Bárbaro pide informes al Consejo de Discapacidad sobre el Programa Nacional de Transporte Institucional
El Bloque del Partido Agrario y Social solicita en un Proyecto de Comunicación, que el Poder Ejecutivo, a través del Consejo Provincial de Discapacidad, informe en relación al Programa Nacional de Transporte Institucional, sobre el total de fondos remitidos a la provincia desde el 2007 a la fecha, para organismos provinciales, municipales y ONGs por parte de la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis), para la adquisición de vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, detallando los aportes anuales según los destinatarios beneficiados.
Además, los diputados Héctor Bárbaro, autor de la iniciativa, junto a Martín Sereno, buscan saber el total de proyectos elevados a la Conadis por organismos oficiales, Municipios, Consejos Municipales de Discapacidad y ONG, con el objetivo de adquirir vehículos por medio del mencionado programa, desde 2007 a la fecha; el número de proyectos aprobados; detalles de la cantidad que se adquirió en el marco del programa, desde 2007 a la fecha, especificando organismos y ONGs responsables de la adquisición.
Además, los diputados Héctor Bárbaro, autor de la iniciativa, junto a Martín Sereno, buscan saber el total de proyectos elevados a la Conadis por organismos oficiales, Municipios, Consejos Municipales de Discapacidad y ONG, con el objetivo de adquirir vehículos por medio del mencionado programa, desde 2007 a la fecha; el número de proyectos aprobados; detalles de la cantidad que se adquirió en el marco del programa, desde 2007 a la fecha, especificando organismos y ONGs responsables de la adquisición.
También los legisladores requieren información sobre el estado actual de los vehículos, y en caso de que no exista dicha información, motivos por los cuales no se controla; si los organismos responsables como los Municipios adeudan rendiciones y de qué períodos se trata; si hubo reclamos al respecto desde la Conadis o el Tribunal de Cuentas de Misiones, y si en dichos expedientes se identificó a los funcionarios responsables de la inversión no realizada o la rendición adeudada.
Vehículos adquiridos para transporte institucional
Entre los fundamentos del proyecto, se destaca la normativa nacional conocida como Ley de Cheques (Nro 25.730) establece sanciones para los libradores de cheques rechazados por falta de fondos, o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales. Los fondos obtenidos por la aplicación de esta ley son destinados a la instrumentación de programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad, administrados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 153/96.
Una de las líneas de financiamiento de programas de la Conadis, es la que posibilita la adquisición de vehículos para el transporte institucional de personas con discapacidad, entre otros 25 programas para la inclusión financiados por la misma vía, y ejecutados directamente por organismos de Gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática de la discapacidad.
El programa de transporte institucional posibilitó la adquisición de combis de traslado para personas con discapacidad en distintos municipios e instituciones en la provincia. Según el mismo, se entiende por transporte accesible al vehículo que cuenta con equipamiento adecuado que permite el ascenso, descenso y traslado seguro de las personas con movilidad reducida (dotados de una rampa), y cada unidad debe estar destinada exclusivamente a facilitar el acceso de los discapacitados a servicios de salud, educación, trabajo y/o esparcimiento.
Una de las líneas de financiamiento de programas de la Conadis, es la que posibilita la adquisición de vehículos para el transporte institucional de personas con discapacidad, entre otros 25 programas para la inclusión financiados por la misma vía, y ejecutados directamente por organismos de Gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática de la discapacidad.
El programa de transporte institucional posibilitó la adquisición de combis de traslado para personas con discapacidad en distintos municipios e instituciones en la provincia. Según el mismo, se entiende por transporte accesible al vehículo que cuenta con equipamiento adecuado que permite el ascenso, descenso y traslado seguro de las personas con movilidad reducida (dotados de una rampa), y cada unidad debe estar destinada exclusivamente a facilitar el acceso de los discapacitados a servicios de salud, educación, trabajo y/o esparcimiento.
Necesidad de información
En el 2007, luego de una polémica por el mal uso del vehículo adquirido por el Municipio de San Vicente, el Consejo Provincial de Discapacidad informó a la opinión pública que entonces existía una red de 16 vehículos adquiridos con esas características en localidades de la provincia. El detalle de entonces señalaba que existía transporte institucional en Eldorado, San Vicente, Puerto Esperanza, San Pedro, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Campo Ramón, Oberá, Corpus, Alem. Apóstoles, San José, Posadas (Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Minoridad, Familia y Discapacidad) y en la ciudad capital, un vehículo del Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (IMEFIR).
Pasados diez años desde aquel último informe público sobre el programa, es necesario saber si en otros lugares accedieron al financiamiento, si recibieron los fondos, si se adquirieron los vehículos y si se les da el uso excluyente previsto. Y en su defecto, si existen Comunas que no hayan invertido adecuadamente los fondos, no hayan rendido, y quién o quiénes resultan responsables de dicho desvío, que podría constituir delitos contra la Administración Pública.
En el 2007, luego de una polémica por el mal uso del vehículo adquirido por el Municipio de San Vicente, el Consejo Provincial de Discapacidad informó a la opinión pública que entonces existía una red de 16 vehículos adquiridos con esas características en localidades de la provincia. El detalle de entonces señalaba que existía transporte institucional en Eldorado, San Vicente, Puerto Esperanza, San Pedro, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Campo Ramón, Oberá, Corpus, Alem. Apóstoles, San José, Posadas (Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Minoridad, Familia y Discapacidad) y en la ciudad capital, un vehículo del Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (IMEFIR).
Pasados diez años desde aquel último informe público sobre el programa, es necesario saber si en otros lugares accedieron al financiamiento, si recibieron los fondos, si se adquirieron los vehículos y si se les da el uso excluyente previsto. Y en su defecto, si existen Comunas que no hayan invertido adecuadamente los fondos, no hayan rendido, y quién o quiénes resultan responsables de dicho desvío, que podría constituir delitos contra la Administración Pública.
En Candelaria reclaman transporte
Este proyecto surge porque en Candelaria, hay personas con discapacidad que reclaman el transporte institucional desde hace más de ocho años, sin respuestas positivas a la fecha. Cansados de esperar, recurrieron al Partido Agrario y Social para que junto con el resto de los bloques, exijan la clarificación respecto del programa y su implementación.
Este proyecto surge porque en Candelaria, hay personas con discapacidad que reclaman el transporte institucional desde hace más de ocho años, sin respuestas positivas a la fecha. Cansados de esperar, recurrieron al Partido Agrario y Social para que junto con el resto de los bloques, exijan la clarificación respecto del programa y su implementación.
En Candelaria, al carecer de ese transporte, a los discapacitados que no cuentan con movilidad propia se les complica el traslado en colectivos urbanos (la mayoría no está adaptado para la accesibilidad, pese a que las empresas están obligadas) y no pueden hacer frente al costo del traslado particular en taxis o remises.
El Consejo Provincial de Discapacidad (integrado por miembros permanentes de organismos gubernamentales y ONG), tiene la función de asesorar, aconsejar, poner en valor las políticas públicas para la discapacidad, y evaluar cada proyecto presentado ante la Conadis.
El Consejo Provincial de Discapacidad (integrado por miembros permanentes de organismos gubernamentales y ONG), tiene la función de asesorar, aconsejar, poner en valor las políticas públicas para la discapacidad, y evaluar cada proyecto presentado ante la Conadis.
Recordaron que sus acciones y las del Estado en general, “están regidas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras leyes vigentes, que buscan impulsar acciones que permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, y depositar la mirada, entre otros puntos, en las barreras físicas y actitudinales, lograr el empoderamiento y la plena participación en la vida social y comunitaria”, especifican en la iniciativa presentada por el PAyS.
About The Author
