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Argentina-Brasil: arquitectos podrán trabajar temporalmente sin revalidar su título

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El acuerdo permitirá que arquitectos argentinos puedan desarrollar temporalmente proyectos en Brasil y que arquitectos brasileños puedan hacerlo en Argentina, sin necesidad de revalidar sus títulos, respetando los procedimientos y requisitos establecidos para el ejercicio temporal.

La medida tiene una importancia particular para las ciudades de frontera, especialmente en una región integrada como la de Puerto Iguazú y Foz do Iguaçu, donde existe un intercambio permanente de actividades, inversiones y proyectos a ambos lados del límite internacional.

El convenio simplifica los trámites de movilidad profesional y establece mecanismos de verificación de matrícula entre Argentina y Brasil, facilitando que los profesionales acrediten su condición ante las instituciones correspondientes.

“Este convenio simplifica trámites y elimina barreras que hasta ahora dificultaban la movilidad profesional entre Argentina y Brasil”, destacó David Ray, presidente de FADEA.

Según informó FADEA, el acuerdo es resultado de dos años de trabajo conjunto y del consenso de las 22 entidades que integran la Federación en todo el país.

Para una frontera como Puerto Iguazú–Foz do Iguaçu, el convenio representa un dato significativo: amplía las posibilidades para que profesionales de ambas ciudades puedan participar temporalmente de proyectos del otro lado de la frontera con procedimientos más simples.

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Récord de exportaciones agroindustriales con 84,26 millones de toneladas en los primeros 8 meses

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones agroindustriales entre enero y agosto de 2026 marcaron un récord histórico con 84,26 millones de toneladas y USD 37.525 millones, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC. Asimismo, mostraron que 126 productos lograron los mayores montos de la década.

Estos resultados representan un crecimiento interanual del 10% en volumen y 13% en valor para el período mencionado.

Entre los productos que se destacan se encuentran la carne bovina, deshuesada, congelada con USD 1.889 millones (+40%); aceite de girasol con USD 1.842 millones (+55%); carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada USD 1.051 millones (+36%); crustáceos congelados USD 756 millones (+77%); girasol con USD 623 millones exportados (+869%); miel con USD 223 millones (+59%); limón con USD 203 millones (+ 45%); tabaco desvenado con USD 158 millones (+18%); queso muzzarella con USD 183 millones (+15%); maderas aserradas con USD 107 millones (+25%); entre otros.

A su vez se destacan productos que aún mantienen bajos montos exportados pero que alcanzaron un récord: orégano, café tostado sin descafeinar, semillas de coriandro, kiwi, semillas de trébol, salvados de cereales, aceite de jojoba, preparaciones de tomate, etc.

Los principales destinos de venta para la agroindustria fueron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia.

Se destacan los incrementos en las ventas a Bulgaria (+2.990%) dado por el girasol; Rumania (+424%) por girasol y maní; Mozambique (+388%) por aceite de soja; Jordania (+295%) por aceite de girasol, maíz y cebada; Filipinas (+248%) por maíz y legumbres; Tailandia (+201%) por trigo y legumbres; Venezuela (+133%) por productos de soja; Turquía (+132%) por girasol, maíz y soja; Colombia (+103%) por aceite de soja y legumbres; España (crustáceos y girasol) e Israel (+81%) por carne bovina.

Las exportaciones de la agroindustria manifiestan mes a mes un crecimiento permanente que consolida la presencia de los productos en el mundo.

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Misiones achica la burocracia industrial: pequeñas fábricas podrán obtener su habilitación en diez días

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Misiones decidió recortar tiempos administrativos en uno de los primeros pasos que enfrenta cualquier pequeña industria antes de comenzar a producir. El Ministerio de Industria puso en marcha un régimen simplificado para la radicación y habilitación de establecimientos de menor escala, con una modificación central: si la empresa cumple los requisitos establecidos, la administración tendrá un máximo de diez días hábiles para emitir la habilitación industrial.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 77/26 y apunta a reducir la carga burocrática que supone la presentación de documentación técnica para emprendimientos industriales pequeños.

El cambio no elimina los controles ni las responsabilidades empresariales. Modifica el momento en el que se realizan: menos documentación previa para habilitar y mayor peso de la fiscalización posterior en la planta.

De la carpeta técnica a la declaración jurada

El nuevo esquema permite sustituir determinadas exigencias técnicas del procedimiento tradicional por un trámite abreviado basado en una Declaración Jurada y documentación básica.

La lógica es simplificar el ingreso al sistema formal de aquellas industrias comprendidas en el régimen, evitando que requerimientos administrativos o técnicos que pueden verificarse posteriormente prolonguen el proceso de radicación.

Una vez presentada la documentación, será la Dirección General de Industria la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos.

Allí aparece uno de los principales cambios de la resolución: el organismo deberá emitir la Disposición de Habilitación Industrial dentro de un plazo máximo de diez días hábiles.

Para una pequeña empresa, la reducción de tiempos no es un dato menor. Cada semana que transcurre entre la inversión inicial y la habilitación puede representar capital inmovilizado, alquileres, salarios, equipamiento instalado y costos financieros antes de comenzar a producir.

Menos control previo, más fiscalización posterior

La simplificación administrativa no implica una flexibilización de las obligaciones vinculadas con seguridad, higiene o ambiente.

Las empresas alcanzadas deberán continuar cumpliendo esas normas y conservarán plenamente sus responsabilidades legales. Lo que cambia es el esquema de intervención estatal.

En lugar de concentrar buena parte de los recursos administrativos en controles documentales previos, Industria trasladará el foco hacia la fiscalización posterior de los establecimientos.

El modelo supone así una mayor responsabilidad para el empresario al momento de presentar la declaración jurada: la reducción de requisitos iniciales no libera a la firma del cumplimiento material de las normas que regulan su actividad.

La autoridad provincial conserva además la capacidad de realizar inspecciones y verificar posteriormente que lo declarado coincida con las condiciones efectivas de funcionamiento de la planta.

La simplificación alcanza a expedientes que ya están en trámite

La Resolución 77/26 incorpora además un elemento relevante para las empresas que ya habían iniciado sus gestiones.

El procedimiento simplificado será aplicable también a las solicitudes de radicación o habilitación industrial actualmente en trámite y que todavía se encuentren pendientes de resolución.

De esta manera, el beneficio no queda limitado a los nuevos proyectos industriales, sino que puede reducir los tiempos de expedientes que ya estaban dentro del circuito administrativo.

La normativa excluye la presentación de determinados documentos técnicos exigidos por el procedimiento original, aunque mantiene sin modificaciones las responsabilidades legales de cada establecimiento y las facultades de inspección del Ministerio.

El cambio introduce, en definitiva, una lógica diferente para las pequeñas industrias: el Estado deja de colocar todo el peso del control antes de la habilitación y pasa a privilegiar una entrada más rápida, respaldada por declaración jurada, con fiscalización posterior.

En una provincia que busca ampliar su base industrial y sumar valor agregado a la producción primaria, los diez días fijados como plazo máximo son algo más que una modificación administrativa. Para una pequeña fábrica, pueden significar reducir el tiempo que separa una inversión de su puesta efectiva en producción.

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Alarma en la industria: faltan pedidos y las fábricas anticipan menos empleo y producción

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La industria argentina llega al último tramo de 2026 con una señal que atraviesa prácticamente todos sus indicadores: faltan pedidos. No son los insumos, la energía ni la disponibilidad de trabajadores los que encabezan las preocupaciones de las fábricas. El problema está antes, en la demanda. Más de la mitad de las empresas señala al mercado interno como el principal obstáculo para aumentar la producción.

La última Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera del INDEC, difundida este lunes y con expectativas para septiembre-noviembre, muestra un escenario de cautela que se profundizó en agosto. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) cayó a -20,2%, después del -17,2% de julio y el -17,8% de junio. Es, además, uno de los registros más bajos de 2026.

El dato importa porque el ICE no pregunta simplemente si los empresarios son optimistas o pesimistas. Combina tres variables directamente vinculadas con la marcha de las fábricas: las expectativas sobre el volumen futuro de producción, la situación actual de la cartera de pedidos y los stocks de productos terminados.

Y las tres, leídas en conjunto, dibujan una industria que no encuentra todavía un motor firme para acelerar.

El dato más contundente aparece en las órdenes de compra.

En agosto, el 52,9% de las empresas manufactureras consideró que su cartera total de pedidos estaba por debajo de lo normal. Otro 44,9% la calificó como normal y apenas 2,2% afirmó encontrarse por encima.

El balance entre respuestas positivas y negativas quedó así en -50,7 puntos, con un indicador de difusión de apenas 24,7%.

La dimensión del desequilibrio ayuda a entender el resto de la encuesta: por cada empresa que declara pedidos superiores a los habituales hay alrededor de 24 que los ubican por debajo de lo normal.

No se trata, además, de un cuello de botella productivo. Cuando el INDEC preguntó cuál era el factor más importante que impedía aumentar la producción, el 53,6% respondió que era la insuficiencia de la demanda interna. Tres meses antes había contestado lo mismo el 53,2%, de modo que prácticamente no hubo mejora.

Muy lejos aparecen la competencia de productos importados, mencionada por el 10,1%; la incertidumbre económica, con 6,7%; los problemas financieros y la escasez de materias primas, insumos o componentes, ambos con 4,4%; y la insuficiencia de demanda externa, con 3,7%. Sólo 6,7% respondió que no encontraba ningún impedimento para producir más.

Es uno de los puntos económicos más relevantes del informe. La competencia importada aparece como un factor, pero está muy lejos del peso que las propias empresas asignan a la debilidad del mercado doméstico: la demanda interna es mencionada más de cinco veces que las importaciones como principal restricción para expandir la producción.

Las exportaciones resisten mejor

La foto del mercado externo es menos negativa. El 55,6% de los industriales considera normal su volumen actual de exportaciones; 36,9% lo ubica por debajo de lo habitual y 7,5%, por encima. El balance es negativo en 29,4 puntos, pero sensiblemente menos deteriorado que los -50,7 puntos de la cartera total de pedidos.

La diferencia se vuelve todavía más interesante cuando las empresas miran hacia adelante.

Para septiembre-noviembre, 18,2% espera aumentar sus exportaciones y 17,1% prevé una disminución. El 64,7% no anticipa cambios. Es una de las pocas variables de la encuesta cuyo balance futuro permanece en terreno positivo: +1 punto.

El mercado externo aparece así como una excepción dentro de un tablero dominado por balances negativos.

Las expectativas de actividad tampoco anticipan un despegue inmediato.

Para los próximos tres meses, 64,9% de las empresas espera mantener sin cambios su volumen de producción. Pero entre quienes sí proyectan modificaciones predominan las respuestas negativas: 19,7% espera producir menos y 15,4% anticipa un aumento.

El balance queda en -4,3 puntos.

La explicación vuelve a encontrarse en el consumo doméstico. Frente a la pregunta sobre los pedidos provenientes del mercado interno, el 23,8% espera una disminución y sólo 13,8% proyecta una mejora. El restante 62,4% no prevé modificaciones.

El balance de expectativas para la demanda interna cae así a -10 puntos.

No aparece en el horizonte inmediato una caída generalizada de la producción, pero tampoco una recuperación difundida entre las empresas. La respuesta dominante es la estabilidad en niveles que, para buena parte del sector, ya están condicionados por una cartera insuficiente de pedidos.

El punto más delicado aparece en las decisiones laborales.

Casi ocho de cada diez industriales -79,8%- esperan mantener sin cambios sus dotaciones durante septiembre-noviembre. Pero dentro del grupo que anticipa movimientos, la diferencia es considerable: 16,5% prevé reducir personal y apenas 3,7% espera aumentarlo.

El balance de expectativas de empleo es de -12,8 puntos.

La misma señal aparece en la utilización del personal existente. El 77,2% espera mantener las horas trabajadas, mientras que 17% anticipa reducirlas y sólo 5,8% proyecta incrementarlas. El balance es de -11,2 puntos.

Ambas variables juntas ofrecen una lectura más precisa que el empleo por sí solo: ante una demanda todavía débil, la respuesta mayoritaria de las empresas no es contratar sino conservar la estructura actual, mientras que entre quienes planean cambios prevalecen los ajustes.

Las condiciones financieras siguen agregando restricciones. El 25,3% de las empresas define su situación financiera como mala, frente a sólo 11% que la considera buena. Para 63,7% es normal. El balance resulta negativo en 14,2 puntos.

Más adversa es la percepción sobre el financiamiento: 31,4% considera difícil acceder al crédito, apenas 6% lo considera fácil y 62,5% lo evalúa como normal. El balance alcanza -25,4 puntos.

No es, sin embargo, lo que las empresas identifican como su principal problema productivo: sólo 4,4% señala los problemas financieros como el factor más importante que limita su capacidad de aumentar la producción. El contraste vuelve a llevar al mismo punto: aun con dificultades financieras, el cuello de botella dominante está en las ventas.

Hay otra combinación que merece atención.

El 64,4% de las industrias considera adecuado su nivel de productos terminados, pero 20,6% dice tener stocks por encima de lo adecuado, frente a 15% que los considera insuficientes. El balance queda en terreno positivo, en 5,6 puntos.

Por sí solo, un stock elevado no necesariamente implica un problema. Pero combinado con una cartera de pedidos cuyo balance se hunde hasta -50,7 puntos y expectativas negativas para la demanda interna, constituye otra señal de la dificultad para acelerar la producción.

La evaluación general de los negocios acompaña esa lectura. El 62,3% califica su situación actual como normal, pero 30% la considera mala y sólo 7,7% buena. El balance es de -22,4 puntos.

La debilidad de la demanda tampoco elimina completamente las expectativas de aumentos.

Para septiembre-noviembre, 30,5% de los industriales espera incrementar sus precios promedio de venta, 62,4% cree que permanecerán sin modificaciones y sólo 7,1% proyecta reducciones.

El INDEC aclara que esta variable no integra el cálculo de confianza empresarial y deliberadamente no establece un balance positivo o negativo, porque la interpretación de una suba de precios depende del contexto económico.

El dato, sin embargo, agrega una pieza relevante: incluso con expectativas débiles de producción y demanda, prácticamente tres de cada diez empresas todavía proyectan aumentos de precios durante los próximos tres meses.

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ANDIS: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones y la causa suma un testimonio clave

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Una diferencia de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abrió un nuevo frente sobre el funcionamiento del organismo, mientras la investigación judicial por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos se prepara para incorporar esta semana el testimonio de Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo.

El dato surge de la auditoría integral realizada después de la intervención de la ANDIS. El relevamiento abarcó el funcionamiento del organismo hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue desplazado su entonces director, Diego Spagnuolo, e incluyó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.

La inconsistencia aparece al comparar los registros de dos áreas centrales: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS).

Los auditores solicitaron a ambas dependencias información sobre pagos y obligaciones pendientes y encontraron diferencias sustanciales. La DNASS, vinculada entre otros programas a Incluir Salud, informó el mayor volumen de deuda.

La distancia entre ambos listados de Deuda Exigible alcanzó exactamente los $158.717.131.557,63.

El número es significativo, aunque la propia documentación obliga a diferenciar una inconsistencia contable de una eventual irregularidad. La auditoría detectó que dos dependencias del mismo organismo informaban cifras diferentes, pero determinar por qué ocurrió, cuál de los registros refleja correctamente las obligaciones existentes y si hubo responsabilidades forma parte de las instancias posteriores de control y de la investigación judicial.

De hecho, la auditoría advirtió que podían existir imprecisiones en los datos suministrados por la DNASS. Desde esa dependencia se explicó que algunos importes y clasificaciones pudieron modificarse por errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores.

Pagos por casi $480.000 millones

El relevamiento puso además la lupa sobre el mecanismo conocido como “legítimo abono”, utilizado para pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

Según la auditoría, esa modalidad todavía se utilizaba al momento del corte del relevamiento y apenas se habían iniciado seis procedimientos de compra relacionados con esos servicios. Sin embargo, el informe no pudo determinar específicamente cuáles de los pagos habían sido realizados mediante ese mecanismo.

Hay otro número que dimensiona el volumen económico bajo análisis: entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones.

La DNASS también se encuentra entre las áreas analizadas por el fiscal federal Franco Picardi, quien investiga presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de medicamentos. En el expediente se analizan posibles sobreprecios y eventuales pagos indebidos, cuestiones que todavía deben ser determinadas judicialmente.

Un testimonio que puede abrir otra línea en la causa

Mientras avanza el análisis de la documentación administrativa, la investigación tendrá esta semana otro capítulo. Nadia Beller declarará como testigo ante la Justicia argentina el miércoles 23 de septiembre a las 10, mediante videoconferencia desde Bolivia.

La declaración será recibida por Picardi y tendrá carácter reservado. También se solicitó la presencia de fiscales bolivianos durante la audiencia para garantizar su seguridad, después del ataque a balazos que Beller sufrió en Bolivia el 17 de agosto.

Su testimonio interesa particularmente por otra pieza de la investigación: los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron origen a la causa por presuntas coimas dentro de la ANDIS.

Beller afirmó públicamente que posee conversaciones grabadas con Cerimedo que podrían aportar información sobre el origen y la filtración de esos registros. También señaló a Cerimedo y a Natalia Basil como las personas que, según su versión, estuvieron detrás de su difusión. Son afirmaciones que deberán ser contrastadas y eventualmente corroboradas por los investigadores.

El celular bajo análisis

El 18 de septiembre, Beller declaró ante la Justicia boliviana en otra causa contra Cerimedo, por presunto enriquecimiento ilícito, y entregó su teléfono celular.

Según la información incorporada al caso, el dispositivo contendría las conversaciones y grabaciones que Beller asegura haber mantenido con el consultor. Si el fiscal argentino lo solicita, esos archivos podrían ser requeridos mediante los mecanismos de cooperación judicial internacional entre Argentina y Bolivia.

El acceso al teléfono podría sumar material a la investigación, aunque su existencia no acredita por sí misma el contenido ni la veracidad de las conversaciones. Los archivos deberán atravesar las correspondientes pericias y verificaciones judiciales.

La causa ANDIS avanza así por dos carriles que pueden terminar cruzándose. Uno sigue el dinero y busca explicar cómo dos áreas del mismo organismo llegaron a exhibir una diferencia superior a $158.700 millones en sus registros de deuda, además de reconstruir los mecanismos utilizados para contratar y pagar medicamentos e insumos.

El otro intenta reconstruir el origen y la circulación de los audios que instalaron las denuncias sobre presuntas coimas. El testimonio de Beller y, eventualmente, el contenido de su teléfono pueden convertirse en nuevas piezas de una investigación que todavía tiene buena parte de sus interrogantes abiertos.

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