesto a las Ganancias para los alquileres de vivienda?
La medida en sí es muy positiva para el mercado inmobiliario porque mejora la ecuación de lo que sería la rentabilidad de quienes invierten en una vivienda para alquiler. A lo largo de los años se observó que muchos propietarios retiraban los inmuebles del mercado o incluso postergaban nuevas inversiones debido a la baja rentabilidad que había y a la carga tributaria.
¿Puede convertirse en un incentivo para aumentar la oferta de viviendas?
Sí. La exención del Impuesto a las Ganancias sobre los alquileres destinados a vivienda genera un incentivo concreto para que más capital vuelva al sector residencial. Cuando la rentabilidad mejora aparecen siempre más inversores, se construyen más unidades y aumenta la oferta. Ese aumento genera una sinergia económica que permite que el mercado sea más competitivo y más estable también para los inquilinos.
¿Qué importancia tiene la previsibilidad en este tipo de decisiones?
Aporta previsibilidad, que es algo fundamental para cualquier decisión de inversión a largo plazo. La situación de los impuestos siempre necesita reglas claras y estímulos que fomenten y fortalezcan al inversor que apuesta a realizar una inversión para luego poner una propiedad en alquiler.
¿El impacto se limita a quienes ya tienen inmuebles en renta?
No. Este tipo de medidas tiene un impacto inmediato en las personas que hoy tienen un inmueble en renta, pero también va a tener un impacto sobre quienes están pensando en invertir para generar una renta futura.
¿También puede beneficiar a los desarrolladores inmobiliarios?
De la misma forma va a impactar en los desarrolladores porque al tener este tipo de baja de impuestos también se puede apuntar hacia desarrollos inmobiliarios con una visión claramente orientada a la renta. Es un factor que puede influir en la planificación de nuevos proyectos.
¿Cómo puede repercutir en una ciudad como Posadas?
Ciudades como Posadas, que están en plena expansión demográfica y reciben mucha gente de otros puntos de la provincia, como por ejemplo estudiantes que vienen a formarse aquí, e incluso personas de otras provincias, encuentran en esta medida una noticia muy positiva. Los inversores que tengan propiedades en alquiler van a poder mejorar su rentabilidad debido a la reducción de la carga impositiva y eso, a largo plazo, debería traducirse en una mayor oferta habitacional.
La medida llega en un momento en el que el mercado inmobiliario muestra signos de recuperación tras la derogación de la Ley de Alquileres y la reaparición de unidades en oferta. Desde el sector consideran que la reducción de la presión tributaria sobre los alquileres permanentes puede acelerar ese proceso, aunque advierten que la reglamentación establece condiciones específicas que limitarán el alcance del beneficio, ya que sólo aplica a viviendas utilizadas como residencia única, familiar y permanente por parte del inquilino.
