JUDICIALES

Cúneo Libarona apoya el tratamiento en el Congreso de la Ley Penal Juvenil

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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona se refirió a la reciente confirmación sobre el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en el Congreso y apoyó la iniciativa del Gobierno Nacional.

En declaraciones a Radio Rivadavia, señaló que la gestión del presidente Javier Milei “pisó el acelerador en materia de legislación penal” y que este proyecto se debe debatir con urgencia, debido a que la ley actual data de 1980 y tiene una edad de imputabilidad en 16 años, “mientras que en 1978 era de 14”.

“La realidad es que el joven de 1980 no es el joven del 2026. Hoy es un joven que es producto de la droga, de la violencia, producto de múltiples factores. Hay muchísimos crímenes. Hemos tenido hechos tremendos, sangrientos, cometidos por chicos de 14, 15 años, 13, 12, que perfectamente comprenden lo que hacen. Entonces, ese chico cambió“, sostuvo el ministro.

Se debe accionar “cuando ya se cometió el delito”

Asimismo, comparó la situación con la legislación mundial, donde la edad de imputabilidad “es inferior” en países como Inglaterra y aclaró que  si bien “hay que prevenir”, también se debe accionar “cuando ya se cometió el delito”.

En la misma línea, relató sucesos que aparentemente protagonizados por menores que, con tono desafiante, afirmaban ser “inimputables” y que, con esa justificación, reincidían. Incluso, aseguró que han llegado a salir libres “hasta seis veces en un mes”.

Sobre el diseño del nuevo sistema, Cúneo Libarona explicó que “no todos los jóvenes adultos en conflicto con la ley penal van detenidos” y aseguró que las instalaciones no serán “cárceles comunes” ni “de régimen de mayores“, sino que estarán separadas de adultos y mujeres.

“Hay que reeducar, resocializar”

Para finalizar, manifestó que los menores serán sometidos a “un tratamiento educativo obligatorio, un sistema de oficio para que aprendan un oficio y un deporte” y recordó que existen lugares “que no salen tanta plata”, como los que hay en Ezeiza o Marcos Paz, donde los jóvenes están aislados de los mayores y en los que “pueden desarrollarse”.

“La idea es que separen a los menores según su connotación social, su violencia y los delitos que cometieron. Necesariamente, hay que reeducar, resocializar. No es el castigo por el castigo, es tratar de darle otra oportunidad“, concluyó.

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La Fiscalía española archivó la investigación contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España resolvió archivar la investigación preliminar contra el cantante Julio Iglesias tras las denuncias por presuntos abusos formuladas por dos exempleadas de su servicio doméstico, al concluir que España no tiene competencia para investigar los hechos denunciados. La decisión se fundamenta en que los episodios relatados habrían ocurrido fuera del territorio español, concretamente en República Dominicana y Bahamas, y que no existen vínculos jurisdiccionales suficientes con el Estado español.

La resolución, publicada este viernes, pone fin a las diligencias preprocesales iniciadas por el Ministerio Público, una instancia destinada a evaluar si corresponde abrir una causa formal. Según especialistas citados por Europa Press, la decisión no admite recurso, lo que cierra la vía judicial en el ámbito de la Fiscalía española.

Los fundamentos jurídicos del archivo y el alcance de la decisión

En una resolución de siete páginas, la Fiscalía sostuvo que la Audiencia Nacional ha interpretado de manera reiterada que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con el país. En ese marco, remarcó que “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”, específicamente en República Dominicana y Bahamas.

El dictamen detalla que las denunciantes no poseen nacionalidad española, no residen en España ni tienen en el país su “centro de vida, intereses o actividad”. Asimismo, señala que no viajaron a España junto al denunciado, lo que refuerza la ausencia de conexión territorial.

La Fiscalía agregó que los presuntos autores, incluido Julio Iglesias, no se encuentran en España, o bien, aun teniendo nacionalidad española, no residían en el país al momento de los hechos denunciados. Además del cantante, otras dos personas denunciadas, de nacionalidades brasileña y colombiana, tampoco residen en España.

Como argumento adicional, el Ministerio Público indicó que los hechos “se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, es decir, en República Dominicana y Bahamas, lo que excluye la intervención de la justicia española en esta etapa.

Las denuncias, la respuesta del artista y el impacto público del caso

Las acusaciones fueron dadas a conocer la semana pasada a través de un reportaje de investigación conjunto realizado por el medio español elDiario.es y la cadena Univision, tras tres años de trabajo periodístico. Dos mujeres —una exempleada doméstica y una fisioterapeuta— denunciaron que Julio Iglesias habría “normalizado el abuso” y generado un ambiente coercitivo, amenazante y violento en sus residencias.

Una de las denunciantes, presentada bajo el nombre ficticio Rebeca, relató que cuando tenía 22 años y trabajaba como empleada doméstica, Iglesias la llamaba a su habitación y la tocaba de forma inapropiada sin su consentimiento. Aseguró además que la obligó a participar en tríos con otra empleada, que la abofeteó y que le tocó los genitales. Rebeca es de nacionalidad dominicana.

La otra denunciante, identificada como Laura, fisioterapeuta venezolana, afirmó que el cantante le tocó los pechos y la besó contra su voluntad. También denunció amenazas de despido, control sobre su alimentación y comentarios vinculados a su ciclo menstrual. Si bien sostuvo que en reiteradas oportunidades rechazó las insinuaciones sexuales, señaló que “había chicas que no podían decir que no. Y él hacía lo que quería con ellas”.

ElDiario.es y Univision indicaron que las acusaciones están respaldadas por fotografías, registros telefónicos, mensajes de texto e informes médicos. En contraposición, personas cercanas al artista y otros exempleados negaron que existieran abusos en el ámbito del servicio doméstico.

Por su parte, Julio Iglesias calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram. Luego de que la Fiscalía le negara acceso a los detalles de las diligencias, el cantante publicó capturas de supuestas conversaciones mantenidas con las denunciantes, en las que se observan mensajes afectuosos y de agradecimiento posteriores a los hechos denunciados.

Posibles derivaciones

El archivo de la investigación no implica una valoración de fondo sobre los hechos denunciados, sino una decisión estrictamente jurisdiccional, que delimita el alcance de la actuación de la Fiscalía española. En términos institucionales, el caso vuelve a poner en debate los límites de la justicia nacional frente a denuncias de delitos presuntamente cometidos en el extranjero, así como el rol del periodismo de investigación en la visibilización de acusaciones que no siempre encuentran cauce inmediato en los sistemas judiciales.

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ARCA denunció a la AFA por facturas apócrifas y un presunto perjuicio fiscal de más de $375 millones

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante la Justicia federal, por la presunta utilización de facturas apócrifas y la existencia de salidas no documentadas de fondos, en una operatoria que habría generado un perjuicio fiscal preliminar superior a los 375 millones de pesos.
La acusación surge tras una fiscalización integral sobre las operaciones de la AFA realizadas entre marzo de 2023 y junio de 2025, y se suma a una denuncia previa por posible evasión tributaria y previsional que, según ARCA, superaría los 19.000 millones de pesos.

La presentación fue realizada por el organismo recaudador que conduce Andrés Vázquez, mientras que la AFA es presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. El expediente se encuentra actualmente en etapa de instrucción, sin imputaciones penales formales ni resolución judicial de fondo.

El origen de la investigación y las irregularidades detectadas

La investigación se inició a partir de alertas generadas por sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. Esos controles derivaron en la identificación de pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa a firmas consideradas apócrifas o sin sustento económico real.

Según consta en el expediente, la fiscalización no se limitó a una revisión formal de comprobantes, sino que incluyó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales.
Los investigadores detectaron un patrón reiterado: empresas que emitían facturas por montos millonarios sin contar con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados.

En varios de los domicilios declarados, los inspectores no lograron localizar actividad comercial, encontrando viviendas particulares o direcciones inexistentes. Además, se registraron movimientos bancarios atípicos, como retiros inmediatos de fondos, endosos de cheques y circuitos cerrados de dinero, así como la presencia de socios o directivos que integran múltiples sociedades, varias de ellas también incluidas en la base de contribuyentes no confiables.

Ajustes fiscales, montos en discusión y encuadre legal

Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas e IVA. Las resoluciones fueron notificadas electrónicamente a comienzos de 2026, otorgando a la AFA los plazos legales para presentar su descargo.

Según el detalle incorporado al expediente, la cuantificación provisoria de los ajustes es la siguiente:

Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas

  • Período fiscal 2025
    • Ajustes por resoluciones administrativas: $4.647.841,21
    • Ajustes por investigaciones sistémicas: $165.414.140,05
    • Total estimado 2025: $170.061.981,26
  • Período fiscal 2024
    • Ajustes por resoluciones administrativas: $52.148.310,91
    • Ajustes por cruces sistémicos: $129.742.595,73
    • Total estimado 2024: $181.890.906,64
  • Período fiscal 2023
    • Ajustes por resoluciones administrativas: $22.934.217,46

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

  • Período fiscal 2023
    • Ajuste determinado: $1.160.350,80

En conjunto, el monto determinado supera los 375 millones de pesos, sin considerar intereses resarcitorios ni eventuales multas, y permanece sujeto a modificaciones conforme avance el procedimiento.

La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley del Impuesto a las Ganancias, que se aplica cuando los pagos realizados carecen de respaldo en operaciones reales, aun cuando existan comprobantes formales.

La respuesta de la AFA y el avance judicial

De acuerdo con las actuaciones, la AFA rechazó los ajustes determinados y manifestó su disconformidad con las liquidaciones practicadas. Frente a esa negativa, ARCA avanzó con un procedimiento determinativo de oficio, que habilita una revisión más profunda de la situación fiscal del contribuyente.

En paralelo, nuevos cruces sistémicos permitieron detectar otras facturas observadas, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente fiscalizados, lo que amplió tanto el período bajo análisis como la cantidad de operaciones investigadas.

Los informes técnicos sostienen que la emisión de una factura no resulta suficiente para justificar la deducción de un gasto si no se acredita la prestación efectiva del servicio, la razonabilidad económica de la operación y la capacidad real del proveedor. Bajo este criterio, ARCA concluyó que los pagos efectuados por la AFA no pueden ser aceptados como gastos deducibles.

El expediente pone especial foco en el elemento subjetivo, es decir, en el grado de conocimiento o intención del contribuyente. Para ARCA, el volumen de las operaciones, la reiteración de proveedores y las inconsistencias detectadas impiden sostener que la AFA desconociera la falta de sustento económico de las contrataciones.

Impacto institucional

Ante la magnitud de las irregularidades, ARCA informó formalmente al juez interviniente, aportando resoluciones administrativas, informes técnicos y la cuantificación preliminar del perjuicio fiscal, además de solicitar la continuidad de las medidas de prueba y la autorización para nuevos requerimientos de información.

La causa permanece abierta y podría ampliarse si surgen nuevos proveedores, períodos o circuitos financieros bajo sospecha. Desde el ámbito judicial advierten que las responsabilidades finales y los montos definitivos dependerán del avance de las actuaciones administrativas y de las decisiones que adopte la Justicia.

Por su volumen económico, la complejidad técnica del esquema analizado y el alto perfil público de la entidad involucrada, el expediente se perfila como una de las investigaciones fiscales más relevantes de los últimos años, con impacto en los planos judicial, político, económico y deportivo, mientras la AFA continúa ejerciendo su derecho de defensa.

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Hallaron otro de los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez

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Una investigación que lleva adelante la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad logró dar con una flota de autos de lujo que eran utilizados en clips de cantantes como L-Gante, La Joaqui o la “China” Suárez. Ahora, se conoció un nuevo modelo valuado en 100 mil dólares que estaba en un garage porteño y ya quedó en poder de la Justicia.

Se trata de un Dodge Challenger R/T que habría sido fabricado entre el 2011 y 2014. Se trata de uno de los modelos más icónicos de la marca estadounidense y que se puede encontrar con versiones valuadas entre los 80.000 y 100.000 dólares en el mercado actual.

Según remarcaron fuentes de la investigación, lograron dar con el vehículo a través de una llamada anónima por un hombre que está prófugo. Estaba en un garage ubicado en Bernardo de Irigoyen al 600 en la Capital Federal.

Además, remarcaron que encontraron cartuchos de bala en el baúl de este vehículo, así como tres balas.

El caso de los autos de lujo incautados

La investigación se inició tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La señal dio cuenta de un posible ingreso irregular al país, bajo el régimen de turismo, de vehículos extranjeros como Chevrolet Camaro Ford Mustang, presuntamente destinados al uso de ciudadanos argentinos.

El alerta motivó la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que instruyó a sus áreas de investigación a profundizar el análisis de los movimientos y la documentación aduanera.

El resultado de ese primer análisis permitió identificar indicios de una maniobra engañosa dirigida a burlar los controles del régimen de circulación de vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Así, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea, quien dispuso la continuidad de las averiguaciones.

A partir de ese momento, se desplegaron tareas conjuntas entre la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que lograron identificar a los presuntos responsables, los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

El procedimiento culminó con una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA, autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. Participaron agentes de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI), la División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, personal de la Dirección Nacional de Migracionesy efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención permitió el secuestro de dos automóviles Chevrolet Camaro dos Ford Mustang, todos con matrícula paraguaya, así como una Toyota SW4 registrada en Argentina. Los investigadores estiman que el valor de los vehículos supera los 500 millones de pesos, una suma que los coloca en el tope de la gama de autos incautados en estos operativos.

Además, se incautaron 30 millones de pesos en efectivo20.000 dólares estadounidenses y 1.300 dólares presuntamente falsos, junto a un arma de fuego calibre 9 mm sin documentación respaldatoria.

Durante los allanamientos también se encontraron cédulas de identificación vehicular, agendas y otra documentación relevante para la causa. Dos personas fueron detenidas y alojadas en carácter de incomunicados, a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que ambos detenidos son ciudadanos argentinos y mantenían un perfil muy visible en redes sociales, donde exhibían los autos de lujo en videoclips de artistas como La JoaquiL-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones.

La maniobra consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos en calidad de turistas, pero al regresar a su país no retiraban los rodados, que quedaban en Argentina para ser usados por sus verdaderos propietarios. Uno de los detenidos alegó ser titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En los procedimientos, además de los vehículos y el dinero en efectivo, se incautaron documentos que podrían aportar pruebas sobre la identidad de los responsables y la ruta de los fondos. La investigación permanece en curso y no se descartan nuevas medidas en el expediente que instruyen la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del fiscal Marcelo Cardozo.

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Delitos contra el Estado: Casanello negó un acuerdo económico y avanza la causa contra el Polo Obrero

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El juez federal Sebastián Casanello rechazó una propuesta de reparación económica por 87,9 millones de pesos presentada por Leandro Gastón Kebleris, procesado como partícipe necesario en el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo, al sostener que los delitos contra la administración pública no pueden resolverse mediante acuerdos privados que pretendan extinguir la acción penal.

La decisión tiene impacto directo en el avance de una de las investigaciones más sensibles sobre el uso de recursos de programas sociales y deja a la causa en condiciones de ser elevada a juicio, con derivaciones institucionales y políticas relevantes.

Una oferta sin reconocimiento de hechos y sin aval del Estado

Según la resolución judicial, la propuesta de Kebleris buscaba cerrar el proceso penal sin reconocimiento de hechos ni derechos, lo que fue considerado inadmisible en el marco de delitos que afectan al Estado. La iniciativa contemplaba el giro inmediato de más de 14 millones de pesos ya embargados y el pago del monto restante en 12 cuotas, hasta completar los $87,9 millones ofrecidos como reparación.

Kebleris se encuentra procesado junto con Anahí Rivero, acusados de haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor la firma Coxtex S.A., señalada por la fiscalía como una “usina de facturación apócrifa”, sin capacidad operativa real.
La investigación sostiene que en octubre de 2021, Coxtex emitió dos facturas por un total de 5,46 millones de pesos, que habrían sido utilizadas para desviar recursos del programa Potenciar Trabajo hacia actividades de prensa, militancia y campaña electoral.

El magistrado también rechazó convocar a una audiencia para analizar la propuesta, al advertir que no existía un acuerdo previo con el Estado como parte damnificada, condición central para cualquier eventual discusión de reparación.

Rechazo unánime de los querellantes y advertencias de la fiscalía

La propuesta fue objetada no solo por la fiscalía, sino también por la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera, los tres en carácter de querellantes.
El Ministerio Público Fiscal advirtió que la causa involucra múltiples actores y líneas de investigación aún abiertas, por lo que fragmentar una eventual reparación del daño podría afectar la coherencia y solidez de la acusación.

Casanello coincidió con ese planteo y subrayó que homologar el acuerdo podría entorpecer el trámite ante el Tribunal Oral Federal N°8, que deberá juzgar al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a otras 15 personas imputadas en el expediente.

En ese marco, el juez quedó en condiciones de resolver el pedido de elevación a juicio, mientras la fiscalía continúa señalando a Kebleris y Rivero como piezas clave de un entramado que habría operado durante casi cuatro años dentro del Polo Obrero y sus unidades de gestión.

Un entramado bajo la lupa judicial

De acuerdo con la acusación, el esquema investigado se habría sostenido mediante empresas como Coxtex S.A., Ediciones e Impresiones Rumbos, Urban Graphics, Ricoprint y Miniso Trade, señaladas por emitir documentación falsa para simular compras y encubrir el desvío de fondos públicos provenientes de un programa social de alcance nacional.

El rechazo de la reparación económica marca un precedente institucional: refuerza la posición de que los delitos contra la administración pública no admiten salidas negociadas individuales y consolida el camino hacia un juicio oral que podría tener impacto político y judicial en torno al control y la transparencia en la gestión de programas sociales.

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