Malvinas: Argentina llevó al Tribunal del Mar su reclamo para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
La Argentina inició ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, el procedimiento para solicitar medidas provisionales que impidan al Reino Unido avanzar con la explotación hidrocarburífera del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. El planteo se apoya en la controversia de soberanía aún pendiente de resolución, en las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa y en las obligaciones de protección del medio marino previstas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
La presentación del Gobierno argentino no busca que el Tribunal resuelva quién ejerce la soberanía sobre el archipiélago. El objetivo inmediato es que establezca restricciones sobre la actividad petrolera mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia de fondo. La discusión, por lo tanto, combina una disputa territorial de larga data con sus consecuencias sobre la explotación de recursos naturales y la aplicación del derecho internacional.
Los argumentos argentinos y el alcance del pedido
El escrito presentado por la Cancillería el 13 de octubre invoca el artículo 290, inciso 5, de la Convemar y solicita cuatro medidas provisionales. La primera es impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto Sea Lion. También pide que el Reino Unido no utilice en perjuicio de los derechos argentinos la información obtenida durante la exploración, que deje de obstaculizar las obligaciones de protección ambiental que Argentina invoca y que se abstenga de adoptar nuevas decisiones que agraven la controversia, en particular la concesión de nuevos permisos de explotación.
La argumentación argentina se apoya en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Asamblea General de Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y promovió una solución negociada. La segunda instó a las partes a evitar decisiones que introdujeran modificaciones unilaterales en la situación mientras continuara el proceso recomendado por la organización internacional.
A ese fundamento político y jurídico, Buenos Aires suma un argumento vinculado con la irreversibilidad de la explotación de recursos naturales. Según sostiene en su presentación, la extracción de petróleo en un área sometida a controversia podría generar un hecho consumado que una decisión posterior no estaría en condiciones de revertir. El planteo incorpora, además, las obligaciones de protección y preservación del medio marino contempladas en los artículos 192 y 194 de la Convemar. Se trata de argumentos de la parte demandante, cuya procedencia deberá evaluar el Tribunal.
El Reino Unido, por su parte, rechazó las medidas solicitadas por Argentina antes de la presentación ante el TIDM y anticipó que cuestionará la jurisdicción del tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia. En la posición británica, la actividad hidrocarburífera se desarrolla bajo el marco regulatorio aplicado por las autoridades de las islas. La diferencia de enfoques expone el núcleo jurídico del expediente: si las obligaciones invocadas por Argentina bajo la Convemar permiten adoptar medidas sobre una actividad que Londres considera habilitada por su propia autoridad regulatoria.
Por qué interviene el Tribunal del Mar y no la Corte Internacional de Justicia
El procedimiento tiene una particularidad institucional. Argentina eligió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar como mecanismo para resolver controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de la Convemar, mientras que el Reino Unido seleccionó a la Corte Internacional de Justicia. Como los dos países no eligieron el mismo mecanismo, la Convención prevé que la controversia sea sometida a un tribunal arbitral constituido conforme al Anexo VII.
Ese tribunal arbitral deberá abordar el conflicto de fondo. Mientras se completa su integración, el TIDM puede intervenir para establecer medidas provisionales, siempre que considere que se reúnen las condiciones previstas por el artículo 290, inciso 5. Por eso, las audiencias de Hamburgo no constituyen un juicio definitivo sobre la soberanía de las Malvinas ni una resolución integral sobre la legalidad de las licencias petroleras. Su alcance es cautelar: determinar si corresponde adoptar medidas urgentes para preservar los derechos invocados por las partes mientras se organiza el arbitraje.
Para decidir, el Tribunal debe considerar si el futuro órgano arbitral tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia, si existe urgencia que justifique una intervención antes de que ese tribunal quede constituido y si los derechos cuya protección se solicita resultan plausibles. Estos requisitos delimitan el debate jurídico y explican por qué la discusión sobre la competencia del organismo ocupa un lugar central en las audiencias.
El calendario oficial establece dos jornadas de exposiciones públicas. Este martes 10 de noviembre, Argentina abrió la primera ronda entre las 10 y las 13, hora de Hamburgo —de 6 a 9 en la Argentina—, mientras que la representación británica tiene asignado el horario de 15 a 18. El miércoles 11 habrá una segunda ronda: Argentina intervendrá de 10.30 a 12 y el Reino Unido cerrará las presentaciones entre las 17.30 y las 19, siempre en horario alemán. El organismo transmite las audiencias en directo.
La representación argentina está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, e incluye funcionarios de Cancillería, del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro. En el equipo jurídico participa Marcelo Kohen como asesor externo. Para integrar el Tribunal en este expediente, Argentina designó al jurista Raúl Vinuesa como juez ad hoc, mientras que el Reino Unido nombró a Vaughan Lowe. La jueza argentina Frida María Armas Pfirter, vicepresidenta del organismo, no interviene en el caso.
Sea Lion y el impacto económico de una eventual decisión
El proyecto Sea Lion es impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Según la documentación incorporada por Argentina al expediente, el área de desarrollo se encuentra aproximadamente a 107 millas náuticas al norte de las islas y comprende unos 541 kilómetros cuadrados. Las empresas comunicaron que las perforaciones comenzarían a principios de 2027, un horizonte temporal que forma parte de la argumentación argentina sobre la urgencia de obtener una decisión cautelar.
La controversia tiene implicancias que exceden el plano diplomático. La eventual explotación involucra inversiones, actividad energética, derechos sobre recursos del lecho marino y obligaciones ambientales en una región del Atlántico Sur cuya jurisdicción está disputada. Para Argentina, el inicio de la extracción antes de que se resuelva el arbitraje podría afectar derechos que busca preservar. Para el Reino Unido, la continuidad del proyecto responde a las autorizaciones emitidas bajo el sistema regulatorio que aplica en las islas.
La decisión del TIDM tendrá, por eso, consecuencias sobre el calendario del emprendimiento y sobre la posición jurídica de ambos Estados durante la etapa previa al arbitraje. Sin embargo, una medida provisional no resolverá por sí misma la disputa de soberanía ni reemplazará el pronunciamiento que corresponda al tribunal arbitral sobre el fondo del caso.
Los tres escenarios que puede abrir la resolución
El primer escenario es que el Tribunal haga lugar a la totalidad de las medidas solicitadas por Argentina y ordene detener el inicio o la continuidad de la explotación, junto con las demás restricciones requeridas. En ese supuesto, la actividad de Sea Lion quedaría condicionada por la orden cautelar mientras el tribunal arbitral no asuma la competencia para revisar, modificar o dejar sin efecto las medidas.
Una segunda posibilidad es que los jueces acepten parcialmente el planteo argentino. El organismo podría considerar que corresponde preservar algunos de los derechos invocados, pero no necesariamente conceder todas las medidas solicitadas. El alcance de una decisión de ese tipo dependería de los fundamentos y de las obligaciones específicas que el Tribunal considere necesario proteger.
El tercer escenario es que el TIDM rechace la solicitud por entender que no se cumplen las condiciones necesarias para dictar medidas provisionales, incluida la existencia de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral. En ese caso no habría una orden cautelar en esta instancia, aunque el procedimiento arbitral sobre el fondo de la controversia seguiría su curso.
La resolución no definirá quién tiene soberanía sobre las Islas Malvinas ni determinará de manera definitiva la titularidad de los recursos hidrocarburíferos. Su función será establecer si existen razones jurídicas y urgencia suficientes para adoptar medidas transitorias. La diferencia es sustancial: el expediente de Hamburgo no reemplaza la negociación ni el arbitraje, sino que busca establecer qué puede ocurrir con los recursos en disputa mientras esos mecanismos avanzan.
El Tribunal fijó las audiencias para el 10 y 11 de noviembre y el calendario procesal coloca la decisión cautelar en el centro de la agenda inmediata. El resultado será relevante tanto para el desarrollo de Sea Lion como para la estrategia jurídica argentina en el Atlántico Sur, pero el alcance definitivo de la controversia dependerá del proceso arbitral que deberá examinar el fondo del reclamo.
