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SENASA actualiza los controles de fumigación oficial para el comercio internacional

La Resolución 955/2026 establece un nuevo procedimiento nacional para supervisar y certificar tratamientos destinados al control de plagas cuarentenarias. La norma precisa las responsabilidades de las empresas fumigadoras, los solicitantes y los inspectores, incorpora requisitos técnicos y mantiene la prohibición de fumigar granos durante la carga y el tránsito terrestre, con excepciones específicas para contenedores herméticos destinados a exportación.

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó un nuevo procedimiento para la supervisión y certificación de los Tratamientos de Fumigación Oficial (TFO) aplicados en operaciones de comercio internacional. La medida, establecida mediante la Resolución 955/2026, publicada el 17 de noviembre en el Boletín Oficial, busca unificar criterios técnicos en todo el país, fortalecer los controles fitosanitarios y adecuar las prácticas a los estándares internacionales.

La actualización alcanza a los artículos reglamentados —con excepción de frutas y hortalizas— que requieren tratamientos para controlar plagas cuarentenarias bajo exigencias de los países importadores, protocolos bilaterales, disposiciones del propio organismo o solicitudes específicas de los exportadores.

El cambio tiene implicancias para exportadores, importadores, empresas de fumigación, operadores logísticos y responsables de instalaciones de tratamiento. La nueva regulación establece condiciones para la aplicación de productos fumigantes, los controles previos y posteriores, la seguridad de las unidades tratadas y la emisión de certificados oficiales.

Uno de los ejes centrales es que los tratamientos considerados oficiales deben ser solicitados al SENASA por los canales correspondientes, ejecutarse conforme al procedimiento aprobado y utilizar productos fitosanitarios de las categorías toxicológicas Ia —extremadamente peligrosos— o Ib —altamente peligrosos—, identificados con banda roja en sus marbetes. La supervisión debe estar a cargo de personal del organismo.

Más controles sobre las empresas y los tratamientos

La Resolución 955/2026 distribuye responsabilidades entre las distintas partes que intervienen en el proceso. Las empresas de fumigación deberán contar con procedimientos documentados para ejecutar los tratamientos y responder ante contingencias, además de disponer de personal capacitado, equipos de medición calibrados y elementos de detección de fugas.

Antes de comenzar cada operación, deberán presentar al inspector fitosanitario la nómina del personal involucrado, la documentación del producto que se utilizará y los datos técnicos para determinar la dosis correspondiente. También tendrán que verificar que la Unidad de Tratamiento de Fumigación (UTF) reúna condiciones de hermeticidad y seguridad, mediante la inspección de estructuras, puertas, juntas, burletes, conductos y sistemas de ventilación.

La exigencia alcanza también a la capacitación de quienes participan de la operación. El personal de depósitos, bodegas, instalaciones portuarias y otros espacios vinculados deberá recibir instrucciones sobre los riesgos de los fumigantes, las medidas preventivas, los procedimientos de apertura y las acciones ante emergencias.

Durante la aplicación, la empresa tendrá que controlar que no existan pérdidas, registrar los datos del tratamiento y comprobar el funcionamiento de los equipos de medición. Una vez finalizado el período de exposición, deberá realizar la ventilación de la unidad, salvo en los tratamientos autorizados en tránsito, hasta verificar que la concentración del fumigante no supere los valores límite de exposición establecidos.

El SENASA, por su parte, tendrá intervención antes, durante y después de la aplicación. El inspector fitosanitario deberá verificar las condiciones del sitio y del producto, supervisar la dosificación y los equipos utilizados, controlar la señalización y el precintado de la unidad y constatar el cumplimiento de los tiempos de exposición. Si detecta irregularidades, podrá labrar las actas correspondientes para iniciar actuaciones administrativas.

La certificación quedará a cargo de un Inspector Certificante, quien emitirá el Certificado de Tratamiento Fitosanitario Oficial o el Certificado Fitosanitario cuando lo requieran las condiciones establecidas por el país importador.

Fumigación en granos: se mantiene la prohibición durante la carga y el tránsito terrestre

Uno de los aspectos de mayor relevancia para la logística agroindustrial es la continuidad de las restricciones establecidas por la Ley 27.262. La resolución ratifica que está prohibido utilizar plaguicidas fumigantes sobre granos, cereales, oleaginosas, sus productos y subproductos durante la carga en camiones o vagones y mientras se encuentran en tránsito hacia su destino.

La disposición también exige documentación respaldatoria para las operaciones. En el caso de los granos, las Cartas de Porte para el Transporte Automotor y Ferroviario deberán incluir una declaración jurada en la que el responsable manifieste que la carga no fue tratada con plaguicidas fumigantes durante la carga y que no autoriza ese procedimiento durante el traslado.

Para las semillas, la declaración deberá incorporarse al Documento Identificatorio de Semilla Fiscalizada en Tránsito. De esta manera, la normativa vincula el control documental con la trazabilidad de las condiciones sanitarias de los productos movilizados.

La resolución contempla una excepción para contenedores herméticos destinados a exportación, siempre que estén consolidados y precintados oficialmente por la Dirección General de Aduanas, dentro de sitios habilitados como zona primaria aduanera, depósito fiscal, puerto seco o bajo el régimen de exportación a planta, y cuenten con intervención del SENASA.

En esos casos, la operación deberá cumplir las condiciones técnicas y documentales previstas. Durante el traslado, el envío tendrá que estar acompañado por el certificado fitosanitario o de tratamiento correspondiente, cuando haya intervenido el organismo, o por la documentación alternativa que establece la norma para los tratamientos realizados bajo acuerdos comerciales privados.

La distinción resulta relevante para la cadena exportadora: la regulación no habilita una fumigación generalizada de granos durante el transporte terrestre, sino que delimita una excepción para unidades herméticas y operaciones de exportación que cumplan condiciones específicas de control y trazabilidad.

Reglas para tratamientos en depósitos y buques

La nueva regulación también ordena los procedimientos para tratamientos estáticos dentro del territorio nacional y para fumigaciones realizadas durante el transporte marítimo.

En depósitos o sitios habilitados se autoriza la aplicación de tratamientos sobre contenedores o productos encarpados, siempre que se respeten las condiciones de seguridad, hermeticidad, identificación y señalización establecidas en los anexos de la resolución.

En el caso de las operaciones marítimas, el SENASA habilita la fumigación en bodegas de buques durante la travesía desde el puerto de salida hasta el destino final cuando el procedimiento responda a requisitos fitosanitarios del país importador, protocolos o planes de trabajo acordados, o solicitudes preventivas de los exportadores vinculadas con acuerdos comerciales.

Para granos y subproductos, la norma restringe los productos habilitados en bodegas a Fosfuro de Aluminio o Fosfuro de Magnesio. Además, establece que la aplicación debe realizarse una vez finalizada la carga de la bodega, independientemente de que se haya completado su capacidad.

La disposición contempla también situaciones en las que un segundo lote se carga sobre otro previamente embarcado. En esos casos, el tratamiento solo podrá realizarse cuando termine la carga total de la bodega y la certificación del primer lote quedará pendiente hasta completar la operación.

Estas exigencias buscan reducir la exposición de los trabajadores y de la tripulación a sustancias tóxicas, además de ordenar la coordinación entre las empresas fumigadoras, los responsables del buque y las autoridades de control. La señalización exterior de las unidades tratadas y la comunicación a la tripulación sobre los riesgos, los tiempos de exposición y las condiciones de apertura forman parte de las obligaciones previstas.

La resolución incorpora como referencias las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el uso seguro de plaguicidas en buques y las disposiciones del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG).

Seguridad, trazabilidad y responsabilidades en la cadena exportadora

La actualización también precisa qué productos pueden utilizarse. Todos los fumigantes deberán estar autorizados por el SENASA e inscriptos en el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios. Se prohíbe la aplicación de tratamientos con principios activos incluidos en el listado de sustancias prohibidas por el organismo.

El Bromuro de Metilo queda reservado exclusivamente para tratamientos cuarentenarios exigidos expresamente por un país importador, respecto de un producto y una plaga determinados. La norma prohíbe su utilización en bodegas de buques y mantiene su carácter de producto de uso muy restringido, limitado a tratamientos cuarentenarios en espacios herméticos y bajo las condiciones establecidas.

La dosis de aplicación deberá calcularse según el volumen de la unidad de tratamiento o el peso de la mercadería, de acuerdo con los requisitos del país importador, la receta agronómica o las indicaciones del marbete del producto, según corresponda. De esta forma, el procedimiento busca evitar aplicaciones que no respondan a parámetros técnicos previamente definidos.

Otro punto importante es la delimitación de responsabilidades. La resolución establece que el solicitante deberá gestionar la supervisión ante la oficina jurisdiccional del SENASA, disponer de un sitio habilitado, contratar una empresa de fumigación y asumir los costos correspondientes al servicio de supervisión y certificación.

A su vez, el organismo aclara que su intervención se limita a las competencias fitosanitarias previstas en la normativa. La supervisión, autorización o certificación de un tratamiento no exime a los actores privados de cumplir otras disposiciones nacionales, provinciales o municipales, ni los libera de su responsabilidad directa o solidaria por los riesgos derivados de sus actividades.

Este criterio se vincula con la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de quienes producen, elaboran, transportan, almacenan o comercializan productos de origen agropecuario respecto de la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de sus operaciones.

Un nuevo marco para el control fitosanitario internacional

La Resolución 955/2026 reemplaza el procedimiento aprobado por la Resolución 79/2023 y establece un esquema actualizado para la supervisión de los Tratamientos de Fumigación Oficial. También aprueba nuevos formularios y documentos técnicos vinculados con las solicitudes, las declaraciones de aplicación, la identificación de las unidades tratadas, las condiciones de seguridad y la emisión de certificados.

La norma faculta a la Dirección Nacional de Protección Vegetal a actualizar los procedimientos y establecer disposiciones complementarias. Asimismo, habilita al SENASA a celebrar convenios con organismos públicos, entidades académicas, colegios profesionales y asociaciones públicas, privadas o mixtas para mejorar la implementación del sistema.

Su entrada en vigencia está prevista para el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 18 de noviembre de 2026. Las actuaciones administrativas y los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad continuarán bajo las disposiciones vigentes al momento de los hechos investigados.

Para el comercio exterior agroalimentario, el desafío será compatibilizar los requisitos fitosanitarios de los mercados de destino con procedimientos verificables, condiciones de seguridad para los trabajadores y previsibilidad operativa. La actualización del marco regulatorio apunta a ordenar esa relación mediante criterios técnicos comunes, responsabilidades definidas y mayor trazabilidad de los tratamientos.

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