El Observatorio de la Deuda Social Argentina, dirigido por Agustín Salvia, alertó que el recorte del gasto y la contracción monetaria aplicados por el gobierno de Javier Milei redujeron el consumo y deterioraron la calidad de vida, mientras el BID advierte sobre la presión tributaria y el riesgo de fatiga social

Si bien las estadísticas oficiales muestran una desaceleración de la inflación en los últimos meses, la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que esta baja no responde a un plan económico expansivo, sino a una fuerte caída en el consumo por la contracción monetaria.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, sostuvo que entre fines de 2023 y principios de 2024 se produjo “una crisis muy fuerte” derivada de políticas de ajuste “autoimpuestas” para estabilizar la macroeconomía.

Qué es el “estrés económico” y cómo afecta a las familias

Según Salvia, el aumento en los costos de servicios esenciales —combustible, transporte, gas, luz, agua y comunicaciones— disparó los gastos fijos de los hogares, reduciendo el ingreso disponible y forzando recortes en rubros básicos como alimentación, vestimenta y mantenimiento del hogar.
“El ingreso corriente se ve afectado porque los gastos fijos aumentaron fuertemente. Esto reduce el consumo y refleja la creciente incapacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas”, explicó.

Para el especialista, la reducción de la inflación se logró por un mecanismo recesivo: “No hay masa monetaria que refuerce la demanda. Las políticas de ajuste redujeron el consumo y eso bajó los precios”.
Sin embargo, advirtió que la continuidad de esta estrategia podría profundizar el deterioro: mayor endeudamiento familiar para comprar alimentos, aumento de morosidad en tarjetas de crédito y un agravamiento de la restricción económica en los hogares.

Riesgos macroeconómicos y sociales según el BID

El diagnóstico de la UCA encuentra eco en el reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Argentina, plasmado en la Estrategia País.
El organismo identifica como riesgos principales:

• Fragilidad fiscal y del sector externo.
• Dificultades políticas por falta de mayorías legislativas.
• Fatiga social ante las medidas de ajuste.
• Posibles shocks externos que deterioren términos de intercambio y condiciones financieras internacionales.

El BID advierte que estos factores podrían impactar sobre el espacio fiscal, los costos operativos y las inversiones privadas, condicionando la ejecución de reformas clave.

El gobierno de Milei ha orientado su política económica a la reducción del déficit fiscal y a la liberalización de mercados, con un fuerte énfasis en el ajuste del gasto público. Sin embargo, la falta de mayoría parlamentaria y las resistencias sociales han ralentizado la aprobación de reformas estructurales, generando un clima de incertidumbre en el sector privado y en organismos multilaterales.

Tanto la UCA como el BID coinciden en que la sostenibilidad del plan económico dependerá de la capacidad del Ejecutivo para mantener el equilibrio fiscal sin profundizar el deterioro social.

En el corto plazo, se prevé que el consumo siga deprimido, que la pobreza se mantenga elevada y que el margen político para reformas estructurales esté condicionado por la presión social.