Herrera Ahuad pide retirar del Presupuesto reformas que restringen derechos de las personas con discapacidad
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El diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad, junto con otros doce legisladores, impulsa un proyecto de declaración para que el Gobierno retire del Presupuesto 2027 seis artículos que modifican el régimen de protección de las personas con discapacidad. La iniciativa cuestiona las restricciones propuestas para compatibilizar las pensiones con el empleo formal, los cambios en el financiamiento de las prestaciones y el deterioro de los recursos destinados a la cobertura sanitaria.
El pedido apunta a los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027, identificado en el documento como expediente 0013-JGM-2026. Los firmantes solicitan que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y la Secretaría Nacional de Discapacidad -ex ANDIS-, promueva su exclusión.
La presentación reúne las firmas de los cuatro diputados misioneros de Argentina Federal: Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik. También acompañan Bernardo Biella Calvet, Pablo Outes, Claudio Álvarez, Yolanda Vega, Oscar Zago, Eduardo Falcone, Maximiliano Ferraro, Álvaro González y Karina Maureira.
El planteo tiene dos dimensiones: el alcance de las reformas legales incorporadas al presupuesto y los recursos disponibles para sostener pensiones, tratamientos y servicios. Según los fundamentos, las disposiciones cuestionadas modificarían la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, 27.793, y el Sistema de Prestaciones Básicas, establecido por la Ley 24.901.
Los legisladores sostienen que esos cambios requieren un debate específico en las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. En ese sentido, invocan el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera y argumentan que la ley anual de presupuesto no debe utilizarse para introducir disposiciones permanentes o reformar leyes de fondo.
“Lejos de limitarse a una estimación contable de recursos y gastos, dichas disposiciones pretenden consolidar una reforma regresiva del régimen de protección de las personas con discapacidad”, expresa el proyecto.
Uno de los puntos centrales es la relación entre la pensión y el acceso al trabajo. De acuerdo con la interpretación de los firmantes, los artículos 36 y 37 vinculan la prestación con una noción de “invalidez laboral” e imponen incompatibilidades totales con el empleo formal. El cuestionamiento advierte sobre el efecto que esas condiciones podrían tener en las posibilidades de inclusión laboral de los beneficiarios.
A esas modificaciones se suma la situación de Incluir Salud, el programa de asistencia médica destinado a titulares de pensiones no contributivas. El documento señala que el financiamiento proyectado para 2027 presenta una reducción real del 13,9% frente al crédito asignado en 2026. Se trata de una comparación que considera la pérdida de poder de compra de los recursos, más allá de su evolución nominal.
Para los autores de la iniciativa, esa disminución compromete la provisión de medicamentos, insumos de alta complejidad y tratamientos de diálisis. Los fundamentos también consignan una caída real del 11,9% en el monto promedio de las pensiones no contributivas por invalidez respecto de los valores de 2023, aunque no precisan la fecha exacta de cierre de esa comparación.
Otro foco de la controversia es el artículo 39. Según el proyecto de declaración, la modificación permitiría que el Nomenclador de Prestaciones Básicas deje de establecer valores universales fijos y que cada entidad obligada a brindar cobertura determine sus propios aranceles.
Los diputados consideran que esa fragmentación debilitaría el papel regulador del Estado y afectaría el financiamiento de centros de día, servicios de rehabilitación y transporte especial. El reclamo pone así el foco tanto en los ingresos de las personas con discapacidad como en la continuidad de la red de instituciones y profesionales que presta asistencia.
La presentación también sostiene que las reformas vulneran el principio de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales y cuestiona la falta de consulta a las organizaciones del sector. Menciona, entre otras, a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y a la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA).
“Bajo la pretensión de racionalizar el gasto y aduciendo auditorías sobre la estructura de la ex ANDIS, lo que el Poder Ejecutivo Nacional instrumenta a través de este articulado es un recorte liso y llano sobre los beneficiarios más vulnerables del sistema”, afirman los legisladores.
El texto presentado es un proyecto de declaración: expresa un pedido político al Ejecutivo y busca el acompañamiento de la Cámara de Diputados. Su eventual aprobación no eliminaría por sí misma los artículos cuestionados, cuya continuidad deberá resolverse durante el tratamiento del Presupuesto 2027.
Con esta iniciativa, Herrera Ahuad y los demás firmantes buscan instalar el debate antes de la aprobación de las partidas. Reclaman que cualquier modificación del régimen de discapacidad tenga un tratamiento propio, con participación de las organizaciones y una discusión sobre sus consecuencias en el acceso al trabajo, los ingresos y la atención sanitaria.
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