El Gobierno nacional solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska la suspensión del proceso de discovery y del pedido de desacato impulsado por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. La presentación advierte que los requerimientos para identificar activos embargables —incluidas las reservas de oro del Banco Central— son intrusivos, improcedentes y afectan la soberanía argentina, además de tensionar las relaciones internacionales.
Un pedido para frenar el discovery y el desacato en Nueva York
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York un escrito en el que reclama la suspensión del proceso de discovery y del pedido de desacato formulado por los beneficiarios del fallo en la causa por la estatización de YPF. Según detallaron fuentes oficiales, el planteo apunta a poner un límite a lo que el Gobierno define como un uso abusivo y desnaturalizado de las herramientas procesales.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, sostiene el documento elevado a la jueza Loretta Preska. El discovery es el mecanismo judicial que permite a los demandantes solicitar información para rastrear activos embargables y avanzar en la ejecución de la sentencia.
Desde la PTN remarcaron que, a diferencia de lo ocurrido en etapas previas del litigio, “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”. En ese marco, subrayaron que el Estado argentino realizó “un esfuerzo extraordinario” para entregar información relevante, con “un volumen de producción sin precedentes”.
El foco en el oro del Banco Central y la inmunidad de ejecución
Uno de los puntos centrales del planteo oficial es la reciente escalada de los pedidos de los demandantes, que incluyeron solicitudes de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según la Procuración, estas exigencias exceden de manera clara el objeto del proceso.
El escrito aclara que las reservas de oro “son propiedad del Banco Central” y, como tales, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución”, lo que las convierte en activos no ejecutables. En consecuencia, cualquier requerimiento de información vinculado a esos bienes “resulta manifiestamente improcedente”.
Desde el organismo jurídico del Estado advirtieron que, pese al cumplimiento argentino, “los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”. En esa línea, señalaron que el discovery dejó de cumplir su finalidad original y se transformó “en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”.
Impacto de la estrategia oficial
La presentación también pone el acento en el impacto político e institucional del litigio. Según la PTN, los propios demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina, una conducta que el Gobierno calificó como “inaceptable jurídica y moralmente”.
En ese contexto, la estrategia oficial busca no solo limitar el alcance del discovery, sino también sentar una posición de fondo frente a la ejecución del fallo. El Gobierno reiteró que continuará ejerciendo “todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles”, para proteger la soberanía nacional, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos que, a su entender, vulneran la Constitución, las leyes argentinas y los principios básicos del derecho internacional.
El pedido de suspensión se inscribe así en una etapa clave del juicio por YPF, donde la discusión ya no se limita al monto de la condena, sino que se traslada al terreno de la ejecución, la identificación de activos y los límites de la jurisdicción estadounidense frente a un Estado soberano.
