Crisis en Celulosa Argentina: patrimonio neto negativo y desplome en la Bolsa porteña
Celulosa Argentina perdió $172.000 millones y quedó al borde de la disolución societaria
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La histórica papelera Celulosa Argentina atraviesa la peor crisis financiera de sus más de 90 años de vida. Según el informe presentado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2025 arrojó una pérdida integral de $172.634 millones, revirtiendo la ganancia de $37.831 millones obtenida apenas un año antes.
El golpe es tan severo que el patrimonio neto pasó de $149.557 millones positivos a -$23.774 millones, ubicando a la compañía en las causales de disolución previstas en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades. Con las plantas paralizadas y los acreedores exigiendo definiciones, la continuidad operativa depende de un salvataje financiero que aún no tiene certezas.
El derrumbe de los balances revela un colapso integral:
- Pérdida neta del ejercicio: $133.303 millones.
- Resultado operativo: -$80.317 millones (contra +$64.649 millones en 2024).
- EBITDA: -$20.145 millones (había sido +$101.974 millones en 2024).
- Ventas netas: $258.637 millones, un 44% menos interanual.
La erosión de márgenes fue total: el margen bruto pasó de +25% a -17% y el operativo de +14% a -31%. El desplome se explica por una combinación de caída de demanda interna (ventas locales -32% en toneladas, y -52% en el segundo semestre), presión importadora y costos dolarizados que no acompañaron el ajuste de ingresos.

La empresa fabricó apenas 138.000 toneladas de papeles y pulpa, un 15% menos que en 2024. Desde julio, las plantas de Capitán Bermúdez y Zárate están totalmente paralizadas por falta de capital de trabajo.
Un pasivo impagable y sin acceso al crédito
El ahogo financiero es otra muestra del derrumbe. Celulosa acumuló un pasivo total de $349.620 millones, casi todo de corto plazo. Durante 2024, se financió con deuda en dólares a tasas de entre 35% y 45% anual, insostenibles en el actual contexto.
En mayo de 2025 la compañía incumplió pagos de obligaciones negociables y cheques de pago diferido, quedando restringida a operar bajo modalidad contado contra entrega. El estallido de defaults en el agro (casos Los Grobo y Red Surcos) y la falta de definiciones en el acuerdo con el FMI profundizaron la desconfianza de los acreedores, que cortaron líneas y aceleraron vencimientos.
El accionista controlante, Tapebicuá Investment Company S.L. (Madrid), con control final en Tapebicuá Cayman Ltd., aportó apenas US$7,6 millones, un alivio insuficiente frente al tamaño del agujero.
La firma contrató a VALO Columbus, consultora especializada en reestructuraciones, para explorar alternativas de reperfilamiento de deuda e ingreso de socios estratégicos. “Existen varios grupos evaluando la posibilidad de ingresar como inversores”, admitió el Directorio en la memoria, aunque sin dar plazos.
El mercado ya dictó sentencia: CELU se derrumbó en Bolsa
El 27 de agosto, tras difundirse los balances, las acciones de Celulosa (CELU) se desplomaron 10,6%, cerrando en $221,50 tras haber tocado un mínimo intradiario de $217. Con 742.000 papeles negociados y un volumen de $166,9 millones, la señal de los inversores fue clara: la empresa enfrenta un escenario límite.
Además, el Directorio propuso no distribuir dividendos y reconoció que los resultados no asignados negativos alcanzan $273.772 millones, con la reserva legal todavía en rojo desde 2016.
La debacle de Celulosa refleja problemas estructurales que golpean a la industria papelera y, en general, a la industria argentina: caída del consumo, costos crecientes en dólares, presión impositiva y apertura a importaciones.
El propio Directorio lo admitió: “Los profundos cambios instrumentados por el Gobierno Nacional en materia fiscal, monetaria y cambiaria plantean desafíos aún difíciles de superar”.
La continuidad de Celulosa depende ahora de la incorporación de capital fresco, sin el cual quedaría condenada a la liquidación. El escenario es incierto: mientras el mercado ya descuenta un default prolongado, el Gobierno observa con preocupación el posible impacto en el empleo industrial y en las economías regionales vinculadas a la cadena forestal.
