Los padres de unos 800.000 chicos y chicas dejarán de cobrar las Asignaciones Familiares. Es porque el Gobierno nacional redujo los topes de ingresos que dan derecho a los trabajadores formales a cobrar esas Asignaciones Familiares, como el salario familiar por hijo, prenatal y ayuda escolar anual, entre otros, según el Decreto de Necesidad y Urgencia 194/2024.

Este año se preveía que cobrarían el salario familiar por hijo los padres de 4.782.604 chicos o chicas. Ahora se estima que lo cobrarían los padres de casi 4 millones.

A su vez, los valores de los que continúan cobrando esas Asignaciones Familiares tendrán una fuerte reducción con relación a la inflación porque aumentarán entre marzo y mayo un 27,18% (igual que la movilidad previsional) cuando en el primer trimestre la inflación podría rondar el 70%.

Hasta ahora, por ejemplo, el salario familiar por hijo era de $ 20.661, $ 13.934, $ 8.426 y $ 4.345, según el Ingreso Familiar Total hasta el tope de $ 3.960.000, con valores diferenciados para algunas Provincias y localidades.

En adelante, las ayudas serán de la siguiente manera:

• Si el ingreso familiar no supera los $ 406.909, se cobrará por hijo $ 26.277, un 27,18% por encima de los actuales $ 319.947 y $ 20.661, respectivamente.

• Si el ingreso familiar supera los $ 406.909 y de hasta $ 596.776, se cobrará por hijo $ 17.722, un 27,18% por encima de los actuales $ 319.947 y hasta $ 469.237 y un beneficio $ 13.934.

• Si el ingreso familiar ronda entre $ 596.776 y $ 689.000, se cobrará por hijo $ 10.717, por encima de los $469.237 y de hasta $ 541.751 y el beneficio actual de $ 8.426.

• Por último, si el ingreso familiar total es mayor a $ 689.000 y de hasta $ 2.154.806, se cobrará por hijo $ 5.526 mensuales. Hasta ahora, es de entre $ 541.751 y de hasta $ 3.960.000 y se cobran $ 4.345.

A través de un decreto, Milei cambió los topes que regían para la percepción de asignaciones familiares de los trabajadores formales, al reducir de $ 1.980.000 brutos a $ 1.077.403 el límite de ingresos a nivel individual y de $ 3.960.000 brutos a $ 2.154.806 el tope máximo familiar, equivalente al doble del individual, con lo cual limitó el universo de potenciales beneficiarios.

La medida, que hará que una parte de los beneficiarios dejen de cobrar las asignaciones, es de “carácter urgente para superar la situación de emergencia que afecta a nuestro país”, según se indicó en la normativa.

En marzo del año pasado, la anterior administración nacional había incrementado el tope de ingresos para percibir asignaciones familiares para igualarlo al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Con esa medida, se habían incorporado unos 900.000 niños y adolescentes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Esto se sostuvo en diciembre último cuando, a partir del incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias -equivalente a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles-, el tope de ingresos del grupo familiar pasó de $ 1.401.750 a $ 3.960.000, a condición de que ninguno de los padres cobre cada uno más de $ 1.980.000, el tope individual que se aplicó en ese entonces.

El decreto de Milei reduce el límite individual para percibir las Asignaciones Familiares de $ 1.980.000 a $ 1.077.403 y el tope del ingreso familiar de $ 3.960.000 a $ 2.154.806, lo cual provocará que una cantidad de familias pierdan los beneficios.

El nuevo tope de ingresos familiar fue calculado en base al aumento del índice de movilidad de diciembre (20,87%) y la establecida para marzo próximo (27,18%) por sobre el valor correspondiente a septiembre último, indican los considerandos.

Además de modificar los topes, el DNU derogó el artículo 6° de la ley 27.160 que impedía a un mismo titular recibir prestaciones del régimen de asignaciones familiares y a la vez aplicar la deducción especial por hijo o cónyuge prevista en el Impuesto a las Ganancias.

Se señala también que el índice de movilidad será el criterio que se aplicará en los futuros aumentos, tanto de las asignaciones como de los límites de ingresos para percibirlas.

“La presente medida tiene por objeto implementar una equitativa distribución de los recursos sobre la base del principio cardinal de solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos”, justifica el decreto, que cita el DNU 70/23, el cual fija la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.

Asimismo, se señala que “la República Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

Del mismo modo, se recordó que la cobertura del sistema de seguridad social debe “alcanzar a la población para la cual se diseñaron las políticas públicas”, actualizando las decisiones “a la realidad imperante” y la “sustentabilidad del régimen”.

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