El Registro Nacional de Armas (RENAR) autorizó la destrucción de 63 chalecos antibalas vencidos registrados a nombre de la empresa Watchman Seguridad SA, en un procedimiento que deberá ser ejecutado y supervisado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Buenos Aires. La medida fue oficializada mediante la Resolución 49/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión se encuadra en el sistema de control de los Materiales de Usos Especiales (M.U.E.), categoría que comprende a los chalecos antibalas y que establece requisitos específicos para su registración, utilización y destrucción una vez que dejan de reunir las condiciones necesarias para cumplir con su función de protección.

El RENAR precisó que la vida útil de estos elementos finaliza cuando se cumple el plazo establecido por el fabricante o importador, pero también cuando fueron impactados, dañados o expuestos a condiciones que puedan comprometer su integridad estructural. En esos casos, la pérdida de capacidad de protección balística convierte a los equipos en materiales que deben ser retirados del circuito operativo bajo procedimientos controlados.

La resolución dispone que los 63 chalecos sean trasladados directamente desde el lugar de guarda hasta la UTN Facultad Regional Buenos Aires, donde se llevará adelante el proceso de destrucción. La institución universitaria había suscripto un convenio con Watchman Seguridad para ejecutar y supervisar técnicamente el procedimiento.

El mecanismo no queda librado exclusivamente a la empresa propietaria ni a la institución encargada de la destrucción. La normativa establece que personal del RENAR deberá intervenir en el operativo, verificar el cumplimiento de los requisitos y confeccionar las actas correspondientes. La resolución es explícita al establecer que la destrucción no podrá realizarse en ausencia del personal designado por el organismo.

El procedimiento apunta a evitar que materiales que ya no cuentan con las condiciones de seguridad exigidas puedan regresar al circuito de utilización. Desde la perspectiva del control estatal, la trazabilidad adquiere especial relevancia: una vez concluida la destrucción, también deberán procesarse las correspondientes bajas registrales de los materiales para actualizar el registro oficial.

La medida se apoya en la Ley 27.192, que establece entre las funciones del RENAR la destrucción exclusiva de materiales controlados comprendidos por la legislación nacional y le asigna la responsabilidad de determinar métodos y procedimientos que garanticen eficacia, eficiencia y sustentabilidad ambiental. Además, el organismo debe mantener información sobre los materiales controlados que fueron destruidos.

La resolución también refleja el nuevo esquema institucional derivado del Decreto 445/2025, mediante el cual la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) fue transformada en el Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Las competencias que anteriormente correspondían a la ANMaC pasan a ser ejercidas por el nuevo organismo.

En términos de impacto social, la medida tiene un efecto concreto sobre la seguridad: retirar de circulación equipamiento balístico vencido y garantizar que su destrucción sea verificable reduce el riesgo de reutilización de elementos cuya capacidad protectora ya no puede ser garantizada. El valor de la decisión no está solamente en eliminar 63 unidades, sino en asegurar que el proceso quede documentado, fiscalizado y acompañado por la actualización de los registros oficiales.

La resolución establece así una cadena de control que comienza con la identificación del material fuera de vida útil, continúa con su autorización y traslado bajo condiciones determinadas, incorpora la supervisión estatal durante la destrucción y culmina con la baja registral. El objetivo es cerrar el circuito administrativo y físico de materiales que, por su naturaleza, permanecen sujetos a regulación aun cuando hayan dejado de ser aptos para su utilización.