El Gobierno argentino presentó formalmente una apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York contra el fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes liderados por Burford Capital. La medida, adoptada sin esperar la definición sobre el pedido de suspensión de la ejecución (stay), intensifica el conflicto judicial por la expropiación de la petrolera realizada en 2012.

Apelación directa sin esperar el “stay”: una jugada anticipada

El equipo legal de Argentina, representado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, presentó el 9 de julio un escrito de apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York. La acción responde a la orden de la jueza Loretta Preska, que dispuso que el país entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del resarcimiento a Burford Capital y otros fondos, tras la expropiación parcial realizada en 2012.

La presentación se hizo sin esperar la respuesta de Preska sobre la suspensión temporal del fallo (stay), que fue solicitada previamente. El especialista Sebastián Maril, de Latin Advisors, señaló que, si bien la decisión es legal, “no era esperada tan pronto” y que el Gobierno “optó por una vía anticipada, sin medir si habría condiciones más favorables con un fallo previo sobre el stay”.

La causa tiene su origen en la expropiación del 51% de las acciones de YPF dispuestas en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, la jueza Preska determinó que el Estado argentino incurrió en “mala praxis expropiatoria”, con una condena que asciende a USD 16.000 millones, el juicio más oneroso que enfrenta el país en tribunales extranjeros.

Burford Capital, fondo especializado en litigios, adquirió los derechos legales de las firmas Petersen Energía e Eton Park, quienes alegaron haber sido perjudicadas por la forma en que se implementó la nacionalización de YPF. Aunque YPF no es parte directa del juicio, sus acciones estatales sí quedaron bajo posible ejecución, lo que podría complicar su operatoria y afectar el clima de inversiones en áreas clave como Vaca Muerta.

Desde Casa Rosada aseguran que la estrategia será judicial hasta las últimas consecuencias. Fuentes cercanas al presidente Javier Milei sostienen que “no se va a negociar nada” y que la decisión es “defender a la Argentina de buitres externos e internos”. En ese marco, se apunta a actores políticos, empresariales y mediáticos que —según el oficialismo— estarían operando para perjudicar al país y debilitar su posición ante el tribunal.

“No vamos a renunciar a nuestro derecho a la defensa. Hay intereses económicos y políticos que quieren una Argentina débil”, señalan desde el entorno presidencial. También se contempla pedir nuevamente la intervención del Gobierno de Estados Unidos, como ocurrió en 2023 cuando la administración de Joe Biden respaldó, parcialmente, la posición argentina.

Riesgos financieros y diplomáticos en juego

Si el pedido de “stay” no es aceptado y Argentina no ofrece garantías suficientes, podría entrar en desacato judicial, lo que afectaría su credibilidad internacional, en un contexto donde busca reinsertarse en los mercados de deuda y captar inversiones extranjeras. Además, el caso plantea un desafío para la política exterior y la estrategia energética nacional, con YPF como activo estratégico para el desarrollo del gas y petróleo no convencional.

El fallo apelado también podría impactar en futuras controversias por estatizaciones, afectando la percepción sobre seguridad jurídica en el país. En este sentido, la disputa judicial con Burford representa no solo un frente financiero, sino también una pulseada geopolítica y reputacional para la Argentina.