Caso YPF: nuevos respaldos a los fondos demandantes reabren la incertidumbre judicial en Estados Unidos
Quince estados de EE.UU. respaldaron a los fondos que reclaman US$ 16.100 millones por YPF, mientras la Corte Suprema evalúa si revisa el caso
La disputa judicial por la nacionalización de YPF sumó nuevas presentaciones en Estados Unidos que buscan respaldar a los fondos Petersen y Eton Park en su intento de recuperar una indemnización de aproximadamente US$ 16.100 millones contra la Argentina. Quince estados y territorios estadounidenses presentaron un escrito ante la Corte Suprema de ese país para cuestionar los fundamentos del fallo que revocó la condena de primera instancia. Aunque la decisión favorable a la Argentina continúa vigente, la posibilidad de que el máximo tribunal acepte revisar el expediente mantiene abierto un frente de incertidumbre jurídica y financiera.
La presentación, encabezada por Missouri y realizada el 30 de octubre, se efectuó bajo la figura de amicus curiae, una intervención mediante la cual terceros aportan argumentos jurídicos para que un tribunal los considere al resolver una controversia. Los fiscales generales de las jurisdicciones firmantes solicitaron que la Corte Suprema examine el planteo de los demandantes y revise el criterio adoptado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
El conflicto no se limita al monto de la indemnización reclamada por la expropiación del 51% de YPF en 2012. También involucra una discusión sobre la relación entre el derecho argentino y la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, con posibles implicancias para futuros litigios en los que estén involucrados Estados extranjeros.
El origen de la disputa y el fallo que alivió a la Argentina
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska había condenado a la Argentina a pagar más de US$ 16.100 millones por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios de YPF después de la nacionalización. La sentencia constituyó uno de los litigios de mayor impacto potencial sobre las finanzas públicas argentinas.
Sin embargo, el 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revirtió esa decisión. El fallo representó un alivio para el Estado argentino y un revés para los demandantes, entre ellos los fondos Petersen y Eton Park, y para Burford Capital, que financió el litigio y esperaba obtener una parte sustancial de una eventual indemnización.
El 30 de septiembre, Petersen y Eton Park solicitaron que la Corte Suprema revisara la resolución de la Cámara. La presentación de los quince estados se incorpora a esa etapa del proceso y busca aportar argumentos favorables a la posición de los demandantes. No implica, por sí misma, que el máximo tribunal haya aceptado intervenir ni que la sentencia favorable a la Argentina haya perdido vigencia.
Los argumentos de los estados y la respuesta de la defensa argentina
Los estados que respaldaron a Petersen y Eton Park sostienen que aceptar el razonamiento de la Cámara de Apelaciones podría permitir que gobiernos extranjeros invoquen su propia legislación para evitar responsabilidades económicas reconocidas por tribunales estadounidenses. Desde esa perspectiva, el caso excedería la controversia específica por YPF y plantearía una cuestión sobre los alcances de las decisiones judiciales en Estados Unidos cuando están involucrados otros países.
La Procuración del Tesoro, que representa a la Argentina, relativizó el alcance de la presentación. La defensa sostiene que existe una diferencia jurídica central entre los argumentos de Missouri y los que corresponden al expediente YPF: mientras el planteo de los estados se relaciona con una controversia vinculada con otro país bajo legislación estadounidense, en el litigio por la petrolera se aplicó el derecho argentino.
La defensa también destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó formalmente la posición argentina en cinco oportunidades durante el desarrollo del juicio. Ese antecedente, según la interpretación de la Procuración, debe distinguirse de las presentaciones promovidas por fiscales generales estatales, que no equivalen a una posición institucional del Gobierno federal estadounidense.
El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler también cuestionó la interpretación de los firmantes. Según señaló, todos los fiscales generales que acompañaron el escrito son republicanos, con excepción del representante de las Islas Marianas del Norte, que es independiente. Soler sostuvo además que la Cámara de Apelaciones no se abstuvo de ejercer jurisdicción, sino que resolvió la controversia mediante la aplicación de la legislación argentina.
La diferencia entre ambas interpretaciones es relevante para el futuro del caso: los demandantes buscan que la Corte Suprema revise la decisión de la Cámara, mientras que la defensa argentina procura sostener el fallo que dejó sin efecto la condena multimillonaria.
Nuevos amicus curiae y una disputa que suma actores
La presentación de los quince estados no fue el único movimiento registrado en esta etapa del litigio. En una actualización difundida el 2 de noviembre, el analista Sebastián Maril informó sobre nuevas presentaciones de terceros en apoyo de Petersen y Eton Park.
De acuerdo con ese relevamiento, después del escrito de los estados se sumaron un profesor de Cornell Law School, el Competitive Enterprise Institute, la American Free Enterprise Chamber of Commerce, el profesor William S. Dodge, de George Washington University Law School, y The Heartland Institute. Estas presentaciones se agregan al conjunto de argumentos que los demandantes buscan poner a consideración del máximo tribunal.
Del lado argentino, Maril había identificado una presentación de RA4ARG, realizada el 20 de octubre. El analista anticipó que podrían incorporarse nuevos amicus curiae en respaldo de la Argentina y de YPF.
Estas intervenciones permiten que organizaciones, especialistas y otras instituciones acerquen argumentos sobre cuestiones jurídicas que consideran relevantes para la resolución del expediente. Sin embargo, el número de presentaciones no determina por sí solo el resultado: su eventual influencia dependerá de los argumentos aportados y de la decisión que adopte la Corte Suprema sobre la solicitud de revisión.
La incorporación de nuevos actores muestra que el caso continúa generando interés jurídico y económico más allá de las partes directamente involucradas. Para la Argentina, el punto central sigue siendo preservar el fallo de marzo, que dejó sin efecto la condena de primera instancia.
La Corte Suprema debe decidir si revisa el expediente
La principal incógnita es si la Corte Suprema estadounidense aceptará tratar el recurso de Petersen y Eton Park. Según las cifras citadas por Soler, el tribunal recibió alrededor de 5.500 solicitudes durante el último año y admitió apenas 65. Ese antecedente ilustra el carácter restrictivo de la selección de casos, aunque no permite anticipar cuál será la decisión en el litigio por YPF.
Mientras tanto, la Argentina y la petrolera tienen plazo hasta el 2 de diciembre de 2026 para presentar sus escritos de oposición. Hasta entonces, el expediente puede seguir incorporando argumentos jurídicos de las partes y de terceros interesados.
La diferencia entre los escenarios es significativa para las finanzas públicas. Si la Corte Suprema rechaza revisar el caso, el fallo de la Cámara de Apelaciones continuará vigente en esta instancia. Si acepta el recurso, se abrirá una nueva etapa judicial, sin que ello implique automáticamente restablecer la condena original ni confirmar la pretensión de los demandantes.
Por el momento, la sentencia de primera instancia por más de US$ 16.100 millones permanece revocada. El desenlace dependerá de la decisión procesal del máximo tribunal y, eventualmente, de los argumentos que considere al analizar el fondo de la controversia.
Para el Estado argentino, el objetivo inmediato es sostener la resolución favorable obtenida en marzo y evitar que la condena vuelva a convertirse en una obligación exigible. Para los demandantes, la estrategia consiste en conseguir que la Corte Suprema revise ese resultado. Hasta que el tribunal defina si toma el caso, la disputa seguirá siendo un factor de seguimiento para la estrategia jurídica del país y para la evaluación de sus riesgos financieros.
