“El Presidente no evalúa ninguna renuncia”, aseguró el vocero Manuel Adorni en medio de la ola de rumores sobre la posible salida del titular del Anses y de otros integrantes de la administración pública.

El vocero presidencial Manuel Adorni descartó la posibilidad de que Javier Milei eyecte de la gestión a funcionarios que responden a gobernadores que plantearon modificaciones a la ley ómnibus en la fallida sesión del martes pasado. “El Presidente no evalúa ninguna renuncia”, aseguró Adorni en su habitual contacto diario con los medios.

De esta manera, el Gobierno negó hoy que el Presidente evalúe la renuncia del director de la Anses, Osvaldo Giordano, después de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, y otros tres legisladores del bloque que responde al “cordobesismo” votara en contra del proyecto de Ley “Bases” en el Congreso nacional.

En su discurso matutino, el portavoz respondió a una consulta periodística sobre el destino de Giordano y señaló que “las decisiones de Gabinete no responden a cuestiones estrictamente políticas”. “Cada una de las funciones, personas y cargos las evalúa en función de cuestiones de gestión e idoneidad. En tal caso, si algún episodio o renuncia ocurre será por estas cuestiones y no por una cuestión política”, remarcó.

Las versiones se alimentaron por propias fuentes de la Casa Rosada, así como los likes y publicaciones del propio Milei desde las redes sociales. El jefe de Estado compartió el siguiente mensaje desde su cuenta personal de X: “La mujer del Director de Anses del gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres, votó en contra. Deberían echarlo inmediatamente por traidor”.

Pese al malestar y el enojo del oficialismo con el PJ cordobés, Adorni despejó dudas sobre la continuidad de Giordano, un funcionario alineado con el ex candidato presidencial, Juan Schiaretti, y el gobernador Martín Llaryora. Pero los legisladores nacionales que responden a este sector tuvieron reparos en el tratamiento de la ley, entre ellos, la pareja de Giordano, Alejandra Torres, Juan Fernando Brügge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez.

La sesión del martes había sido el foco de atención debido a las disputas entorno a modificaciones sugeridas a la Ley Ómnibus. Los gobernadores que presentaron objeciones buscaban reajustes antes de dar su aprobación, lo cual temporalmente colocó a los funcionarios que respondían políticamente a estos sectores bajo la lupa del Ejecutivo nacional.

Durante la rueda de prensa, Adorni dio indicios que el Gobierno no promoverá una consulta popular para tratar la Ley Bases, y que por el momento la estrategia legislativa se evitará.

“La sensación que dejó el Congreso es que no hay demasiada intención de empujar el cambio que la gente propuso con su voto en noviembre, con el 56 por ciento. En definitiva, ese fue o es nuestro mejor plebiscito”, señaló el vocero presidencial. “En esta falta de colaboración se evaluará qué camino tomar, y con el resto de las cuestiones tenemos herramientas constitucionales”, completó.

El vocero presidencial, también afirmó hoy que el Gobierno nacional redujo en “un 98 por ciento las transferencias discrecionales a las provincias”.

“Las cajas para hacer política se han terminado. Se terminó la plata para recitales de dudoso financiamiento y el empleo militante”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“Durante enero se redujeron 98 por ciento las transferencias discrecionales a provincias. Estamos transparentando un sistema que funcionaba en favor de la propia política. Los recursos se están enviando a través de las transferencias automáticas. Las discrecionales se han terminado”, comentó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El funcionario destacó que le medida se trató de una decisión del presidente Javier Milei y que responde a “lo que dijo siempre” sobre el tema.

A partir de esta reducción de las transferencias a las provincias, indicó Adorni, “las cajas para hacer política se ha terminado”.

“Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante. Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores”, sostuvo.

En diciembre pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, había expresado la decisión de “reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias” porque evaluó que se trataban de “recursos que lamentablemente en la historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos para ser política”.

Las transferencias discrecionales o no automáticas que la Nación gira a las provincias y la ciudad de Buenos Aires representan el 5,5% del total de los ingresos de los 24 distritos, aunque con una marcada dispersión entre los distritos, según un informe elaborado en su momento por la consultora Politikon Chaco, sobre la base a datos del Ministerio de Economía nacional y de los gobiernos provinciales.

Según esos datos, las transferencias discrecionales al total de los distritos del país representan en total el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

La reducción casi total de las transferencias discrecionales se conoció horas después de que el Gobierno anunciara una disminución del subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional para, de ese modo, concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

“La Secretaría de Transporte ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de jurisdicción nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar”, indicó en un comunicado el área dependiente del Ministerio de Infraestructura.

Además, a partir de este año se eliminará el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA.

“Esto guarda relación con el Pacto Fiscal que los gobernadores y el Gobierno nacional firmaron entre 2017 y 2018, en donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales. El objetivo de todo esto es la equidad a lo largo y ancho del país”, resaltó Adorni.

Ambas decisiones gubernamentales impactan en las finanzas de las provincias y se anunciaron dos días después de que el presidente Milei expresara su molestia con un grupo de gobernadores porque, indicó, los diputados que representan a las provincias en el Congreso Nacional no respaldaron con su voto el tratamiento en particular del proyecto de ley “Bases” tras haber recibido una aprobación en general.

About The Author