En un mensaje por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció dos medidas de alto impacto para reforzar el rumbo económico de su Gobierno y blindar el equilibrio fiscal frente a lo que definió como “embates del Congreso”. El mandatario dispuso que el Tesoro nacional no podrá financiar su gasto primario con fondos del Banco Central y adelantó que enviará al Parlamento un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal.

El anuncio se produce en medio de un fuerte conflicto político. En las últimas semanas, el Congreso aprobó leyes que, según el Ejecutivo, implican un gasto adicional equivalente al 2,5% del PBI anualizado, sin previsión de financiamiento. Entre ellas, figuran aumentos en salarios docentes, mejoras en pensiones por discapacidad y una moratoria previsional.

Milei advirtió que estas iniciativas amenazan el pilar central de su plan económico: el déficit cero, que considera la condición indispensable para estabilizar la inflación y sentar bases de crecimiento. “Vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos”, remarcó.

Prohibición a la emisión monetaria para gasto primario

La primera medida, que formalizará el lunes próximo, consiste en una instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro solicite dinero prestado al Banco Central con el fin de cubrir el gasto primario. “El Tesoro nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, subrayó Milei.

Si bien esta restricción ya se aplicaba de hecho en su gestión, el Presidente señaló que ahora quedará plasmada en una resolución administrativa que prohíba expresamente el uso de la emisión monetaria como fuente de financiamiento.

Desde la óptica oficial, la emisión sin respaldo fue uno de los motores de la inflación crónica en Argentina. “Cada peso nuevo emitido destruye el valor del dinero en el bolsillo de los argentinos”, insistió Milei.

Proyecto de ley: sanciones penales para el déficit fiscal

La segunda medida apunta a modificar el marco legal. El Presidente enviará en los próximos días un proyecto que obligue a que todo presupuesto nacional tenga equilibrio o superávit financiero. Si se plantea un aumento del gasto o una baja de ingresos, deberá incluirse el recorte o fuente de recursos correspondiente.

El texto contemplará sanciones penales para legisladores y funcionarios que aprueben partidas deficitarias. “Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido: de dónde sale y a quién se lo sacan”, enfatizó el mandatario.

Para Milei, la historia reciente demuestra que el déficit financiado con emisión o deuda desembocó en crisis inflacionarias, pérdida del poder adquisitivo y mayor pobreza.

Fundamentos económicos y políticos de la iniciativa

El Presidente enmarcó las medidas dentro de su trinidad de orden fiscal, monetario y cambiario, que considera esencial para la recuperación. Reiteró que la eliminación del financiamiento monetario es clave para desactivar presiones inflacionarias y consolidar la credibilidad ante inversores y organismos internacionales.

En el plano político, la propuesta busca acotar la capacidad del Congreso de aprobar medidas de alto costo fiscal sin previsión de recursos. Milei acusó a la “clase política” de utilizar causas nobles para “llevar a la quiebra a la Nación” con leyes que comprometen el equilibrio presupuestario.

De avanzar en el Congreso, el proyecto impondría una de las reglas fiscales más estrictas de la región, condicionando no solo al actual Gobierno sino a futuras administraciones.

Sin embargo, el oficialismo enfrenta un Parlamento adverso, con bloques opositores que ya adelantaron que buscarán revertir los vetos presidenciales y resistir nuevas restricciones al gasto. El riesgo para el Ejecutivo es un escenario de parálisis legislativa que complique la aprobación de leyes clave para su agenda.

La combinación de restricción administrativa a la emisión y reforma legal punitiva al déficit revela la estrategia del Gobierno: cerrar cualquier margen para volver a las políticas fiscales expansivas sin financiamiento genuino.

La disputa recién comienza. El éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del oficialismo para sostener el respaldo social al ajuste y evitar que la presión política erosione la disciplina fiscal que busca imponer.