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Paraguay en alerta por una baja de impuestos de electrónica en Brasil

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El Ministerio de Hacienda de Brasil anunció esta semana que la importación de productos de informática, telecomunicaciones y bienes de capital, tendrá una reducción de impuestos del 10%. La medida afectará a 1.495 productos y será implementada diez días después de la publicación oficial de la Cámara de Comercio Exterior, lo que indica que al final de la próxima semana ya estará en vigencia.

“Hoy la frontera depende del nivel de competitividad, con el anuncio que acaba de hacer Brasil, ese nivel sufre un nuevo golpe, que la va a afectar”, manifestó Juan Santamaría, director ejecutivo de la Fedecámaras de Ciudad del Este.

La estimación ministerial brasileña es que los precios a los consumidores finales se reduzcan entre el 2 al 5% y pueda beneficiar no solo la importación de maquinarias destinadas a sectores productivos, sino también a artículos importados utilizados en todos los sectores de la economía, como celulares, computadoras y equipos médicos. Es lo que refirió el sitio de Agencia Brasil.

“La medida beneficiará al consumidor brasileño y a los pequeños y medianos empresarios con la reducción de tarifas de importación de productos como aparatos celulares y notebooks, de 16% para el 14,4%, y de equipos médicos de Rayos X y microscopios ópticos, de 14% para 12,6%”, refiere el comunicado oficial del Ministerio de Hacienda de Brasil.

El dirigente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Said Taigen, respondió a esto con que “cada vez aumenta la competencia en contra del comercio fronterizo”. Recordó que existe un proyecto de ley para el comercio de frontera en el Parlamento que debería ser una prioridad.

“Para el comercio fronterizo, se da obviamente un golpe más, porque si el Estado paraguayo no pudiese igualar los aranceles anunciados por Brasil e incluso bajarlos, la competitividad de la frontera se verá muy afectada y, en consecuencia, el empleo, al igual que la recaudación por importación y pago de ganancias que genera la frontera”, sostuvo Juan Santamaría.

Explicó que, “una política nueva de Jair Bolsonaro es evitar la fuga de divisas hacia otros países, no importa cuales, porque Brasil tiene diez años en que el comercio no fue el mejor y una forma de mejorar es bajar los aranceles y evitar que haya fuga de divisas por los países vecinos”.

A esta situación se suman los Duty Free en las ciudades brasileñas fronterizas que “tienen en jaque al comercio de las fronteras paraguayas en su nivel de competitividad”.

“Por eso hemos pedido al gobierno nacional que no deje de mantener a la frontera en su agenda. Si el Gobierno no atiende la solicitud de los empresarios, de los propios paraguayos que viven en la frontera, el valor del comercio se va a deteriorar y, en consecuencia, también el empleo, que es fundamental, no solo para esta parte del país, sino en todo el territorio nacional”, agregó el ejecutivo de uno de los gremios de comercio de Ciudad del Este. Recordó que hay un proyecto presentado al Congreso Nacional por las Cámaras de Comercio y el régimen de turismo que vence el 31 de diciembre de 2023.

Para Santamaría, es necesario que el Gobierno paraguayo sea claro. “Que diga si tiene o no interés en el negocio fronterizo y que lo diga a paraguayos y extranjeros. No podemos seguir trabajando erráticamente”, concluyó el representante de la Fedecámaras (Federación de Cámaras de Comercio).

Juan Santamaría dijo que si, el proyecto presentado por los gremios de comercio al Congreso Nacional, requerirá de mucha discusión, urge una medida temporal por parte del Gobierno para con las ciudades fronterizas. Esa medida debe contemplar un plazo de discusión del proyecto presentado, reducción de los aranceles, revisión y actualización del régimen de turismo, para garantizar la competitividad.

“Si esto no tiene respuesta y el Gobierno sigue manteniendo silencio, los inversionistas pueden interpretar que el Gobierno no tiene interés en mejorar las fronteras, no tiene interés en el empleo fronterizo y en seguir acogiendo a los inversionistas para el negocio que tienen las ciudades vecinas a sus pares de países cercanos. Hablar de reconversión en estos momentos sería una fantasía”, sentenció Santamaría. Como datos finales indicó que la importación para el negocio del turismo de compras bajó el 38%, según informe de la Aduana y que en los celulares la reducción es hasta el 21%.

Fuente La Nación

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El agua vital, esencial e insustituible para la vida, está en peligro

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Escribe Norberto Ovando* – El agua, un recurso que se agota por el crecimiento de la población y el cambio climático global

El acceso al agua potable es indispensable para la salud

22 de Marzo “Día Mundial del Agua”

Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.

El recurso

El agua potable es uno de los recursos que favorece el desarrollo de una sociedad.

La decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes.

El agua es la sustancia que hace posible la supervivencia y el desarrollo de todos los seres vivos, incluida la especie humana. La crisis climática hace que cada vez tengamos menos agua disponible.

El acceso al agua es un derecho fundamental e inalienable, reconocido así a nivel mundial a partir de su calidad de recurso insustituible para la vida, las actuales condiciones de propagación del virus COVID-19 exige total responsabilidad con el uso del agua en las actividades domésticas e institucionales y por supuesto, supone también la optimización del líquido vital en actividades de producción y la vigilancia de las autoridades ambientales y territoriales.

Irónicamente, somos una región llena de agua, pero con sed. América Latina y el Caribe (ALC) es una parte del mundo privilegiada al contar con más del 30% de las reservas globales de agua dulce y con apenas el 18% de la población del planeta.

En ALC de los 77 millones de habitantes que no cuentan con servicios de agua potable; 51 millones habitan en zonas rurales mientras que los restantes 26 millones se encuentran en zonas urbanas.

En Argentina el 21% de los 45 millones de habitantes no tiene acceso a la red pública de agua. Además no es solamente su disponibilidad sino también su calidad.

Según la Fundación Plurales, existen comunidades, en algunas provincias de Argentina, en las que deben caminar hasta cuatro o seis horas para conseguir agua potable.

Según los datos de la UNESCO, el consumo de agua se ha multiplicado por seis en el último siglo y crece a un ritmo de un 1% anual.

Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), cada vez más países están experimentando estrés hídrico, y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050.

Los recursos de agua dulce disponibles por persona han disminuido en más de un 20% en las últimas dos décadas debido al crecimiento de la población y el desarrollo económico, exacerbados por el cambio climático, y de no tomar medidas la tendencia continuará, advirtió la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

La escasez de agua afecta al 40% de la población. Por cada grado centígrado de aumento, 500 millones de personas más sufrirán una reducción del 20% de los recursos hídricos renovables.

Impactos

Con una población en aumento con crecientes demandas de servicios básicos y un modelo de desarrollo sustentado en la explotación de materias primas, ALC se encamina hacia una agudización en la explotación de sus fuentes de agua.

Un documento realizado por la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señala que “La disponibilidad de agua dulce es uno de los grandes problemas que se plantean hoy en el mundo y, en algunos aspectos, es el principal.

Durante los próximos 50 años los problemas relacionados con la falta del agua o la contaminación de masas de agua afectarán prácticamente a todos los habitantes del planeta”.

La región experimenta una creciente dependencia en el uso de sus fuentes hídricas subterráneas: América del Sur utiliza entre el 40 y el 60% del agua que consume de los acuíferos, aunado a esto, existe una deficiente gestión en el manejo y conservación del agua.

Otro serio problema es el deterioro de la calidad de las aguas. Actualmente son muchos los ríos cuyos niveles de contaminación los están haciendo inservibles para el consumo humano.

Si el agua con la que dispone una comunidad no es segura, o sus sistemas de saneamiento no cumplen con los requerimientos básicos, el agua puede convertirse en un transmisor de enfermedades.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha manifestado en varias ocasiones que el 85% de las causas de enfermedades y de muertes en el mundo, se asocian con el agua contaminada y la falta de acceso a la misma. Anualmente 3 millones de personas mueren por enfermedades de origen hídrico.

Según el estudio Global Burden of Disease (Carga Global de Enfermedad), denominado Proyecto GBD, con sede en la Universidad de Washington y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, 1.23 millones de personas murieron prematuramente en 2019 como resultado de la falta de agua potable.

América Latina no escapa a esta realidad, anualmente se reportan 150.000 muertes por enfermedades hídricas, 85% de las cuales, ocurren en niños menores de 5 años de edad.

Las amenazas a la seguridad hídrica corresponden básicamente a un eventual desequilibrio entre los caudales posibles de obtener del sistema hídrico, dada su capacidad de manejo y la infraestructura disponible, y las demandas del sistema productivo. Este desequilibrio se origina en las frecuentes falencias en el sistema institucional, que resulta incapaz de establecer un balance efectivo entre disponibilidades y demandas.

Alrededor del 41% del riego actual se produce a expensas de los requisitos de flujo ambiental, que son esenciales para mantener los ecosistemas que brindan funciones de soporte vital.

Los principales factores que afectan la oferta y/o la demanda de agua, generando situaciones de desequilibrio, son:
a) Impacto de la variabilidad y del cambio climáticos;
b) Cambios en el sistema de recursos hídricos (demandas, tecnologías, etc.), debido a la dinámica económica y social presente en las cuencas;
c) Explotación sin control de las aguas subterráneas;
d) Deterioro de las cuencas altas de los ríos y
e) Deterioro de los hábitats y perdida de las funciones de regulación de eventos hidrológicos extremos que cumplen los humedales. Estos factores, en ausencia de un sistema de gestión suficientemente sólido, pueden generar desequilibrios entre la oferta y la demanda en el mediano o largo plazo.

La contaminación del agua resulta de legislaciones inadecuadas y de la falta de inversiones para tratar residuos.

Los gobiernos deben garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, el saneamiento y la necesidad de asegurar que estos recursos estén disponibles para todas las personas.

Derecho al agua

El año 2020 marca el décimo aniversario de la resolución histórica adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas que en 2010, “Reconoció el derecho al agua potable y al saneamiento seguros y limpios como un derecho humano que es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. La ONU advierte que la crisis del agua y del saneamiento está empeorando.

“La palabra ‘agua’ rara vez aparece en los acuerdos climáticos internacionales”, indica la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. “Las contribuciones determinadas a nivel nacional que presentan los Estados en virtud del Acuerdo de París son de carácter general y no proponen planes específicos para el agua, agregó”.

La Asociación Amigos de los Parques Nacionales adhiere a la campaña global de #AcciónPorElAgua de Naciones Unidas, “Agua para el Desarrollo Sostenible”.

Conclusión

Es necesario que las políticas públicas y el sistema institucional consideren el elevado grado de incertidumbre existente, debido tanto a la variabilidad hidrológica y cambio climático, como a la profundidad de los cambios sociales, económicos y políticos presentes.

Se deben instrumentar más regulaciones legales para responder a las necesidades de conservación y desarrollo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, del ordenamiento territorial, el manejo del cauces e inundaciones, la regulación de los aspectos ambientales y de la calidad de las aguas, la contaminación difusa, el desarrollo de infraestructura verde, entre otras.

Hacer un uso responsable del agua es esencial en el contexto actual.

  • Por Prof. Norberto Ovando* Presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN) Experto Comisiones Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y, Educación y Comunicación (CEC) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
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Los incendios en Chubut son un atentado a la soberanía

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Parecería que lo único concreto hasta ahora, es que los múltiples focos de incendios, en los paradisíacos lugares cordilleranos del oeste de la hermosa provincia de Chubut, han sido intencionales.

Y con el atentado a pedradas contra el vehículo en el que iba el presidente -¡insólitamente sin custodia!-, el tema de los incendios parece haberse “tapado”.

De esos lamentables y criminales hechos de múltiples focos de incendios, sin datos concretos hasta ahora que definan con precisión los culpables, los autores materiales y eventualmente, los instigadores en las sombras; pueden no obstante analizarse los hechos y evaluar los accionares precedentes y diversos tipos de amenazas, o planteos y/o atentados de menores envergaduras, que pueden tener algunas o muchas vinculaciones con las brutalidades perpetradas.

Señalando en rápida síntesis, los sectores socio – económicos que –prima facie- han sido mencionados como probables instigadores o culpables de esos aberrantes hechos, solo como hipótesis de análisis pero sin pruebas concretas, son mencionados seguidamente.

 Los sectores del ultra ecologismo nucleados en el estentóreo “no a la mina” y grupos habitualmente de pocas lecturas de ciertas “progresías” fuera de foco, no dudaron en señalar como supuestos culpables a los fuertes intereses vinculados con la mega minería. Esa hipótesis no parece coherente, y precisamente a esas empresas no les interesa un escenario de tierra arrasada, por múltiples motivos, incluso de imagen pública.
 Culpar en sentido contrario, a los grupos de activistas anti mineros, tampoco se ve como algo coherente, más aun considerando que varios de ellos viven en las zonas afectadas, no pareciendo tampoco su modus operandi, si bien son proclives a la violencia, tal como lo dejaron patente en la agresión al móvil presidencial.
 Los millonarios extranjeros, que adquirieron enormes extensiones de tierras y cerraron accesos a lagos y otros sitios de interés local y turístico; así como especuladores inmobiliarios, son indicados por algunos opinantes como posibles instigadores de los incendios. No se mencionaron pruebas concretas.
 Los fuertes intereses geopolíticos, particularmente los alineados con el Bloque Atlantista, claramente buscan la disolución nacional, lo cual es un objetivo sin plazos y sin pausas, por parte de los que buscan instalar la globalización salvaje, cuyo objetivo es hacer desaparecer o al menos fragmentar hasta hacerlos inviables, a los países excluidos de ese grupo de poder. Mucho más si se trata de uno de grandes dimensiones y potencialidades, como Argentina, que además tiene la capacidad de nuclear a varias naciones hermanas de la región. Es de recordar que ya en 2001, en plena crisis terminal provocada por el neoliberalismo, se había fogoneado la nefasta idea de la “necesidad” de permutar deuda por territorios, mencionándose como posible la entrega parcial o total de La Patagonia Argentina, a ese efecto. Al volver el neoliberalismo en el cuatrienio 2015-2019, se volvió a operar en ese sentido, destrozando adrede el tejido social y la economía nacional, además de despreciar nuestra soberanía con acciones nocivas a los Intereses Nacionales, y en lo interno instando a las provincias al endeudamiento irracional en divisas y por montos impagables; a la vez que se desalentaban todas las actividades económicas, en particular las industriales, las tecnológicas y las economías provinciales periféricas (estas últimas mencionadas con el eufemismo de “economías regionales”). Arrasar el hermoso noroeste de Chubut y áreas cercanas de Río Negro, es una acción funcional al despoblamiento, el cual de perpetrarse, favorecería la fragmentación territorial de Argentina.
 Esos poderosos intereses del mega poder atlantista, cuentan con el beneplácito de sectores muy colonizados mentales de uniformados proceseros (afines a los que tomaron por asalto el poder en 1976, con la excusa de las guerrillas, para instalar el neoliberalismo salvaje, buscando retrotraernos a la hoy inviable economía primaria). El dogmatismo muy cerrado y nulo pensante es la caracterización de esos practicantes del patrioterismo declamativo y del accionar entreguista subordinado al ”mundo libre, occidental y cristiano” (que no es ni libre, ni occidental ni cristiano). Algunos de sus componentes son muy afines a las acciones violentas, como las que practicaron cuando las bayonetas protegían a los “Chicago’s Boys”. Son proclives a la “mano dura” represiva en vez de la integración cultural de toda nuestra población. No obstante, no parece que los incendios sean el modus operandi de esos grupos, pero tampoco cabe descartar de plano que hayan operado como instigadores de los perpetradores incendiarios, pues esos actos de terrorismo ambiental son funcionales al esmerilado político del actual gobierno, para favorecer el retorno de sectores oligárquicos neoliberales a los que son adictos los patrioteros.
 El accionar de pequeños pero muy activos grupos violentos, autodefinidos como “mapuches”, es muy conocido, tanto en el sur argentino como en el chileno. De hecho, la denominación de “mapuche” desplazó a la de “araucanos”, que era el nombre de esa etnia existente en Chile antes de la llegada de los españoles. Se sabe que a ambos lados de la cordillera, no solo amenazaron, sino también agredieron a propiedades y personas de etnias no mapuches, instigando el odio al blanco, incluso incendiando o destruyendo iglesias católicas. Esos grupos tienen discursos dictados desde la ONG Mapuche Nation, con sede en Bristol, Gran Bretaña (una institución que muestra trazas de ser operada por “los servicios” colonialistas británicos). Desconocen la soberanía argentina, fogoneando la fragmentación territorial a favor de la pretendida nación mapuche. Operando contra la pacífica mestización de la población argentina (que permite la integración y mezcla de diversas etnias que componen nuestra población), sus promotores –como el anarquista y por ende apátrida Osvaldo Bayer-, promueven la instalación de odios irreconciliables, como paso previo a la violencia, la cual sumada al trabajo de zapa de grupos ultra indigenistas, buscan la disolución nacional. Sus accionares y discursos muy violentos, los posicionan como posibles sospechosos de los incendios.

Cabe la salvedad, elemental pero no siempre conocida, que al ser actos de repercusiones internas pero con claros ribetes geopolíticos, es muy difícil aportar pruebas concretas, máxime analizando los hechos desde el otro extremo geográfico de Argentina. Tan elemental como entender que los análisis geopolíticos difícilmente puedan sustentarse en pruebas concretas y tangibles, por ser hechos realizados generalmente en forma solapada, y en muchos casos con atentados de distracción para ocultar los objetivos principales.

¡Claro está que no faltan enjundiosas personas opinantes, que desde mentalidades “progres fuera de foco” (de esas “antimperialistas” que terminan siendo marionetas de los poderes que dicen aborrecer), exigen pruebas concretas y tangibles, para hechos consumados desde lo oculto y muchas veces tergiversado!

Llama la atención la inacción de organismos de inteligencia para prever y ahora dar con los instigadores de esos actos criminales que costaron vidas, cuantiosos bienes y brutales daños ambientales.

Y la carencia total de aviones hidrantes, con cuyo accionar se hubieran salvado bienes y vidas, no es concebible en un país de dimensiones continentales como Argentina. Hay versiones que el rabino puesto a Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable del macrismo (tema del cual nunca demostró conocimientos), habría cancelado las operaciones de leasing (alquileres) que permitían que contemos con esos valiosos elementos para combatir grandes incendios. Faltan precisiones que terminen con los entrecruzamientos de versiones y fake news maliciosos.

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A partir de abril, los cajeros automáticos dejarán de ser gratuitos para estas operaciones

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La suspensión del cobro de comisiones para las operaciones había sido dispuesta por el BCRA a partir de marzo del año pasado cuando se inició la cuarentena

El Banco Central (BCRA) notificó que seguirá siendo gratuito el uso de la red de cajeros automáticos para los usuarios con cuentas sueldo, jubilaciones y beneficiarios de planes sociales.

Sin embargo, al resto de los usuarios, los bancos podrán volverles a cobrar por algunas operaciones a partir de abril, según corresponda en cada caso.

En un comunicado, la entidad monetaria informó que “la gratuidad del uso de las redes de cajeros se mantiene hasta el 31 de marzo para todos los usuarios del sistema financiero”.

La medida fue decidida por el Directorio del Banco Central de la República Argentina y comunicada a las entidades y sus clientes este viernes.

“A partir de esa fecha, sólo los titulares de tarjetas de débito asociadas a cuentas sueldo, pago de jubilaciones o planes sociales podrán seguir utilizando sin costo alguno cualquier cajero, sin importar a qué banco o red pertenecen”, amplió el BCRA.

El resto de los usuarios podrá utilizar gratuitamente los servicios de cajero automático prestados por su entidad.

La suspensión del cobro de comisiones para las operaciones en cajeros automáticos había sido dispuesta por el BCRA el año pasado durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y luego prorrogado en sucesivas ocasiones.

Sin tarjeta de débito, podés sacar plata del cajero

Los cajeros automáticos deberán contar con lectores de huellas digitales para que las personas usuarias puedan optar por validar su identidad con este dato biométrico para realizar operaciones, anunció este viernes el Banco Central.

Esta normativa fue dispuesta hace un tiempo por el Directorio del Banco Central de la República Argentina y será tanto para los cajeros ya habilitados como para los que se pongan en funcionamiento en el futuro.

La posibilidad de utilizar la huella constituye una opción que puede reducir la fricción entre los usuarios y los dispositivos tecnológicos, facilitando asimismo los pagos de beneficios sociales a personas que no poseen tarjeta de débito.

El uso, por su simplificación, también favorece el acceso a los cajeros automáticos por parte de los grupos de la sociedad con mayor grado de vulnerabilidad, facilitando su inclusión financiera en niveles de calidad, dijo la autoridad monetaria.

La utilización de la huella dactilar es posible porque Argentina cuenta con una base de datos biométricos centralizada y es administrada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

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Ministros de Salud evaluaron estrategias para acelerar impacto de vacunación en reunión del Cofesa

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Los ministros de Salud del país evaluaron hoy priorizar la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 para alcanzar a un mayor número de personas y favorecer la inoculación de adultos mayores, como parte de las estrategias para acelerar el impacto de la inmunización contra el coronavirus, durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que encabezó la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti.

Como parte de las estrategias, la gestión de los casos sospechosos, sus contactos estrechos y el trabajo en territorio serán fundamentales en la segunda ola, informó en un comunicado el Ministerio de Salud de la Nación.

En la primera reunión presencial del Cofesa, tras más de un año en el que se hicieron encuentros virtuales por la pandemia, las autoridades sanitarias evaluaron otorgar prioridad a la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad Covid-19, para lograr la protección de un mayor número de personas y favorecer la vacunación de los mayores de 60 años.

Vizzotti aclaró, en ese sentido, que lo que se está evaluando, en función de la evidencia disponible, es “diferir la segunda dosis unos meses pero no dejar de aplicarla” y sostuvo que no tiene consecuencias en el efecto de la vacuna e “incluso en algunos casos ha demostrado que es más eficaz”.

El Ministerio sostuvo que países como Reino Unido y Canadá decidieron diferir la segunda dosis y precisó que en el caso británico se observó la reducción de las internaciones y muertes en un 90% en personas mayores de 60 años con una dosis.

La ministra afirmó que el objetivo del plan de vacunación es bajar la mortalidad y expresó que “ningún país ahora está vacunando la cantidad de personas necesarias para eliminar la transmisión”.

Asimismo, manifestó que se espera la aprobación de la vacuna de Sinopharm para mayores de 60 años, para fortalecer la vacunación de ese grupo etario y darles prioridad, objetivo en el que coincidieron los ministros provinciales.

La directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, realizó una presentación sobre el impacto de la pandemia en el país y dijo que el 85% de los casos se concentró en los menores de 60 años, mientras que el 83% de los fallecidos tenían más de 60, por lo que se priorizará en la vacunación a los adultos mayores.

La ministra, por su parte, sostuvo que tras un relevamiento realizado a nivel nacional, el 86% del personal de salud del país recibió al menos una dosis y alrededor del 50% el esquema completo.

El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, en tanto, explicó que 18 países tienen el 88% de las dosis ofrecidas en el mundo y afirmó que “todos esperamos que la producción crezca y que la distribución se incremente en forma sostenida”.

Castelli dijo que Argentina tiene contratos firmados por 65.400.000 dosis y sostuvo que que continúan todas las negociaciones posibles con otros proveedores, reportó el ministerio en el comunicado.

La ministra, por su parte, al referirse a la preparación para minimizar el impacto de la segunda ola, aclaró que este año “el partido se juega en el territorio, no en las camas de terapia intensiva” y sostuvo que el objetivo es la identificación temprana y si se evidencia un aumento de casos “disminuir la circulación de personas en forma transitoria sosteniendo las actividades productivas, comerciales y económicas”.

Vizzotti solicitó a las autoridades sanitarias desalentar los viajes al exterior “ante el riesgo individual y sanitario de introducir una nueva variante del virus” y fortalecer el estudio de PCR al ingresar al país, la declaración jurada y el control del cumplimiento de los 10 días de aislamiento desde el resultado de la PCR.

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