Crisis de la yerba: la solución está en la mesa imperfecta

9 a 3. Una goleada. Los números reflejan una diferencia abultada. Contundente. Obedecen a una de las últimas votaciones en el seno del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el organismo encargado de regular y custodiar la cadena productiva para que haya un equilibrio en la distribución de la renta y medidas de protección para los eslabones más sensibles.

¿Qué se votaba? Una semana antes de que se vuelva a enviar la definición del precio al laudo de la Nación, a instancias de la Provincia, se puso sobre la mesa una propuesta de suspender la zafriña de marzo, una época con escaso movimiento de la producción y con una incidencia menor en los volúmenes, pero suficiente para equilibrar la sobreoferta de materia prima.

De los 240 secaderos en actividad, menos de 20 operan durante la zafriña y manejan entre trece y 16 millones de kilos mensuales, contra 130 millones de kilos en el momento más fuerte de la cosecha.

Fue un martes.

Pero los directores pidieron “tiempo” para analizar la propuesta. Aceptaron votar el miércoles, pero ya volvieron con la decisión tomada. 9 a 3.

Una nueva oportunidad perdida para equilibrar la oferta y hacer uso de las herramientas que posee el INYM desde su génesis.

Sin embargo, el resultado no sorprende. El precio se define generalmente en el ministerio de Agricultura de la Nación por falta de acuerdo. En el INYM hay una propensión a desdeñar las demandas de la producción, el eslabón más desprotegido, que a su vez arrastra a los trabajadores rurales, con apenas un lugar en la mesa, pero, llamativamente, algunas veces votando en contra de sus intereses.

Apenas tres votos a favor de suspender la zafriña: el del gobierno de Misiones, que había impulsado la medida y los dos representantes de la producción, Guido Lagier y Jorge Haddad.

Los del Gobierno y la producción correntina votaron en contra, lo mismo que los de las cooperativas de ambas provincias y los del sector industrial.

Llama la atención que algunos sectores voten en contra de sus propios intereses. Pero el resultado no sorprende. Es más o menos como viene operando el INYM desde hace varios años.

Nacido en 2002 al calor de una protesta histórica de los productores yerbateros de Misiones, en una crisis de precios mucho más profunda que la actual, el organismo que debía proteger los intereses de toda la cadena, fue perdiendo en el camino la esencia de su origen.

Los precios casi nunca se fijaron en Misiones y desde hace varios años vienen estando por debajo de las expectativas de los productores –incluso menores a los costos reconocidos por el mismo INYM, lo que viola la ley-.

Ahora se sostiene que la crisis yerbatera responde a una sobreoferta de materia prima, combinada con una caída de la demanda externa e interna. Pero es la coyuntura. El problema es estructural y de vieja data.

La ley es determinante. En su artículo 8 señala que el INYM puede implementar las medidas que resulten necesarias para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda. El noveno es más claro: puede fijar el calendario de cosecha, (no solo sugerir como en la última resolución) y limitar nuevas plantaciones. Y puede aplicar cupos de cosecha con un sistema progresivo de mayor a menor.

Es decir, la mesa del INYM tiene las herramientas desde la ley original para planificar a futuro y tomar las decisiones que sean necesarias para anticiparse a una superproducción.

La ley es diáfana. El INYM debe realizar y compilar estadísticas, censos y relevamientos de la producción, elaboración, industrialización y comercialización y consumo de la yerba. Desde 2002 figura en la ley.

Sin embargo, hasta ahora se viene postergando la conclusión de un censo para saber con exactitud cuántos productores hay y cuánto producen. Dos meses, tres, seis. Supuestamente estará en estos días. 

También puede el organismo rector de la actividad, crear registros para la identificación de la producción, elaboración, industrialización y comercialización de la yerba mate.

Asimismo, tiene facultades para mediar ante las instituciones que correspondan a los efectos de atender los intereses del trabajador del sector o incluirlo en los beneficios del fondo de desempleo nacional.

En la última protesta que ocurrió en Posadas, el directorio se desentendió de la protesta de tareferos y fue la Provincia la que tuvo que hacerse cargo. Pero está en la ley.

El 90 por ciento de la producción yerbatera está concentrado en Misiones. Sin embargo, en el directorio del INYM hay cinco representantes de Corrientes. Las Marías es la firma principal, junto a una cooperativa. El Gobierno de esa provincia, como es lógico, defiende los intereses de la compañía.

No sólo es desproporcionado el reparto de poder en la mesa yerbatera. Las Marías tiene una enorme influencia en productores, secaderos y cooperativas de Misiones, a los que les compra la materia prima. Y votan de acuerdo a sus intereses.

Con el diez por ciento de la producción en Corrientes, Las Marías concentra el 44 por ciento del volumen de yerba elaborada.

La riqueza yerbatera que se produce en Misiones, termina siendo más generosa cruzando la frontera.     

Está claro que un precio menor para la materia prima beneficia directamente a Corrientes –y un poco a un grupo de grandes industrias misioneras- en detrimento de los casi 20 mil productores misioneros. Allá casi no hay productores, por lo que no hay un problema social. Hay un gran productor-comprador que se beneficia con los bajos precios. Incluso se han denunciado operaciones trianguladas para la compra a través de empresas inscriptas en otras provincias. Pero la yerba termina en Corrientes.   

La ley del INYM también es clara en cuanto a los precios. El cálculo nunca podrá ser inferior al importe que resulte necesario para desarrollar la actividad productiva, incluyendo cargas impositivas, laborales y previsionales, incluyendo una rentabilidad razonable. En varias oportunidades se fijó un precio por debajo de los valores pretendidos por los productores e incluso, menores a la grilla de costos oficial.

El Centro de Transacciones, una prioridad para la Provincia que le daría transparencia a las operaciones y que ahora cuenta con el aval del ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, figura, en realidad, entre las partes fundantes del INYM: aparece en el artículo 32, inciso e la “implementación y operación de un centro de Transacción de la Yerba Mate”. Pasaron quince años.  

No es el único lapsus temporal de la mesa yerbatera. El 21 de junio de 2007 se declaró el “acompañamiento” del INYM a la propuesta de modificación de la normativa del Código Alimentario Nacional que establece que “la fracción que pasa por el tamiz 40 será considerada hojas” por un sistema que determine la cantidad de palo mediante el método de fibra cruda o determinación de contenido de fibra bruta. De este modo, se conseguiría bajar el porcentaje de palo y absorber una mayor cantidad de hoja verde. El 19 de enero, una década después, el INYM decidió ratificar… lo mismo. Diez años.

No fue un olvido. Desde la vecina provincia hubo fuertes presiones para que esto no ocurra.

Otra resolución del 8 de este mes, es incluso más preocupante para los eslabones más débiles de la cadena. Apurado por la necesidad de dar transparencia en el mercado, como reclaman productores y el Gobierno de Misiones, el organismo decidió que para el 31 de julio de este año, todos los secaderos deberán contar con una constancia de aprobación de balanza emitida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los que no cuenten con la balanza, podrán ser multados con el valor de hasta un millón de kilos de hoja verde.

¿Qué significa esto? Buena parte de los secaderos no cuenta con una balanza certificada y sí con otros tipos de mecanismos de medición. Solo las grandes firmas tienen balanzas del INTI.

En Misiones hay un solo operador autorizado a certificar las balanzas y asegura que no hay tiempo físico para que los secaderos cumplan con la norma. En este contexto, una multa semejante, sería la ruina y se favorece la concentración, algo que supuestamente el INYM, en su plan estratégico, advierte que hay que frenar.  

El Gobierno provincial instaló tres puntos de pesaje con balanzas electrónicas certificadas por el INTI para que operen como prueba del Centro de Transacciones. Así se puede seguir on line durante las 24 horas el movimiento de la actividad yerbatera y comparar con las operaciones bancarizadas. El sistema está en funcionamiento.

El estallido de la crisis no es culpa, claro, de las personas que ocupan los cargos. Ni de la yerbatera correntina que juega el juego que le conviene. Es en realidad, un laissez faire, laissez passer que fue resultó en tiempos de vacas gordas y precios elevados. Los productores que forjaron una enorme herramienta de transformación, ven pasar los años sin cambios profundos. Cuando el dinero fluye, no hay quejas y crece la venta de camionetas y tractores. Cuando falta, se los nota incómodos en un estudio de televisión porteño o repartiendo bolsitas de yerba en Plaza de Mayo, mendigando una audiencia con el Presidente, pero aceptando como mediador al Momo Venegas, que se enteró hace apenas unas horas de los padecimientos de sus representados.

El secretario general de la Uatre se convirtió en portador de una promesa de dudoso cumplimiento: según transmitió a los productores, el presidente Mauricio Macri garantizó un fondo de 1.500 millones de pesos para financiar la cosecha y que los productores cobren el valor fijado a través del Banco Nación, que recibiría los cheques hasta 180 días y pagaría en efectivo sin cobrar intereses.

Lejos está de ser una solución de fondo. Es apenas coyuntural. Ese dinero alcanzaría para una sola cosecha a valores actuales. Peor aún. Con dinero del Estado se estaría cubriendo el incumplimiento de las grandes industrias que son las que no pagan el precio oficial.

Los prometidos 1.500 millones servirían para pagar los intereses de las operaciones. No soluciona el problema de la yerba excedente que los grandes jugadores seguirán sin comprar o lo harán ofertando menores precios. El cheque a largo plazo suele venir acompañado por precios más bajos.

Hasta hace apenas unos días, la Nación decía que no contaba con el dinero para comprar la canchada extra en el mercado, por un valor estimado en mil millones de pesos.

Sería mejor cumplir con la ley. Pero como contó un intendente que participó de una reunión la semana pasada con los lugartenientes de Buryaile, desconocían los pormenores de la norma.   

Ante la crisis, queda en evidencia que no hay un equilibrio en la cadena y que el mercado, sin regulaciones firmes, tiende a concentrarse y engullir a los pequeños productores. Ya pasó en los 90, durante los años del libre mercado neoliberal. La hoja verde valía 0,20 centavos –vaya paradoja, de dólares, gracias a la Convertibilidad-. Menos que un chicle. Las chacras, apenas unas monedas más.  

Las fallas del INYM no deben servir de excusa, sin embargo, para despreciarlo como herramienta transformadora. Pero debe ser utilizado fervientemente por los principales interesados en un cambio: los misioneros.

Pero hasta para eso hay pequeñas trampas. El estatuto definido por los directores estableció que para poder ocupar una silla en esa mesa, el elegido debe representar a una entidad con cuatro años de antigüedad. Pasa una vida y hasta el Gobierno puede cambiar en cuatro años.

Es posible que el Gobierno provincial pida explicaciones por esa resolución del INYM y que intente modificarla.

Misiones debe –y que no se entienda esto como una guerra geográfica- proteger su economía y sus intereses. Hay que saber ocupar los espacios.

Para tener una dimensión de lo que importa la yerba mate en Misiones, van unos números. El gobernador Hugo Passalacqua oficializó la sugerencia de la Provincia para que la yerba valga 50 centavos de dólar.  De transformarse en realidad, tendría un enorme impacto económico.

Si se mantuviera el mismo ingreso de hoja verde a los establecimientos de la Misiones, según las declaraciones juradas de los operadores ante el INYM del 2016, se alcanzó los 707.267.262 kilogramos, los recursos en (por medio de los productores) se incrementarían en 1.959.130.315,74 pesos (+54%), pasando de 3.607.063.036,2 (si se mantuviera el precio de $ 5,1) a 5.566.193.351,94 (teniendo en cuenta el 50 por ciento de los 15,72 pesos por el valor del dólar vigente al cierre de las operaciones de este viernes). Dos mil millones de pesos más, en manos de productores y con un inmediato efecto derrame en la economía.

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