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Iberá consolida la reintroducción del yaguareté y alcanza los 50 ejemplares en estado silvestre

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El Parque Iberá confirmó en abril el nacimiento del yaguareté silvestre número 50, un registro que consolida el avance del programa de reintroducción de la especie en Corrientes. La nueva cría es hija de Porá, una de las primeras hembras liberadas en el marco del proyecto que busca restituir al mayor felino de la región en su hábitat natural.

El dato no es menor: el yaguareté había desaparecido de esta región y su regreso marca un punto de inflexión en términos ecológicos, pero también en la gestión territorial de áreas protegidas. Con medio centenar de ejemplares en libertad, Iberá vuelve a contar con un depredador tope activo dentro de su ecosistema.

Restauración ecológica como política territorial

El proceso de reintroducción del yaguareté forma parte de una estrategia de restauración ambiental basada en la recuperación de especies clave. Según lo informado, el objetivo central es restablecer el equilibrio natural a través de la presencia del depredador tope, cuya ausencia había alterado la dinámica del ecosistema.

En términos concretos, la reaparición del yaguareté implica recuperar funciones ecológicas críticas, como el control de poblaciones de otras especies. Este tipo de iniciativas se inscribe en modelos de conservación que combinan gestión científica, intervención humana y monitoreo sostenido.

El caso de Iberá muestra un avance progresivo: desde la liberación inicial de ejemplares —entre ellos Porá— hasta la consolidación de una población reproductiva en estado silvestre.

De la reintroducción a la consolidación poblacional

El nacimiento del ejemplar número 50 introduce un cambio cualitativo en el proyecto. Ya no se trata únicamente de liberar animales, sino de confirmar que la especie logró adaptarse y reproducirse en libertad.

Porá, como una de las primeras yaguaretés liberadas, vuelve a ser protagonista del proceso al convertirse nuevamente en madre. Esto refuerza la evidencia de que el ecosistema ofrece condiciones aptas para sostener una población estable.

El crecimiento del número de individuos también permite inferir una mayor capacidad de dispersión y ocupación del territorio, elementos centrales para la viabilidad a largo plazo de la especie en la región.

Conservación, territorio y modelo de gestión

El avance del proyecto posiciona al modelo de rewilding como una herramienta concreta de intervención sobre el territorio. La consolidación de una población de yaguaretés no solo tiene implicancias ambientales, sino que también reconfigura el uso y la percepción del espacio natural.

En este esquema, los actores vinculados a la conservación ganan centralidad en la agenda pública, al tiempo que se fortalecen iniciativas que combinan preservación de biodiversidad con desarrollo local.

El dato de los 50 ejemplares funciona, además, como un indicador de resultados en un campo donde los tiempos suelen ser largos y los resultados, inciertos.

Potencial sobre turismo y economías locales

Aunque el informe no detalla variables económicas, la recuperación de una especie emblemática como el yaguareté suele tener efectos indirectos sobre actividades como el turismo de naturaleza.

La presencia de fauna icónica puede incrementar el atractivo de áreas protegidas, generando oportunidades para servicios vinculados al ecoturismo. Este tipo de impacto depende, sin embargo, de la consolidación sostenida del proyecto y de su articulación con estrategias locales.

Implicancias para el NEA y la biodiversidad

El avance en Iberá tiene relevancia para el NEA, una región donde la biodiversidad constituye un activo estratégico. La recuperación del yaguareté en Corrientes puede funcionar como referencia para otras iniciativas de conservación en provincias vecinas, incluyendo Misiones, donde la especie también tiene presencia.

En este contexto, la experiencia de reintroducción aporta un modelo replicable, aunque condicionado por las características de cada ecosistema y por la capacidad de gestión local.

Sostenibilidad del proceso y expansión territorial

El desafío hacia adelante será sostener el crecimiento de la población y garantizar su equilibrio con el entorno. Variables como la disponibilidad de hábitat, la interacción con actividades humanas y la continuidad del monitoreo serán determinantes.

También queda por observar si el proceso logra expandirse más allá del área actual, consolidando corredores biológicos que aseguren la viabilidad genética y territorial de la especie.

Con 50 ejemplares en libertad, el proyecto entra en una nueva etapa: la de consolidación. El resultado, sin embargo, dependerá de la continuidad de las condiciones que hicieron posible este avance.

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El seguro que protege al yaguareté se expande y fortalece la confianza de los productores

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El pasado 8 de abril se cumplió un año de la implementación de la prueba piloto del seguro que protege al yaguareté y acompaña a los productores rurales, una herramienta inédita a nivel mundial desarrollada de manera articulada entre el Ministerio del Agro y la Producción, Río Uruguay Seguros y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En este primer año, la experiencia dejó resultados significativos que permiten evaluar no solo su funcionamiento técnico, sino también su impacto social y territorial. A nivel provincial, se registraron más de 60 denuncias por posibles casos de depredación, de las cuales 21 corresponden a la zona cubierta por el seguro. Este dato representa un incremento del 300% en comparación con el año anterior, una variación que no responde a un aumento de los ataques, sino a un cambio profundo: los productores vuelven a confiar en los mecanismos institucionales para canalizar estos conflictos.

A partir de estos resultados, el Gobierno provincial decidió avanzar en la ampliación de la zona de cobertura, incorporando a los municipios de Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda. Esta expansión permitirá alcanzar a más de 100.000 personas, consolidando el alcance territorial de una política pública que articula producción y conservación.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó que “este primer año confirma que estamos en el camino correcto. No solo logramos poner en marcha una herramienta única en el mundo, sino que generamos confianza en los productores, que hoy denuncian, participan y se involucran. La ampliación del seguro es una decisión estratégica: queremos que más familias rurales puedan producir con respaldo y, al mismo tiempo, seguir protegiendo a una especie emblemática como el yaguareté. Esto es un Estado presente que construye soluciones concretas”.

Por su parte, Emilce Errubidarte, Directora General Administrativa del Ministerio del Agro y miembro del equipo coordinador del seguro, subrayó que “el crecimiento en las denuncias es un indicador positivo, porque refleja que el productor reconoce que hay un sistema que responde. Este seguro es una herramienta integral que ordena la convivencia, genera información y permite mejorar las estrategias de prevención”.

En términos operativos, el seguro activa un protocolo claro ante cada denuncia: se realiza un peritaje técnico a cargo de una organización especializada, se verifica el evento de depredación y, en caso de corresponder, se otorga una compensación económica al productor afectado, acompañada de asistencia técnica para prevenir nuevos episodios. En este sentido, Guido Solowinski, integrante del equipo técnico del seguro, explicó que “uno de los puntos clave es la rapidez de respuesta y el acompañamiento posterior: no solo se resuelve el evento, sino que se trabaja en el manejo del rodeo y en medidas concretas para reducir el riesgo en cada establecimiento”.

La política, que en su lanzamiento posicionó a la provincia como pionera a nivel mundial, se consolida hoy como un modelo replicable de articulación entre el sector público, el ámbito privado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. En un territorio donde el yaguareté es símbolo de biodiversidad y la producción rural es sustento de miles de familias, la experiencia demuestra que la coexistencia es posible. Con un Estado presente y políticas innovadoras, Misiones vuelve a marcar un camino donde desarrollo y conservación no se contraponen, sino que se potencian.

Para denuncias en la zona asegurada, comunicarse al 3764-179080 (Río Uruguay Seguros).

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Parques Nacionales incorporará 40 guardaparques y abre una señal de gestión en áreas protegidas

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El Directorio de la Administración de Parques Nacionales formalizó el 9 de abril la apertura de un concurso para cubrir 40 cargos de guardaparques técnicos (categoría GT-2), en el marco de la Resolución 112/2026 publicada este 13 de abril en el Boletín Oficial. La decisión, respaldada por el presupuesto vigente y el nuevo régimen de carrera aprobado en 2022, reactiva el ingreso de personal en áreas protegidas en un momento donde el Gobierno redefine prioridades en la administración pública. ¿Se trata de un refuerzo operativo o de una señal política sobre la presencia estatal en territorios estratégicos?

Un proceso encuadrado en la nueva carrera de guardaparques

La medida no surge de manera aislada. Se inscribe en el rediseño institucional del Cuerpo de Guardaparques Nacionales establecido por el Convenio Colectivo homologado por el Decreto 647/2022, que introdujo un esquema de carrera con dos agrupamientos: Técnico y de Conservación Territorial.

En ese marco, la resolución activa el mecanismo formal de selección previsto en ese régimen, con convocatoria abierta y publicación obligatoria en el Boletín Oficial, la cartelera de empleo público y sedes del organismo. El objetivo es avanzar con la cobertura de cargos financiados en la planta permanente, específicamente en el Agrupamiento Técnico.

El proceso incluye además la implementación de una etapa clave: el Curso de Habilitación para el Agrupamiento Técnico, cuya currícula fue aprobada días antes. Esta instancia funciona como filtro profesional y operativo, y define el ingreso efectivo al sistema.

Para sostener el procedimiento, el organismo designó un comité de selección con representación interna y externa, e incorporó veedores sindicales de UPCN y ATE, en línea con lo establecido por el propio régimen. También se nombró una coordinación concursal encargada de ordenar las etapas y garantizar los plazos.

Recursos, presupuesto y continuidad operativa

El llamado se apoya en la Ley de Presupuesto 2026 y en la decisión administrativa que distribuyó los créditos del ejercicio. No es un dato menor: la cobertura de estos cargos implica disponibilidad efectiva de recursos en un contexto donde el gasto público está bajo revisión.

Desde el punto de vista operativo, la medida responde a una necesidad explícita: sostener el proceso de incorporación continua de personal en áreas protegidas. En términos prácticos, eso significa reforzar la presencia territorial del Estado en parques nacionales, donde las tareas técnicas —monitoreo, conservación, control— requieren personal calificado.

El dato cuantitativo es preciso: 40 vacantes en el nivel técnico, una escala acotada pero significativa dentro de la estructura del organismo.

Entre ajuste y selectividad

En términos de correlación de fuerzas, la decisión introduce un matiz en la política de empleo público. Mientras otras áreas avanzan en recortes o reestructuraciones, Parques Nacionales habilita ingresos, aunque bajo un esquema regulado y con requisitos específicos.

El movimiento puede leerse como una señal de selectividad: no se expande el Estado de manera general, pero se refuerzan funciones consideradas estratégicas. La conservación ambiental, la gestión territorial y el control en áreas protegidas aparecen, en este caso, como prioridades que justifican la incorporación de personal.

Al mismo tiempo, la inclusión de sindicatos como veedores mantiene un canal institucional activo en un contexto donde las relaciones laborales en el sector público atraviesan tensiones. No hay ruptura, pero tampoco expansión indiscriminada.

Un proceso que recién empieza

La apertura del concurso no resuelve por sí sola la cuestión de fondo: la capacidad operativa real en parques nacionales dependerá de la ejecución efectiva del proceso, la formación de los seleccionados y su despliegue en territorio.

En las próximas semanas habrá que observar dos variables. Por un lado, el nivel de convocatoria y la competencia por los cargos, que marcará el atractivo del sistema. Por otro, la velocidad del proceso, en un esquema que exige múltiples etapas administrativas y formativas.

El Gobierno mueve una pieza en un tablero más amplio: el del rediseño del Estado. Pero el impacto final no se medirá en la resolución publicada, sino en cuántos de esos 40 cargos terminan efectivamente ocupados y operativos en el terreno.

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Misiones avanza en la reintroducción del mono carayá rojo para evitar su extinción en el país

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Misiones avanza en una estrategia clave para la conservación de su biodiversidad con el desarrollo de un proyecto que busca evitar la extinción del mono carayá rojo (Alouatta guariba) en Argentina. A través de un proceso de reintroducción planificado y el trabajo articulado entre organismos provinciales, nacionales y organizaciones especializadas, la iniciativa apunta a recuperar a largo plazo las poblaciones de esta especie críticamente amenazada, actualmente reducida a un número mínimo de ejemplares en la selva misionera.

En este contexto, la doctora en Ciencias Biológicas Luciana Oklander, presidenta de Neotropical Primate Conservation Argentina (NPC), brindó detalles sobre los avances y las acciones en marcha. El proyecto es impulsado por la ONG en articulación con el Ministerio de Ecología, el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y el Estado nacional, en el marco del Plan Nacional de Conservación de Primates.

La situación es alarmante. “En Argentina se estima que hay menos de 30 individuos adultos del mono carayá rojo”, explicó Oklander. La especialista remarcó que la especie se encuentra restringida exclusivamente a la Selva Misionera, particularmente en el área del Parque Yabotí, lo que agrava aún más su vulnerabilidad. Ante este escenario, en 2023 se llevó adelante un taller con los actores involucrados, donde se definieron acciones concretas. “Debido a la situación crítica de esta especie, que incluso fue considerada entre los 25 primates más amenazados del mundo, decidimos avanzar en un plan de restauración poblacional porque todos los pronósticos indicaban que podía extinguirse en el país”, agregó.

El proyecto contempla una estrategia binacional con Brasil, donde existen ejemplares en cautiverio debido a la pérdida de hábitat. “Este plan entre los dos países es ideal, porque los animales que están en cautiverio allá no tienen suficiente ambiente donde ser liberados, mientras que en Argentina contamos con bosque disponible para su reintroducción”, explicó.

Como parte del protocolo sanitario, los ejemplares que serán trasladados desde Brasil llegarán vacunados contra la fiebre amarilla y atravesarán estrictos controles. “Van a cumplir una cuarentena de un mes en Brasil y otro mes en Argentina, antes de iniciar el proceso de adaptación en el área de reintroducción”, detalló.

El primer sitio elegido para este proceso es el Parque Provincial Cruce Caballero, un área donde la especie habitaba: “Ese lugar tenía monos y hoy está vacío, justamente por los brotes de fiebre amarilla. Incluso existe un sendero llamado Sendero de los Monos, que hoy no tiene ejemplares”, indicó la investigadora.

Allí se implementará una “suelta blanda”, un mecanismo de adaptación progresiva. “En un recinto de presuelta, los animales comienzan a familiarizarse con el ambiente, alimentándose de las especies vegetales del lugar, mientras se realiza un seguimiento constante hasta su liberación definitiva”, explicó Oklander. Este proceso contará con la participación de guardaparques, técnicos y voluntarios.

El proyecto también incorpora una fuerte estrategia de educación ambiental en las comunidades cercanas. “Vamos a continuar trabajando con talleres en escuelas para dar a conocer la vuelta del carayá rojo en Argentina. Esto ya lo venimos haciendo y la respuesta fue impresionante, incluso de personas mayores que recuerdan cuando estos monos estaban presentes en la zona”, relató.

Con avances en los estudios de hábitat, acuerdos institucionales y procesos administrativos en marcha para la importación de ejemplares, Misiones se prepara para dar un paso clave en la conservación de una de sus especies más emblemáticas. Si el proceso resulta exitoso, no solo permitirá evitar su extinción en Argentina, sino también recuperar funciones ecológicas y fortalecer el vínculo entre las comunidades y su entorno natural.

Una especie con alto valor ambiental en peligro

Entre las principales causas de la drástica disminución de la especie se encuentran la caza y los brotes de fiebre amarilla. En este sentido, Oklander destacó un aspecto clave: “Son animales muy sensibles a este virus, por eso se los considera centinelas o guardianes de la salud. Cuando mueren, alertan a la población sobre la presencia del virus, que se transmite por mosquitos”. A su vez, aclaró que no representan un riesgo directo para las personas ya que no contagian a los seres humanos.

Más allá de su valor para la biodiversidad, el mono carayá rojo cumple un rol ecológico fundamental. “Son jardineros del bosque. Al alimentarse de frutos, dispersan semillas que luego germinan, ayudando a regenerar el monte de manera natural”, destacó. Este servicio ecosistémico resulta clave para la salud de la selva y tendría un alto costo si debiera ser reemplazado por intervención humana.

Finalmente, Oklander subrayó el valor cultural de la especie en la región: “En la zona de frontera con Brasil,el mono aullador es muy reconocido. Incluso hay expresiones culturales asociadas, y existe la creencia de que cuando el monte aúlla, es porque está sano”, cerró.

La recuperación del mono carayá rojo representa una acción estratégica para restituir procesos ecológicos clave y fortalecer la resiliencia de la Selva Misionera. En este sentido, el proyecto no se limita solo a la conservación de una especie, sino que se inscribe en una mirada integral y consolida el compromiso de Misiones con la protección de su patrimonio natural a largo plazo.

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El sector forestal defiende la reforma a la ley de Manejo del Fuego

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La Red de Manejo del Fuego Rural presentó ante las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Honorable Senado de la Nación su posición técnica respecto a las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815), incluidas en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26).

Desde la entidad -que coordina Claudia Peirano, directora de la Asociación Forestal Argentina y que integra la facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones- señalaron que la reforma no implica una flexibilización ambiental, sino que busca corregir distorsiones del régimen vigente que han generado efectos jurídicos y económicos adversos sin reducir los incendios.

“Evitar tratar como culpables a quienes sufren un incendio”

Según explicaron, la normativa actual (Ley N.º 27.604) introdujo restricciones automáticas sobre el uso del suelo tras incendios, sin distinguir su origen ni las circunstancias del siniestro. “Se configuró un esquema que, en la práctica, presume culpabilidad y aplica consecuencias sobre propietarios que también son víctimas del incendio”, indicaron desde la Red.

En ese sentido, advirtieron que este enfoque:

  • no ha demostrado eficacia en la reducción de la siniestralidad,
  • genera incentivos que desalientan la denuncia de incendios,
  • y produce efectos económicos desproporcionados sobre las tierras afectadas.

Protección ambiental: qué se mantiene

La entidad remarcó que la reforma mantiene intacta la protección de los bosques nativos, conforme al ordenamiento territorial establecido por la Ley N.º 26.331. Las modificaciones se concentran en eliminar restricciones generalizadas que hoy se aplican también sobre tierras productivas, sin diferenciación ni sustento técnico.

Uno de los ejes del planteo es la ausencia de evidencia científica que respalde los plazos de restricción de uso del suelo (hasta 30 y 60 años). Desde la Red señalaron que:

  • los tiempos de recuperación varían según el ecosistema,
  • en muchos casos son significativamente menores,
  • y pueden incluir cambios en el uso del suelo como parte del proceso de restauración.

La entidad también advirtió que el régimen vigente genera pérdida de valor de los activos, incertidumbre para la inversión y restricciones que afectan el uso productivo del suelo de manera desproporcionada.

Desde la Red señalaron que la discusión responsable de la problemática de los incendios rurales requiere un abordaje más amplio, que incluya prevención, detección temprana, ataque rápido, control, identificación de causas y responsabilidades y restauración.  “Este debate excede el alcance del proyecto presentado y requiere una discusión específica sobre políticas de gestión integral del fuego”, indicaron.

Finalmente, destacaron que la reforma en tratamiento representa una oportunidad para alinear la normativa con principios básicos del derecho y evitar efectos contraproducentes. “La protección ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto. Corregir una regulación que genera distorsiones es un paso necesario para construir políticas públicas más eficaces”, concluyeron.

El planteo oficial busca retrotraer el esquema a una versión anterior, bajo el argumento de que permitiría equilibrar la protección ambiental con la continuidad de la actividad privada. “Si un productor sufre un incendio, no puede disponer de su propiedad, lo que agrava aún más la pérdida económica”, sostuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando anunció las reformas.

El debate se da en un contexto marcado por incendios recurrentes en distintas regiones del país, particularmente en el sur argentino. Según estimaciones de organizaciones ambientalistas, miles de hectáreas fueron afectadas en los últimos meses, lo que reaviva la discusión sobre los mecanismos de prevención, control y regulación del uso del suelo tras los siniestros.

En paralelo, el paquete incluye cambios en la Ley de Tierras Rurales, que actualmente limita la compra de campos por parte de extranjeros. La normativa vigente establece un tope del 15% del territorio nacional en manos foráneas, junto con restricciones por nacionalidad, superficie y ubicación en zonas estratégicas.

La intención oficial es flexibilizar esos límites para facilitar el ingreso de capitales internacionales en sectores considerados clave.

Desde el Ejecutivo sostienen que actividades como la producción agropecuaria, la minería y la energía requieren inversiones de gran escala, lo que implica acceso a extensiones significativas de tierra.

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