El modelo económico del gobierno libertario, sumado a la frágil herencia recibida, generaron un combo explosivo para las provincias que ven como mes a mes pierden recursos de manera altamente significativa. 

El viernes se conoció el dato de inflación difundido por el INDEC para el mes de marzo, que dio cuenta de una nueva desaceleración en la velocidad de crecimiento de precios aunque sosteniendo una base todavía muy alta para cualquier economía del mundo. Con ese dato confirmado, podemos dimensionar cuántos recursos perdieron las provincias en este primer trimestre del año. 

Solamente considerando las transferencias del orden nacional (automáticas y no automáticas), el Gobierno distribuyó en los primeros tres meses del año un total de $6.800.989 millones a las 24 jurisdicciones subnacionales. Dicho de otro modo, fueron $6,8 billones. De ese total, el 99% corresponde a transferencias automáticas y apenas el 1% a las no automáticas. Esa cifra, si la comparamos respecto al primer trimestre del 2023, equivale a una caída en términos reales del 23,1%. En pesos constantes del 2024, representa una pérdida de recursos por el orden de los $2 billones de pesos. 

Se trata de una caída inédita para los últimos años, y se explica principalmente por tres razones: la caída de la recaudación tributaria nacional producto de la recesión económica (con el IVA como emblema); la caída de la recaudación del impuesto a las Ganancias por la modificación realizada por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en el epílogo de la campaña electoral, que prácticamente eliminó el fondeo por este impuesto para la cuarta categoría; y los recortes, por decisión de Javier Milei de los fondos extracoparticipables que aplicó -y aplica aún- el gobierno nacional como una de las insignias centrales del ajuste del gasto público, eliminando no solo el financiamiento para obra pública y programas de promoción social sino también otros elementos claves, que tenían garantía de ley, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y las transferencias para cubrir las cajas previsionales provinciales no transferidas. 

Esta tríada provocó un grave desfinanciamiento a las provincias que no pueden soportarlo de igual manera: algunas cuentan con espaldas más robustas para soportar algún tiempo, y otras empiezan a mostrar fuertes complicaciones en el manejo de sus finanzas. La pérdida de recursos en este sentido no implica solamente recortar el gasto en alguna partida, sino que más grave aún, implica la necesidad de que las provincias usen fondos reasignados de sus propios presupuestos para cubrir los ajustes nacionales. 

El caso más emblemático es el del FONID: no se trata de un aspecto que pueda ser descartado y cortado sin más, sino que es era un fondo destinado a una parte del salario docente y las provincias necesariamente deben cubrirlo de otro modo. Misiones avanzó en ese aspecto, como Chubut, en la creación de un fondo provincial que cubra ese desfinanciamiento nacional para que la “lucha contra la casta” que propone el gobierno libertario no caiga en los trabajadores. Pero para ello se requiere contar con una muy precisa ingeniería financiera que permita seguir financiando, a la vez, el propio funcionamiento del Estado, desarrollo de obras, programas sociales e inversión. 

Dado su alto volumen, la pérdida de recursos por transferencias automáticas es la más fuerte: totaliza $1,6 billones; las pérdidas por transferencias no automáticas son por $440 mil millones. 

Vamos al caso de Misiones. En el primer trimestre del año Misiones recibió por transferencias nacionales $213.989 millones: de ese total, el 99,8% corresponden a las automáticas y solo el 0,2% a las no automáticas, una situación que ya de entrada marca el enorme recorte de esos envíos a la provincia por parte del gobierno nacional. Para poner en contexto esto, en el año 2017 las no automáticas representaron en Misiones el 13,7% de los envíos totales. Luego se fue reduciendo la participación, quedando por debajo del 10%, aunque en niveles muy superiores a los actuales. 

Si medimos los envíos nacionales del 2024 contra los del 2003, a precios actuales, Misiones viene sufriendo una merma de recursos del orden de los $63.966 millones, el equivalente al 6% de los recursos totales de la provincia para este año según la ley de presupuesto provincial. 

De ese total acumulado de pérdida, $51.492 millones corresponden a transferencias automáticas y $12.473 millones dejó de percibir la provincia por envíos no automáticos. 

La variación interanual real es de -23,0% total, compuesto por un -19,4% en los envíos automáticos y -97,3% en los no automáticos. Así, la pérdida total misionera, en el plano nacional, se ubica a mitad de tabla entre las provincias del país. 

Este recorte de fondos no se vio ni en 2020 con medio mes parado por la pandemia (los envíos totales nacionales del 2024 están -16,3% por debajo de ese año); ni en 2019 en pleno proceso recesivo (-23,1% contra ese año). 

Están provocando a las provincias una crisis totalmente evitable si existiese una mínima visión federal por parte del Estado nacional. 

La recuperación no será rápida ni sencilla. Salir de la recesión va a llevar un buen tiempo ya que la recuperación de la actividad en forma de V, tiene cada vez menos consenso, y se espera más bien una en forma de pipa. Esto demorará el proceso de reactivación de la actividad y sus consecuencias, en la recaudación. Una pequeña luz podría venir por parte de la modificación del impuesto a la Ganancias, aunque todavía es una disputa política que no tiene garantizada su aprobación. A estos elementos le prenden una vela los gobernadores, porque no hay señal alguna de que el gobierno nacional sea el que dé herramientas para evitar profundizar los huecos en las finanzas provinciales. 
A la par, el perfil centralista de la política fiscal del Gobierno está cada vez más consolidado: los impuestos que muestran recuperación en su recaudación son los que no se coparticipan. Así, la Nación se queda con una porción cada vez más grande de la torta tributaria.

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