La geografía del hambre: 1,5 millones de hogares argentinos sufren inseguridad alimentaria severa
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La Argentina sumó más de 550.000 hogares en situación de inseguridad alimentaria severa entre 2010 y 2022. Detrás de esa cifra hay una transformación social profunda: la dificultad para acceder a alimentos suficientes dejó de ser un problema circunscripto a determinados bolsones de pobreza y se extendió sobre un territorio cada vez más desigual.
El nuevo estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) permite observar esa realidad con una precisión geográfica poco habitual. No se limita a establecer cuántos hogares están expuestos al hambre, sino que identifica dónde se concentran los mayores riesgos, cómo evolucionaron durante doce años y qué diferencias persisten entre provincias, regiones y áreas rurales y urbanas.
El resultado es una radiografía incómoda. La probabilidad promedio estimada de inseguridad alimentaria severa pasó del 7,94% en 2010 al 9,49% en 2022, un incremento de 1,55 puntos porcentuales. El universo afectado se aproxima a 1,5 millones de hogares.
Sin embargo, el promedio nacional esconde realidades muy distintas. Mientras la Ciudad de Buenos Aires presenta uno de los indicadores más bajos del país, en Formosa el riesgo alimentario severo alcanza al 18,77% de los hogares. La diferencia entre ambas jurisdicciones supera los catorce puntos porcentuales.
El Nordeste argentino ocupa un lugar central en esta geografía de la vulnerabilidad. Con una probabilidad estimada de inseguridad alimentaria severa del 15,81% en 2022, el NEA presenta el registro regional más elevado del país, seguido por el NOA, con 14,23%.
Pero hay un dato que merece atención: el NEA fue la única de las seis regiones argentinas que consiguió reducir su indicador entre los dos censos. Pasó del 16,21% en 2010 al 15,81% en 2022, una disminución de 0,40 puntos porcentuales.
La evolución, sin embargo, no fue homogénea dentro de la región. Formosa presenta el valor provincial más elevado del país, con 18,77%, y Chaco ocupa el segundo lugar, con 17,46%.
Misiones, por su parte, figura entre las provincias que registraron una disminución del indicador respecto de 2010, junto con Santiago del Estero.
El contraste revela un aspecto fundamental de las desigualdades regionales: compartir una misma estructura territorial y desafíos productivos no implica necesariamente seguir la misma trayectoria social.
El ranking provincial coloca a Formosa, Chaco y Santiago del Estero en las posiciones más críticas.
En Formosa, la probabilidad estimada de inseguridad alimentaria severa alcanza al 18,77% de los hogares. En Chaco llega al 17,46% y en Santiago del Estero al 17,40%.
En el extremo opuesto aparecen la Ciudad de Buenos Aires, con 3,93%, Santa Cruz, con 6,02%, y Tierra del Fuego, con 6,18%.
La distancia entre ambos extremos refleja una desigualdad territorial que no puede explicarse únicamente por las variaciones coyunturales de la economía.
El informe identifica, además, una fuerte persistencia de los territorios más vulnerables. De los veinte departamentos con mayores niveles de riesgo alimentario, diecisiete ya figuraban entre los más comprometidos en el relevamiento anterior.
La conclusión es contundente: el hambre tiene una geografía relativamente estable. Los territorios que enfrentaban mayores dificultades hace más de una década continúan concentrando buena parte de los problemas.
En las áreas rurales dispersas, la probabilidad estimada de inseguridad alimentaria severa alcanzó el 22,44% en 2022. Aunque representa una mejora frente al 23,89% de 2010, sigue siendo aproximadamente dos veces y media superior al indicador de las zonas urbanas.
En las ciudades, el riesgo pasó del 6,89% al 8,82%. En las áreas rurales agrupadas, aumentó del 12,52% al 15,06%.
La diferencia revela una paradoja estructural: vivir cerca de la producción primaria de alimentos no garantiza disponer de los recursos económicos necesarios para acceder a una alimentación adecuada.
La disponibilidad física de alimentos y la capacidad económica de adquirirlos son dimensiones diferentes. Un territorio puede producir alimentos y, simultáneamente, albergar hogares con dificultades severas para alimentarse.
El trabajo, titulado La geografía del riesgo alimentario en la Argentina (2010-2022), combina los datos de los censos nacionales con los relevamientos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina.
La metodología permite estimar la probabilidad de riesgo alimentario a escala de hogares y agregar los resultados por radio censal, departamento, provincia y región.
Es importante precisar que no se trata de una medición directa realizada por los censos. Los cuestionarios censales no incluyen preguntas específicas sobre inseguridad alimentaria. Los investigadores construyeron modelos estadísticos utilizando la información observada en la EDSA y la proyectaron sobre las características de los hogares relevados por el Indec.
Durante la presentación, Agustín Salvia, director del ODSA-UCA, explicó que el objetivo era superar la falta de información territorial detallada sobre las privaciones alimentarias.
La utilidad de este enfoque excede el diagnóstico académico. Permite identificar zonas prioritarias para políticas de asistencia, infraestructura, salud, educación y desarrollo local.
En provincias con fuertes contrastes entre áreas urbanas, colonias agrícolas y localidades pequeñas, disponer de información microterritorial puede resultar decisivo para orientar los recursos públicos.
El deterioro posterior y los límites de la comparación
El informe tiene una delimitación temporal que resulta indispensable para interpretar sus conclusiones: compara los censos de 2010 y 2022. Por lo tanto, sus resultados no describen directamente la situación alimentaria de octubre de 2026.
Los investigadores señalaron que los relevamientos posteriores identificaron un deterioro durante 2023 y 2024, seguido de una reducción del indicador en 2025 hacia niveles similares a los observados en 2021 y 2022. Salvia anticipó que en diciembre se conocerán nuevos datos.
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