La presencia de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los presuntos herederos de Mauricio Macri, le dio un contexto inédito a la presentación de la oferta formal a los acreedores externos de la Argentina. El inevitable default tras el paso turbulento de la alianza Cambiemos, fue declarado sin estridencias y con un contundente respaldo en medio de una cuarentena en la que el presidente Alberto Fernández se muestra como piloto de tormenta.
Esta vez no hubo aplausos como en diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá declaró la quiebra de la Argentina tras la acumulación de deudas iniciada en la dictadura con su apogeo en los 90 y el continuismo de la otra alianza. El país estaba entonces convulsionado por la pobreza y el desempleo que tenían niveles inéditos, como resultado de políticas muy parecidas a las aplicadas entre 2015 y 2019. Los resultados, obviamente, son muy parecidos. El desempleo actual acaricia el diez por ciento y la pobreza abraza al 40 por ciento de la población.
La decisión de reestructurar la deuda externa es la única salida para “no postergar las necesidades de los argentinos y las argentinas”, destacó el Presidente en su mensaje.
Lo que hubiera sido un momento de convulsión económica, pasó casi inadvertido en medio de la crisis por el coronavirus. Nadie dudaba que una quita era inevitable después del explosivo endeudamiento de los últimos dos años de Mauricio Macri. Sin embargo, la oferta a los acreedores es mucho menos agresiva de lo que podría esperarse. La quita se enfoca en los intereses y no en el capital, que sufre una reducción mínima.
La reestructuración de la deuda alcanza a 68.843 millones de dólares -41.548 millones emitidos en los últimos cuatros años)-, con un período de gracia hasta 2023, con una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62 por ciento de intereses y de pago de capital de 3600 millones de dólares. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023.
El ahorro entre 2020 y 2025 equivale a 34.100 millones de dólares, lo que equivale a 2,9 millones de respiradores de industria nacional, 10,4 años de Asignación Universal por Hijo, 205,9 veces el presupuesto de las Becas Progresar, entre otros ahorros.
También significa aliviar la carga de la deuda en un momento en que el Estado es un actor imprescindible y aliado necesario de la recuperación después de la parálisis provocada por la pandemia.
El escenario global también es otro. La pandemia está modificando las políticas económicas de los principales países del mundo, cuyos Gobiernos tuvieron que volcar millones de dólares para sostener a empresas y trabajadores. Hasta el Fondo Monetario Internacional -que ya había reconocido a la deuda argentina como insostenible- y el Banco Mundial parecen conmovidos y anunciaron que se va a condonar la deuda a los países más pobres.
El Fondo Monetario advierte que “en épocas de pandemia, la política fiscal es clave para salvar vidas y proteger a las personas. Los gobiernos deben hacer todo lo que sea necesario. Pero deben asegurarse de guardar los recibos”.
Hasta el momento, los países han adoptado medidas que ascienden a alrededor de USD 8 billones para contener la pandemia y los daños a la economía.
La asistencia de emergencia proporcionada a nivel mundial incluye un aumento del gasto y los ingresos no percibidos (USD 3,3 billones), préstamos e inyecciones de capital del sector público (USD 1,8 billones), y garantías (USD 2,7 billones). El Grupo de los Veinte países avanzados y emergentes está a la cabeza con la aplicación de medidas que ascienden a un total de USD 7 billones. El apoyo fiscal también puede proporcionarse a través de los estabilizadores automáticos: elementos característicos del sistema tributario y de prestaciones que ayudan a estabilizar los ingresos y el consumo, como los impuestos progresivos y las prestaciones por desempleo.
“Argentina ha estado siguiendo un proceso ordenado, sobre la base de buena fe, para reestructurar la deuda y restaurar la sostenibilidad. La Argentina constituirá un gran antecedente para el funcionamiento de la arquitectura internacional de resolución de crisis de deuda soberana”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán.
“Vamos a pagar la deuda sin que haya más postergaciones para los argentinos”, definió el presidente Alberto Fernández.
“El consenso es total. Estuvo firme el Presidente sin ocupar la pandemia como una oportunidad para negociar la deuda. Se apostó a que se va a pagar y no a negar la deuda. La oposición estaba completa y acompañó”, destacó el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, uno de los mandatarios que se hizo presente en la residencia de Olivos para reiterar, en la cumbre, la necesidad de que la Nación cumpla con sus deudas para con la provincia y el mismo Presidente, sus compromisos de campaña. La foto con un Fernández sonriente es una respuesta alentadora.
Misiones reclama una deuda de más de tres mil millones de pesos, que se fue acumulando en los últimos años de la gestión de Macri en fondos para viviendas, salarios docentes, fondos tabacaleros y de previsión social. Además de una compensación extraordinaria de 2.500 millones mensuales por la desigual distribución de coparticipación.
Recuperar esos fondos es imprescindible. La Provincia tiene sus cuentas en orden y puede custodiar a los más postergados o sectores de la economía que sufrieron de lleno el impacto del parate. Pero los recursos son finitos y las demandas, crecientes. Cada día que pasa se torna más duro para miles de familias.
De todos modos, Misiones es una de las provincias que se mostró mejor preparada para enfrentar la pandemia. El sistema sanitario puesto en valor desde hace más de una década, está a la altura con la mejor tecnología y el tiempo se aprovechó al máximo acondicionando espacios para recibir a pacientes o para aprovechar las amistades cultivadas en los últimos años, como con la provincia china de Fujian, -el hermanamiento se firmó en 2005, cuando Carlos Rovira era gobernador- que donó 5000 elementos de protección N95 -los más caros y efectivos- para médicos y enfermeros y otros diez mil elementos de protección menores.
La Provincia se anticipó a los pasos dados por la Nación desde el minuto cero de la aparición del coronavirus. Se suspendieron clases -que recién volverían a fines de junio o en julio-, se licenció a personal de riesgo y se empezó con el bloqueo migratorio. El Gobierno nacional tomó después idénticas medidas. Pasado un mes de la cuarentena, el Gobierno de Herrera Ahuad sigue un paso adelante: la repatriación de misioneros varados en el país se inició bajo un estricto protocolo, primero con los enfermos, después los trabajadores y por último los estudiantes.
Este fin de semana la Nación dio otro inexplicable paso en falso al liberar hasta el martes el regreso de cualquier argentino a su domicilio. A las pocas horas colapsó la página desde donde debía bajarse la declaración jurada y nadie sabe a ciencia cierta cuánta gente circulará por las rutas hasta el martes y mucho menos, se tendrá control del cumplimiento del aislamiento obligatorio. Un error que expone a miles de otros ciudadanos que se estuvieron cuidando en estos días.
Así como las encuestas marcan que Alberto suma respaldos por el manejo de la crisis e incluso la posibilidad de cobrar un impuesto a las grandes fortunas, el equipo político todavía se muestra endeble. La firmeza del timón no se replica en todo el cuerpo gubernamental. El misionero Sergio Lanziani es uno de los que está en veremos. Ahora asomó el nombre de un eventual reemplazante si el secretario de Energía sigue sin hacer pie: se trata de Matías Bianchi, ex director de Arsat con vínculos directos con La Cámpora y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lanziani hasta ahora no mostró credenciales y arrecian las críticas de los principales operadores del mercado energético.
La ruta del paciente 4
La rigurosidad de la cuarentena y de los controles es clave para aplanar la curva. El cuarto caso de coronavirus en Misiones es una muestra de que cualquier descuido puede terminar mal. El hombre, de 61 años trajo de Brasil una carga de bananas que terminó en Buenos Aires. Ingresó por Bernardo de Irigoyen hace más de diez días y, aunque se aisló, se automedicó mucho antes de ir al médico. Su esposa es la primera víctima del contagio por contacto estrecho. El hombre está en estado delicado con pronóstico reservado. Nadie puede precisar la cadena de contactos que ha tenido.
Son enormes las presiones para aliviar la cuarentena, pero en el Gobierno provincial están convencidos de que la única manera de proteger la salud de los misioneros es con un control efectivo. De hecho, en las últimas horas se reforzó el reclamo a la Nación para que haya mayores controles en las fronteras, por donde siguen ingresando camiones como el que manejaba el caso cuatro.
La actividad económica es, obviamente, otra preocupación del gobernador Oscar Herrera Ahuad. Esta semana se presentó un plan de asistencia de 60 millones de pesos para los municipios, que deberán volcar esos recursos en la reactivación de las unidades productivas, obras públicas menores y la fabricación de elementos sanitarios para enfrentar el coronavirus. De este modo, con pequeños estímulos, se pretende mantener la actividad latente.
El paquete se divide en tres partes: la primera, con 30 millones, duplica los fondos destinados a la emergencia alimentaria -por segundo mes consecutivo-. En segunda instancia, se realizarán aportes financieros por quince millones, de acuerdo al índice de coparticipación para financiar actividades productivas en los municipios, obras menores, ferias francas y reparación de caminos.
Finalmente, un tercer fondo de quince millones por índice de coparticipación para compra de elementos de protección y seguridad sanitaria, como barbijos y delantales médicos, que deberán gestionarse con las cooperativas locales.
La mayoría de las empresas está en problemas para afrontar los gastos y salarios del mes de abril, por lo que la asistencia es vital en estas horas. La Confederación Económica de Misiones reveló que la demanda es alta, pero que pocas firmas pudieron acceder a los créditos ofrecidos por la Nación.
Sin embargo, hasta ahora son pocas las empresas que formalizaron pedidos de auxilio.
A más de una semana de la presentación del plan provincial de asistencia, solo 40 empresas pidieron el aval de la Provincia para solicitar créditos bancarios destinados a cubrir los sueldos. Muchas ya afrontaron sus obligaciones de marzo con fondos propios y se estima que serán más las que acudan al Fondo de Crédito para cumplir con los pagos de abril. En paralelo, según datos a los que accedió Economis, en los cinco bancos principales de la plaza misionera, se entregaron créditos por 700 millones de pesos para salarios y capital de trabajo a una tasa del 24 por ciento, con financiamiento nacional. Hasta el viernes, solo 170 empresas habían solicitado abonar el 50 por ciento de la tarifa eléctrica de sus unidades productivas.
