ECONOMIA

Acción Cooperativa tendrá 6,58% menos de presupuesto y apuesta a digitalización, exportaciones e incubación de proyectos

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El escenario de restricciones fiscales también tendrá impacto en el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de Misiones, que para 2027 proyecta una reducción del 6,58% de su presupuesto. Frente a ese escenario, el ministro Matías Vilchez anticipó que la estrategia estará concentrada en optimizar los recursos disponibles y desarrollar nuevas herramientas para acompañar a cooperativas, emprendedores y pequeños actores económicos de toda la provincia.

Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Vilchez señaló que el organismo representará el 2,13% del presupuesto provincial y planteó que la reducción obliga a revisar mecanismos de intervención y buscar mayor eficiencia en la utilización de los fondos.

El desafío, según explicó, será sostener las políticas del Ministerio con menos recursos y, al mismo tiempo, adaptar las herramientas públicas a los cambios que atraviesan la producción y la comercialización.

Capacitación para vender de otra manera

Uno de los ejes centrales para 2027 será profundizar las capacitaciones destinadas a cooperativas y emprendedores, pero con un enfoque cada vez más orientado a las nuevas formas de comercialización.

La estrategia incluye formación en herramientas digitales, nuevos canales de venta y oportunidades de exportación, con la intención de ampliar mercados y mejorar la capacidad de los pequeños productores para colocar sus productos.

La digitalización también será aplicada al funcionamiento del propio Ministerio.

Vilchez planteó avanzar en herramientas que permitan acercar trámites, programas y servicios a cooperativas y emprendedores del interior, reduciendo distancias y mejorando el acceso a las políticas públicas.

La premisa será, según sintetizó, “trabajar fuerte en la digitalización y la optimización de los recursos”.

Una incubadora para transformar ideas en proyectos

Entre las principales novedades para el próximo ejercicio aparece la creación de una incubadora de proyectos.

La herramienta buscará acompañar iniciativas desde sus primeras etapas, brindando asistencia para que ideas productivas o comerciales puedan convertirse en emprendimientos sostenibles.

En un escenario donde el financiamiento público tendrá mayores restricciones, el objetivo es que el Estado no intervenga únicamente mediante transferencias de recursos, sino también a través de capacitación, asistencia técnica, vinculación y generación de oportunidades comerciales.

La incubadora se integrará así a una estrategia que busca mejorar las posibilidades de supervivencia y crecimiento de pequeños proyectos productivos.

Cooperativas escolares como “escuelas de valores”

Otro de los ejes que Vilchez pretende profundizar durante 2027 será el trabajo con las cooperativas escolares.

El ministro las definió como verdaderas “escuelas de valores”, por su capacidad para introducir desde edades tempranas conceptos relacionados con cooperación, organización colectiva, responsabilidad y administración de proyectos.

La intención es fortalecer este modelo como una herramienta educativa que trasciende la formación estrictamente económica y apunta a construir una cultura asociativa desde las escuelas.

La combinación de cooperativismo, capacitación y digitalización conformará así uno de los principales ejes de una cartera que deberá administrar menos recursos durante el próximo ejercicio.

Macroeconomía Circular mantendrá cerca de $100.000 millones para producción

En paralelo, el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, anticipó que el organismo proyecta para 2027 un presupuesto prácticamente similar al del ejercicio anterior, con una cifra cercana a los $100.000 millones.

A diferencia de Acción Cooperativa, el Instituto mantendría relativamente estable su volumen nominal de recursos, que se destina principalmente a áreas productivas y programas de acompañamiento a productores misioneros.

El objetivo para el próximo ejercicio será continuar con una política basada en la diversificación productiva y la producción de alimentos, dos ejes que el organismo considera estratégicos para fortalecer la economía de las chacras y ampliar la oferta local.

Semillas, plantines y más producción de alimentos

Entre las herramientas previstas se encuentra la continuidad de la entrega de semillas y plantines, orientada a incrementar y diversificar la producción.

La estrategia busca que las chacras misioneras puedan sumar alternativas productivas y generar alimentos tanto para autoconsumo como para comercialización.

En esa cadena adquieren relevancia los mercados concentradores, que funcionan como espacios de vinculación entre productores y consumidores y que seguirán formando parte de la estrategia del Instituto durante 2027.

La política apunta a combinar producción primaria, agregado de valor y canales de comercialización, buscando que una mayor proporción de los alimentos consumidos pueda ser abastecida por productores de la provincia.

Gervasoni también anticipó la continuidad del acompañamiento a secaderos y molinos, sectores relevantes para distintas cadenas agroindustriales de Misiones.

La asistencia busca contribuir al sostenimiento de la actividad productiva y evitar que las dificultades financieras o los costos operativos interrumpan procesos de industrialización que resultan necesarios para agregar valor a la producción primaria.

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El IPLyC aportará $6.654 millones en 2027, pero advierte por la caída del consumo y el cierre de casinos

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El Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) llegará a 2027 con una particularidad dentro del Presupuesto provincial: no recibirá recursos de los $5,2 billones previstos por la Provincia, sino que aportará más de $6.654 millones de sus utilidades para financiar organismos y fondos establecidos por ley.

Así lo explicó su presidente, Héctor Rojas Decut, este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones, donde expuso las proyecciones del organismo para el próximo ejercicio.

La transferencia prevista implica un crecimiento de apenas 7% respecto del ejercicio anterior, una variación que refleja el escenario que atraviesa la actividad.

“El IPLyC no recibe un solo peso de los 5,2 billones que se están tratando con este proyecto de ley, sino que, por el contrario, es un sujeto aportante”, remarcó Rojas Decut. Las utilidades generadas por el Instituto se incorporan al Presupuesto General y posteriormente se distribuyen entre los organismos determinados por su ley de creación.

El dato presupuestario expone una señal que va más allá de las cuentas del organismo. Para Rojas Decut, el crecimiento de solamente 7% de los recursos proyectados responde a una combinación de retracción económica, caída del consumo y transformación de los hábitos de los apostadores.

El juego presencial tradicional pierde terreno frente a las apuestas digitales, particularmente entre las nuevas generaciones.

La reconversión ya está impactando sobre la estructura comercial del sector.

Actualmente, el IPLyC cuenta con 175 agencias oficiales distribuidas en 54 municipios, además de subagencias y vendedores fijos y móviles. En conjunto, la red genera actividad económica para aproximadamente 1.700 familias misioneras.

Pero la tendencia preocupa: durante el último año cerraron diez agencias.

El impacto fue todavía mayor en los casinos. En los últimos 18 meses, según precisó Rojas Decut, cerraron ocho salas y 298 personas perdieron sus puestos de trabajo.

El desafío para 2027 será, por lo tanto, doble: preservar la capacidad del IPLyC para generar recursos destinados al Estado y, al mismo tiempo, adaptar su estructura a una transformación acelerada del mercado.

La principal apuesta del organismo será tecnológica. Para 2027 está previsto el lanzamiento de IPLyC Play, una plataforma que concentrará en un único canal la oferta digital del Instituto.

Actualmente existen plataformas diferenciadas para casino y apuestas deportivas y para la Quiniela. El objetivo es que el apostador pueda acceder desde un mismo entorno y sumar además otros productos lotéricos que hoy no forman parte de la oferta digital.

La transformación ya comenzó. Durante 2026 se incorporaron 951 dispositivos para captación táctil de apuestas y cobro mediante QR, dentro de una estrategia para modernizar los puntos de venta físicos.

La intención oficial es evitar que digitalización sea sinónimo de desaparición de las agencias. Por eso, el IPLyC busca integrar a su red tradicional a las nuevas tecnologías y modelos de comercialización.

Aunque las transferencias previstas para 2027 ascienden a $6.654 millones, el movimiento económico generado por el juego oficial es considerablemente superior.

Solo durante el primer semestre de 2026, el IPLyC calcula que distribuyó $41.690 millones entre premios, comisiones a vendedores, proveedores, salarios, programas sociales, convenios institucionales y transferencias al Estado.

Ese volumen explica por qué el organismo pone especial énfasis en sostener el circuito legal frente al crecimiento de plataformas de apuestas no autorizadas.

El fenómeno digital presenta así dos caras: abre nuevas posibilidades comerciales para el juego oficial, pero al mismo tiempo amplía la competencia ilegal y aumenta los desafíos relacionados con las apuestas problemáticas y el acceso de menores.

La expansión digital estará acompañada por una política de juego responsable, prevención y autoexclusión.

Durante 2026, el IPLyC reforzó convenios y acciones con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para ampliar los espacios de atención de personas vulnerables frente al juego.

En el primer semestre, las acciones preventivas llegaron a 50 instituciones educativas de 27 localidades y alcanzaron a más de 3.500 alumnos. También se reforzó el régimen de autoexclusión y el control de la publicidad de apuestas, especialmente en acontecimientos deportivos de gran exposición.

“Regular no significa solamente controlar: significa ordenar, prevenir, informar, capacitar y proteger”, sostuvo Rojas Decut.

El hotel Maitei sigue cerrado y buscan un nuevo operador

Otro de los temas abordados durante la presentación fue el futuro del hotel Maitei de Posadas, un activo perteneciente al IPLyC que permanece cerrado después de la salida del concesionario privado.

El establecimiento había sido concesionado en 2022 a Inuma SA. Según explicó Rojas Decut, después de dos años de buen desempeño, la caída de la actividad turística en Posadas, el menor consumo y la reducción de las estadías volvieron inviable la operación.

El contrato terminó el 31 de julio. La negociación encabezada por el IPLyC permitió, según el funcionario, que los 23 trabajadores fueran indemnizados en su totalidad, mientras el Instituto asumió la custodia y conservación del establecimiento.

El hotel posee 99 habitaciones y un predio de siete hectáreas. Ahora se busca un operador privado con experiencia específica en gestión hotelera. Pero la intención es ir más allá de reabrir el establecimiento.

Rojas Decut consideró que el complejo debería incorporar actividades complementarias, desde instalaciones deportivas hasta servicios comerciales, aprovechando el crecimiento de Itaembé Guazú, Itaembé Miní y la nueva infraestructura de transporte de esa zona de Posadas.

La exposición también puso números a otro fenómeno económico: el sobreendeudamiento de empleados públicos provinciales.

Rojas Decut explicó que IPLyC Confort quedó incorporado a las herramientas dispuestas por el Gobierno provincial para limitar el peso de las cuotas sobre los salarios y refinanciar obligaciones.

Hasta el día previo a su exposición, unas 1.300 personas ya habían solicitado voluntariamente adherirse a los mecanismos vigentes.

El trámite es individual porque implica modificar las condiciones originales de los contratos de préstamo. El parámetro establecido busca que las obligaciones alcanzadas no superen el 39% de los haberes netos disponibles.

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Las ventas minoristas pyme descendieron 0,2% interanual en agosto

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Durante el mes de agosto, las ventas en los comercios minoristas pyme tuvieron una caída interanual del 0,2% en términos reales. A su vez, la medición frente al mes anterior reflejó una baja del 2,7%, con lo cual la actividad acumula un descenso del 2,4% en lo que va del año.

Esta dinámica negativa en la comparación interanual respondió a la reducción del poder adquisitivo por los incrementos en las tarifas de los servicios y por el endeudamiento familiar. Además, el menor movimiento posvacacional y la pérdida de tracción de los ingresos disponibles acentuaron la cautela del consumidor, limitando las operaciones comerciales a gastos indispensables.

Al analizar el balance cualitativo sobre la evolución interanual de los comercios, el 47,4% de los dueños consultados indicó que su nivel de actividad se mantuvo en relación con el mismo período del año previo. Dicho registro evidencia una merma de 0,7 puntos porcentuales en comparación con la medición del mes anterior. En paralelo, la proporción de respuestas que reportó un empeoramiento en las condiciones de su negocio ascendió al 46,5%, reflejando un incremento de dos puntos porcentuales frente al 44,5% constatado en julio. Por último, la fracción de pymes que tuvo una mejora en su desempeño operativo representó únicamente el 6,1% del total de unidades relevadas durante el período.
 


En cuanto a las proyecciones para los próximos 12 meses, el 43,9% de los encuestados prevé que su situación económica continuará sin modificaciones, lo que implica una reducción de 2,4 puntos porcentuales en la lectura neutra respecto al informe precedente. Por su parte, el 42,8% estimó un escenario futuro superior —mostrando una variación marginal frente al 42,4% de julio—, mientras que el 13,3% restante espera un deterioro. Finalmente, en lo concerniente a las decisiones de financiamiento y destino de fondos, el 57,9% consideró que no es momento para concretar inversiones en su firma, en tanto que un 28,6% no fijó postura al respecto y un 13,5% respondió afirmativamente a dicha consulta.
 


En el desagregado sectorial, cuatro de los siete rubros medidos presentaron tasas de variación interanual positivas. La suba más pronunciada correspondió a Perfumería (+12,8%), ubicándose luego Textil e indumentaria (+6,4%), Calzado y marroquinería (+1,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+0,3%). Por el contrario, tres sectores registraron bajas frente al mismo período del año previo, con la mayor caída en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-4,8%), seguida por Alimentos y bebidas (-2,5%) y Farmacia (-0,5%).

El índice general de ventas minoristas informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.

Durante agosto se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 17,6% y una leve suba intermensual del 0,4%.
 


El desempeño minorista de agosto reflejó la persistencia de una demanda condicionada por el peso de las tarifas y el endeudamiento familiar acumulado. Si bien los comerciantes reportaron compras puntuales en panificados, indumentaria infantil y regalería a raíz del calendario escolar y festivo por el Día del Niño, estas operaciones no alcanzaron el volumen necesario para compensar la caída general del consumo en los rubros masivos. De este modo, las transacciones continuaron acotadas a reposiciones impostergables y tratamientos esenciales, mientras que los bienes durables, el calzado formal y los artículos de mayor valor permanecieron postergados bajo un esquema de compra cauteloso y fragmentado.

Desde la perspectiva de la oferta, los comercios operaron con márgenes de rentabilidad acotados debido a las continuas actualizaciones en las listas mayoristas, los fletes y la competencia de mercadería importada de bajo costo. La dificultad para disponer de planes de cuotas sin interés obligó a multiplicar descuentos por pago al contado, liquidaciones de fin de temporada y promociones bancarias para movilizar el inventario existente. Ante este escenario de costos operativos crecientes y límites de financiamiento en los hogares, las empresas mantuvieron una gestión prudente del capital, restringiendo la reposición preventiva y evitando nuevas decisiones de inversión.

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Morosidad: la caída del ingreso empuja a los hogares a una deuda cada vez más difícil de pagar

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La morosidad de los hogares dejó de ser solamente un problema financiero para convertirse en una señal sobre el estado de los ingresos y la capacidad de consumo de las familias. Una encuesta de D’Alessio IROL/Berensztein presentada en la Convención Anual de IAEF muestra que el 66% de quienes no pudieron cumplir con sus obligaciones atribuye el origen del atraso a la pérdida o reducción de sus ingresos.

El dato permite observar la deuda desde otra perspectiva. El problema no aparece necesariamente porque las familias hayan incorporado un nivel extraordinario de consumo, sino porque una parte de sus ingresos dejó de alcanzar para sostener compromisos asumidos previamente. Cuando el ingreso se reduce y no consigue recuperarse, las cuotas comienzan a competir con los gastos cotidianos y la mora se transforma en una consecuencia de esa tensión.

Los datos de morosidad del sector privado no financiero muestran que el fenómeno continúa extendiéndose. Según información de la Consultora 1816, la irregularidad total pasó de 7,63% en junio a 7,73% en julio. Entre los hogares, la morosidad alcanzó el 12,94% en entidades financieras y llegó al 33,69% en entidades no financieras. En las empresas, en cambio, la tasa se ubicó en 3,61%.

La deuda se instala en el presupuesto cotidiano

La encuesta muestra que el deterioro no alcanza a todos los hogares de la misma manera. Aunque el 64% de los consultados afirmó encontrarse al día con sus obligaciones, el 15% registraba atrasos de hasta 30 días y otro 20% acumulaba demoras superiores.

La brecha también aparece cuando se observa la situación según nivel socioeconómico. En el segmento medio-bajo, el 42% de los encuestados presenta algún nivel de incumplimiento, mientras que en el nivel medio-alto el porcentaje alcanza al 33%.

La estructura de las obligaciones revela hasta dónde se desplazó el problema. Las tarjetas de crédito constituyen el principal frente de incumplimiento y fueron mencionadas por el 59% de los deudores. Pero detrás aparecen compromisos que hacen al funcionamiento básico de un hogar: el 37% registra atrasos en servicios como luz, gas, agua o telefonía y el 33% mantiene préstamos o descubiertos bancarios pendientes.

La deuda también empieza a recorrer canales por fuera del sistema financiero tradicional. El 26% reconoce atrasos con familiares, amigos o prestamistas particulares, mientras que el 18% mantiene obligaciones con billeteras digitales o plataformas de préstamos. A su vez, el 16% acumula pagos pendientes de alquiler o expensas.

La composición de la mora funciona como un mapa de prioridades. Cuando una familia deja de pagar una tarjeta, una factura de servicios, un alquiler o una deuda personal, el problema ya no queda circunscripto al sistema financiero: comienza a comprometer decisiones básicas del presupuesto mensual.

Las cuotas absorben una parte creciente del ingreso

El peso de las obligaciones financieras permite dimensionar la presión que enfrentan los hogares antes de llegar al incumplimiento. El 37% de los encuestados destina entre el 41% y el 50% de sus ingresos al pago de deudas. Otro 25% compromete entre el 31% y el 40%.

En otras palabras, para una proporción significativa de las familias, una parte sustancial del ingreso mensual ya tiene destino asignado antes de afrontar alimentos, vivienda, transporte, educación y servicios.

El fenómeno se vuelve todavía más marcado entre quienes atraviesan determinadas etapas de la vida. Un estudio del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) señala que el 38,4% de las personas endeudadas de entre 30 y 49 años destina más de la mitad de sus ingresos al pago de deudas.

La situación también alcanza a los adultos mayores. El 44,6% de las personas de más de 65 años tiene deudas activas y, de acuerdo con un informe publicado en julio por Provincia Microcréditos, la morosidad en ese grupo etario pasó del 4,1% al 11,4% en un año.

El problema no es solamente entrar en mora, sino poder salir

La persistencia de los atrasos encuentra un límite que aparece con claridad en la encuesta: el ingreso. El 60% de quienes tienen deudas vencidas sostiene que no puede regularizar su situación porque sus recursos no alcanzan.

Otro 16% señala que debe priorizar gastos básicos, como alimentos o vivienda, mientras que el 9% atribuye la dificultad de ponerse al día al crecimiento de la deuda generado por intereses y recargos.

Ese mecanismo puede generar un círculo difícil de romper. Una familia que no consigue cubrir una cuota posterga el pago; los intereses incrementan el monto pendiente; el nuevo saldo demanda una mayor proporción del ingreso y reduce todavía más el margen disponible para afrontar los gastos corrientes.

Por eso, el dato más relevante no está solamente en cuántos hogares presentan atrasos, sino en la razón por la cual no consiguen revertirlos. Si seis de cada diez deudores que permanecen en mora identifican la insuficiencia de ingresos como principal obstáculo, la recuperación de la regularidad financiera queda estrechamente vinculada con la capacidad de recomponer el presupuesto familiar.

La morosidad como indicador de la economía real

El avance de la mora permite leer una dimensión de la economía que no siempre aparece en los indicadores financieros tradicionales. Las familias ajustan el consumo, refinancian obligaciones, utilizan crédito para cubrir gastos corrientes y, cuando ese margen se agota, comienzan a acumular atrasos.

El resultado es una economía doméstica con menos capacidad de absorber shocks. La deuda no solo compromete ingresos futuros: también condiciona el consumo presente. Cada peso destinado a cancelar obligaciones es un peso que deja de estar disponible para otros bienes y servicios.

La evolución de la morosidad, por lo tanto, funciona como una señal de alerta sobre la capacidad de los hogares para sostener el nivel de gasto con sus ingresos actuales. Y cuando el atraso alcanza servicios esenciales, alquileres y obligaciones contraídas fuera del sistema financiero, la discusión deja de ser exclusivamente crediticia.

El desafío para las políticas de financiamiento y recuperación del consumo consiste en evitar que la deuda se convierta en una trampa. Facilitar mecanismos de regularización, contener el crecimiento de los saldos vencidos y, sobre todo, recomponer la capacidad de pago son condiciones diferentes pero vinculadas.

La fotografía actual muestra un problema que excede a quien no paga una cuota. Cuando los ingresos pierden capacidad de respuesta frente a las obligaciones y las familias comienzan a elegir qué deuda pagar y cuál postergar, la morosidad se convierte en un indicador de la fragilidad económica del hogar y, por extensión, de la capacidad de consumo de toda la economía.

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Ponen en marcha el fondeo de ANSES para los créditos hipotecarios con una primera licitación por $200.000 millones

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El Banco Central puso en marcha el mecanismo mediante el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES comenzará a fondear a los bancos para ampliar la oferta de créditos hipotecarios. La primera licitación contempla $200.000 millones y forma parte de un programa que prevé canalizar $2 billones hacia las entidades financieras, con el objetivo de sostener préstamos de largo plazo para la compra de viviendas.

La herramienta fue anunciada dos semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, como parte de un paquete destinado a recuperar el financiamiento hipotecario y, al mismo tiempo, apuntalar la actividad económica vinculada con la construcción y el acceso a la vivienda.

En esta primera operación, el FGS colocará los recursos en bancos mediante plazos fijos UVA, mientras que el Banco Central actuará como agente financiero de ANSES. El programa contempla diez licitaciones de $200.000 millones cada una, por un total de $2 billones, equivalentes a unos u$s1.300 millones.

El diseño busca atacar uno de los principales problemas del mercado hipotecario: la disponibilidad de fondeo a largo plazo. Los depósitos UVA tendrán plazos de uno y cinco años, con tasas mínimas de 2,5% y 4,5%, respectivamente. A cambio de acceder a esos recursos, las entidades deberán destinarlos a nuevas líneas hipotecarias bajo determinadas condiciones.

El límite que cambia la ecuación para los bancos

El punto central del esquema es la tasa que deberán ofrecer las entidades beneficiarias. Los créditos financiados con recursos del FGS tendrán un costo máximo de UVA + 7,5%, lo que puede modificar la estrategia comercial de aquellos bancos que actualmente ofrecen préstamos por encima de ese nivel.

Cada entidad podrá adjudicarse como máximo el 20% del monto disponible en cada licitación. Una vez recibido el fondeo, contará con un plazo de 90 días para transformar esos recursos en nuevos créditos hipotecarios.

La regla introduce una relación directa entre el financiamiento que reciben los bancos y el crédito que deben colocar. No se trata solamente de aportar liquidez al sistema financiero: el objetivo es que ese fondeo se traduzca en nuevas operaciones destinadas a la compra de viviendas.

Para las entidades que ya ofrecen créditos a UVA + 7,5% o por debajo de ese nivel, el incentivo es diferente. El programa puede representar principalmente una fuente de financiamiento de mayor plazo, sin que necesariamente implique una reducción adicional de las tasas que cobran a sus clientes.

El mercado espera los primeros créditos hacia fin de año

La implementación también abre interrogantes entre los bancos. Uno de los puntos que todavía genera dudas es si las entidades podrán ofrecer tasas superiores a los mínimos establecidos para los plazos fijos UVA con el propósito de captar una mayor proporción de los fondos disponibles en las subastas.

Otro aspecto pendiente es el tratamiento de quienes ya tomaron préstamos hipotecarios a tasas superiores al nuevo límite. También resta determinar cuánto tiempo demandará el proceso entre la adjudicación de los fondos, su disponibilidad efectiva para los bancos y la aprobación de los nuevos préstamos.

Si el cronograma se desarrolla según las previsiones de las entidades, los primeros créditos financiados bajo este mecanismo podrían comenzar a otorgarse entre noviembre y diciembre.

El impacto potencial no es menor. El programa fue diseñado para alcanzar a más de 10.000 viviendas y busca ampliar la disponibilidad de crédito en un mercado que durante 2026 muestra una contracción respecto del año anterior.

Un mercado que perdió volumen

El fondeo llega en un momento en que el crédito hipotecario atraviesa una etapa de menor dinamismo. Actualmente, el monto promedio de los préstamos ronda los u$s75.000, equivalentes a cerca de $100 millones, mientras que los plazos promedio se ubican en aproximadamente 23 años y las tasas se encuentran cercanas al 7%.

La evolución de las operaciones muestra la magnitud del desafío. Durante 2025 se otorgaron alrededor de 44.000 créditos hipotecarios, mientras que para 2026 se proyectan unos 30.000 préstamos. De concretarse esa previsión, el mercado registraría una caída cercana al 34% interanual.

En ese contexto, el programa del FGS intenta recomponer una pieza clave del mercado: el financiamiento de largo plazo. Para que el esquema tenga impacto sobre la demanda habitacional, sin embargo, no alcanza con aumentar los fondos disponibles. La condición decisiva será que esos recursos efectivamente se conviertan en créditos, con tasas y plazos compatibles con la capacidad de pago de los hogares.

La apuesta oficial combina así dos objetivos. Por un lado, ampliar el acceso al financiamiento para la vivienda. Por otro, utilizar recursos de largo plazo para darle mayor profundidad a un mercado hipotecario que todavía permanece lejos de los niveles necesarios para convertirse en un canal relevante de financiamiento habitacional.

La primera licitación será, en ese sentido, una prueba concreta del mecanismo. El volumen adjudicado, la cantidad de bancos participantes y, sobre todo, la velocidad con la que los $200.000 millones se transformen en nuevas hipotecas permitirán medir si el esquema logra superar el problema central del mercado: no solo disponer de dinero, sino convertirlo en vivienda financiada a largo plazo.

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