Hay 209 mil hectáreas de yerba, 65 mil más que las reconocidas en la zona productora
La preocupación que sobrevuela en el sector productivo yerbatero es que haya una sobreproducción que tire abajo los precios y repita escenarios del pasado. El tractorazo de 2001 sobrevino por una profunda crisis de precios y la desaparición de muchos pequeños productores. En esa línea se enmarca el objetivo del Instituto Nacional de la Yerba Mate de establecer un cupo de plantaciones de hasta cinco hectáreas por productor, para comenzar, paulatinamente, a equilibrar la balanza.
La preocupación de los pequeños productores misioneros tiene asidero: hay más plantaciones de las que estaban transparentadas, lo que deja en evidencia la necesidad de regular el mercado: en total, según el relevamiento oficial del INYM, en la zona productora hay 209.276,89 hectáreas, 64.994 más que las que estaban declaradas oficialmente.
El relevamiento también refleja el desatino que significa que las políticas productivas no se resuelvan en el seno del INYM y terminen dependiendo del humor de la Nación o la voluntad de un juez de Corrientes: en Misiones se concentran 181.890,02 hectáreas de yerba, contra solo 27.386,86 de la vecina provincia, en los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó.
En Misiones la mayor cantidad de hectáreas se concentra en el departamento Oberá, con 24.472,57, seguida por Cainguás, con 19.717,23, Apóstoles, con 17.914,85, San Ignacio con 17.360,48 y General Belgrano, con 17.192,52. En San Pedro hay 14.355,40 y en Capital otras 4.095,85 hectáreas.
Las hectáreas reconocidas en el relevamiento no figuraban en ningún papel, aunque pudieran tener varios años de existencia. Pero que haya 64 mil más, es un dato que confirma la preocupación del sector productivo.
En Corrientes hay intenciones de ampliar la zona productiva para “no depender” de Misiones en la compra de materia prima.
Las Marías pretende plantar cinco mil hectáreas. El plan consiste en la renovación de 2.500 hectáreas de yerbales, mediante la remoción de los implantados más antiguos e improductivos para reemplazarlos por nuevos ejemplares a razón 500 hectáreas anuales.
Luego de cumplimentar esa primera etapa, continuará el plan con la implantación de 2.500 hectáreas adicionales sobre fracciones de inmuebles de su propiedad hoy no utilizadas con yerba mate.
Navar SA, empresa que hizo un amparo junto a Las Marías y Playadito en contra del cupo de plantaciones, cuenta con 700 hectáreas propias de yerba, distribuidas en cinco establecimientos dentro del departamento de Santo Tomé,.
Navar produce cerca de 7 millones de kilos de hoja verde (campaña 2021), los que dan un rendimiento promedio estimado de 10 mil kilogramos por hectárea.
Esta empresa posee un molino propio lo que permite la producción de sus dos marcas comerciales: Yerba Mate Primicia y Yerba Mate Don Justo. Comercializa cerca de 4.800.000 kilogramos de yerba. En la actualidad, cuenta con tierra ociosa y disponible para poder plantar 277 hectáreas de yerba, la cual en su momento se proyectó hacerlas en los próximos 4 años. En el amparo, esta firma hizo explícita su negativa a comprar yerba de Misiones: “Al no poder contar con esas tierras como consecuencia de las restricciones impuestas por el INYM (Resolución 170/2021), Navar se verá obligada a buscar la materia prima para poder afrontar la demanda en Misiones con los costos que esto implica, cuando lo podría producir por sí mismo, y de esa manera controlar y mejorar la calidad de nuestro producto, mantener un sabor unificado a través del tiempo, y por sobre todo nos hace más competitivos”, señala el documento.
Las hectáreas descriptas anteriormente le brindarían la materia prima suficiente y le darían la posibilidad de extender sus zonas de llegada de su yerba.
“La pérdida económica que implica no poder acceder a plantar dichas tierras rondarían por encima de los $60.000.000 anuales, sin tomar en cuenta el costo de oportunidad de tener esas tierras ociosas”, señala Navar en la demanda.
Por su parte, los socios de Playadito, invocan que la resolución del INYM implica “severísimas restricciones a los derechos constitucionales de trabajar, ejercer industria lícita, usar y disponer de la propiedad, entre otros”.
