La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) registró en los primeros siete meses de 2025 una caída real del 31% respecto a 2023, según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El ajuste impacta de lleno en programas de salud, educación, desarrollo social, ciencia y obra pública, mientras se destacan dos excepciones: el aumento del 27% en la Secretaría de Inteligencia del Estado y el peso sostenido de los Servicios de Deuda Pública, que representan el 9% del gasto total. El recorte plantea dudas sobre la sostenibilidad de políticas esenciales en un contexto económico adverso.

El informe presentado por el CEPA, elaborado con datos del sistema e-Sidif y del INDEC, revela que el Gobierno nacional aplicó un ajuste inédito en la mayoría de las funciones del gasto público. La contracción es más pronunciada cuando se compara con 2023, dado que 2024 ya había implicado un freno en la ejecución, generando un “efecto de base” que profundiza la magnitud de la caída.

En la distribución funcional, la Seguridad Social explica el 58% del gasto total, seguida por Deuda Pública (9%), Salud (6%), Educación y Cultura (5%), Energía y Minería (3%), y Promoción y Asistencia Social (3%). El resto de las partidas no supera el 2% del total.

La dinámica muestra que, aunque el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal y el servicio de deuda, el costo se concentra en áreas de alto impacto social y productivo, donde se verifican recortes de hasta el 100% en programas críticos.

Recortes y excepciones en la ejecución

El informe detalla caídas significativas en organismos y programas clave:

• Salud: recortes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-52%), hospitales nacionales (-30% a -39%), ANMAT (-26%) e Instituto Malbrán (-27%). El programa Atención Sanitaria en el Territorio y la Prevención de Enfermedades Crónicas no tuvieron ejecución (-100%). La única excepción positiva fue Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (+25%).
• Educación: ejecución nula en Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%); además, fuertes caídas en Becas y Gestión Estudiantil (-76%), Acciones de Formación Docente (-76%) y Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-86%).
• Ciencia y tecnología: el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registró una caída del 81%, mientras que el CONICET retrocedió -29% y la CONAE -40%.
• Seguridad social y desarrollo social: ANSES (-8%), Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-72%), INAES (-75%). Programas clave como Economía Social y Plan Nacional de Protección Social tuvieron ejecución nula (-100%).
• Producción y energía: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-77%), INTA (-34%) e INTI (-42%). En energía, la Comisión Nacional de Energía Atómica retrocedió -40% y el ENARGAS -25%.
• Seguridad y defensa: Policía Federal (-32%), Gendarmería y Prefectura (-29%), Ejército (-17%), Armada (-20%) y Fuerza Aérea (-20%).
• Obra pública y transporte: ejecución casi paralizada, con caídas del 89% al 100% en programas de infraestructura, rutas, túneles y obras hídricas.
• Transferencias a provincias: Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), Asistencia Financiera a Municipios (-98%) y a Provincias (-99%).

En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó su ejecución un 27% respecto a 2023, constituyéndose en la única jurisdicción con crecimiento sostenido junto con el INCUCAI (+21%).

El informe atribuye la magnitud del ajuste a la estrategia fiscal del Gobierno nacional, que prioriza la reducción del déficit primario y el pago de compromisos financieros. El gasto en Deuda Pública, que representa el 9% del total, se mantiene inalterado en su relevancia, mientras las funciones de servicios sociales y económicos sufren contracciones drásticas.

El incremento en inteligencia genera debate político: para el CEPA, el contraste entre recortes en áreas sociales y el aumento en organismos de seguridad e inteligencia revela una reorientación del gasto público con impacto institucional.

Impactos sectoriales y tensiones políticas

• Social: la reducción en programas alimentarios y de primera infancia afecta directamente a los sectores más vulnerables.
• Productivo: la caída en ciencia, tecnología e industria compromete la capacidad de innovación y competitividad de la economía.
• Educativo y sanitario: la virtual paralización de Conectar Igualdad y programas de salud preventiva debilita la infraestructura social y educativa.
• Federalismo fiscal: las provincias pierden recursos clave por el desplome de transferencias, lo que puede tensionar aún más la relación Nación-provincias.
• Institucional: el aumento en inteligencia y el mantenimiento del gasto en deuda en un contexto de recortes generalizados puede generar controversia política y cuestionamientos legislativos.

De cara al segundo semestre de 2025, el principal desafío será sostener la prestación de servicios básicos y evitar un deterioro mayor en salud, educación y programas sociales. Con la obra pública casi paralizada y la inversión en ciencia en mínimos históricos, analistas advierten sobre el riesgo de un “ajuste prolongado” que comprometa tanto la cohesión social como el crecimiento económico.

El CEPA plantea que, de no revertirse la tendencia, la política fiscal podría derivar en un escenario de desfinanciamiento estructural del Estado nacional, con capacidad reducida para sostener funciones esenciales.