EL MUNDO

Irán devolvió el ataque a Israel con casi 200 misiles: Netanyahu dijo que fue “un gran error” por el que Teherán “pagará”

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“Fue frustrado gracias al sistema de defensa antiaérea, que es el más avanzado del mundo”, aseguró el primer ministro israelí

Irán disparó el martes una salva de misiles balísticos contra Israel en represalia por la campaña israelí contra los aliados de Teherán, Hezbollah, en Líbano.

Irán ejerció la “autodefensa” contra Israel y su acción ha concluido a menos que el “régimen israelí decida convocar a nuevas represalias”, dijo el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, en una publicación en la plataforma de redes sociales X a primera hora del miércoles.

“Nuestra acción ha concluido a menos que el régimen israelí decida convocar a nuevas represalias. En ese escenario, nuestra respuesta será más fuerte y poderosa”, añadió Araqchi.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán pidió anteriormente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adoptara “medidas significativas” para prevenir las amenazas contra la paz y la seguridad regionales.

Las alarmas sonaron en todo Israel y se oyeron explosiones en Jerusalén y en el valle del río Jordán, después de que los israelíes se amontonaran en los refugios antiaéreos.

La radio del ejército israelí dijo que se habían lanzado casi 200 misiles. La Guardia Revolucionaria iraní dijo que Irán había lanzado decenas de misiles contra Israel y que si Israel tomaba represalias la respuesta de Teherán sería “más aplastante y ruinosa”.

Más tarde, el ejército israelí dio la señal de alerta y dijo que los israelíes eran libres de abandonar sus refugios. El portavoz militar Daniel Hagari dijo que el ejército no tenía conocimiento de ningún herido como consecuencia de los ataques con misiles iraníes.

Describió el ataque como grave y dijo que tendría consecuencias.

Un alto cargo iraní dijo a la agencias de noticias Reuters que la orden de lanzar misiles contra Israel había sido dada por el líder supremo del país, el ayatolá Alí Khamenei, que permanece en un lugar seguro, añadió el alto funcionario.

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Brasil incauta millones en la frontera con Uruguay

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La Policía Federal de Brasil confiscó US$ 14 millones provenientes del cambio ilegal y el tráfico de drogas; investigan nexos de organización con Hezbollah y terrorismo.

El terrorismo parece tener un nuevo centro de operaciones en América Latina. En la frontera entre la ciudad de Brasil de Chuí, en el estado de Río Grande do Sul, y Chuy, del lado de Uruguay se han incrementado las actividades de cambio de dinero y lavado de activos sospechosas de financiar operaciones de Hamas, Hezbollah y Al Qaeda.

Según supo Infobae, diversos “doleiros” palestinos – cambistas que trasladan dinero ilegalmente de un país a otro sin ninguna declaración a las autoridades- operan en esta frontera y envían dinero a Palestina.

Tras dos años de investigación, la Policía Federal (PF) de Brasil confiscó bienes por más de US$ 14 millones a una organización criminal acusada de cambio ilegal de divisas y narcotráfico en las ciudades brasileñas fronterizas de Chuy y Aceguá, entre otras localidades. Junto con autoridades uruguayas, la PF estudia ahora posibles lazos de esa organización con el terrorismo, según informo este martes (01/10) el medio Búsqueda de Uruguay.

“El esquema de lavado de dinero de alcance internacional involucra bancos paralelos que utilizan personas físicas y jurídicas para mover recursos de origen ilícito, dirigiendo depósitos y transferencias bancarias a terceros utilizados como intermediarios y a comercios, principalmente supermercados, ubicados en regiones fronterizas de Brasil. Posteriormente, los recursos son enviados a casas de cambio en el extranjero y permanecen a disposición de organizaciones criminales”, indicó la PF.

Las autoridades brasileñas y uruguayas están ahora bajo la lupa, mientras el espectro del terrorismo sigue acechando.Terrorismo en Chuy

El epicentro de esta operación, conocida como “Vagus” es la ciudad fronteriza Chuy donde las actividades ilícitas han despertado alarmas por su posible vínculo con las organización terroristas mencionadas. El procedimiento de la incautación involucró a 190 agentes brasileños y contó con el respaldo de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay.

Aunque las fuerzas uruguayas no intervinieron directamente, la Dirección Nacional de Investigaciones del país analiza el caso para saber si estas actividades ilícitas en su territorio están financiando a las células terroristas.

Las sospechas no son infundadas. En 2021 congresistas norteamericanos advirtieron sobre la presencia de Hezbollah en Uruguay y otros países de la región. La CIA, en su último World Factbook, señaló que el control fronterizo débil entre Uruguay y Brasil es un “problema trasnacional”, subrayando que Hezbollah podría estar operando territorio brasileño.

Esta incautación que significó un golpe a las actividades siniestras en la frontera es el segundo gran operativo en poco más de un mes en la zona. La Policía Civil de San Pablo en agosto reveló la existencia de un complejo sistema de blanqueo de dinero del primer del principal grupo criminal brasileño, el Primer Comando Capital (PCC), que operaba con la ayuda de un empresario palestino oriundo de Chuy.

El dinero del narco era blanqueado a través de bancos y casado de cambios, y una serie de empresas en Brasil y Uruguay, entre ellas una “offshore expuesta por los Panamá Papers: Farlow Development S.A. con sede en las Islas Vírgenes Británica”, informó Infobae.

El miedo que conversó con fuentes relacionadas con el caso, detalló que al menos 13 empresas estarían implicadas en la trama de blanqueo de dinero. Entre las compañías, se encuentran algunas consideradas “pantalla” y que son propiedad de la familia de origen palestino de Chuí Khaled Mustafa, como la VWM de Aiman Khaled Mustafa.

El creciente número de operativos en la región fronteriza- incautaron de autos e inmuebles y blanqueo de cuentas de empresas involucradas con un esquema de cambio ilegal- pone de relieve la magnitud de la amenaza.

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Julian Assange: “Elegí la libertad en lugar de una justicia irrealizable”

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Julian Assange, fundador de WikiLeaks, dijo que se declaró “culpable de periodismo”; estas son sus primeras palabras desde que salió de prisión.

Ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) en Estrasburgo, Francia, una organización internacional de derechos humanos, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dio sus primeras declaraciones luego de haber sido liberado de una prisión británica tras un acuerdo en el que se declaró culpable de violar la ley de espionaje de USA en junio.

El hombre que expuso las brutalidades y las matanzas de civiles y periodistas y el abuso de prisioneros por parte de Estados Unidos y otros países durante las guerras de Washington en Afganistán e Irak, reflexionó sobre su reclusión, el acuerdo que le garantizó la libertad y el estado de libertad de expresión actual.

“Quiero ser totalmente claro: hoy no estoy libre porque el sistema haya funcionado. Hoy estoy libre tras años de encarcelamiento porque me declaré culpable de periodismo. Finalmente elegí la libertad en lugar de una justicia irrealizable, después de estar detenido durante años y enfrentar una sentencia de 175 años sin un recurso efectivo”.

Y dijo, en referencia a USA: “Fui condenado formalmente por una potencia extranjera por pedir, recibir y publicar información veraz sobre esa potencia mientras estaba en Europa”.

En 2010 Wikileaks publicó de cientos de miles de documentos militares estadounidenses clasificados sobre las guerras de Washington en Afganistán e Irak, una de las mayores filtraciones de información secreta en la historia de Estados Unidos.

Los documentos filtrados daban prueba de las matanzas de civiles y periodistas y del abuso de prisioneros por parte de Estados Unidos y otros países, así también como por parte de contratistas privados. En un video coincido con “Asesinato Colateral”, publicado por WikiLeaks, en abril de 2010 se ve cómo fuerzas estadounidenses le disparan desde un helicóptero a un grupo de civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters en Bagdad en 2007.

“Diarios de la Guerra de Afganistán”, fue un conjunto de 92.000 documentos secretos filtrados del Pentágono, que contenían reportes de víctimas civiles provocadas por soldados norteamericanos y de países aliados, fuego amigo y conexiones entre los talibanes y los servicios de inteligencia.

En junio su vuelta a su país de origen acabó con la larga saga de una batalla legal de 14 años. El periodista, no había vuelto a Australia desde 2010, cuando dejó el país para viajar a Europa. Desde entonces, había estado viviendo en varios países europeos, especialmente en Reino Unido, donde se refugió en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 hasta su arresto en 2019. Assange pasó más de cinco años en una cárcel británica de alta seguridad.

En junio se declaró culpable de un solo cargo penal de conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de defensa nacional de Estados Unidos y recibió una sentencia de 62 meses, que en realidad cumplió en la prisión de Belmarsh, en el sur de Londres.

Ante los legisladores, se remontó a su dura reclusión en la prisión británica y expresó que que había sido un “cambio profundo y surrealista” pasar de una celda de Belmarsh a Estrasburgo. “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te despoja del sentido de identidad, dejando solo la esencia cruda de la existencia. Todavía no estoy completamente preparado para hablar de lo que he soportado”.Libertad de expresión

“Me declaré culpable de buscar información de una fuente, me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información”, enfatizó Assange durante su deserción en la que también pidió protección de la libertad de prensa

El caso de Assange es clave porque expuso los crímenes de guerra occidentales y la hipocresía yankee. Mientras denuncia el autoritarismo, la falta de transparencia, represión y censura de ciertos países orientales contra disidentes políticos, intenta ocultar atrocidades similares de su gobierno. Lo mismo pasa hoy visiblemente con Israel y los terroristas de Hamas y Hezbollah.

“Irak War Logs”, otra filtración de Wikileaks reveló el uso de la tortura como una práctica común entre los militares norteamericanos. Mostró que el 66% de los más de 109.000 asesinatos en Irak fueron civiles, y que las fuerzas norteamericanas asesinaron a más de 3.700 soldados de países “amigos”.

Muchos organizaciones de derechos humanos y líderes mundiales consideraron la detención de Assange como un atentado a la libertad de expresión, como el presidente de Brasil Lula da Silva. La persecución al periodista por exponer alarmantes revelaciones de interés público, constituyó una violación del derecho a la información y a la transparencia. USA quiso silenciar la verdad y castigar a quien la busca.

Otros también entendieron la criminalización de Assange por publicar documentos confidenciales como una herramienta de disuasión del sistema para frenar el periodismo de investigación en torno al abuso del poder en un claro atropello a la libertad de prensa.

En su discurso, Assange instó a los legisladores europeos a actuar para proteger la libertad de expresión en un clima con “más impunidad, más secretos y más represalias por decir la verdad”.

“Los derechos de los periodistas y editores en el espacio europeo están seriamente amenazados. La criminalización de las actividades de recopilación de noticias es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”.

Como toda figura controvertida, Assange no está exento de polémicas. Su historial esta manchada por acusaciones de violación a una menor y acoso sexual aunque las haya desmentido alegando que eran “campana de intoxicación de Wikileaks”.

El miércoles (2/10), los miembros de la asamblea debatirán un proyecto de resolución que condena los “cargos desproporcionadamente severos” presentados contra Assange por el gobierno estadounidense.

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¿Por qué en México se le llama “toma de protesta” a la investidura presidencial?

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BBC MundoEl momento culminante de la investidura presidencial en México viene precedido por 61 palabras.

En una ceremonia en la sede del Congreso en Ciudad de México, la persona que haya ganado las elecciones -Claudia Sheinbaum, en este año- hará una promesa de cumplimiento de la ley, tal y como lo dicta la Constitución.

El acto se llama “toma de protesta” ante la representación popular, los diputados y los senadores, que serán los encargados de tomar esa declaración a la primera mujer presidenta de México.

Contrario de lo que ocurre en otros países, en la ceremonia de investidura mexicana no hay un juramento ni se abre espacio a simbolismos religiosos, como evocar a Dios o usar una Biblia en el acto.

“Cuando México como Estado dejó su vínculo con la Iglesia, en el siglo XIX, todos esos signos que tenían que ver con el juramento religioso se cambiaron por una terminología liberal, que es la protesta”, explica a BBC Mundo el analista jurídico Mario Melgar.

Es por ello que para “protestar” el cargo, el presidente electo debe pronunciar las siguientes 61 palabras:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

Después la presidenta recibirá la Banda Presidencial, la prenda con los colores de la bandera que viste el mandatario cuando toma el cargo y también en diversas ceremonias de gala, como el festejo de la Independencia o en recepciones de embajadores.

Como Melgar señala, el acto de la “toma de protesta” ante el Congreso es en realidad un ritual más que un acto legal.

“Es un formalismo, porque el poder cambia a las 00:00 horas. Los mandos militares entregan a esa hora el control del país y la fuerza del Estado”, explica el doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Pero ¿por qué se dice que se “protesta” el cargo?

“Declarar o proclamar”

Juramentación, investidura o asunción son algunos de los términos más comunes en el idioma español para el acto político de asumir un cargo público como la presidencia.

En México se dice “protestar”, una palabra cuyo significado más común es “expresar queja o disconformidad”, según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE.

Sin embargo, la palabra tiene otras acepciones que se encuadran con el acto que se realiza en México:

  • Declarar o proclamar un propósito.
  • Aseverar con ahínco y con firmeza.

Melgar señala que “semánticamente es lo mismo”, pues “es sinónimo de juramento, pero no tiene esa connotación religiosa. No se jura, sino se protesta, se hace el compromiso, se promete”.

Fuera de México, sin embargo, resulta llamativo que la palabra utilizada sea “protestar”, por el uso más común de la acepción de “queja o disconformidad”.

Los cambios que ha tenido este protocolo presidencial reflejan también cómo México se fue transformando en un Estado laico, sin influencia de la Iglesia, a lo largo de su historia.

La Constitución de 1824, la primera del país independiente, marcaba un protocolo totalmente opuesto: declaraba que la religión del país “es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana”.

Entonces, el presidente entrante estaba obligado a decir: “Yo, ‘N’, nombrado presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, juro por Dios y los Santos Evangelios…”.

El artículo 101 de la Constitución mexicana de 1824
Pie de foto,El texto constitucional de 1824 tenía referencias religiosas que ya no existen.

Para la década de 1850, México tuvo un conflicto bélico entre liberales y conservadores que desembocó en el triunfo de los primeros, que proclamaron la separación Estado-Iglesia.

Surgió entonces la Constitución de 1857, que mantuvo el acto de “jurar” pero eliminó las referencias religiosas: “Juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”.

La promulgación de las Leyes de Reforma, posteriores a esa Constitución de 1857, terminaron por sustituir el “juramento” y en su lugar se especificó que el presidente debía “protestar”.

La Constitución de 1917, vigente hasta la actualidad, eliminó cualquier simbolismo religioso.

Y así se ha mantenido desde entonces.

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Ser propietario de una vivienda no es el sueño americano

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Escribe Artis Shepherd / Mises Institute – En una entrevista reciente con Bill Maher, Nancy Pelosi discutió una ley de California propuesta recientemente, el Proyecto de Ley 1840 de la Asamblea, que tenía como objetivo proporcionar fondos de los contribuyentes a los compradores de vivienda por primera vez, independientemente de su estatus migratorio. En defensa de la ley propuesta, que finalmente fue vetada por el gobernador de California, Gavin Newsom, Pelosi declaró que quería ayudar a los inmigrantes ilegales a lograr el “sueño americano”.

Dejando a un lado la locura de obligar a los contribuyentes de California a financiar préstamos hipotecarios para inmigrantes ilegales, ser propietario de una vivienda no es el sueño americano. Los políticos propagan este mito, con la ayuda de sus socios compinches en las industrias de la banca y la vivienda, porque le da al gobierno una excusa útil para atrincherarse aún más en una industria de 40 billones de dólares, siempre acumulando más poder en el proceso.

Cómo los federales se apoderaron de la vivienda

La historia de la injerencia del gobierno en la vivienda comprende intervenciones desacertadas pero cada vez mayores. A medida que cada intervención se sumaba a las anteriores, la influencia del gobierno federal crecía.

Después de la Primera Guerra Mundial, la llamada “escasez de viviendas” obligó al Congreso a liberalizar el crédito hipotecario. La Gran Depresión centró a los legisladores en estimular la construcción de viviendas como una cura para la economía. El período posterior a la Segunda Guerra Mundial trajo la Ley GI, ya que la vivienda para los veteranos se convirtió en el centro de atención. El período inflacionario de alto gasto de la década de 1970 vio la creación de Freddie Mac, la segunda agencia gubernamental —después de la creación de su gemela, Fannie Mae, en la década de 1930— para proporcionar liquidez general al mercado hipotecario mediante la compra de hipotecas. En la década de 1990 y principios del siglo XXI se vio una tremenda presión aplicada a los bancos por los regímenes de Clinton y Bush Jr. para aumentar los préstamos hipotecarios al mercado de alto riesgo (es decir, aquellos con mal crédito), mientras que las políticas de ZIRP bajo las últimas tres administraciones (Obama, Trump y Biden) fueron diseñadas, en gran parte, para impulsar la demanda de vivienda.

A medida que se acumulaba la participación del gobierno en la vivienda, un número cada vez mayor de personas, en su mayoría votantes, quedaron bajo el ámbito de las políticas correspondientes. Por lo tanto, se dio justificación política a la continuación de la intervención. Las burbujas inmobiliarias se convirtieron en un imperativo político, mientras que el estancamiento, o la mera desaceleración, en el mercado se convirtió en un lastre político.

Hoy en día, el control del gobierno sobre la vivienda es casi absoluto. A través de sus diversas agencias, sobre todo Fannie Mae, Freddie Mac, la FHA y el VA, garantiza más del 90 por ciento de las hipotecas de viviendas unifamiliares.

¿Qué ha obrado la intervención?

Si bien los objetivos de vivienda a largo plazo han sido discutidos por varios comités gubernamentales desde la década de 1930, los objetivos políticos cambiantes a corto plazo a menudo han tenido propósitos contradictorios. Sin embargo, cualquier búsqueda de objetivos políticos implicaba necesariamente hacer que las viviendas fueran más asequibles. Como era de esperar, el historial del gobierno federal en ese sentido incluye décadas de fracaso.

Desde 1940 —una fecha aproximada de inicio de una intervención gubernamental seria en el mercado de la vivienda— hasta hoy, los precios nominales de las viviendas han aumentado casi un 15.000 por ciento, de 2.938 dólares a 426.900 dólares. El precio medio de la vivienda en 1940 era 2,1 veces superior al salario medio. Hoy en día, es 7,1 veces el salario medio. En términos “ajustados a la inflación”, las viviendas son cuatro veces más caras hoy que en 1940, lo que indica que los precios de las viviendas han aumentado mucho más rápido que el “nivel general de precios”.

Para aquellos que señalan el tamaño de las viviendas más grandes como un impulsor de los precios más altos, tenga en cuenta que la tendencia ajustada a la inflación no se ve materialmente afectada cuando se tiene en cuenta el tamaño. Además, el tamaño más grande de las viviendas es el resultado de una política monetaria laxa con respecto a la vivienda.

En particular, los precios de las viviendas han aumentado más rápido durante períodos de intervención entusiasta del gobierno. En la década de 1940, cuando esencialmente comenzó el control gubernamental del mercado de la vivienda, los precios de las viviendas aumentaron a una tasa anual del 10 por ciento. Durante la década de 1970, un período de política monetaria sustancialmente laxa y gasto excesivo, la tasa anual de aumento fue del 11 por ciento. De 2000 a 2007, la burbuja inmobiliaria de alto riesgo se produjo junto con aumentos anuales de precios del 12 por ciento durante el período. Más recientemente, a raíz del pánico de Covid, la impresión de dinero y el atracón de ZIRP de 2020, los precios de las viviendas aumentaron a una tasa anual del 14% entre 2020 y 2022.

¿Vida, libertad y una hipoteca fija a 30 años?

Está claro que equiparar la propiedad de la vivienda con el “sueño americano” es una herramienta política sumamente efectiva. Ha permitido que el gobierno se enrede completamente en un mercado de 40 billones de dólares y se posicione como un “socio” en el bienestar de decenas de millones de estadounidenses, al tiempo que hace que la vivienda sea más cara, más lenta y de peor calidad, en igualdad de condiciones.

A la luz de los hechos, el sueño americano que están vendiendo los políticos es un mito peligroso. Peligroso porque presupone la participación del gobierno en la búsqueda de un objetivo colectivo —la propiedad generalizada de la vivienda facilitada por el Estado— al tiempo que fomenta una mentalidad impulsada por la deuda y disminuye el impulso individual para producir y adquirir recursos a través de la interacción voluntaria.

El verdadero sueño americano, tal como era, era uno de individualismo en ausencia de matonismo gubernamental, de individuos que perseguían sus propios ideales personales basados en sus trayectorias de vida particulares en lugar de una empresa social colectiva, parafraseando a John Archer.

Lejos de sus objetivos declarados, la facilitación gubernamental de la compra de viviendas ha llegado a servir a sus verdaderos objetivos: una mayor influencia sobre la economía estadounidense y, en consecuencia, un mayor poder político. Todo esto en detrimento, y a expensa, del estadounidense promedio.

Artis Shepherd es el fundador y socio gerente de una firma de capital privado con sede en el área de Dallas-Fort Worth, y anteriormente trabajó para un fondo soberano de riqueza en el Medio Oriente supervisando sus inversiones hoteleras en Europa, África y Asia. Es licenciado en Ingeniería Informática/Eléctrica por la Universidad de Purdue y tiene un MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago (Booth). Publica contenidos en MTSObserver.substack.com.

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