AySA fue privatizada por US$340 millones: el grupo de Filiberti se impuso y asume un plan de inversiones por US$1.940 millones
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Gobierno definió la adjudicación del 90% de las acciones de AySA al consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, liderado por el empresario Mauricio Filiberti, por una oferta de US$340,2 millones. La propuesta superó en casi un 20% a la presentada por el grupo encabezado por Roggio SA, que había ofrecido US$285 millones, y abre una nueva etapa para la principal compañía de distribución de agua potable y saneamiento cloacal bajo un esquema de operación privada.
La operación todavía requiere la revisión final de la Comisión de Evaluación para completar la adjudicación definitiva. El 10% restante de las acciones continuará en manos del sindicato que conduce Omar Lingeri. A su vez, el consorcio ganador asumirá una deuda de AySA de aproximadamente US$70 millones.
El monto ofertado por el 90% del capital implica una valuación equivalente de unos US$378 millones por la totalidad de la compañía. El precio de transferencia, sin embargo, constituye solamente una parte de la ecuación económica de la concesión: el contrato incorpora compromisos de inversión, mantenimiento, expansión y operación que deberán ejecutarse durante los próximos años.
Una concesión que combina precio, inversión y metas de cobertura
De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Economía, el nuevo contrato establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción de $2,89 billones, calculado a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.
La estructura del programa contempla aproximadamente $1,13 billones destinados a obras, $1,15 billones para mantenimiento, $315.761 millones para mejoras y $296.166 millones para operación. La magnitud de estos compromisos permite leer la adjudicación más allá del precio pagado inicialmente por el paquete accionario: el desempeño futuro de la concesión quedará asociado a la capacidad del nuevo operador para transformar esos compromisos contractuales en infraestructura y mejoras efectivas del servicio.
El Gobierno vinculó además las obligaciones de inversión con metas concretas de expansión. Para 2031 se estableció como objetivo alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el período inicial de la concesión, los niveles mínimos previstos deberán llegar al 90% y 75%, respectivamente.
La propia comunicación oficial presenta estas metas como uno de los ejes del nuevo esquema: ampliar la cobertura y trasladar al concesionario las obligaciones de inversión previstas en el contrato, mientras el Estado concentra sus funciones en la regulación, supervisión y control.
El diagnóstico oficial sobre AySA
La adjudicación se produce luego de un diagnóstico particularmente crítico realizado por el Gobierno sobre la situación de la empresa durante el período de gestión estatal.
Según el comunicado oficial, entre 2006 y 2023 AySA recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones. El Gobierno también señaló que aproximadamente un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, mientras que las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en el 42%.
A ese escenario sumó un incremento de la morosidad, que habría pasado del 4% al 16%, y una suba del 80% en los costos operativos. Sobre esa base, la administración nacional caracterizó a AySA como un modelo de “disfunción administrativa” y presentó la transferencia de la operación al sector privado como parte de un proceso más amplio de transformación de empresas estatales.
La lectura oficial coloca, de esta manera, el foco en el costo fiscal acumulado y en los indicadores de cobertura y eficiencia de la prestación. El nuevo contrato busca modificar esa estructura trasladando al concesionario la responsabilidad directa sobre la operación y sobre las inversiones previstas.
Filiberti ganó una competencia con Roggio
El proceso tuvo una disputa económica concreta entre dos propuestas. El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX presentó una oferta de US$340,2 millones, mientras que el grupo liderado por Roggio SA había ofrecido US$285 millones.
La diferencia entre ambas propuestas fue de US$55,2 millones. Sobre la oferta de Roggio, la propuesta finalmente seleccionada representó una mejora de casi 20%, según informó el consorcio ganador.
El grupo que encabezará la nueva etapa tiene como figura central a Mauricio Filiberti, empresario vinculado al sector químico y conocido como el “rey del cloro”. Para la operación técnica, el consorcio designó a Arcos Saneamento e Participações S.A., perteneciente al Grupo Equipav, como operador estratégico.
Arcos cuenta con experiencia en el sector de agua y saneamiento de Brasil. Según la información aportada por el consorcio, opera desde 2010 y presta servicios a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios, con una estructura de unos 25.000 colaboradores.
El compromiso del nuevo operador
El consorcio ganador informó que asumirá un compromiso contractual de inversión de US$1.940 millones durante los primeros cinco años de la concesión y de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años previstos para el contrato.
La magnitud de esas cifras modifica la lectura de la operación. Los US$340,2 millones ofertados por el 90% de AySA constituyen el desembolso asociado a la adquisición del paquete accionario, mientras que el plan de inversión representa una obligación económica de una escala considerablemente mayor a lo largo de la vigencia de la concesión.
El desafío, por lo tanto, estará en la ejecución. Las metas contractuales deberán traducirse en ampliación de redes, mantenimiento de infraestructura, mejoras operativas y mayor cobertura efectiva de los servicios de agua y cloacas. En ese punto se concentrará una parte sustancial de la evaluación del nuevo esquema.
La empresa sostuvo que la propuesta presentada contempla un plan de obras orientado a mejorar la calidad del servicio y expresó su satisfacción por haber presentado la oferta considerada ganadora.
El nuevo esquema redefine el papel del Estado
La operación también supone un cambio en la distribución de responsabilidades entre el Estado y el concesionario. Mientras la empresa privada asumirá la operación y las obligaciones de inversión y expansión establecidas en el contrato, el Estado conservará las funciones de regulación, supervisión y control.
Ese diseño desplaza el centro de la discusión desde el financiamiento directo de la empresa por parte del Tesoro hacia el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del operador. La efectividad del modelo dependerá, en consecuencia, tanto de la capacidad de ejecución del concesionario como de la capacidad estatal para controlar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
El punto adquiere especial relevancia por la naturaleza del servicio involucrado. Agua potable y saneamiento cloacal tienen impacto directo sobre la infraestructura urbana y las condiciones de vida de millones de usuarios, por lo que los indicadores de cobertura y calidad constituyen una variable central para medir los resultados de la nueva concesión.
La adjudicación de AySA marca así un cambio de régimen para la compañía: el grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX obtuvo la mejor oferta económica para quedarse con el 90% del capital, pero la dimensión económica de la operación estará determinada también por las inversiones comprometidas, las metas de cobertura y el desempeño que alcance el nuevo operador durante los 30 años de concesión.
La instancia inmediata es la revisión final de la Comisión de Evaluación. Superada esa etapa, comenzará el período en el que la promesa económica de la operación deberá medirse contra resultados concretos: expansión de redes, mantenimiento, calidad del servicio y cumplimiento de los niveles de cobertura establecidos en el contrato.
Información del Autor
