El Gobierno crea un nuevo sistema de mediación prejudicial en salud para descomprimir la justicia y agilizar los reclamos. Se trata del procedimiento PROMESA, que obliga a mediar antes de iniciar demandas contra obras sociales y prepagas. Apunta a reducir litigios y garantizar acceso rápido a prestaciones.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025, el Gobierno nacional aprobó la creación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una herramienta que busca resolver conflictos entre pacientes y prestadores —obras sociales y prepagas— antes de llegar a la Justicia. La iniciativa apunta a reducir la judicialización de la salud, garantizar un acceso más ágil a tratamientos y descongestionar los tribunales, en un contexto de crecimiento sostenido de amparos sanitarios.

El decreto modifica la Ley 26.589 de mediación y conciliación, incorporando a PROMESA como instancia prejudicial obligatoria para controversias en salud en las que los demandados sean entidades reguladas por las leyes 23.660 (Obras Sociales), 23.661 (Sistema Nacional del Seguro de Salud) o 26.682 (Medicina Prepaga).

El procedimiento será optativo para el reclamante, pero el prestador no podrá rechazar ni impugnar la vía de mediación. Se celebrará bajo los principios de voluntariedad, celeridad y confidencialidad, y será expedito, con plazos breves, para evitar demoras que comprometan tratamientos médicos.

Radiografía de la saturación judicial: 10.910 juicios por salud en 2024 y 2025

La Superintendencia de Servicios de Salud presentó estadísticas alarmantes que impulsaron esta medida:

• En 2024 se iniciaron 7.602 demandas contra obras sociales y 2.470 contra prepagas.
• En lo que va de 2025, ya se registraron 768 y 70 casos, respectivamente.
• En total, 10.910 litigios en solo un año y medio.

La mayoría de los casos involucran enfermedades crónicas, donde el costo de los tratamientos aumenta con el tiempo, lo que presiona al sistema judicial y sanitario.

Los mediadores en materia de salud deberán acreditar formación específica e idoneidad, certificada por programas conjuntos entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. También se reformula el Registro Nacional de Mediación, que ahora incorporará una categoría exclusiva para este tipo de conflictos.

Además, el Estado podrá participar activamente en las audiencias cuando la controversia tenga implicancias públicas o requiera su intervención. Esto permitirá acelerar resoluciones y favorecer acuerdos con impacto social.

El Poder Ejecutivo invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir o replicar un modelo similar de mediación en sus jurisdicciones, en línea con el sistema federal. La implementación nacional comenzará 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial, con impacto directo sobre la estrategia de acceso a la salud y el funcionamiento del Poder Judicial.

Declaraciones y fundamentos del DNU

“La saturación judicial en materia de salud afecta el derecho al acceso rápido y eficaz a prestaciones médicas. PROMESA permitirá resolver de manera menos costosa y más eficiente estos conflictos”, señala el decreto, firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros del gabinete.

La medida fue adoptada por vía de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) debido a la urgencia de revertir el colapso del sistema judicial en este campo y evitar una afectación prolongada a los derechos de los pacientes.

El lanzamiento de PROMESA marca un cambio de paradigma en la resolución de conflictos sanitarios. Con foco en la eficiencia, la descentralización y el uso racional de recursos judiciales y médicos, el Gobierno busca frenar la “industria del juicio” en salud, al tiempo que resguarda el acceso a tratamientos esenciales para la población.

Si logra implementarse con éxito y adhesión provincial, PROMESA podría transformarse en una política pública estructural con impacto a largo plazo en el sistema de salud argentino.