La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo con alto impacto político y económico. El fiscal Franco Picardi solicitó una nueva ronda de indagatorias contra exfuncionarios y empresarios, al considerar que existen elementos que amplían el alcance de un esquema de corrupción que habría operado durante casi dos años.

Según el dictamen fiscal, las maniobras habrían generado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos, en beneficio de un grupo reducido de empresas proveedoras de insumos médicos de alto costo.

La hipótesis central apunta a la existencia de una estructura organizada entre funcionarios de la Andis y actores privados, con roles definidos para direccionar contrataciones, manipular precios y repartir recursos del Estado. El período bajo investigación se extiende, al menos, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Una estructura con jefes identificados

La causa ya cuenta con cuatro figuras señaladas como presuntos líderes de la asociación ilícita:

• Diego Spagnuolo, extitular de la Andis
• Daniel Garbellini, ex número dos del organismo
• Miguel Ángel Calvete, empresario y lobbista
• Pablo Atchabahian, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud

Todos ellos se encuentran procesados por distintos delitos, entre ellos defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y, en algunos casos, cohecho. Los embargos dictados superan los 200.000 millones de pesos en cada caso, lo que da cuenta de la magnitud económica que la Justicia le atribuye al entramado.

En el centro de la investigación aparece el sistema Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), utilizado para gestionar la compra de insumos médicos de alto costo.

De acuerdo con el fiscal, este mecanismo habría sido manipulado para favorecer a determinadas empresas mediante prácticas como simulación de competencia, direccionamiento de licitaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

La fiscalía sostiene que funcionarios de la Andis habrían filtrado información clave —como fechas de compulsas y pagos— e incluso facilitado accesos al sistema a empresas proveedoras, permitiéndoles operar directamente sobre el esquema de contrataciones.

Más de 20 empresarios bajo sospecha

El nuevo impulso de la causa incluye el pedido de indagatoria para más de 20 empresarios vinculados a unas 30 firmas, lo que amplía significativamente el alcance del caso.

Según la reconstrucción de la fiscalía, el entramado habría sido conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, mientras que desde el sector privado los principales operadores serían Calvete y Atchabahian.

El dictamen de Picardi pone el foco en el daño generado: los recursos desviados estaban destinados a financiar prestaciones médicas para personas con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y usuarios del programa federal Incluir Salud.

La fiscalía sostiene que el esquema convirtió a la Andis en una “ventanilla administrada discrecionalmente”, donde se concentraban beneficios en proveedores afines, en detrimento de los principios básicos de transparencia y control del gasto público.

El expediente, que actualmente tramita en el juzgado de Ariel Lijo tras la intervención inicial de Sebastián Casanello, continúa en expansión. La incorporación de nuevos imputados y la profundización de las líneas de investigación anticipan un proceso de largo recorrido, con potencial impacto institucional y político.

El caso Andis no solo pone bajo la lupa un esquema de presunta corrupción de gran escala, sino que vuelve a exponer las debilidades estructurales en los sistemas de contratación pública, especialmente en áreas sensibles como la salud y la asistencia social.