La disparada del dólar en las últimas horas encendió todas las alarmas sobre la fragilidad del modelo económico. El billete verde aumentó 13 por ciento en julio y aceleró el jueves, hasta trepar a los 1,380 pesos, apenas por debajo de la banda de no intervención. La reacción del Gobierno llegó con intervenciones sobre el mercado de futuros, pases pasivos del Banco Central y aumentos de las tasas de interés, que afectan a otros instrumentos como los plazos fijos o el costo de los préstamos para personas o empresas y las expectativas por la evolución del dólar. Las empresas de alimentos, higiene y limpieza ya comunicaron a los supermercados que aplicarán aumentos de entre el 5% y el 9% desde el lunes. Los precios de lista de los autos 0 Km subieron hasta 12% tras el salto del dólar. 

El FMI puso paños fríos con la confirmación de la aprobación del acuerdo con Argentina, a pesar de que no se cumplieron las metas. Pero el waiver de Kristalina Georgieva no es gratuito: exige más ajuste y sumar reservas, que podrían llegar, sugiere, por la privatización de más empresas públicas. Pero vale repasar cómo vienen las relaciones. En abril el FMI le dio a la Argentina 12.000 millones de dólares y Milei se jactaba de que con ello, el dólar iba a bajar. El dólar subió y el mismo FMI vuelve en auxilio, mientras que el Gobierno encarece las tasas a costa de oprimir más aún la economía.

Para mostrar tranquilidad, el presidente Javier Milei fue en la noche del jueves al streaming del showman complaciente Alejandro Fantino y descargó culpas en el riesgo electoral de un eventual regreso de los “kukas” y hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de impulsar una corrida bancaria. Después para descomprimir, usó a Termín, una marioneta que recita frases libertarias. Risotadas generalizadas. De los conductores y de todo el equipo económico que lo acompañó. En medio de la gracia, algunas frases de los economistas son dignas de mención. La más reveladora fue la de Santiago Bausili, ante la mirada atenta de Luis Caputo: “Y no te voy a llevar a Suiza, a Estados Unidos, a Irlanda… Paraguay, Uruguay, Perú. Esas sociedades viven tranquilas”, comparó. 

De la promesa de ser “como Suiza, pero mejor”, a conformarnos con ser como los vecinos. Pero aunque a primera vista los tres países exhiben una “tranquilidad” macro, si se rasca un poco, se evidencian algunas coincidencias llamativas, que no auguran un mejor destino, sino la consolidación de un deterioro. 

En Paraguay, el 50,4% de los ingresos generados en el país se concentran en el 20% más rico de la población, mientras que el 20% más pobre percibe el 4,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, el 10% más rico percibe 20 veces lo que percibe el 10% más pobre.

La desigualdad de distribución de ingresos limita las oportunidades de ciertos segmentos de la población y los expone a caer en pobreza ante shocks. Esta “población vulnerable”, de acuerdo a los criterios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está conformada por las personas que tienen ingresos per cápita equivalentes a 2,5 veces la línea de pobreza total y representan alrededor del 40% de la población paraguaya. Además, las opciones laborales terminan siendo mayormente informales, que no cotizan en un sistema de jubilación y pensión alguno ni poseen cobertura de la salud. En el país el 62,1% de la población ocupada no agropecuaria se encontraba en informalidad laboral, lo que representa a más de 1.500.000 personas, la mayoría de las cuales no tiene un flujo de ingresos estable y/o suficiente. Los trabajadores familiares no remunerados, trabajadores domésticos y cuentapropistas son los más afectados. No hace falta abundar en las demandas de ciudades fronterizas en Misiones, cuyos habitantes cruzan el Paraná para buscar mejores servicios de salud y oportunidades laborales. 

En Perú, la pobreza monetaria afecta al 27.6% de la población, lo que representa un retroceso respecto a los niveles prepandemia. Más de 13,5 millones de niños viven en hogares con ingresos insuficientes. En Uruguay, la situación no es muy diferente: la concentración del ingreso sigue siendo alta: el 10% más rico de la población posee el 46.2% de los ingresos. El 18.9% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, definida por carencias en educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo. La “tranquilidad” que envidia Bausili es que las condiciones no cambien con el paso del tiempo. La calma de un estanque. Pero está claro el rumbo. La sorpresa fue que el rating del Presidente con Fantino fue menor al del streaming del CONICET mostrando el fondo del mar argentino.

Para dejarlo claro, el Presidente firmó el veto al aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad y se encamina a hacer lo mismo con el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional y la distribución federal del impuesto a los combustibles, ambas reformas impulsadas por los gobernadores y aprobadas por el Senado. La batalla se trasladará a Diputados, donde la oposición puede ratificar el aumento a jubilaciones -con dos tercios- y convertir en ley los reclamos de las provincias. 

Los gobernadores advierten que este modelo de ajuste sin inversión social que impone el Gobierno, más temprano que tarde irá camino al colapso. Por eso crece el descontento en las encuestas y surgen nuevos espacios políticos que trascienden las elecciones de octubre. El nuevo Grupo de los 5 es una muestra de la incipiente resistencia: gobernadores de distintos espacios comienzan a desmarcarse y a exigir respuestas de la Nación en demandas que van más allá de los partidos políticos. Incluso ya piensan en un candidato presidencial para 2027, surgido de las provincias y no de los partidos. 

Misiones por ahora no forma parte de ese cónclave conformado por Ignacio Torres, de Chubut, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), pero celebra el surgimiento de un nuevo federalismo, que no hace más que reafirmar un camino provincialista iniciado hace tiempo en Misiones, con la irrupción del Frente Renovador de escisiones de los partidos políticos protagonistas de la debacle de 2001.

El presupuesto 2026 presentado por el gobernador Hugo Passalacqua da cuenta del vacío dejado por la Nación en infraestructura y servicios esenciales como la Educación o la Salud. 

Con recursos propios se buscará cubrir lo social que queda al desamparo por la ausencia de la Nación y hacer lo posible (al menos intentar) para cubrir cuestiones de infraestructura, particularmente en la logística y rutas, que comienzan a dar muestras visibles de deterioro. El 8 de septiembre se licitará la nueva concesión de la ruta nacional 14 que llega hasta Misiones, pero hasta entonces y desde que asumió Milei, las rutas nacionales tuvieron poco y nada de mantenimiento. 

En el Gobierno se tiene en claro que la situación económica no cambiará demasiado. Por eso se pondrá mucho énfasis en la inversión propia y el soporte a las inversiones privadas. De los 4,1 billones proyectados en el Presupuesto, el 70 por ciento irá a áreas sociales y el 9,8 para obras públicas, buscando consolidar las bases del desarrollo económico provincial, generar empleo genuino y fortalecer el mercado interno. Entre las prioridades se encuentran rutas, escuelas, hospitales y proyectos estratégicos para el desarrollo productivo.

Passalacqua también hizo hincapié en el contexto adverso generado por la ausencia del Estado Nacional, que en los últimos años redujo o eliminó transferencias históricas para Misiones. Entre ellas, mencionó la eliminación de aportes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) a la Caja Previsional Provincial, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, programas de salud para enfermedades crónicas y el fondo compensador del transporte, además de la paralización de obras de infraestructura de responsabilidad nacional.

“Los misioneros sostenemos, con firmeza y en unidad, el rumbo de una provincia que crece gracias al esfuerzo de su gente”, afirmó el gobernador, quien sostuvo que el Presupuesto 2026 refuerza la autonomía financiera y la capacidad de gestión de Misiones frente a un escenario de menor asistencia nacional.

Una de las herramientas clave será una fuerte política de créditos subsidiados para contrarrestar las altas tasas vigentes en el país para comprimir el dólar. “Todo sin hipotecar con deudas impagables que son pan para hoy y hambre para mañana. Equilibrados”, señaló el Gobernador que tiene la (mala) experiencia de haber gestionado también en tiempos turbulentos de la economía, como la segunda mitad de la gestión Cambiemos. Con esa experiencia a cuestas, Passalacqua tiene claro que el equilibrio presupuestario es clave para que el Estado pueda seguir generando acciones que incentiven a la economía. Al mismo tiempo que se confirma la extensión del congelamiento de ingresos al Estado, se puso en marcha una serie de medidas para que las empresas accedan a créditos más baratos. El Fondo de Garantías de Misiones permitirá respaldar créditos desde los cinco hasta los 4.500 millones de pesos, con una combinación del Fondo de Crédito, el Fogami y el Consejo Federal de Inversiones. Ya hay carpetas en análisis.

La presentación del Fogami concitó una enorme atención. El salón auditorium Tierra Sin Mal, de uno de los edificios del cuarto tramo de la Costanera posadeña, estaba repleto de jóvenes empresarios de distintos rubros y peso específico, junto a emprendedores y cooperativistas. “Emprendedores por naturaleza”, remarcó Passalacqua. El Fogami permitirá acceder a créditos rápidos y con una tasa del 2,5 por ciento por encima de la banca tradicional, con plazo de gracia y un respaldo de hasta el cien por ciento, de acuerdo al proyecto. “Esto no es un evento financiero, es un evento social”, cerró Passalacqua en referencia al impacto en la generación de empleo que tienen las empresas misioneras.

La decisión es sostener la actividad económica. En ese escenario se enmarcan las medidas de alivio fiscal que anunció la Agencia Tributaria Misiones. Primero con la eliminación de tasas que pagan especialmente los pequeños contribuyentes. Después con una bonificación a las empresas que presenten a tiempo su declaración de Ingresos Brutos. En los próximos días se aplicarán medidas de simplificación fiscal para pequeños y medianos contribuyentes como así también exclusión en regímenes de percepciones y retenciones determinados y actualizaciones de montos para ser agentes de percepción lo que también representa un alivio fiscal. El martes habrá una cumbre con cámaras empresarias. 

Para los estatales -provinciales, municipales y jubilados- también se presentó un plan de refinanciación de deudas de tarjetas de crédito hasta en 60 cuotas con el Banco Macro. En el país, el endeudamiento crónico está creciendo por el encarecimiento de los precios. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió al 2,6%, un avance de 0,4 puntos porcentuales; además, el 4,5% de los hogares no pudo pagar su deuda crediticia en mayo, 0,8 puntos más que en abril; en tarjetas, cada vez hay más cancelaciones de montos apenas por encima del mínimo.

Llamativamente, al mismo tiempo que Passalacqua encabezaba la presentación del Fogami, en la Confederación Económica de Misiones un grupo de empresarios mandados por el concejal electo Francisco Wipplinger, se abroqueló en defensa del glifosato detrás del diputado Miguel Núñez. Llamó la atención el variopinto grupo que despreció la presencia de la prensa y de los diputados, que fueron echados de la CEM hasta que algunos empresarios reclamaron que se abran las puertas. Sólo entraron Diego Hartfield y Adrián Núñez, por ser considerados más “afines”, mientras que el ex radical Martín Arjol se quedó afuera y el kirchnerista Cristian Castro prefirió irse. El presidente de la CEM, Guillermo Fachinello llegó tarde, ya que estaba en la presentación del Fogami. El anfitrión fue Gerardo Díaz Beltrán.

El mitin, que se pareció bastante a un lanzamiento de campaña rumbo a octubre, terminó con una sugerente frase: “Libertad para producir en Misiones”. Lo cierto es que la prohibición del uso del glifosato recién entrará en vigencia en 2030 y mientras tanto, se puede seguir utilizando, siempre y cuando se registre cantidades y destino. No hay ninguna traba ni urgencia, como las que sí atraviesan las economías regionales, por la caída de precios, como la yerba mate, el té o el sector forestal. De eso nada dijeron la CEM ni sus invitados.

La yerba es quizás el mejor ejemplo del impacto de la desregulación del mercado y es la economía regional que está en rojo desde hace más de un año. Pero no hay una crisis yerbatera, sino de la producción yerbatera. Los precios se desplomaron -hoy en 280, cuando en marzo del año pasado se pagaban 400- y los productores hoy protagonizan una acelerada pelea de pobres contra pobres: como cobran poco y a plazos por la materia prima, se niegan a aumentar el monto de la corresponsabilidad gremial y no quieren reconocer los aumentos salariales de los trabajadores rurales. En paralelo, la suma del consumo interno y las exportaciones representa el mejor momento de la década. Aunque la transferencia de recursos es evidente, la paradoja es que la industria también sufre por el aumento de costos y pérdida de rentabilidad.