La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió al centro de la agenda política nacional y Misiones aparece como uno de los principales focos del debate. El proyecto de ley denominado “De Inviolabilidad de la Propiedad Privada” (Exp. PE 27/2026) propone eliminar los principales límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 para regular la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
En ese contexto, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra presentó un informe dirigido al Senado de la Nación en el que sostiene que Misiones reúne condiciones que la convierten en una de las provincias más vulnerables frente a una eventual liberalización del mercado de tierras.
El documento combina datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, estadísticas económicas provinciales y un análisis de la crisis que atraviesa el sector yerbatero para argumentar que la eliminación de los límites podría acelerar un proceso de concentración de la propiedad rural.
Una provincia con alta participación de tierras en manos extranjeras
El informe señala que, según datos procesados por el Observatorio de Tierras (CONICET-UBA) a partir del Registro Nacional de Tierras Rurales, unas 325.000 hectáreas de Misiones están en manos extranjeras, equivalentes al 11,2% de la superficie provincial.
Sin embargo, advierte que el promedio provincial oculta fuertes diferencias territoriales. Cinco departamentos ya superarían el límite del 15% previsto por la legislación vigente:
- Iguazú: 40%
- Montecarlo: 18%
- Libertador General San Martín: 17%
- Eldorado: 16%
- Concepción: 16%
El informe sostiene que, de aprobarse el proyecto oficial, esos topes dejarían de existir y las provincias perderían parte de las herramientas institucionales para intervenir en este tipo de operaciones.
Qué propone el proyecto
La Ley 26.737 estableció límites a la tenencia extranjera de tierras rurales y creó un esquema de control compartido entre Nación y provincias.
Según el análisis presentado por la Coalición, el nuevo proyecto elimina las restricciones cuantitativas para compradores extranjeros y modifica el régimen de control vigente. El documento interpreta que esto supone, en los hechos, una derogación de los principales artículos de la ley aprobada en 2011.
Desde el Gobierno nacional, el argumento es diferente: la iniciativa busca fortalecer el derecho de propiedad y facilitar inversiones privadas, diferenciando las adquisiciones realizadas por particulares de aquellas impulsadas por Estados extranjeros. Ese punto constituye uno de los principales ejes del debate parlamentario.
Uno de los aspectos centrales del informe es que la discusión no puede analizarse aislada del contexto económico.
El documento menciona una caída del empleo privado registrado, una reducción en la cantidad de empresas activas y un deterioro del mercado laboral formal durante los últimos años. También destaca que el Producto Bruto Geográfico mostró recuperación respecto de la pandemia, aunque sin traducirse plenamente en creación de empleo privado.
La tesis de la Coalición es que un escenario de menor rentabilidad productiva podría incentivar la venta de establecimientos rurales, especialmente entre pequeños productores con dificultades financieras.
La crisis yerbatera entra en la discusión
El reporte dedica un capítulo completo a la situación de la yerba mate.
Sostiene que la desregulación del mercado iniciada tras el DNU 70/2023 redujo la capacidad de intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y profundizó el deterioro de los ingresos de los productores.
Entre los indicadores que cita figuran:
- una participación del productor equivalente al 11% del precio final en góndola;
- una caída del 43% en la cosecha de hoja verde entre enero-abril de 2024 y el mismo período de 2026;
- una pérdida del 74% del poder adquisitivo del precio pagado al productor respecto de la inflación.
El documento plantea que esa pérdida de rentabilidad puede aumentar la presión para desprenderse de explotaciones rurales, aunque se trata de una interpretación elaborada por los autores del informe y no de una proyección oficial.
Un debate que trasciende a Misiones
La Coalición amplía el análisis hacia una dimensión geopolítica. Cita información del Observatorio de Tierras y de Land Matrix según la cual Argentina registra alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, mientras 36 departamentos del país ya superarían el límite legal establecido por la normativa vigente.
Sobre esa base, sostiene que la tierra rural adquiere un valor estratégico creciente por factores como el acceso al agua dulce, la biodiversidad, la producción de alimentos y el cambio climático.
La discusión, en definitiva, enfrenta dos visiones sobre el régimen de tierras rurales. Por un lado, quienes sostienen que flexibilizar las restricciones favorecerá la inversión y el desarrollo productivo. Por otro, quienes consideran que eliminar esos límites incrementará los riesgos de concentración de la propiedad y reducirá la capacidad del Estado para resguardar recursos considerados estratégicos.
Con una elevada participación de capital extranjero en algunos departamentos, una estructura productiva fuertemente ligada a la tierra y una crisis persistente en sectores como la yerba mate, Misiones aparece como una de las provincias donde el resultado del debate parlamentario podría tener mayor impacto.
