EL PAIS

El Gobierno anunció un acuerdo con Starlink para llevar internet satelital a escuelas rurales de todo el país

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El Gobierno Nacional anunció este martes a través de su vocero Adrián Ravier, un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Starlink para llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y establecimientos ubicados en zonas aisladas de la Argentina, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas para cientos de miles de estudiantes y docentes.

La medida fue oficializada por la Vocería Presidencial, luego de que el presidente Javier Milei la adelantara durante su discurso en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo. Damos un paso histórico para reducir la brecha digital en la Argentina, sostuvo el vocero presidencial al presentar la iniciativa.

Según informó el Gobierno, el programa beneficiará tanto a escuelas estatales como a instituciones privadas de cuota cero que actualmente cuentan con una conectividad limitada o directamente no tienen acceso a internet. 

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que trabajará junto con las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar los establecimientos que serán incorporados.

El proyecto se desarrollará mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado. Starlink, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk, aportará 6.000 kits completos de conectividad, que incluyen antenas, equipos, accesorios, logística y dos años de servicio de internet prioritario de ultra baja latencia, con una capacidad de hasta cinco terabytes de consumo por escuela.

De acuerdo con la información oficial, esa contribución representa una inversión cercana a los 10 millones de dólares. Por su parte, el Fondo del Servicio Universal, administrado por ENACOM, destinará alrededor de 12 millones de dólares para financiar el tercer año del servicio, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de toda la red, por lo que la inversión total del programa alcanzará aproximadamente los 22 millones de dólares.

Durante la presentación, el vocero presidencial destacó que el objetivo es que ningún estudiante quede aislado por falta de conectividad y remarcó que la iniciativa busca que todos los chicos tengan las mismas oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su futuro, sin importar dónde hayan nacido.

En el anuncio, el Gobierno también volvió a destacar el vínculo del presidente Milei con Elon Musk y recordó que el mandatario suele agradecer públicamente al empresario por el desarrollo de Starlink, al considerar que su tecnología permite conectar a internet incluso a los lugares más remotos del país.

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Sáenz cuestionó al Gobierno nacional por eliminar las barreras sanitarias para la banana: “Fue una falta de respeto al interior productivo”

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La decisión del Gobierno nacional de eliminar un conjunto de normas fitosanitarias que durante más de tres décadas protegieron a la producción bananera del norte argentino abrió un nuevo frente de tensión con las provincias. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó con dureza la medida adoptada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y acusó a la administración nacional de avanzar sobre las economías regionales sin consultar a los territorios afectados.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario calificó la resolución como “una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario”. Para Sáenz, la decisión refleja un profundo desconocimiento de la realidad productiva del interior y una falta de articulación entre la Nación y las provincias.

El origen del conflicto es la Resolución 114/2026, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. La norma derogó ocho resoluciones consideradas “obsoletas” por el Gobierno nacional, entre ellas las resoluciones 99/1994 y 823/2006, que establecían restricciones sanitarias para el ingreso de bananas provenientes de países donde existen plagas cuarentenarias y extendían ese régimen de protección a las principales provincias productoras: Salta, Jujuy, Formosa y Misiones.

Desde la perspectiva oficial, la medida forma parte del proceso de simplificación normativa y desregulación impulsado por la administración nacional. Sin embargo, para los productores, el debate excede la eliminación de regulaciones administrativas y alcanza un aspecto estratégico: la preservación del patrimonio sanitario argentino.

Sáenz reclamó que las decisiones sobre actividades productivas sensibles sean discutidas previamente con las provincias. “Hay que decirle a los que están en Buenos Aires que de una vez consulten”, sostuvo el gobernador, quien calificó la decisión como “una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene”.

La preocupación es compartida por toda la cadena bananera del norte. Días antes del pronunciamiento del mandatario salteño, la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta y Jujuy ya había advertido sobre las posibles consecuencias de la derogación. Su presidente, José Luis Checa, sintetizó el impacto inicial con una expresión que rápidamente ganó repercusión dentro del sector: “Nos agarramos la cabeza”.

El dirigente explicó que la principal preocupación radica en el eventual ingreso del Fusarium Raza 4 Tropical (R4T), conocido internacionalmente como “Mal de Panamá”, una enfermedad considerada una de las mayores amenazas para la producción mundial de bananas. El hongo afecta el sistema vascular de las plantas, no tiene tratamiento efectivo una vez instalado y puede inutilizar áreas productivas durante décadas. Según advirtió Checa, la presencia de la enfermedad en países como Ecuador y Perú incrementa el riesgo sanitario para Argentina.

Las advertencias también llegaron desde Formosa. El productor Pánfilo Ayala, integrante de la Federación Agraria Argentina en Laguna Naineck, expresó su preocupación por la apertura de las importaciones sin las restricciones sanitarias vigentes hasta ahora. Además, recordó que Argentina mantiene un estatus fitosanitario libre de enfermedades como la Sigatoka Negra, un hongo que obliga en otros países productores a realizar decenas de aplicaciones de fungicidas cada año, elevando considerablemente los costos de producción y el impacto ambiental de la actividad.

La discusión pone nuevamente en evidencia uno de los principales desafíos de las economías regionales: compatibilizar los procesos de apertura comercial con la protección de los sistemas sanitarios que constituyen una ventaja competitiva para la producción nacional. En sectores agrícolas altamente sensibles, la prevención suele representar la herramienta más eficiente y menos costosa frente a eventuales brotes de enfermedades que pueden comprometer miles de hectáreas y afectar el empleo rural.

La controversia se amplió además hacia otro eje de debate entre la Casa Rosada y las provincias. Durante la misma entrevista, Sáenz cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno para flexibilizar el régimen de propiedad de las tierras rurales y reafirmó la posición de los gobernadores en defensa de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

“Vamos a seguir defendiendo la tierra como una potestad y competencia de cada una de las provincias”, afirmó el mandatario, quien recordó que la Constitución Nacional reconoce que los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales. El planteo se suma al de otros gobernadores que vienen reclamando mayor participación en las decisiones vinculadas al uso de la tierra, la explotación de recursos estratégicos y el diseño de políticas para las economías regionales.

Más allá del debate político, el conflicto expone una cuestión de fondo: la necesidad de construir políticas sanitarias basadas en evidencia científica y consensos institucionales. Para las provincias productoras, la protección fitosanitaria no constituye una barrera comercial sino una herramienta para preservar la competitividad de un sector que genera empleo, sostiene cadenas de valor locales y abastece al mercado interno. En ese contexto, los productores reclaman que cualquier revisión normativa incorpore evaluaciones técnicas, diálogo federal y mecanismos de transición que permitan modernizar la regulación sin comprometer uno de los principales activos de la agricultura argentina: su condición sanitaria.

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El Gobierno adjudicó cuatro corredores viales por 20 años: quiénes operarán las rutas

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La privatización de Corredores Viales S.A. dio un nuevo paso con la adjudicación de cuatro tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones. A través de la Resolución 1149/2026 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional oficializó los ganadores de la licitación pública internacional que definirá durante los próximos 20 años la operación, mantenimiento, ampliación y explotación de algunos de los corredores más importantes del país.

La medida representa uno de los hitos centrales del proceso de reorganización de la infraestructura vial impulsado por la administración nacional, que busca trasladar al sector privado la gestión de las rutas concesionadas bajo el esquema de obra pública por peaje, con el argumento de mejorar la calidad del servicio y reducir la participación estatal en la operación.

La resolución aprueba la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25 correspondiente a la denominada Red Federal de Concesiones – Etapa II-B, luego de que la comisión evaluadora analizara las propuestas económicas presentadas por las empresas precalificadas y concluyera que las ofertas seleccionadas eran las más convenientes para el interés público.

Los cuatro corredores adjudicados abarcan zonas de alto tránsito productivo y logístico, fundamentales para el transporte de granos, manufacturas y exportaciones.

El Tramo Mediterráneo fue adjudicado a la unión de empresas CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., que ofertó una tarifa de $1.989,67 sin IVA. El contrato tendrá una duración de veinte años.

Para el Tramo Puntano, la adjudicación quedó en manos de BASAA S.A. – CECOSA S.A., con una propuesta de $1.440,08 sin IVA.

En tanto, el Tramo Portuario Sur también será administrado por CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., cuya oferta ascendió a $1.256,03 sin IVA.

Finalmente, el Tramo Portuario Norte fue adjudicado a CPC S.A., con una tarifa propuesta de $1.856 sin IVA.

Todos los contratos tendrán una vigencia de veinte años e incluyen la construcción, explotación, administración, reparación, conservación, ampliación de infraestructura vial, mantenimiento integral, prestación de servicios al usuario y el desarrollo de actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales.

La licitación despertó un fuerte interés del sector constructor. Más de una decena de grupos empresarios participaron del proceso competitivo, entre ellos Roggio, Cartellone, Rovella Carranza, Panedile, Luciano Construcciones, Paolini Hermanos e IEB Construcciones, entre otros. Tras la evaluación técnica y económica, las ofertas seleccionadas fueron consideradas las más convenientes en términos de tarifa y cumplimiento de las exigencias establecidas en los pliegos.

Un dato relevante es que el dictamen de adjudicación no recibió impugnaciones durante el período reglamentario de publicidad en el sistema CONTRAT.AR, lo que permitió avanzar con la adjudicación definitiva sin nuevos obstáculos administrativos.

Qué cambia para quienes utilizan las rutas

Desde la perspectiva de los usuarios, el cambio no implica una modificación inmediata en el funcionamiento de las rutas, pero sí abre una nueva etapa en la administración de la infraestructura vial nacional.

Las empresas adjudicatarias asumirán la obligación de mantener las condiciones de transitabilidad, ejecutar obras comprometidas, conservar el estado de los corredores y prestar servicios de asistencia al usuario durante toda la vigencia de la concesión.

El esquema busca que las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura sean financiadas mediante el sistema de peajes, reduciendo el aporte directo del Estado en la operación cotidiana.

Para el sector productivo, especialmente las economías regionales, el transporte de cargas y las cadenas exportadoras, la expectativa oficial es que corredores en mejores condiciones permitan disminuir costos logísticos, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.

Sin embargo, el verdadero desafío será verificar durante los próximos años el cumplimiento efectivo de los planes de inversión comprometidos por las concesionarias y el equilibrio entre las mejoras en la infraestructura y la evolución de las tarifas de peaje, un aspecto que impacta directamente sobre transportistas, productores y usuarios particulares.

Con esta adjudicación, el Gobierno profundiza el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., declarado sujeto a privatización por la Ley 27.742, consolidando un nuevo modelo de gestión para parte de la red vial nacional basado en concesiones privadas de largo plazo.

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Advierten que casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad

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Un reciente informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que el 48,9% de los argentinos de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad.

El relevamiento llevado a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026, fue realizado por un equipo del Ciclo Básico Común (CBC) en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA).

A partir de un total de 1.002 encuestas presenciales se encontró que la problemática se extiende en todo el territorio nacional y que un 73% de los afectados reside fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La investigación, dirigida por Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común de la UBA, implementó cuestionarios estructurados en profundidad para abordar las condiciones de vida, las creencias y las expectativas de los jóvenes argentinos.

El fenómeno “Triple Ni”

Uno de los datos más alarmantes que arrojó la investigación es la aparición del segmento denominado “Triple Ni”. Este grupo comprende a un tercio de la población juvenil vulnerable que no estudia, no trabaja y, además, dejó de buscar empleo.

Se trata de un sector que se encuentra en una situación crítica de aislamiento social, según indica Juan Cruz Esquivel, director de la investigación e investigador principal del CONICET, quien señaló que “si bien se trata de un segmento minoritario dentro de los jóvenes vulnerables, estamos frente a una franja social alejada de toda red de pertenencia, reconocimiento e integración social”.

Dentro del grupo de desempleados, que alcanza el 30,6%, la búsqueda activa de trabajo se registra en apenas 4 de cada 10 casos. 

Esta falta de búsqueda activa agrava el núcleo de exclusión que los investigadores definen como una ruptura de los vínculos tradicionales de integración.

Informalidad laboral 

El 70% de los jóvenes relevados tiene algún tipo de ocupación laboral. Sin embargo, el estudio destaca que estos empleos se caracterizan por una alta informalidad y precariedad.

Las actividades principales de este sector se concentran en el comercio, la construcción y las tareas de cuidado

Falta de obra social

Como consecuencia de la precariedad, el 78% de los encuestados carece de cobertura de salud privada o por obra social. En ese sentido, la gran mayoría debe recurrir exclusivamente al hospital público o a centros de salud barriales.

Educación

El informe indica que 6 de cada 10 jóvenes en situación de vulnerabilidad no completaron el colegio secundario. Solo el 32,8% tiene título de nivel medio y el 6,7% cursó estudios terciarios o universitarios.

En ese sentido, Esquivel advirtió que el abandono escolar temprano marca trayectorias laborales de precariedad que son difíciles de revertir.

Asimismo, el 87,5% de los jóvenes encuestados reconoce que estudiar les permitiría mejorar su calidad de vida.

Vivienda

El 46,2% de estos jóvenes reside en hogares numerosos de cinco o más integrantes, mientras que apenas el 2,9% conforma hogares monoparentales.

El 56,3% de los encuestados no tiene hijos, mientras que un 20% ya tiene dos o más a cargo, algo que influye en la organización del tiempo y en la posibilidad de proyectar una carrera académica o laboral estable.

El 57% de los jóvenes vulnerables manifestó que su dinero no le alcanza para llegar a fin de mes.

Salud mental

Más del 70% de los jóvenes encuestados manifestó sufrir problemas frecuentes de nervios o ansiedad de manera cotidiana.

El 50% expresó sentimientos de desgano o depresión. Además, manifestaron dificultades para dormir y una tristeza persistente que afecta el desarrollo personal.

El 30% acusó tener dificultades para controlar el consumo de sustancias como alcohol, cigarrillo o drogas,  una problemática que tiende a intensificarse en aquellos sectores que presentan los niveles de vulnerabilidad social más altos.

Un futuro mejor

Existe una brecha creciente entre lo que los jóvenes imaginan para sus vidas y los recursos disponibles, según explica Esquivel.

Para los próximos cinco años, conseguir un trabajo o mejorar el actual es la meta principal para el 31,9% de los jóvenes

En ese sentido, las aspiraciones de progreso persisten, aunque las oportunidades para concretarlas se debilitaron significativamente. 

Tener una casa propia aparece como el segundo objetivo más mencionado, con un 29,8% de las respuestas. Finalmente, formar una familia es una opción que solamente marcó como prioritaria el 4,8% de los encuestados.

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Buenos Aires se consolida como capital gastronómica con el Mundial de la Pizza y la Empanada

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La gastronomía dejó hace tiempo de ser únicamente un atractivo turístico para convertirse en un sector estratégico de la economía del conocimiento, la generación de empleo y la construcción de identidad cultural. Bajo esa premisa, Buenos Aires volverá a convertirse entre el 2 y el 4 de septiembre en el epicentro internacional del universo pizzero con la realización de la segunda edición del Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada®, organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), en el marco de HOTELGA, en el predio de La Rural.

Tras una primera edición que logró instalar al certamen en el calendario internacional, la organización apuesta este año a una propuesta de mayor escala. El campeonato ocupará un espacio de 800 metros cuadrados equipado con doce hornos profesionales, escenario central, pantalla gigante y el tradicional Muro de la Fama, donde quedarán registrados los nuevos campeones mundiales de dos de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía argentina.

El crecimiento del evento refleja también la expansión de un sector que combina tradición, innovación y profesionalización. Según confirmó la presidenta de APYCE, Lorena Fernández, en apenas veinte días desde la apertura de las inscripciones ya se superaron los 200 participantes provenientes de distintos países, consolidando al certamen como uno de los encuentros gastronómicos especializados de mayor convocatoria en América Latina.

La competencia incluirá doce categorías que recorren desde las especialidades tradicionales argentinas —como la pizza de muzzarella, la fugazzeta y la empanada de carne— hasta estilos internacionales como la pizza napolitana STG, la romana o la New York Style. También habrá pruebas de habilidad técnica, como acrobacia pizzera, velocidad de estirado y elaboración de la masa más grande.

Más allá del espectáculo culinario, el campeonato funciona como una plataforma de intercambio de conocimientos y transferencia tecnológica. Durante las tres jornadas, los participantes elaborarán sus productos en vivo frente al público mientras serán evaluados por un jurado internacional integrado por más de treinta especialistas entre chefs, campeones mundiales, periodistas gastronómicos e instructores certificados por la Scuola Italiana Pizzaioli.

Entre los referentes argentinos figuran Pietro Sorba, Jimena Monteverde, Coco Carreño, Diego Gaona, Juan Solorza y Sergio Moro, mientras que desde el exterior llegarán figuras de reconocimiento internacional como Jesús Marquina, Massimo Quondamatteo, Duilio Girotto, Jaqueson Dichoff, Angello Bertini, Chef Yogui y Fabio Nicotra, entre otros especialistas que aportarán estándares internacionales de evaluación.

La presencia de este panel técnico posiciona al campeonato no solo como una competencia sino también como un espacio de validación profesional para quienes desarrollan su carrera en el sector gastronómico.

El impacto trasciende el ámbito culinario. Eventos de estas características movilizan turismo, hotelería, proveedores de insumos, fabricantes de equipamiento, escuelas gastronómicas y cadenas de valor vinculadas a la alimentación. La participación de marcas nacionales e internacionales y el respaldo de instituciones como Marca País reflejan además el interés por convertir a la gastronomía argentina en una herramienta de promoción internacional.

El componente formativo también ocupa un lugar central. APYCE, cuya Escuela Profesional cumple veinte años formando pizzeros, ofrecerá durante el campeonato dos masterclasses dedicadas a la pizza argentina al molde y al estilo napolitano, reforzando el vínculo entre capacitación y desarrollo empresarial.

Los ganadores obtendrán premios de alcance internacional. El campeón mundial de pizza viajará a Parma, Italia, para representar a Argentina en la 34° edición del Campeonato Mundial de la Pizza de 2027, además de equipamiento profesional y beneficios destinados a fortalecer su desarrollo productivo. Todos los participantes recibirán certificados, becas de formación y premios aportados por los patrocinadores.

La convocatoria mantiene abiertas las inscripciones para profesionales y aficionados que deseen competir en alguna de las doce categorías previstas. En un contexto donde la gastronomía gana protagonismo como industria creativa, el campeonato busca consolidar un ecosistema que combine innovación, calidad y formación permanente, proyectando a Buenos Aires como uno de los principales polos gastronómicos del continente.

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