Coimas en el puente: 38 allanamientos y millonario botín secuestrado
Una investigación judicial en Misiones dejó al descubierto una presunta red de coimas en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta Posadas con Encarnación, en Paraguay. La causa, que involucra a 24 efectivos de Gendarmería y 22 agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a maniobras ilegales para agilizar el cruce fronterizo y facilitar el contrabando.
La pesquisa derivó en un operativo de gran escala. El pasado 16 de marzo, la Unidad de Inteligencia Criminal “Misiones” ejecutó 38 allanamientos simultáneos en Posadas, con resultados contundentes: se incautaron 57.333.470 pesos argentinos, 37.202 dólares, 947.000 guaraníes, 6.071 reales y 17 pesos cubanos, además de una gran cantidad de dispositivos electrónicos y bienes de valor. Además fueron decomisados varios vehículos de alta gama.
Entre los elementos secuestrados figuran 62 teléfonos celulares, 26 tarjetas de memoria, 19 cámaras y sistemas DVR, ocho notebooks, tres cámaras fotográficas, una caja fuerte, documentación relevante, dos módems, un GPS y un posnet, además de 649 cigarrillos extranjeros, seis cubiertas de camión y 17 vasos térmicos. También se encontraron dos armas de fuego y 102 municiones de distintos calibres.
El expediente, identificado como FPO 2837/2025 bajo la carátula “NN: Escuadrón 50 Posadas remite s/averiguación de delito”, tramita en el Juzgado Federal de Posadas a cargo de la jueza María Verónica Skanata, con intervención de la Fiscalía Federal N°1.
Según fuentes de la investigación, el caso se originó en 2022 a partir de una denuncia interna de la propia Gendarmería, luego de detectar irregularidades en el control fronterizo. En particular, se investigan cobros indebidos a taxistas, remiseros y “paseros” paraguayos para permitirles evitar las largas filas en el paso internacional, así como posibles facilitaciones al contrabando de mercaderías.
La investigación no se limita a fuerzas argentinas. También alcanzó a 25 trabajadores fronterizos paraguayos, conocidos como “paseros”, quienes quedaron bajo la órbita judicial por su presunta participación en el esquema.
A pesar de la magnitud del caso, hasta el momento no se registraron detenciones. Algunas versiones indicaban limitaciones en la capacidad de alojamiento para los implicados, aunque esta explicación fue desmentida por fuentes de Gendarmería.
El avance de la causa tuvo altibajos. Tras su inicio en 2022, el expediente fue archivado durante el primer año y recién se reactivó en 2024 con la incorporación de nuevas pruebas. En diciembre de 2025, Gendarmería solicitó las medidas judiciales que finalmente se concretaron este mes, lo que sugiere que la red habría continuado operando durante ese período.
En paralelo, los efectivos involucrados ya fueron apartados de sus funciones y se analiza su eventual pase a disponibilidad y expulsión de la fuerza.
Ahora, el foco de la investigación está puesto en el análisis de la documentación y los registros electrónicos secuestrados, claves para determinar el alcance de la operatoria, la posible existencia de una estructura organizada y el flujo de dinero generado por las maniobras ilegales.
