El intento del Gobierno nacional de reformar el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate encontró un rechazo amplio dentro del propio organismo. La propuesta original llevada al Directorio no prosperó y pasó a una subcomisión para su análisis pormenorizado. La oposición reunió al Gobierno de Misiones, UATRE, productores, cooperativas, secaderos y la cadena molinera misionera. La industria de Corrientes no expresó posición sobre el tema y el Gobierno correntino estuvo ausente.

El dato político más fuerte es la posición de los molinos de Misiones. La resistencia a la reforma atravesó prácticamente toda la cadena yerbatera provincial, incluso sectores con intereses comerciales distintos y frecuentes desacuerdos sobre el precio de la materia prima. Para el presidente del INYM, Rodrigo Correa, que acompañó la presentación del esquema promovido por Nación, el resultado supone un revés dentro del Directorio que conduce.

El proyecto, asociado a la agenda de desregulación del ministro Federico Sturzenegger, se presenta como una simplificación de normas, registros y trámites. Pero el informe técnico preliminar que examinó el borrador del 15 de septiembre plantea una objeción de fondo: al eliminar herramientas propias y trasladar información a otros organismos, el INYM podría conservar facultades en el papel y perder los medios necesarios para ejercerlas.

La discusión excede la cantidad de resoluciones que se derogarían. Afecta la capacidad del Instituto para saber cuánto se produce, qué existencias hay en cada eslabón, cuánta hoja verde recibe efectivamente un secadero y con qué parámetros se controla la calidad. Son datos que también inciden en la posición de productores, trabajadores e industrias cuando discuten el funcionamiento del mercado.

Uno de los cambios más sensibles es el lugar que ocuparían los sistemas del Senasa. El proyecto convierte al Documento de Tránsito Vegetal electrónico -DTV-e- en fuente principal de información para determinadas funciones del INYM y reemplaza parte de sus registros propios por datos de otros organismos.

El informe distingue entre conocer un traslado y conocer la actividad completa. Un documento de tránsito permite seguir el movimiento de la hoja verde, pero no acredita por sí solo cuánto se produjo, cuánto fue recibido efectivamente, qué volumen permanece almacenado o cuál es la capacidad de procesamiento de una planta. Si las declaraciones juradas mensuales dejan de utilizarse sin una fuente equivalente, el Instituto podría perder información propia sobre ingresos de materia prima, elaboración y existencias.

La diferencia tiene consecuencias económicas. Sin datos verificables sobre producción y stocks, resulta más difícil contrastar los diagnósticos sobre oferta, demanda y precios en una cadena donde los actores tienen escalas y capacidades de negociación muy distintas. También se debilita la posibilidad de detectar inconsistencias entre lo que sale de la chacra, lo que ingresa al secadero y lo que luego declara la industria.

Para el productor aparece, además, un problema concreto: el DTV-e registra el traslado, pero no reemplaza automáticamente una constancia de los kilos efectivamente recibidos. Esa acreditación es relevante para documentar la entrega de la hoja verde y cualquier diferencia posterior.

El borrador también sustituiría el registro geográfico de yerbales elaborado por el INYM por información del RENSPA con polígonos. Según el análisis técnico, la base propia reúne detalles sobre superficie, antigüedad, densidad y características de las plantaciones que no necesariamente quedan cubiertos por una inscripción externa. Se eliminarían, asimismo, registros específicos de viveros y cosecha mecanizada, mientras los datos de plantas y depósitos pasarían a depender en mayor medida de otras habilitaciones.

El segundo foco de críticas es el control de calidad. El proyecto propone abrogar el reglamento específico de materia prima y yerba canchada, que contiene parámetros para recepción, almacenamiento, humedad, composición, toma de muestras y análisis, entre otros aspectos. El nuevo texto mantendría facultades generales de verificación, pero el informe advierte que no reproduce todo ese marco técnico.

La preocupación alcanza al Laboratorio Oficial del INYM y a las inspecciones presenciales. El esquema propuesto da mayor peso al cruce digital de información y al control posterior. Esa modalidad puede ayudar a fiscalizar, pero su eficacia depende de la calidad de los datos disponibles y de conservar la posibilidad de tomar muestras y comprobar situaciones en los establecimientos.

La reforma también modifica el régimen específico de información y control de yerba canchada importada. De acuerdo con el informe, se mantendría la inscripción del importador, pero se eliminarían mecanismos previos de aviso, custodia, muestreo y análisis. Para la cadena local, el alcance de esos controles forma parte de la discusión sobre las condiciones en que ingresa producto de otros orígenes.

En las chacras, el nuevo esquema exigiría contar con RENSPA con polígonos y emitir un DTV-e por cada viaje de hoja verde. El informe pide evaluar qué supone esa obligación para pequeños productores con dificultades de conectividad o menor capacidad administrativa. También señala que la eliminación de reglas específicas sobre cosecha y transporte, incluido el límite de peso de los raídos, merece una revisión por sus posibles efectos sobre las condiciones de trabajo.

Más decisiones en manos de la Presidencia

Hay otro punto que ayuda a explicar el rechazo dentro del Directorio. El artículo 8 del borrador facultaría al presidente del INYM a gestionar y aprobar el contenido final de convenios, protocolos y otros instrumentos necesarios para aplicar el reordenamiento, con comunicación posterior al cuerpo colegiado.

No se trata necesariamente de acuerdos menores. Un convenio con Senasa podría definir qué datos recibirá el Instituto, cómo podrá verificarlos y qué información utilizará para sus estadísticas y controles. El informe sostiene que decisiones de ese alcance deberían volver al Directorio antes de su aprobación.

La transición de las declaraciones juradas hacia el nuevo sistema también quedaría sujeta a una disposición posterior de la Presidencia. En otras palabras, el momento en que el INYM dejaría de contar con una de sus fuentes propias de información podría definirse después de aprobado el marco general. Esa concentración de decisiones adquiere especial peso en un organismo concebido para reunir en su conducción a provincias y distintos eslabones de la actividad.

El rechazo de la propuesta original no cierra el debate. Su envío a una subcomisión abre una revisión artículo por artículo y deja pendiente la redacción de un eventual nuevo texto. Pero el resultado de esta primera discusión fija un límite político: la reforma no consiguió el aval de la cadena yerbatera misionera, incluida su industria, para avanzar tal como fue presentada.

Lo que está en juego es la capacidad efectiva del INYM para producir información, comprobarla y actuar sobre ella. En un mercado atravesado por la disputa sobre precios y por fuertes diferencias de escala, perder esas herramientas tendría efectos mucho más amplios que la reducción de trámites.