La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alto impacto institucional: el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, en una medida clave para reconstruir la evolución de su patrimonio.

El pedido había sido impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias y obras privadas. La causa se centra en presuntas inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos económicos detectados.

La decisión judicial habilita el acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones, cajas de seguridad y cualquier otro instrumento financiero vinculado a la pareja, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. El objetivo es “verificar el origen” de los fondos y reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera de los investigados.

Entre los bienes bajo la lupa aparecen dos propiedades: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

En el caso del departamento, la investigación apunta a la modalidad de financiamiento de la compra, en la que figuran como prestamistas un grupo de mujeres, algunas de ellas jubiladas. La Justicia busca establecer si estas personas contaban con capacidad económica real para otorgar los préstamos que habrían permitido concretar la operación.

En ese marco, también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres vinculadas a la operatoria: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Dos de ellas, además, participaron directamente en la venta del inmueble.

Obras, contratistas y trazabilidad de pagos

La causa también se extiende a las refacciones realizadas en la propiedad del country Indio Cuá. El fiscal citó a declarar al contratista Matías Tabar, representante de Grupo AA, quien deberá presentar documentación completa sobre la obra: presupuestos, contratos, facturación, comprobantes de pago y cualquier comunicación mantenida con Adorni o su esposa.

El requerimiento incluye además el detalle de los medios de pago utilizados —cuentas bancarias, billeteras virtuales, cheques u otros instrumentos— así como la identificación del personal que intervino en los trabajos y la trazabilidad de los insumos adquiridos.

En paralelo, la fiscalía solicitó información a la administración del country sobre el pago de la tasa de ingreso -estimada en 5.000 dólares- y las expensas del lote, con el objetivo de reconstruir el flujo financiero asociado al inmueble.

El avance de la investigación ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes tensiones políticas y económicas. A pesar del peso institucional del caso, Adorni continúa siendo sostenido como una pieza clave dentro de la estructura oficial.

La causa abre interrogantes sobre los mecanismos de control patrimonial en la función pública y agrega presión sobre un esquema de gestión que ya enfrenta cuestionamientos en distintos frentes.