Día: 24 agosto, 2026

Cambios en el INYM: cargos bajo la lupa y patrimonio en venta

Compartí esta noticia !

El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tendrá este martes 25 de agosto una reunión con definiciones sobre la estructura administrativa y el patrimonio del organismo. En el temario aparecen la cobertura de cargos en la Gerencia General, la Auditoría Interna y el área de fiscalización, junto con el análisis de la tasación de dos inmuebles y una propuesta para regular el uso industrial del palo descartado durante la elaboración de yerba mate canchada.

Las decisiones se producen en un contexto de disputa dentro del Instituto. Representantes del Gobierno de Misiones y de distintos eslabones de la cadena cuestionan el procedimiento aplicado para seleccionar a los postulantes y advierten sobre una mayor incidencia del Gobierno nacional y del sector industrial en la conducción del organismo.

El proceso de búsqueda de personal habría sido canalizado mediante la consultora Dichi Recursos Humanos. Según fuentes vinculadas al INYM, una de sus integrantes mantendría vínculos societarios con Edit Posdeley, responsable del Área de Recursos Humanos del Instituto. Las publicaciones de las vacantes también circularon en las redes sociales de la firma.

Esta situación abrió cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la eventual existencia de un conflicto de intereses. Hasta el momento no trascendió una respuesta institucional del INYM sobre esos planteos.

Los nombres que aparecen para los cargos

Aunque formalmente se presentaría más de un postulante para cada puesto, fuentes del sector aseguran que algunos nombres llegan a la reunión con mayores posibilidades de obtener el respaldo del directorio.

Para la Gerencia General aparece Rosana Biale, quien ya desempeñó ese cargo en el Instituto y después de ser desplazada de la función, inició una demanda judicial contra el organismo.

Según las fuentes consultadas, Biale mantuvo una reunión con el presidente del INYM, el libertario Rodrigo Correa. Su eventual regreso podría reabrir la discusión sobre la representación y los equilibrios internos de una institución integrada por productores, cooperativas, secaderos, trabajadores rurales, industrias y los gobiernos de Misiones, Corrientes y la Nación.

Para la Auditoría Interna, el candidato señalado es Sebastián Pratto, quien se desempeña como jefe de Administración y ejerció la suplencia de la Gerencia General cuando ese cargo quedó vacante.

Pratto tuvo participación administrativa durante las primeras decisiones adoptadas por la gestión de Correa, quien asumió la presidencia del Instituto en diciembre de 2023. Durante ese período fueron desvinculados 21 profesionales y se modificó el funcionamiento de áreas como Fiscalización, Registro y Técnica.

La Auditoría Interna tiene entre sus responsabilidades el control financiero, patrimonial, legal y administrativo de las decisiones del organismo. Por esa razón, la cobertura del cargo forma parte de la discusión sobre los mecanismos internos de control.

El Gobierno de Misiones cuestionó el procedimiento

El representante del Gobierno de Misiones en el directorio, Ricardo Maciel, formalizó sus objeciones mediante una nota presentada el 19 de agosto y dirigida al presidente, los directores y el síndico del INYM.

En el documento, Maciel reclamó que el procedimiento se ajuste a las disposiciones de la Ley 25.564 y al reglamento interno del Instituto.

La presentación hace referencia al dictamen número 7 de la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control, emitido el 11 de agosto a partir de las actuaciones remitidas por el Área de Recursos Humanos para cubrir los cargos de fiscalizador móvil-inspector, gerente general y auditor interno.

Ese dictamen propuso poner a disposición de los directores los antecedentes de los postulantes y convocar a las personas preseleccionadas para que se presenten ante el cuerpo.

Maciel sostuvo que las medidas formuladas por la Subcomisión tienen carácter de recomendaciones y que, antes de ejecutarlas, deben ser consideradas y aprobadas por el directorio. Solamente después de esa decisión, argumentó, correspondería continuar con las siguientes etapas del procedimiento.

Según explicó, la observación busca preservar las competencias de cada instancia, la regularidad de las actuaciones y el resguardo institucional del INYM frente a decisiones que puedan producir efectos sobre terceros.

Con ese criterio, el representante de Misiones considera que no corresponde convocar directamente a los postulantes para presentarse este martes. El directorio debería analizar primero las recomendaciones de la Subcomisión y resolver luego cómo continuará el proceso.

El INYM analiza la venta de dos inmuebles

La agenda también contempla la presentación de las tasaciones de dos terrenos pertenecientes al Instituto.

Uno de los inmuebles fue adquirido en agosto de 2021. Se trata de un terreno de casi 1.000 metros cuadrados ubicado en Villa Lanús, Posadas, comprado con el objetivo de construir una sede propia para dejar de alquilar y desarrollar infraestructura destinada al sector, entre ella un laboratorio para analizar la calidad de la yerba mate.

Durante la reunión se conocerá el valor asignado a los dos bienes y podría resolverse si avanza su venta. La posibilidad genera objeciones entre sectores que consideran que los terrenos forman parte del patrimonio construido con recursos de la actividad yerbatera.

Quienes rechazan la operación sostienen que no se informó una necesidad financiera que justifique la venta. Tampoco se comunicó oficialmente cuál sería el destino de los fondos obtenidos.

El debate por el palo de descarte

Otro punto del temario es un proyecto de reglamentación preparado por el área jurídica para autorizar el uso del palo descartado en la elaboración de yerba mate como materia prima de otras industrias.

La propuesta se denomina “Palo de descarte. Subproducto de elaboración de yerba mate canchada” y toma como antecedentes las resoluciones 11/2017 y 113/2022 del INYM. Según fuentes del sector, la iniciativa cuenta con respaldo de representantes de las cooperativas.

El palo descartado puede utilizarse para elaborar biocarbón o biochar, biomasa combustible y compost. Su aprovechamiento permitiría asignarle un destino productivo a un residuo generado durante el proceso industrial.

La discusión se concentra en los controles y en la trazabilidad del subproducto. El exceso de palo en la yerba mate envasada reduce la proporción de hoja y modifica el rendimiento de la infusión. El área de Fiscalización del INYM detectó en distintos operativos el uso irregular de este material para disminuir costos de elaboración.

La eventual autorización para destinarlo a otros usos industriales requerirá, por lo tanto, mecanismos que permitan identificar su origen, traslado y destino final, con el objetivo de evitar su reincorporación al circuito de elaboración de yerba mate.

Compartí esta noticia !

El Gobierno aprobó un plan nacional para el Trastorno del Espectro Autista

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional aprobó el Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA), una estrategia que busca ordenar y fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a una condición del neurodesarrollo que requiere abordajes sostenidos, interdisciplinarios y adaptados a las distintas etapas de la vida. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1115/2026 del Ministerio de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El nuevo plan quedará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y tendrá como eje central mejorar de manera continua la calidad de la atención destinada a las personas con TEA y sus familias. La política apunta, particularmente, a fortalecer la detección y el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, el acceso a tratamientos adecuados, la rehabilitación y la continuidad de los cuidados.

La decisión se apoya en la Ley 27.043, que declaró de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Trastornos del Espectro Autista, y en su decreto reglamentario. El Ministerio de Salud plantea que el TEA debe ser comprendido desde una perspectiva de neurodesarrollo, considerando las trayectorias evolutivas de cada persona y evitando reducir la atención a una única instancia diagnóstica o terapéutica.

En términos de política sanitaria, el principal cambio no pasa por la creación de una nueva prestación aislada, sino por la búsqueda de una referencia técnica nacional que permita articular criterios entre las distintas jurisdicciones, organismos públicos y privados y los actores vinculados con la atención de la salud mental. El desafío es convertir esa referencia común en una red capaz de detectar antes, intervenir de manera adecuada y evitar interrupciones en los tratamientos.

La resolución también faculta a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental a elaborar normas complementarias, guías, pautas, directrices y recomendaciones para implementar el plan. Ese componente resulta relevante porque permite traducir los objetivos generales en herramientas concretas para equipos sanitarios y jurisdicciones, con criterios comunes para la atención.

El Gobierno encuadra la iniciativa dentro del Programa Nacional de Formación en Salud Mental, aprobado en 2025, particularmente en sus ejes de rectoría e interdisciplinariedad. La estrategia contempla fortalecer la capacitación continua y la actualización técnica de profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario en todo el territorio.

Desde una perspectiva de soluciones, el punto crítico estará en la capacidad de la política para reducir las brechas entre el reconocimiento normativo del TEA y el acceso efectivo a una atención adecuada. El diagnóstico temprano pierde impacto si no está acompañado por equipos capacitados, tratamientos disponibles y mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan sostener los cuidados a lo largo del tiempo.

La resolución establece además que la aprobación del Plan Nacional del TEA no implica una erogación presupuestaria adicional para el Ministerio de Salud. Por eso, su impacto concreto dependerá en buena medida de la articulación con las jurisdicciones, de la utilización de las estructuras sanitarias existentes y de la capacidad de transformar los lineamientos nacionales en prestaciones efectivamente accesibles para las familias.

El objetivo declarado es avanzar hacia un modelo de atención que no termine con el diagnóstico, sino que permita acompañar las diferentes necesidades que puedan surgir durante la trayectoria de vida. En ese sentido, el Plan Nacional del TEA busca instalar una lógica de detección temprana, intervención oportuna, formación profesional y continuidad de cuidados como pilares de una política sanitaria federal.

Anexo 1 Resolución 1115/2026 Min de Salud by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

Oficializaron la concesión de las rutas 12 y 105 al consorcio Carlos E. Enríquez S.A. – Hormi S.A.

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional oficializó la adjudicación del Tramo Noreste de la Red Federal de Concesiones al consorcio integrado por las empresas misioneras Carlos E. Enríquez S.A. y Hormi S.A., que tendrá a su cargo durante 20 años la explotación, administración, conservación y mantenimiento de un corredor estratégico de las rutas nacionales 12 y 105. La decisión quedó plasmada en la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes.

La adjudicación representa un cambio relevante para la infraestructura vial de Misiones: una empresa con fuerte presencia en la provincia quedará al frente de uno de los corredores más importantes para el movimiento de personas, cargas, producción y turismo hacia los principales centros urbanos y los pasos fronterizos con Brasil y Paraguay. La concesión forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, mediante la cual Nación avanza con el traspaso a operadores privados de distintos corredores de la red vial nacional.

El Tramo Noreste comprende aproximadamente 456 kilómetros y contempla sectores de la Ruta Nacional 12 desde el empalme con la Ruta Nacional 118, en Corrientes, hasta el acceso al puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú. También incluye la Ruta Nacional 105, entre su vinculación con la Ruta 12 y el empalme con la Ruta Nacional 14, además del corredor de acceso a Posadas.

La resolución establece que Carlos E. Enríquez S.A. – Hormi S.A. resultó la oferta económicamente más conveniente para el Renglón N° 6, con una tarifa ofertada de $2.950 sin IVA y un plazo de concesión de 20 años. En el orden de mérito quedaron detrás IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una oferta de $2.969,99, y BASAA S.A. – CECOSA S.A., con $2.973,22. La diferencia económica entre las tres propuestas fue estrecha, de apenas $23,22 entre la primera y la tercera.

El contrato no se limita al cobro de peajes. El esquema licitado comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario, además de la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias o colaterales que generen ingresos adicionales. El objetivo declarado del sistema es trasladar a la gestión concesionada una parte de las responsabilidades sobre la infraestructura y asegurar condiciones de conservación y prestación de servicios durante el período contractual.

Para Misiones, el punto central estará en cómo se traduzca la concesión en calidad efectiva de las rutas. La Ruta 12 constituye el principal eje longitudinal de la provincia y concentra buena parte del tránsito turístico y productivo, mientras que la Ruta 105 cumple una función estratégica como conexión entre Posadas y el corredor de la Ruta 14. El mantenimiento de banquinas, calzada, señalización, iluminación, asistencia al usuario y condiciones de transitabilidad será, por lo tanto, el aspecto más concreto que permitirá evaluar el resultado de la nueva modalidad de gestión.

La estructura de peajes también será uno de los aspectos de mayor impacto para usuarios y empresas. El corredor contempla estaciones ubicadas en Ituzaingó, Santa Ana, Colonia Victoria y Fachinal, además de una nueva estación proyectada en Puerto Rico, según la documentación difundida durante el proceso licitatorio. Fachinal, que actualmente opera bajo un esquema provincial, pasaría a integrarse al sistema federal.

Desde el punto de vista económico, el desafío será encontrar un equilibrio entre la tarifa que permita financiar la conservación de la infraestructura y el costo que finalmente soportarán transportistas, productores, trabajadores y turistas. En un corredor que conecta Misiones con Corrientes y, a través de los pasos internacionales, con Brasil y Paraguay, cualquier incremento significativo del costo logístico puede impactar sobre la competitividad de las economías regionales.

La adjudicación también tiene una dimensión empresarial relevante: el Estado nacional eligió una propuesta encabezada por dos firmas misioneras, que ahora deberán demostrar capacidad para administrar durante dos décadas un corredor de escala regional. El éxito de la concesión no estará determinado únicamente por la adjudicación ni por el monto de la oferta, sino por la capacidad de transformar el esquema de peajes en rutas más seguras, previsibles y eficientes para quienes las utilizan diariamente.

Con la Resolución 1379/2026, el proceso iniciado con la privatización de Corredores Viales S.A. da un paso decisivo. Para Misiones comienza ahora la etapa más sensible: controlar que las obligaciones asumidas por el concesionario se cumplan, que la infraestructura reciba las inversiones comprometidas y que el usuario pueda percibir una mejora concreta en el servicio vial que paga cada vez que utiliza el corredor.

Los otros corredores

La resolución firmada por Luis Caputo no se limita al corredor que atraviesa Misiones. El Ministerio de Economía adjudicó en la misma licitación los ocho tramos que integran la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, con contratos de 20 años y bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. El esquema comprende los corredores Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

Para el Tramo Centro, la adjudicación quedó en manos de AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399 sin IVA. El contrato tendrá una duración de 20 años y comprende uno de los corredores incorporados al nuevo esquema de administración privada de la Red Federal.

El Tramo Centro Norte fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., que ofertó una tarifa de $2.175 sin IVA, también por 20 años. En tanto, el Tramo Mesopotámico quedó en manos de IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99 sin IVA y el mismo plazo contractual.

El Tramo Noroeste fue adjudicado al consorcio integrado por Autovía Construcciones y Servicios S.A., VAPEU S.R.L. y GUIGIVAN S.R.L., con una oferta de $2.285 sin IVA. Para el Tramo Litoral, la adjudicataria fue JCR S.A. junto con Néstor Julio Guerechet S.A., que presentó una tarifa de $2.876,04 sin IVA.

El corredor que concentra el interés misionero es el Tramo Noreste, adjudicado a Carlos E. Enríquez S.A. y Hormi S.A. por $2.950 sin IVA durante 20 años. Se trata de una definición especialmente relevante para la provincia porque el corredor comprende sectores estratégicos de las rutas nacionales 12 y 105 y conecta los principales circuitos productivos, urbanos, turísticos y fronterizos del nordeste.

A su vez, el Tramo Chaco-Santa Fe fue adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., con una tarifa de $3.520 sin IVA. Finalmente, el Tramo Cuyo quedó a cargo de Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., con una oferta de $3.090,2462 sin IVA.

En conjunto, las ocho adjudicaciones configuran una de las principales transformaciones del esquema de administración de rutas nacionales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. El proceso se inició con la decisión de avanzar sobre la privatización de Corredores Viales S.A. y busca trasladar a concesionarios privados la explotación y conservación de corredores estratégicos, bajo contratos de largo plazo y con mecanismos de financiamiento vinculados al cobro de peajes.

El punto que ahora queda bajo escrutinio será la contraprestación que recibirán los usuarios por esas tarifas. La adjudicación establece obligaciones que exceden el mantenimiento rutinario: los concesionarios deberán afrontar tareas de explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario. También podrán desarrollar nuevas explotaciones complementarias o colaterales destinadas a generar ingresos adicionales.

Para Misiones, la diferencia estará en la capacidad de convertir esa nueva estructura contractual en una mejora visible sobre la Ruta 12 y la Ruta 105. El desafío será particularmente relevante para el transporte de cargas, la producción regional y el turismo, sectores cuya competitividad depende en buena medida de contar con corredores seguros, transitables y previsibles durante todo el año.

La resolución oficializa así una nueva etapa para la infraestructura vial nacional: ocho corredores, ocho adjudicaciones y contratos de dos décadas. En el caso misionero, además, el proceso incorpora un elemento diferencial: una empresa local, asociada con Hormi, tendrá la responsabilidad de administrar uno de los corredores estratégicos del Nordeste durante los próximos 20 años.

Compartí esta noticia !

El RENAR autorizó la destrucción de chalecos antibalas vencidos y reforzó el control sobre materiales especiales

Compartí esta noticia !

El Registro Nacional de Armas (RENAR) autorizó la destrucción de 63 chalecos antibalas vencidos registrados a nombre de la empresa Watchman Seguridad SA, en un procedimiento que deberá ser ejecutado y supervisado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Buenos Aires. La medida fue oficializada mediante la Resolución 49/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión se encuadra en el sistema de control de los Materiales de Usos Especiales (M.U.E.), categoría que comprende a los chalecos antibalas y que establece requisitos específicos para su registración, utilización y destrucción una vez que dejan de reunir las condiciones necesarias para cumplir con su función de protección.

El RENAR precisó que la vida útil de estos elementos finaliza cuando se cumple el plazo establecido por el fabricante o importador, pero también cuando fueron impactados, dañados o expuestos a condiciones que puedan comprometer su integridad estructural. En esos casos, la pérdida de capacidad de protección balística convierte a los equipos en materiales que deben ser retirados del circuito operativo bajo procedimientos controlados.

La resolución dispone que los 63 chalecos sean trasladados directamente desde el lugar de guarda hasta la UTN Facultad Regional Buenos Aires, donde se llevará adelante el proceso de destrucción. La institución universitaria había suscripto un convenio con Watchman Seguridad para ejecutar y supervisar técnicamente el procedimiento.

El mecanismo no queda librado exclusivamente a la empresa propietaria ni a la institución encargada de la destrucción. La normativa establece que personal del RENAR deberá intervenir en el operativo, verificar el cumplimiento de los requisitos y confeccionar las actas correspondientes. La resolución es explícita al establecer que la destrucción no podrá realizarse en ausencia del personal designado por el organismo.

El procedimiento apunta a evitar que materiales que ya no cuentan con las condiciones de seguridad exigidas puedan regresar al circuito de utilización. Desde la perspectiva del control estatal, la trazabilidad adquiere especial relevancia: una vez concluida la destrucción, también deberán procesarse las correspondientes bajas registrales de los materiales para actualizar el registro oficial.

La medida se apoya en la Ley 27.192, que establece entre las funciones del RENAR la destrucción exclusiva de materiales controlados comprendidos por la legislación nacional y le asigna la responsabilidad de determinar métodos y procedimientos que garanticen eficacia, eficiencia y sustentabilidad ambiental. Además, el organismo debe mantener información sobre los materiales controlados que fueron destruidos.

La resolución también refleja el nuevo esquema institucional derivado del Decreto 445/2025, mediante el cual la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) fue transformada en el Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Las competencias que anteriormente correspondían a la ANMaC pasan a ser ejercidas por el nuevo organismo.

En términos de impacto social, la medida tiene un efecto concreto sobre la seguridad: retirar de circulación equipamiento balístico vencido y garantizar que su destrucción sea verificable reduce el riesgo de reutilización de elementos cuya capacidad protectora ya no puede ser garantizada. El valor de la decisión no está solamente en eliminar 63 unidades, sino en asegurar que el proceso quede documentado, fiscalizado y acompañado por la actualización de los registros oficiales.

La resolución establece así una cadena de control que comienza con la identificación del material fuera de vida útil, continúa con su autorización y traslado bajo condiciones determinadas, incorpora la supervisión estatal durante la destrucción y culmina con la baja registral. El objetivo es cerrar el circuito administrativo y físico de materiales que, por su naturaleza, permanecen sujetos a regulación aun cuando hayan dejado de ser aptos para su utilización.

Compartí esta noticia !

Discapacidad: el Gobierno actualizó un 2,1% los aranceles de las prestaciones

Compartí esta noticia !

La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una nueva actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Desde agosto de 2026, los aranceles aumentan un 2,1%, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC, y se mantienen los adicionales del 20% para las prestaciones brindadas en la Patagonia. La medida alcanza a centros de día, rehabilitación, transporte, integración escolar, hogares, residencias y servicios de apoyo contemplados en la Ley 24.901.

La Resolución 2775/2026 continúa el esquema de actualización mensual que el Ministerio de Salud aplica desde este año, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor del mes anterior. Después del incremento del 1,9% otorgado en julio, ahora los valores vuelven a ajustarse un 2,1% para preservar el financiamiento del sistema de prestaciones básicas.

La actualización impacta en todo el sistema de prestaciones

El aumento alcanza a todas las modalidades incluidas en el nomenclador nacional, sin diferencias por tipo de prestación. Esto significa que los nuevos aranceles serán la referencia para las obras sociales, prepagas y otros agentes financiadores obligados a cubrir las prestaciones previstas en la Ley 24.901.

Entre los valores que comienzan a regir en agosto se destacan la estimulación temprana, que pasa a $415.173,74; el módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE), que asciende a $757.171,66; y el maestro de apoyo, cuyo valor se actualiza a $16.068,31 por módulo. También se incrementan los valores de rehabilitación, transporte y alimentación.

Las prestaciones de rehabilitación muestran uno de los mayores impactos económicos del nomenclador. La internación de rehabilitación pasa a $5.882.161,86, mientras que el módulo integral intensivo alcanza $180.816,83 y el módulo simple $108.762,98. El valor del transporte también se ajusta a $900,01 por kilómetro, una variable especialmente sensible para usuarios que deben trasladarse largas distancias para acceder a tratamientos.

Qué cambia para las familias y los prestadores

La actualización no representa un nuevo beneficio ni modifica el alcance de las coberturas. Lo que cambia es la base arancelaria sobre la cual se liquidan las prestaciones que integran el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Para las familias, el impacto más relevante es indirecto: la actualización busca reducir el desfasaje entre los costos de atención y los valores reconocidos por el sistema, una demanda sostenida por instituciones, profesionales y organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.

Para los prestadores, la continuidad de los ajustes mensuales aporta mayor previsibilidad en un contexto donde los costos de funcionamiento —salarios, transporte, alimentación, medicamentos y servicios— evolucionan de manera permanente. El desafío sigue siendo que la actualización arancelaria se traduzca en pagos efectivos dentro de plazos compatibles con la sostenibilidad de los centros y profesionales.

Un sistema que sostiene educación, salud y cuidados

El nomenclador incluye servicios que atraviesan distintas etapas de la vida de una persona con discapacidad. Los nuevos valores alcanzan centros educativos terapéuticos, centros de día, hogares permanentes, residencias, formación laboral, aprestamiento laboral, escolaridad especial, rehabilitación y apoyos para la integración escolar.

Esa amplitud explica por qué el nomenclador tiene un impacto social que va más allá del sistema sanitario. Los valores regulan prestaciones vinculadas con educación inclusiva, rehabilitación física y cognitiva, cuidados permanentes y procesos de inclusión laboral, servicios que permiten sostener la autonomía y la participación de miles de personas en sus comunidades.

La resolución también ratifica el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, un reconocimiento previsto por la Ley 24.901 para compensar mayores costos de prestación en esas jurisdicciones.

El desafío sigue siendo la sustentabilidad del sistema

La actualización automática por inflación busca aportar previsibilidad, pero no resuelve por sí sola uno de los principales problemas del sistema: la brecha entre la actualización de aranceles y los tiempos de pago de los financiadores.

Instituciones que brindan atención integral, centros terapéuticos y profesionales independientes vienen señalando que la sustentabilidad depende tanto del valor reconocido como de la velocidad con la que esos recursos llegan a quienes prestan el servicio. En provincias del NEA, donde muchas familias deben recorrer grandes distancias para acceder a tratamientos especializados, esa ecuación también incorpora el costo del transporte y la disponibilidad de prestadores.

El esquema de ajustes mensuales representa un mecanismo para evitar que los aranceles queden congelados durante largos períodos. La discusión hacia adelante será si esa actualización acompaña efectivamente la evolución de los costos del sector y contribuye a garantizar la continuidad de las prestaciones sin afectar el acceso de las personas con discapacidad.

Anexo 1 Resolución 2775/2026 Discapacidad by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin