Los activos argentinos mantienen un sesgo negativo al promediar las operaciones de este miércoles, lo que impulsa a una nueva escalada del riesgo país para aproximarse a los 560 puntos.
El indicador que elabora el JP Morgan gana otras 2 unidades y se ubica en los 557 puntos, equivalente a una ganancia de 0,4% en el día. En lo que va del mes, el ponderador subió 8,8% a partir de una seguidilla al alza que comenzó desde mediados de agosto.
Con este número, el riesgo país sigue avanzando y alcanza su valor más alto desde finales de abril, en un contexto internacional más adverso con el petróleo por encima de los US$ 100 nuevamente.
“Jornada de cautela global, donde la rápida adopción de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) sigue reconfigurando sectores enteros en Wall Street (beneficiando al e-commerce pero presionando a los bancos)”, indicó el reporte matutino de IOL Inversiones.
El desempeño del indicador surge, entre otros factores, por el mal desempeño que anotan los bonos soberanos. Las pérdidas de los mismos ascienden hasta 1,2% (AL34D).
En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan con resultados mixtos, en su mayoría negativos: Banco Supervielle (-3,3%), Banco Macro (-2,9%) e IRSA (-2,7%).
En el plano local, el Merval retrocede 1,5% hasta los 2.953.110 puntos; medido en dólares, se encuentra en los US$ 1.835 (-1,6%).
La Bolsa porteña registra un mal desempeño con Banco Supervielle (-2,6%) y Banco Macro (-2,5%) a la cabeza.
En paralelo, el presidente Javier Milei habló ante la Asamblea General de la ONU, donde calificó de “inútil” y expresó que “solo sirve para alimentar a una casta de parásitos, disfrazados de burócratas bien intencionados”.
Asimismo, reiteró el planteo por la soberanía por las Islas Malvinas, la que calificó como “causa nacional” y solicitó a Reino Unido la necesidad de retomar el diálogo para “reanudar las negociaciones” con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.
La Feria Franca de Itaembé Guazú incorporó una nueva jornada los miércoles, en el Polideportivo del barrio, para responder a la demanda de los vecinos y ampliar las oportunidades de comercialización para productores y emprendedores.
Con más de nueve productores y emprendedores, la feria cuenta con una oferta que incluye productos frutihortícolas, ornamentales, yuyos, panificados, lácteos, huevos y alimentos envasados. Cristina De Lima, directora de Desarrollo Social y Local, destacó la recepción de la propuesta y explicó que la incorporación de un día durante la semana surgió a partir del pedido de vecinos que no podían acercarse durante los fines de semana.
“Motivó justamente la demanda que a veces los vecinos decían: ‘Yo no puedo los fines de semana, me queda mejor entre semana’. Y además, dar oportunidades de venta a los emprendedores y productores”, señaló.
Se trata de productos frescos, provenientes de la chacra, y con precios accesibles para las familias.
Una red de ferias en distintos barrios La propuesta de Ferias Francas se desarrolla durante distintos días de la semana y permite a los vecinos acceder a productos locales en diferentes sectores de la ciudad. Actualmente, el cronograma contempla 21 ferias francas, con atención general de 6:00 a 13:00 horas.
Martes: Paseo Bosetti, calle Bolívar, entre Buenos Aires y Rivadavia.
Miércoles: Itaembé Miní, avenida 147 y avenida 164. Santa Rita, avenida Monseñor de Andrea N.º 4199, casi avenida Chacabuco. Itaembé Guazú, Polideportivo, Las Calandrias y Las Azaleas.
Sábados: Centenario, avenida Centenario N.º 3540. Club Guaraní, calle Ramón García N.º 190. Itaembé Guazú, Las Calandrias y Las Azaleas. Itaembé Miní, avenida 147 y avenida 164. Los Álamos, calle 154 N.º 4239. Miguel Lanús, avenida Presidente Perón y calle Isla San Pedro. Villa Cabello, calle Fermín Fierro, casi avenida Eva Perón. Villa Urquiza, avenida Cabred 2307.
Domingos: Chacra 32/33, avenida Ramón Martínez N.º 5099. Club Huracán, avenida López y Planes y avenida Santa Catalina. Club Racing, calle Entre Ríos y avenida Roque Sáenz Peña. Santa Rita, avenida Monseñor de Andrea N.º 4199.
De esta manera, las Ferias Francas funcionan como espacios de encuentro directo entre productores y consumidores, favoreciendo la comercialización de la producción local y ofreciendo alternativas de compra cercanas para las familias posadeñas. La Municipalidad viene acompañando estos espacios como parte de las acciones destinadas a fortalecer la economía familiar y la producción local.
Durante septiembre se brindó atención a más de 1000 vecinos. Destacan el trabajo en red con los Centros de Atención Primaria de la Salud.
Un nuevo operativo integral de salud se concretó esta mañana en el Salón Comunitario de la Chacra 148. Durante la jornada, los vecinos de Villa Cabello y zonas cercanas accedieron a diversos servicios, que incluyeron atención médica clínica y pediátrica, nutrición, testeos rápidos de enfermedades de transmisión sexual, así como la determinación de grupo y factor RH, entre otros.
Además, se ofrecieron trámites y documentación como el certificado de salud, acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), registro de personas, consulta sobre el Digesto Jurídico (ordenanzas vigentes), temas de tierra y hábitat, y el formulario del Boleto Estudiantil Misionero (BEM). En total, se asistió a 370 personas durante el día, con un creciente número de atenciones que supera las 1000 al mes.
Un área con alta demanda es la consejería en salud sexual, que brindó atención a más de 40 personas, abarcando desde jóvenes de 11 años hasta adultos mayores, alcanzando un total de 150 atenciones en septiembre. Recuerdan el accionar con los 10 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) municipales, ubicados en distintos puntos de la ciudad.
Por otro lado, el stand destinado al cuidado de mascotas registró 40 servicios de vacunación y 12 castraciones, lo que se traduce en un total de 200 prestaciones durante el mes en curso.
La directora de APS, Silvina Farrás, celebró la convocatoria de los operativos: “Si bien hubo una baja en relación a los meses de marzo y abril debido al certificado de la escuela, siguen las consultas médicas y de vacunación, así como la necesidad de rellenar formularios y certificados. La cantidad de personas sigue siendo alta y estamos a disposición de todos los vecinos”.
Además, Farrás recordó: “Aquí ofrecemos consejería en salud sexual y reproductiva para adolescentes, realización de PAP, entrega de anticonceptivos y colocación de implantes. Los asistentes reciben información y luego deciden por el método anticonceptivo que más prefieran”. Y agregó: “Nuestro objetivo es la atención primaria de la salud con prevención y promoción”.
Aníbal Lotocki declaró por primera vez en el juicio por la muerte de Cristian Zárate, ocurrida en abril de 2021 después de una cirugía en el Centro Médico Conde (CEMECO), y centró parte de su exposición en la condición cardíaca que, según sostuvo, tenía el paciente y en la demora del servicio de emergencias. El médico afirmó que la ambulancia tardó más de dos horas en llegar y que Zárate “se presentaba como un paciente sano”.
La declaración se produjo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, durante una audiencia en la que Lotocki respondió preguntas de su defensa, de la Fiscalía y del tribunal. Su testimonio constituye la versión del acusado dentro de un proceso en el que todavía deben completarse distintas etapas y valorarse las pruebas incorporadas al debate.
La versión de Lotocki sobre el estado de Zárate
Según relató el médico, Zárate había llegado a la consulta decidido a realizarse una intervención y recomendado por personas que habían sido pacientes suyas. Lotocki sostuvo que no conocía antecedentes que permitieran advertir la gravedad de una eventual enfermedad cardíaca y describió al paciente como alguien que “se presentaba como si no tuviera ningún problema de salud”.
El profesional señaló que después de la intervención observó alteraciones en el comportamiento de Zárate, con confusión, desorientación y dolores que, según su relato, no podían localizarse con precisión. Posteriormente, una enfermera le informó que el paciente se había descompensado y presentaba una frecuencia respiratoria acelerada.
Lotocki afirmó que se realizaron maniobras de asistencia respiratoria y que Zárate fue intubado. En su reconstrucción de los hechos, el principal problema posterior estuvo relacionado con el traslado: sostuvo que la primera ambulancia llegó aproximadamente media hora después del llamado, pero que el operativo completo se extendió durante más de dos horas porque se requirió una unidad con equipamiento adecuado.
“La ambulancia tardó más de dos horas desde que hicimos el llamado”, afirmó durante la audiencia. También aseguró que se ofreció a acompañar y asistir al paciente durante el traslado hacia un centro de mayor complejidad.
Una causa con versiones contrapuestas sobre la emergencia
La demora de la ambulancia es uno de los puntos que deberán ser confrontados con los testimonios ya incorporados al juicio. La Fiscalía informó previamente que profesionales de las ambulancias que llegaron a CEMECO describieron un cuadro crítico y señalaron dificultades vinculadas con las condiciones en las que se encontraba Zárate para un eventual traslado. Una de las médicas declaró que el paciente no presentaba pulso ni mecánica respiratoria cuando lo encontró y que las maniobras de reanimación se extendieron durante unos 40 minutos.
También declaró personal de emergencias que intervino en el despacho de las unidades. Según esos testimonios, cuando se trata de un paciente intubado deben comunicarse determinadas condiciones para enviar un móvil con el equipamiento necesario. La Fiscalía señaló que esas declaraciones forman parte de la prueba que el tribunal deberá analizar junto con el resto de los elementos de la causa.
La diferencia entre ambos relatos será relevante para establecer qué ocurrió durante la emergencia y qué decisiones fueron tomadas antes de la llegada de la segunda unidad. Pero ese análisis corresponde al tribunal una vez concluida la producción de prueba, no a partir de una sola declaración.
La condición cardíaca, otro eje de la defensa
Lotocki también puso el foco en estudios posteriores y afirmó que Zárate tenía una cardiopatía y una coronariopatía que no habían sido advertidas antes de la intervención. Según su interpretación del informe, el corazón presentaba hipertrofia y un volumen del músculo cardíaco superior al considerado normal.
El planteo se suma a una discusión médica que ya forma parte del expediente. En audiencias anteriores, peritos que participaron de juntas médicas y de distintos informes expusieron sus conclusiones sobre el deterioro que sufrió Zárate y sobre la evolución de su estado después de las intervenciones.
Por lo tanto, la existencia y relevancia de una eventual enfermedad cardíaca previa, así como su relación con el desenlace, deberán ser determinadas a partir de la evidencia médica incorporada al proceso y de la valoración que realice el tribunal.
El funcionamiento de CEMECO también está bajo análisis
El juicio no se limita a reconstruir la atención médica recibida por Zárate durante la emergencia. En las audiencias anteriores también fueron examinadas las condiciones en las que funcionaba el Centro Médico Conde.
Cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación declararon que, durante una inspección realizada el 4 de mayo de 2021, detectaron que el establecimiento no estaba habilitado para internaciones ni autorizado para realizar cirugías mayores. También informaron sobre medicamentos vencidos y sobre fentanilo y propofol sin los registros correspondientes. Estos testimonios fueron incorporados al debate y deberán ser valorados junto con las restantes pruebas.
La Fiscalía también había informado previamente que profesionales de las ambulancias describieron las condiciones en las que encontraron a Zárate y las dificultades surgidas durante la asistencia y el eventual traslado. Esos testimonios forman parte de una secuencia probatoria que busca reconstruir qué ocurrió desde la intervención quirúrgica hasta el fallecimiento.
Lotocki está acusado en este expediente por homicidio simple con dolo eventual. Junto con él son juzgados los médicos Daniel Enrique Zambrano García, Santiago Luis Olguín y Polansky Peláez Hoyos, además de Andrea Isabel Torelli, directora del Centro Médico Conde. La instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta una acusación separada por presunto encubrimiento agravado.
La declaración de Lotocki agrega ahora la versión del principal acusado sobre la condición previa de Zárate, la evolución de la emergencia y la respuesta del servicio de ambulancias. El desafío del proceso será contrastar ese relato con los testimonios médicos, los informes periciales, las inspecciones y el resto de la evidencia antes de que el tribunal adopte una decisión sobre las responsabilidades penales que se investigan.
El intento del Gobierno nacional de reformar el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate encontró un rechazo amplio dentro del propio organismo. La propuesta original llevada al Directorio no prosperó y pasó a una subcomisión para su análisis pormenorizado. La oposición reunió al Gobierno de Misiones, UATRE, productores, cooperativas, secaderos y la cadena molinera misionera. La industria de Corrientes no expresó posición sobre el tema y el Gobierno correntino estuvo ausente.
El dato político más fuerte es la posición de los molinos de Misiones. La resistencia a la reforma atravesó prácticamente toda la cadena yerbatera provincial, incluso sectores con intereses comerciales distintos y frecuentes desacuerdos sobre el precio de la materia prima. Para el presidente del INYM, Rodrigo Correa, que acompañó la presentación del esquema promovido por Nación, el resultado supone un revés dentro del Directorio que conduce.
El proyecto, asociado a la agenda de desregulación del ministro Federico Sturzenegger, se presenta como una simplificación de normas, registros y trámites. Pero el informe técnico preliminar que examinó el borrador del 15 de septiembre plantea una objeción de fondo: al eliminar herramientas propias y trasladar información a otros organismos, el INYM podría conservar facultades en el papel y perder los medios necesarios para ejercerlas.
La discusión excede la cantidad de resoluciones que se derogarían. Afecta la capacidad del Instituto para saber cuánto se produce, qué existencias hay en cada eslabón, cuánta hoja verde recibe efectivamente un secadero y con qué parámetros se controla la calidad. Son datos que también inciden en la posición de productores, trabajadores e industrias cuando discuten el funcionamiento del mercado.
Uno de los cambios más sensibles es el lugar que ocuparían los sistemas del Senasa. El proyecto convierte al Documento de Tránsito Vegetal electrónico -DTV-e- en fuente principal de información para determinadas funciones del INYM y reemplaza parte de sus registros propios por datos de otros organismos.
El informe distingue entre conocer un traslado y conocer la actividad completa. Un documento de tránsito permite seguir el movimiento de la hoja verde, pero no acredita por sí solo cuánto se produjo, cuánto fue recibido efectivamente, qué volumen permanece almacenado o cuál es la capacidad de procesamiento de una planta. Si las declaraciones juradas mensuales dejan de utilizarse sin una fuente equivalente, el Instituto podría perder información propia sobre ingresos de materia prima, elaboración y existencias.
La diferencia tiene consecuencias económicas. Sin datos verificables sobre producción y stocks, resulta más difícil contrastar los diagnósticos sobre oferta, demanda y precios en una cadena donde los actores tienen escalas y capacidades de negociación muy distintas. También se debilita la posibilidad de detectar inconsistencias entre lo que sale de la chacra, lo que ingresa al secadero y lo que luego declara la industria.
Para el productor aparece, además, un problema concreto: el DTV-e registra el traslado, pero no reemplaza automáticamente una constancia de los kilos efectivamente recibidos. Esa acreditación es relevante para documentar la entrega de la hoja verde y cualquier diferencia posterior.
El borrador también sustituiría el registro geográfico de yerbales elaborado por el INYM por información del RENSPA con polígonos. Según el análisis técnico, la base propia reúne detalles sobre superficie, antigüedad, densidad y características de las plantaciones que no necesariamente quedan cubiertos por una inscripción externa. Se eliminarían, asimismo, registros específicos de viveros y cosecha mecanizada, mientras los datos de plantas y depósitos pasarían a depender en mayor medida de otras habilitaciones.
El segundo foco de críticas es el control de calidad. El proyecto propone abrogar el reglamento específico de materia prima y yerba canchada, que contiene parámetros para recepción, almacenamiento, humedad, composición, toma de muestras y análisis, entre otros aspectos. El nuevo texto mantendría facultades generales de verificación, pero el informe advierte que no reproduce todo ese marco técnico.
La preocupación alcanza al Laboratorio Oficial del INYM y a las inspecciones presenciales. El esquema propuesto da mayor peso al cruce digital de información y al control posterior. Esa modalidad puede ayudar a fiscalizar, pero su eficacia depende de la calidad de los datos disponibles y de conservar la posibilidad de tomar muestras y comprobar situaciones en los establecimientos.
La reforma también modifica el régimen específico de información y control de yerba canchada importada. De acuerdo con el informe, se mantendría la inscripción del importador, pero se eliminarían mecanismos previos de aviso, custodia, muestreo y análisis. Para la cadena local, el alcance de esos controles forma parte de la discusión sobre las condiciones en que ingresa producto de otros orígenes.
En las chacras, el nuevo esquema exigiría contar con RENSPA con polígonos y emitir un DTV-e por cada viaje de hoja verde. El informe pide evaluar qué supone esa obligación para pequeños productores con dificultades de conectividad o menor capacidad administrativa. También señala que la eliminación de reglas específicas sobre cosecha y transporte, incluido el límite de peso de los raídos, merece una revisión por sus posibles efectos sobre las condiciones de trabajo.
Más decisiones en manos de la Presidencia
Hay otro punto que ayuda a explicar el rechazo dentro del Directorio. El artículo 8 del borrador facultaría al presidente del INYM a gestionar y aprobar el contenido final de convenios, protocolos y otros instrumentos necesarios para aplicar el reordenamiento, con comunicación posterior al cuerpo colegiado.
No se trata necesariamente de acuerdos menores. Un convenio con Senasa podría definir qué datos recibirá el Instituto, cómo podrá verificarlos y qué información utilizará para sus estadísticas y controles. El informe sostiene que decisiones de ese alcance deberían volver al Directorio antes de su aprobación.
La transición de las declaraciones juradas hacia el nuevo sistema también quedaría sujeta a una disposición posterior de la Presidencia. En otras palabras, el momento en que el INYM dejaría de contar con una de sus fuentes propias de información podría definirse después de aprobado el marco general. Esa concentración de decisiones adquiere especial peso en un organismo concebido para reunir en su conducción a provincias y distintos eslabones de la actividad.
El rechazo de la propuesta original no cierra el debate. Su envío a una subcomisión abre una revisión artículo por artículo y deja pendiente la redacción de un eventual nuevo texto. Pero el resultado de esta primera discusión fija un límite político: la reforma no consiguió el aval de la cadena yerbatera misionera, incluida su industria, para avanzar tal como fue presentada.
Lo que está en juego es la capacidad efectiva del INYM para producir información, comprobarla y actuar sobre ella. En un mercado atravesado por la disputa sobre precios y por fuertes diferencias de escala, perder esas herramientas tendría efectos mucho más amplios que la reducción de trámites.
