La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. La decisión, de carácter administrativo, abre paso a dos instancias judiciales claves: el análisis de las apelaciones presentadas por el Estado argentino y la audiencia oral del 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales, en la que los jueces escucharán en directo a las partes.

Con esta resolución, el paquete accionario estatal en YPF seguirá bajo custodia de la Caja de Valores, mientras se desarrollan los trámites de apelación, que podrían demorar hasta dos años en obtener un fallo definitivo.

El juicio por la expropiación de YPF se originó en 2012, cuando el Congreso argentino aprobó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de la petrolera en manos de Repsol. La medida, impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, consolidó el control estatal de la compañía pero dio origen a múltiples reclamos internacionales.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de la Argentina y fijó una indemnización de u$s16.099 millones más intereses a favor de los fondos Burford y Eton Park. Según cálculos judiciales, los intereses acumulan alrededor de u$s2,5 millones por día, lo que convierte al caso en una de las disputas financieras más costosas de la historia reciente para el país.

Ante ese fallo, la defensa argentina —a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro— presentó dos apelaciones: una contra la sentencia principal y otra contra la orden de entrega de acciones. La Cámara de Apelaciones decidió ahora extender la suspensión administrativa que había dictado en junio, otorgando oxígeno a la estrategia jurídica nacional.

Lo que está en juego: acciones de YPF y la doctrina del “alter ego”

El punto más delicado del litigio es la exigencia de entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago. Los fondos buitre advirtieron que, en caso de recibirlas, las depositarían en una cuenta del Bank of New York Mellon, a la espera de un fallo definitivo.

Sin embargo, esta posibilidad enfrenta un obstáculo central: la propia ley de expropiación. Tal como recordó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cualquier eventual venta de acciones de YPF que pertenecen al Estado “debe ser aprobada por el Congreso con mayoría especial”. En ese sentido, el funcionario aseguró que la orden de entrega “es incumplible para el gobierno nacional” y anticipó que no habrá cesión voluntaria del capital accionario.

En paralelo, los fondos demandantes intentaron avanzar en otras instancias judiciales para embargar activos estratégicos del Estado argentino —como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y ARSAT— bajo la doctrina del “alter ego”, que busca demostrar que estas empresas actúan como brazos políticos del Gobierno. Hasta ahora, esos intentos no prosperaron.

La Cámara de Apelaciones fijó dos momentos clave en la agenda judicial:

• Primera etapa: continuidad de las apelaciones formales ya presentadas, que buscan revertir la sentencia de Preska y bloquear la entrega de acciones.
• 27 de octubre: audiencia oral ante los jueces de segunda instancia, que escucharán a las partes en pleno. La fecha se vuelve políticamente sensible, ya que se realizará al día siguiente de las elecciones legislativas nacionales en Argentina.

De aquí en adelante, los tiempos juegan a favor de la Argentina: el proceso podría extenderse entre 18 y 24 meses, lo que reduce la presión inmediata sobre las reservas del Banco Central y otorga margen para negociar. No obstante, el pasivo millonario sigue latente y amenaza con condicionar las políticas públicas y la estrategia energética nacional.

El caso YPF se consolida como uno de los litigios más trascendentes para el país en materia de soberanía económica, seguridad jurídica e impacto fiscal. El desenlace dependerá de la capacidad de la defensa argentina para sostener sus argumentos frente a un tribunal que ya falló en múltiples ocasiones en favor de los acreedores internacionales.