La decisión del Gobierno nacional de eliminar un conjunto de normas fitosanitarias que durante más de tres décadas protegieron a la producción bananera del norte argentino abrió un nuevo frente de tensión con las provincias. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó con dureza la medida adoptada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y acusó a la administración nacional de avanzar sobre las economías regionales sin consultar a los territorios afectados.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario calificó la resolución como “una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario”. Para Sáenz, la decisión refleja un profundo desconocimiento de la realidad productiva del interior y una falta de articulación entre la Nación y las provincias.

El origen del conflicto es la Resolución 114/2026, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. La norma derogó ocho resoluciones consideradas “obsoletas” por el Gobierno nacional, entre ellas las resoluciones 99/1994 y 823/2006, que establecían restricciones sanitarias para el ingreso de bananas provenientes de países donde existen plagas cuarentenarias y extendían ese régimen de protección a las principales provincias productoras: Salta, Jujuy, Formosa y Misiones.

Desde la perspectiva oficial, la medida forma parte del proceso de simplificación normativa y desregulación impulsado por la administración nacional. Sin embargo, para los productores, el debate excede la eliminación de regulaciones administrativas y alcanza un aspecto estratégico: la preservación del patrimonio sanitario argentino.

Sáenz reclamó que las decisiones sobre actividades productivas sensibles sean discutidas previamente con las provincias. “Hay que decirle a los que están en Buenos Aires que de una vez consulten”, sostuvo el gobernador, quien calificó la decisión como “una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene”.

La preocupación es compartida por toda la cadena bananera del norte. Días antes del pronunciamiento del mandatario salteño, la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta y Jujuy ya había advertido sobre las posibles consecuencias de la derogación. Su presidente, José Luis Checa, sintetizó el impacto inicial con una expresión que rápidamente ganó repercusión dentro del sector: “Nos agarramos la cabeza”.

El dirigente explicó que la principal preocupación radica en el eventual ingreso del Fusarium Raza 4 Tropical (R4T), conocido internacionalmente como “Mal de Panamá”, una enfermedad considerada una de las mayores amenazas para la producción mundial de bananas. El hongo afecta el sistema vascular de las plantas, no tiene tratamiento efectivo una vez instalado y puede inutilizar áreas productivas durante décadas. Según advirtió Checa, la presencia de la enfermedad en países como Ecuador y Perú incrementa el riesgo sanitario para Argentina.

Las advertencias también llegaron desde Formosa. El productor Pánfilo Ayala, integrante de la Federación Agraria Argentina en Laguna Naineck, expresó su preocupación por la apertura de las importaciones sin las restricciones sanitarias vigentes hasta ahora. Además, recordó que Argentina mantiene un estatus fitosanitario libre de enfermedades como la Sigatoka Negra, un hongo que obliga en otros países productores a realizar decenas de aplicaciones de fungicidas cada año, elevando considerablemente los costos de producción y el impacto ambiental de la actividad.

La discusión pone nuevamente en evidencia uno de los principales desafíos de las economías regionales: compatibilizar los procesos de apertura comercial con la protección de los sistemas sanitarios que constituyen una ventaja competitiva para la producción nacional. En sectores agrícolas altamente sensibles, la prevención suele representar la herramienta más eficiente y menos costosa frente a eventuales brotes de enfermedades que pueden comprometer miles de hectáreas y afectar el empleo rural.

La controversia se amplió además hacia otro eje de debate entre la Casa Rosada y las provincias. Durante la misma entrevista, Sáenz cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno para flexibilizar el régimen de propiedad de las tierras rurales y reafirmó la posición de los gobernadores en defensa de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

“Vamos a seguir defendiendo la tierra como una potestad y competencia de cada una de las provincias”, afirmó el mandatario, quien recordó que la Constitución Nacional reconoce que los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales. El planteo se suma al de otros gobernadores que vienen reclamando mayor participación en las decisiones vinculadas al uso de la tierra, la explotación de recursos estratégicos y el diseño de políticas para las economías regionales.

Más allá del debate político, el conflicto expone una cuestión de fondo: la necesidad de construir políticas sanitarias basadas en evidencia científica y consensos institucionales. Para las provincias productoras, la protección fitosanitaria no constituye una barrera comercial sino una herramienta para preservar la competitividad de un sector que genera empleo, sostiene cadenas de valor locales y abastece al mercado interno. En ese contexto, los productores reclaman que cualquier revisión normativa incorpore evaluaciones técnicas, diálogo federal y mecanismos de transición que permitan modernizar la regulación sin comprometer uno de los principales activos de la agricultura argentina: su condición sanitaria.