La red ciudadana colaborativa que trabaja en un plan de Políticas de Estado para que el país logre crecer y desarrollarse en los próximos años basados en cinco pilares: Bioeconomía, Minería, Energía, Economía del Conocimiento y Turismo, preguntó a los candidatos a presidente de “La Libertad Avanza” sobre estos ejes fundamentales.

La red Plan País Argentina, destaca los 5 pilares claves para impulsar el desarrollo del país, estos son: Bioeconomía, Minería, Energía, Economía del Conocimiento y Turismo. Se trata de los grandes generadores de empleo privado de calidad y divisas genuinas (esto es: tienen una balanza positiva, generan más dólares de exportación que los que gastan en importar). Cada uno de ellos, con las condiciones adecuadas, puede llegar a multiplicar hasta por diez sus valores actuales de exportación. Es decir que cada uno de estos 5 segmentos que actualmente generan exportaciones por USD 74.000 millones tienen el potencial de incrementarse en un período de 8 a 12 años a USD 182.000 millones y en 20 años hasta alcanzar los USD 386.000 millones.

Sobre las respuestas recibidas por parte del espacio encabezado por el candidato a presidente, Javier Milei, destacó del ítem Turismo la necesidad de desregular al mercado aerocomercial, “permitiendo la entrada de nuevas empresas que compitan con el actual monopolio aerocomercial permitiendo un contexto de genuina competencia para equilibrar los precios”. A su vez, respecto al eje de Minería su concepción de que es “uno de los pilares para el desarrollo nacional y regional, cuyo potencial no ha sido plenamente aprovechado e incluso se ha visto largamente postergado a pesar de haber sido considerada de suma relevancia a nivel constitucional desde el momento fundacional de la República. Los gobernadores pueden y deben trabajar junto al gobierno nacional en relación con las necesidades que requiere el sector, alineando sus políticas provinciales en el marco de la ley y sus competencias,  y en favor del desarrollo sustentable”.

Plan País Argentina es una red ciudadana colaborativa de nueva generación e innovación democrática integrada por más de 100.000 ciudadanos de todo el país y con ideas divergentes, como lo representan sus constructores entre los que están: Fernando Vilella, Fernando Meiter, Eduardo Outeiral, Rodolfo Tarraubella, Jorge Colina, Alberto Carlocchia, Annie Millet, Hector Mario Rodriguez, Fernando Lapolla, Gabriel Delgado. Plan País Argentina no aspira a ser un partido  político, sino trabajar en conjunto para elevar la calidad de la conversación pública e instalar cultura acerca del crecimiento y el desarrollo federal de Argentina.

Las respuestas de La Libertad Avanza/Javier Milei:

5PILARES

BIOECONOMÍA

1. A pesar de las políticas en contra, la bioeconomía genera la cuarta parte del empleo privado, el 70 % de las exportaciones y el arraigo poblacional. ¿Podría enumerar 5 medidas concretas que propone para su primer año de gobierno?

• Eliminar las restricciones que atentan contra las inversiones y el agregado de valor como el cepo, los impuestos a las exportaciones y los arbitrarios cierres de exportaciones o trabas burocráticas
• Generar las condiciones para que todas las inversiones, no importa rubro o localización tengan el mismo tratamiento
• Derogar la ley de tierras (ley 26737)
• Sancionar una ley que asegure la propiedad intelectual a los obtentores de semillas y órganos de propagación mejorados
• Desregular y facilitar la conectividad de datos en las áreas de producción silvoagropecuaria, por sistemas de iniciativa privada

2. La agrobioindustria argentina según mediciones del INTA e INTI tiene la menor huella de carbono en los productos que genera. Esto debería ser la base de una Marca País asociada a productos amigables con el ambiente. ¿qué estrategia propone para el posicionamiento internacional de la misma desde la Cancillería? ¿Qué rol le asigna al sistema científico tecnológico en la incorporación de más ciencia a las producciones bioeconómicas?

Los temas ambientales muchas veces en algunos mercados se utilizan como barreras paraarancelarias buscando limitar las importaciones provenientes de quienes son más competitivos como nuestro país. Sin embargo, las pésimas políticas nacionales de los últimos años generaron el sistema productivo más amigable con el ambiente en los términos por ej. de Europa.

La agresión permanente a los empresarios argentinos hizo que estos sobrevivan utilizando técnicas como la siembra directa (en permanente perfeccionamiento), generando la figura de los contratistas o financiándose a través de  pooles de siembra o fideicomisos. Cuando hoy se miden con los parámetros ambientales del IPCC los resultados del sistema, este tiene las menores huellas de Carbono y de agua. Recientemente MAIZAR (la cadena del maíz y sorgo argentinos) público un trabajo hecho por el INTA e INTI que demuestra que el maíz argentino tiene una huellade carbono un 60% debajo de la mundial. Coincidentemente con otro trabajo de Argentrigo (la cadena del trigo) que muestra también un trigo argentino con una huella 60% menor al europeo.

Esta es la razón por la que productos derivados de esos granos arrastren esa baja huella, siendo en las pastas argentinas un 70% menores a italianas o el pollo argentino con una huella un tercio del inglés o un 70% debajo del de Brasil, país que hoy es líder en el comercio mundial de esta carne. El etanol de maíz argentino accede al mercado europeo por ser el único que cubre sus regulaciones.

Estos conceptos deberían ser conocidos por nuestros diplomáticos y ejercer como argumentos que contrarresten otros en la mesa de negociaciones donde los temas ambientales ganan centralidad.

Argentina tiene todo para construir una Marca País que asocie sus productos a sistemas sustentables. Esta puede ser una palanca de precios y de acceso a mercados sofisticados. Facilitar a los privados generar esa estrategia es el camino virtuoso.

El sistema científico-tecnológico argentino tiene una baja asignación de recursos y una parte importante de la misma se destina a sueldos y gastos fijos, y poco a financiar planes de investigación y desarrollo tecnológico. Por otro lado, no alienta la generación de patentes, estando Argentina lamentablemente fuera del sistema internacional de patentamiento. La inversión privada es poco promovida y representa solo un 20%.

Entonces se invierte poco y mal, aunque en ciertos sectores como en Agro hay una producción científica de calidad, aunque ciertamente escasa por falta de recursos.

La bioeconomía se asienta en agregar cada vez más conocimiento complejo a la biomasa, proveniente de múltiples saberes como la biotecnología, las TICs, los sensores, las imágenes satelitales, los robots entre otros avances. Para lograrlo se requiere una redefinición de los organismos pertinentes para focalizar en temas y equipos de excelencia formando clústeres específicos, alentar la interacción con la inversión privada (hoy escasa y desalentada) , que permitan alinear esfuerzos dispuestos a generar los imprescindibles conocimientos que generen desarrollo en todo el territorio. Un modelo que mirar es Israel donde todo lo propuesto aquí genero una potencia de primer orden.

3. Cada argentino exporta la mitad que un uruguayo o la tercera parte de un chileno, la consecuencia son las recurrentes crisis por falta de dólares. El origen es la falta de estímulo a las exportaciones. ¿Qué medidas propone para aumentar en forma muy significativamente las exportaciones? ¿Cuál es su estrategia para ganar mercados?

Desregular o derogar todo lo que afecte artificialmente el valor de productos y servicios exportados.

Los mercados para todo lo que produzcamos existen, nuestro problema es de oferta, no de demanda y esta oferta no se genera por el desincentivo a las inversiones que requieran un mediano o largo plazo de amortización. La falta de confianza en la estabilidad de las reglas de juego son una parte importante por resolver.

Generar un sistema diplomático que tenga su centro en la apertura de mercados a partir de Acuerdos de Libre Comercio, negociados junto a los privados y según sus criterios y necesidades.

El escenario internacional es muy favorable a países como el nuestro, con grandes posibilidades de crecer productivamente estando alejado de riesgos geopolíticos como los generados por la invasión rusa a Ucrania, que les saca estabilidad a dos grandes competidores en los mercados granarios.

4. ¿Sabe cuánta agua dulce saliniza por día (o sea: envía al mar sin utilizar) Argentina? Habida cuenta que una gran parte de la población no tiene acceso al agua y que la mayor sequía de los últimos 100 años, con una pérdida de más de USD 20 mil millones de dólares de exportación, ha dejado en evidencia la importancia de regar de manera eficiente: ¿Tiene contemplado un Plan Nacional de Aguas?.¿Con qué lineamientos?

La Cuenca del Plata genera un caudal de 23.000 000 m³/s de agua dulce que se deposita en el Atlántico. Según cálculos de Alejandro Pannuzio equivalentes cada día a 250 litros por habitante del planeta (8.000 millones). Esta cuenca de 3.200.000 km² del Paraná/Uruguay es la segunda más extensa del mundo luego de la del Amazonas y es la recarga del acuífero Guaraní la tercera mayor reserva de agua dulce continental del mundo con 1 190 000 km² total, un 19% en Argentina, y un volumen total de agua dulce de aproximadamente 55.000 km³, equivalentes a toda la superficie de la provincia de Buenos Aires y una profundidad de 179 metros. En territorio nacional en toda esa cuenca prácticamente no hay un aprovechamiento para el riego total o complementario.

Estos y otros recursos como el Rio Negro con un caudal de 800 m³/s, generan un potencial de riego de unos 6 millones de has de las que solo en 1,3 se riegan.

Se requiere un plan nacional bioeconómico que libere las fuerzas productivas permitiendo las inversiones necesarias para utilizar ese potencial en el marco de un Plan Nacional de Aguas.

Este año con una sequía histórica, hubiera tenido otros resultados con una infraestructura de riego adecuada. Además, en años normales de precipitaciones, tener asegurada el agua permite el uso de la mayor tecnología que asegure los mayores rendimientos.

Un aspecto para tenerse en cuenta es el manejo de las tarifas con cargos fijos que distorsionan a las tarifas que desalientan las inversiones de los productores al pagar servicios que no reciben en buena parte del año.

Hay países ejemplo como EE. UU, Israel o Chile que con sus leyes de aguas fueron claves para un desarrollo virtuoso.

 4. En su opinión, de hacerse las cosas bien, ¿cuánto podría incrementarse el ingreso de divisas por Bioeconomía en un horizonte de 20 años? ¿Y durante su mandato?

La bioeconomía argentina se ha desarrollado en desigualdad de condiciones y a pesar de ello es por mucho el sector más competitivo de la economía nacional. Produce dos tercios de las exportaciones y lo más importante es que para hacerlo requiere pocas importaciones generando en un año normal, sin sequía, el mayor saldo neto de divisas. Aún con la sequía esos resultados se dan en menores valores. Eliminando las trabas especificas y en a marco de condiciones que permitan las inversiones las exportaciones pueden duplicarse en cinco años y por 3,5 en 20 años.

El cambio es no solo por más de lo mismo, sino por más productos más valiosos. Para lograrlo no solo se incrementaría el primer agregado de valor, los granos pampeanos, las legumbres, productos extra-pampeanos como frutas, hortalizas, forestales entre otros sino que también el segundo agregado de valor con más carnes vacuna, de pollo, porcina, biocombustibles y un tercer nivel de alimentos de consumo directo humano, vinos, lácteos, harinas proteicas vegetales y una amplia gama de los más sofisticados. Todos ellos trazados y certificados.

En los primeros 4 años será del 60%.

5. ¿Tiene los equipos de gobierno que llevaran adelante sus propuestas? ¿Quiénes son?

Un equipo multidisciplinario esta elaborando una transformación de lo que tradicionalmente fue el área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en una Secretaria de Bioeconomía.

Aún no se eligió quien será el responsable del área.

MINERÍA

(Por primera vez la dirigencia política está mostrando un interés genuino por el sector minero. Sin embargo, no estamos muy seguros de que los candidatos estén muy impregnados de la agenda de la industria ni de sus principales fortalezas, de su presente ni de su futuro y menos de sus demandas y preocupaciones).

1. ¿Qué lugar ocupa la industria minera en la estructura de sus políticas de estado que formarán parte del desarrollo de nuestro país?

En términos estructurales la minería se encuentra pensada como una Secretaría de Presidencia de la Nación a cargo de las cuestiones mineras de competencia Federal.

En lo que respecta a las políticas de Estado la actividad minera se concibe como un sector dinamizante de la economía y uno de los pilares para el desarrollo económico nacional y regional, cuyo potencial no ha sido plenamente aprovechado e incluso se ha visto largamente postergado a pesar de haber sido considerada de suma relevancia a nivel constitucional desde el momento fundacional de la República.

Uno de los principios que nos inspira es el cumplimiento de la Ley y en este sentido cabe destacar que conforme a nuestro régimen legal la explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes, revisten carácter de utilidad pública, además, las concesiones mineras se rigen por los principios de la propiedad común, existiendo por parte del Estado una prohibición de explotar y el deber de darlas a particulares en concesión para su explotación.

El Estado debe generar a todo nivel las condiciones necesarias para garantizar el respeto del derecho de propiedad y las condiciones macroeconómicas que coadyuven al desarrollo de esta actividad, que es considerada de utilidad pública. Ello facilitará la toma de decisiones de inversión en proyectos mineros de todo tipo y tamaño a verificarse en distintas provincias, acentuando el federalismo, el desarrollo regional y el del país.

2. ¿Cuáles son los temas de la minería que más inquietudes o preocupación le causan?, y en su caso, ¿cómo los manejará?

Desde el punto de vista de la viabilización de la inversión minera, conocemos las dificultades intrínsecas que en general la actividad minera enfrenta (muchas veces compartidas por otras industrias), a saber:

• Baja tasa de ocurrencia: requiere de mucha inversión en exploración hasta lograr un proyecto de explotación;
  • Requiere de Capital intensivo;
  • Largo plazo de inversión antes de alcanzar la etapa productiva y largo recupero de inversión;
  • Requiere de un régimen estable en el tiempo que permita mantener las condiciones de factibilidad;
  • Ocurre en lugares remotos de difícil acceso, con condiciones climáticas extremas, con pobre o ninguna infraestructura edilicia, energética, vial, etc;

Para posibilitar un adecuado desarrollo de la actividad minera, y para ser competitivos a nivel regional y mundial, resulta necesario generar (para la minería y otras actividades de capital intensivo) condiciones de mercado, reducir la carga tributaria total y asegurar la libertad cambiaria, garantizando estabilidad y certidumbre respecto del cumplimiento del régimen legal y la existencia de remedios efectivos para cuando el régimen no es respetado.

Sabemos también que la herramienta de estabilidad minera de la Ley de Inversiones Mineras se ha visto afectada por procedimientos y demoras injustificadas. Por otra parte, en la actualidad dada la situación macro, impositiva y de régimen cambiario, no existe para nuevas inversiones ningún interés de estabilizar las condiciones vigentes. No hay en la actualidad una adecuada herramienta de incentivo.

Finalmente, pero no menos importante, toda actividad debe desarrollarse en forma sostenible y con adecuado cuidado del ambiente, con debido cumplimiento de los procesos legales necesarios para su evaluación y aprobación ambiental.

Al respecto, resulta necesario brindar certidumbre y claridad a ciertas normas ambientales, sin lo cual no se puede lograr un adecuado cuidado ambiental. Como resultado de ideologías ambientalistas extremas y anti-desarrollistas se han creado normas confusas y vagas en cuanto al objeto protegido y con prohibiciones excesivas y arbitrarias que incluso pretenden excluir a ciertas actividades de una adecuada evaluación ambiental. Dicha falta de claridad ha tenido un costo enorme, produciendo estancamiento de inversiones y desarrollo, generando además en dudas y miedos en las autoridades y funcionarios que tienen a su cargo el otorgamiento de permisos y el control de la actividad productiva. En virtud de lo anterior, sin sacrificar la sustentabilidad que deben cumplir las actividades para su desarrollo, es necesario resolver esta situación.

Siguiendo lineamientos de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las normas deben ser claras, evitar imponer restricciones innecesarias que no brindan un mayor cuidado al ambiente y evitar excluir actividades de la evaluación ambiental, de manera que el inversor tenga seguridad jurídica y los funcionarios claridad para evaluar y otorgar los permisos. La claridad normativa es la única manera de proteger el ambiente, fomentar el desarrollo sustentable y lograr un desempeño eficiente y eficaz de los funcionarios con responsabilidad competencial.

Para dicha tarea se tendrán especialmente en cuenta los lineamientos desarrollados por la justicia en oportunidad de analizar la razonable interpretación de este tipo de normas.

3. La minería es una actividad que ofrece muchas oportunidades de desarrollo a las economías regionales. Sin embargo, la mayoría de los gobernadores poco pueden hacer para influir sobre el gobierno federal o nacional en relación a las demandas urgentes que requiere el sector para seguir desarrollándose. ¿Será posible para su eventual gobierno cambiar esta mirada y lograr una mayor atención de parte del gobierno nacional en relación con los temas económicos básicos que requiere un sector con tanto potencial de desarrollo regional?

Los gobernadores pueden y deben trabajar junto al gobierno nacional en relación con las necesidades que requiere el sector, alineando sus políticas provinciales en el marco de la ley y sus competencias,  y en favor del desarrollo sustentable.

Como directiva primaria, el análisis de este tipo de cuestiones no puede ni debe soslayar el carácter federal de nuestro país, que tiene un diseño de raigambre constitucional -muchas veces ignorado- en el cual las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal, los recursos naturales son del dominio originario de las provincias, y la autoridad competente de aplicación tanto de las reglas de otorgamiento y adquisición de derechos mineros en base al Código de Minería de la Nación como de las normas ambientales aplicables es siempre provincial.

El federalismo de concertación es un concepto de cooperación federal entre nación y provincias para articular políticas en base a sus respectivas competencias de manera coordinada, que ha sido recogido y destacado por nuestra Corte Suprema de Justicia como el camino a seguir por la nación y las provincias conjugando intereses para potenciar el cumplimiento del texto constitucional sin vaciar de contenido el modelo federal. Desde el Gobierno Federal la idea es colaborar con las políticas provinciales para promover el desarrollo del país.

El Estado Nacional tendrá como prioridad el desarrollo del país en su totalidad, para que seamos competitivos y ayudar a que las provincias potencien sus desarrollos para garantizar un adecuado y verdadero federalismo. No hay posibilidad de desarrollo de la actividad minera si no se coordinan las políticas entre la Nación y las Provincias interesadas en el impulso de dicha actividad en sus respectivas jurisdicciones, cada uno aportando lo necesario en el marco de sus respectivas competencias.

Desde la Nación se mantendrán los canales de comunicación abiertos para atender, en cumplimiento de la ley y para la viabilización de una minería sustentable y competitiva, las inquietudes, necesidades e intereses que las provincias tengan respecto de cuestiones federales. Como contrapartida será necesaria una adecuada predisposición de las Provincias para mantener una cercana comunicación y coordinación a fin de alinear políticas, mejorar la competitividad y lograr la concreción de decisiones de inversión para favorecer el desarrollo provincial y del país. En efecto, teniendo en cuenta el reparto constitucional de competencias, será necesario que desde los gobiernos provinciales exista colaboración, compromiso, coordinaciones y capacidad ejecutiva para alcanzar los mismos fines, haciendo foco en las ideas y principios que nos inspiran y más allá del signo político del gobierno de cada Provincia.

Nuestra decisión y convicción es la de promover el desarrollo y la actividad privada con total respeto de la ley y la Constitución, reduciendo el rol, presencia y participación del Estado nacional en todo aquello que represente un obstáculo a dicho desarrollo, sin perjuicio del oportuno, adecuado y eficiente ejercicio del poder de policía y de control para garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los privados y el desarrollo sustentable de sus actividades.

4. En su opinión, de hacer las cosas bien, ¿cuánto podría incrementarse el ingreso de divisas por Minería en un horizonte de 20 años? ¿Y durante su mandato?

Dar una respuesta numérica a esta pregunta sería hacer futurología. Nuestro espacio no genera falsas expectativas. Todas las políticas estarán enderezadas a incrementar el desarrollo. El crecimiento y desarrollo del país no puede ni debe medirse en cantidad de divisas ingresadas. Los factores en los que debiera hacerse foco son el nivel de pobreza, el nivel de actividad económica, el ingreso per cápita, la inflación, la capacidad de ahorro, en definitiva, el bienestar general. El concepto de “ingreso de divisas” es tan solo un aspecto cambiario, un dato de la macroeconomía entre muchos no menos relevantes. Datos más adecuados para considerar a fines de mensurar el desarrollo de la industria son: el incremento de la inversión minera en exploración, el desarrollo de proyectos de construcción y puesta en operación, los niveles de producción y exportación minera resultante de dicho desarrollo, el desarrollo regional resultante de la inversión minera y los impactos directos e indirectos en la economía asociada, entre otros.

Sin duda las políticas a implementar apuntarán a ir dejando atrás el injustificado contraste con Chile que exporta aproximadamente USD60MM, mientras que la Argentina tan sólo exporta unos USD3MM. Tal diferencia de exportación en productos mineros entre países vecinos (que implica aproximadamente una exportación para Argentina veinte veces menor) no tiene justificación razonable. Todos sabemos que existen varios proyectos importantes que con un contexto de inversión adecuado podrían ser construidos durante el próximo período presidencial con inversiones multibillonarias en dólares, y que generarán exportaciones también multibillonarias durante décadas además de empleo, capacitación, desarrollo regional y riqueza para nuestro país. Es deber de la próxima gestión presidencial adoptar las medidas necesarias para que ese inmenso potencial se convierta en realidad.

5. ¿Tiene los equipos de gobierno que llevaran adelante sus propuestas? ¿Quiénes son?

Las respuestas a las preguntas precedentes evidencian que contamos desde hace tiempo con un equipo de profesionales con amplia experiencia teórica y práctica en la materia y con décadas de reconocida trayectoria en la industria, tanto en el sector privado como en el público, más que suficiente para encarar los desafíos propuestos. No obstante ello, el espacio siempre está y permanecerá abierto para todas las personas que abracen genuinamente las ideas y principios de la Libertad.

ENERGIA

1. ¿Cuál es el plan energético que tienen en mente más allá del desarrollo de la infraestructura a construir para evacuar petróleo y gas natural de Vaca Muerta?

El Plan Energético se fundamenta en 6 pilares 1) Autosuficiencia económica-financiera de los sistemas, a través de Mercados libres y competitivos, 2) Derecho reglamentario del productor a exportar su producción, 3) Obras de infraestructura energética por iniciativa privada y licitaciones internacionales, 4) Seguridad de abastecimiento consistente con el objetivo de una balanza comercial energética positiva, 5) Regulación del Estado en Mercados monopólicos, control de posición dominante y oligopolios, mediante un Ente regulador unificado, autárquico y profesionalizado y 6) Matriz energética diversificada, segura, eficiente y sostenible, consistente con el objetivo de emisiones de netas de GEI, donde el Estado fija las pautas y los sectores y empresas deciden libremente.

2. ¿Como van a hacer para volver a equilibrar las tarifas e institucionalizar los entes reguladores?

En cuanto al equilibrio de las tarifas, que permitan la inversión y la prestación de un servicio de calidad, se prevé una eliminación paulatina, programada y explícita de todos los subsidios al precio de la energía, procurando que las tarifas reflejen el costo económico del producto y del servicio. La energía tiene que valer lo que cuesta, para que fluyan las inversiones, la calidad de servicio y el ahorro de la energía (pilar de la Transición Energética).

Paralelamente se procederá a concretando una revisión tarifaria integral (RTI) de manera acordada con los prestadores del servicio, no forzada; a fin de procurar que la calidad del servicio vuelva a los estándares internacionales, que permitan el crecimiento de infraestructura y consumo sin la intervención Estatal, en un mercado libre y competitivo.

En cuanto a los Entes Reguladores, inicialmente se normalizará su funcionamiento en un todo de acuerdo a lo establecido en las leyes (24.065 y 24.076), en tanto que en el mediano plazo se procederá a su reformulación, unificación y profesionalización, a fin de que funcione como lo hacen en Europa.

3. ¿Preservaría la segmentación tarifaria y en qué tiempo eliminaría los subsidios a la energía?

La segmentación tarifaria tiene que retornar a lo que existía cuando se promulgaron las leyes 24.065 y 24076, lo cual se realizará en concordancia con la concreción de la RTI, en forma programada y explícita. La energía debe costar lo mismo para todo tipo de consumidor, contemplando las particularidades de cantidad de usuarios por km2, distancia entre ingreso y egreso de la energía en los sistemas de transporte y características propias de tipo de consumo (factor de carga), entre otras. Caso contrario se estarían efectuando subsidios cruzados, que no congenian con los principios de igualdad que establecen las referidas leyes.

Por otra parte, se limitarán los subsidios solamente a los sectores más vulnerables y en forma directa; estableciendo volúmenes máximos de energía subsidiada. Subsidio en volumen y no en precio, que serán soportados por el Estado Nacional mediante cargos específicos y asignado a los usuarios que califiquen y mediante un sistema de tarjeta.

4. ¿YPF trabajará como una petrolera independiente o su eventual gobierno continuará con la política actual? ¿Tiene sentido para usted la existencia de ENARSA?

YPF es una empresa privada con mayoría estatal del 51% y que tiene 49% de accionistas que operan en Wall Street. Cuando se privatizó YPF se diseñó el estatuto con un fin de operar como empresa privada, sin que el Estado se inmiscuya en su gestión. Actualmente el estado se entromete por la influencia de la mayoría en el directorio y perjudica la gestión de la empresa en especial a sus accionistas privados, esto así no puede continuar. Además, en un mercado que se pretende que sea competitivo no pude haber un actor dominante, con mayoría de participación Estatal y que es utilizado por el Estado para el manejo discrecional de dicho mercado. Es una combinación dañina para el libre mercado, la competencia y la atracción de inversiones.

Mientras transcurre la etapa de normalización del sector energético, YPF será una empresa más, sin privilegios, pero con un lugar destacado en el liderazgo de la exportación de gas y del desarrollo de Vaca Muerta, por haber sido líder cuando arrancó en 2011. En el mediano plazo se analizará su reprivatización, previendo limitar su posición dominante y eliminando toda posibilidad de intervención Estatal en su gestión.

Cuando un Gobierno tiene que normalizar un sector, desde las funciones que le competen al Estado, que es procurar reglas claras y estables, seguridad jurídica, mercados competitivos, tarifas que remuneren los costos, inversiones que aseguren el crecimiento, siempre tiene que contar con «herramientas claves de carácter transitorio» hasta que las cosas se normalizan. Bajo ese escenario, ENARSA seguirá existiendo mientras se procura la normalización de un mercado de gas y electricidad libre y competitivo, como fuera promovido por las leyes 24.065 y 24.076; por lo que va a jugar un rol muy importante en el camino de dicha normalización, pero en todo caso, será un rol transitorio.

5. ¿Fusionaría los Entes de gas y electricidad en un Ente Único o qué destino daría a los Entes hoy intervenidos para no repetir la historia de las emergencias que destruyen la institucionalidad sectorial?

Como se dijo anteriormente, en primera instancia se normalizará su funcionamiento en un todo de acuerdo a lo establecido en las leyes (24.065 y 24.076), nombrando a sus directores y reformulando su estructura y cuadros técnicos, compatible con sus funciones de: proteger los derechos de los consumidores, promover la competitividad de los mercados, evitar conductas contrarias al libre mercado, asegurar tarifas justas y razonables compatibles con la seguridad de abastecimiento, velar por la confiabilidad, eficiencia, calidad y seguridad del sector, incentivar el uso responsable de la energía.

En tanto que en el mediano plazo se procederá a su reformulación, unificación y profesionalización, a fin de que funcione como lo recomienda la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) en su declaración del 19/11/2020, en la Semana de la Energía de OLADE (Organización Latinoamericana de Energía).

6. En su opinión, de hacer las cosas bien, ¿cuánto podría incrementarse el ingreso de divisas por Energía en un horizonte de 20 años? ¿Y durante su mandato?

En el corto plazo el objetivo es la reducción rápida y programada de los subsidios a la energía, que hoy superan los 9.000 millones de US/año; como así tambien facilitar y fomentar las exportaciones de gas y petróleo en firme.

En el mediano plazo el objetivo es lograr una balanza comercial energética positiva (ingreso de divisas) de no menos de 5.000 millones de US/año, escalando hasta valores de más de 10.000 millones de US/año; por exportaciones de petróleo, gas natural y GLP.

En tanto que en el largo plazo el objetivo es que Argentina tenga una balanza comercial energética de más de 30.000 millones de US/año, a la que se le sumará el ingreso de divisas de más de 4000 millones de US/año por exportación de materia prima petroquímica.

7. ¿Tiene los equipos de gobierno que llevaran adelante sus propuestas? ¿Quiénes son?

La Libertad Avanza tiene un equipo de trabajo constituido por profesionales con más de 30 años de trayectoria en el sector energético, el cual se encuentra trabajando el desde abril del presente año, elaborando el diagnóstico del sector energético, los valores base de la gestión y las líneas de trabajo de corto, mediano y largo plazo para alcanzar los objetivos establecidos.

Agregado:

Bioeconomía:

Si bien este no es un tema de responsabilidad de directa de este Equipo de Trabajo Energía, debemos resaltar que, como parte de los Objetivos de Transición Energética, la bioenergía y las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) estan consideradas como pilares significativos de la gestión, habida cuenta de las oportunidades agroindustriales que tiene la Argentina sobre el particular.

Minería:

Si bien este no es un tema de responsabilidad de directa de este Equipo de Trabajo Energía, debemos resaltar que, la Energía es un requerimiento primario del desarrollo minero y por lo tanto bajo el esquema de Iniciativa Privada (símil Chile) se facilitarán todos los proyectos de requerimientos energéticos de base y complementarios que esta industria requiera.

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO   

1. ¿Cree que hay que reformar la actual LEC?

SI. Hay varios aspectos que requieren que la Ley de Economía del Conocimiento sea modificada como: a. simplificar su reglamentación, b. eliminar la discrecionalidad de su aplicación, c. incluir a los servicios profesionales (representan el 60% de las exportaciones), d. brindar estabilidad fiscal y e. no estar ligada a partidas presupuestarias, entre varias de las modificaciones deseable.

2. En relación a 1, que piensa de:

a. Integrar a todos los sectores de la EC (específicamente los BPO)

SI. Los BPOs son valiosos porque exportan valor generando divisas, y además forman y desarrollan hablidades en las personas brindando mayor empleabilidad y por lo tanto mayor remuneración comparada.

b. Dar estabilidad fiscal

La Ley de la Economía del Conocimiento actual no brinda estabilidad fiscal y sus beneficios están sujeto a la disponibilidad de las partidas presupuestarias. Además (entre la finalización de la primera Ley 25.992 de la Ley de Promoción de Software y la reglamentación de la actual) donde no se continuó. Eso no permitió la continuidad de estabilidad fiscal buscada lo que fue muy mala para la industria y no debería volver a ocurrir.

c. Incentivos fiscales de promoción, tal como los definidos en 2019

Los incentivos planteados en la Ley de Economía del Conocimiento tal como se formuló en 2019 eran una alternativa superadora ya que no establecían obstáculos para el otorgamiento de los beneficios consagrados en la ley.

d. Eliminación del mono tributo tech (en caso sea aprobado)

El monotibuto tech es una figura tributaria donde lo que busca brindar es un beneficio cambiario cosa que se eliminaría cuando los tipos de cambio se unifiquen. De todas maneras, la Ley de Economía del Conocimiento busca promover el empleo a través de las empresas no de estas figuras impositivas.

3. ¿Cree que debemos tener educación de inglés en las escuelas, a partir del primario?

SI. Esto debería ser respondido por Educación, pero desde un punto de vista de la innovación aplicada, el idioma inglés es una herramienta de base tan importante como la capacitación tecnológica.

4. Tiene pensadas acciones de promoción en relación a la adopción de carreras STEM de grado.

            SI. Esto debería ser respondido por Educación.

5. ¿Eliminaría o no los aranceles a la tecnología?

Si. Eliminar los aranceles a la tecnología permiten una disminución en el costo de acceso a la tecnología para la mayoría de las personas. Eso es determinante para el desarrollo de las habilidades relacionadas con la economía del conocimiento y todas las carreras asociadas.

6. En su opinión, de hacer las cosas bien, ¿cuánto podría incrementarse el ingreso de divisas por EC en un horizonte de 20 años? ¿Y durante su mandato?

Las proyecciones de la misma industria indica volúmenes crecientes de exportación de USD 24,000 millones (de dólares) al año a partir de 2025.

TURISMO

1. ¿Cuál sería la principal estrategia para que la Argentina se desarrolle a partir del turismo? ¿Qué medidas tomaría para promover el turismo receptivo?

La principal estrategia para que Argentina se desarrolle a partir del turismo debe orientarse a fortalecer la Seguridad y promover el Consumo, la Diversificación y Redistribución interna de los flujos turísticos. Las principales medidas deben orientarse a fomentar la competitividad del país, generando condiciones de atractividad, construir una imagen de país seguro para la llegada de turistas internacionales y de inversión extranjera. Esta última, también siendo alentada por la reducción del intervencionismo estatal en el mercado.

Fundamentalmente, hay una cuestión que abre el juego a implementar cualquier tipo de política en turismo. Se trata de la Seguridad. En este sentido, sería necesario coordinar con las instituciones de seguridad nacional la mayor presencia de efectivos en destinos turísticos y corredores, para brindarle al turista un entorno seguro y, por supuesto también, a aquellos capitales que desean invertir en nuestro país. Esto, sin dudas, porque va a contribuir a elevar la imagen del país en el exterior donde, según la World Population Review, Argentina se ubica en la décimo séptima posición de los países con mayor tasa de criminalidad.

Por otra parte, la promoción del turismo receptivo va a depender en primera instancia en la mejorara de la competitividad del país. Y acá va a jugar un papel importante la recuperación de aquellas rutas aéreas internacionales con aerolíneas que han dejado de llegar y la apertura de nuevas con empresas que nunca se plantearon arribar al país. Y para eso se debe analizar la posición del país en relación con el mercado aerocomercial de la región, buscar ser más competitivos, revisando el régimen de gravámenes y costos de operación aérea que se imponen a las empresas en nuestros hubs.

2. ¿Cuál será la política pública para el mercado aerocomercial argentino? ¿Cómo intentará el regreso de los vuelos directos y aerolíneas internacionales que dejaron de operar en Argentina en los últimos años?

Principalmente, una desregulación del mercado, una apertura que permita la entrada de nuevas empresas que compitan con el actual monopolio aerocomercial y que permita un contexto de genuina competencia para equilibrar los precios del mercado en el transporte de pasajeros.

Para seducir a las aerolíneas internacionales a volver a operar en el país, es recomendable revisar los gravámenes y costos operativos que se imponen a estas empresas. Debe revisarse la posición del país en el contexto de la región sudamericana para poder competir con hub regionales como Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Río de Janeiro, para ofrecer oportunidades superadoras respecto a estos aeropuertos que hoy son competidores para los argentinos en cuanto a la llegada de vuelos internacionales.

Por otra parte, sería recomendable evaluar la posibilidad de crear un nuevo aeropuerto o potenciar alguno de los aeropuertos u existentes en la Patagonia para aumentar la llegada de vuelos internacionales directos. Esto parte de la base de que la región es muy demandada por el turismo internacional y al que la llegada de vuelos internacionales podría acrecentar la captación de turistas que desearían contar con vuelos directos a dicha región sin pasar por el hub de Buenos Aires.

Un aeropuerto que podría cumplir esta función es el de San Carlos de Bariloche, un aeropuerto internacional que fue ampliado en el último tiempo y que recibe vuelos directos desde Santiago de Chile y San Pablo (Brasil), los cuales se intensifican en temporada invernal.

Según datos del 2022 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), es el segundo aeropuerto del interior argentino en cantidad total de pasajeros, sólo detrás de Córdoba, pero superando a Mendoza, Salta e Iguazú.

Sin embargo, el crecimiento del volumen de pasajeros se ha visto limitado debido a una limitación de infraestructura tanto para recibir más aviones como para alojar turistas, siendo que la cantidad de plazas con las que cuenta actualmente asciende a 328.036 plazas hoteleras anual promedio.

Aquí radica la importancia de que el aeropuerto sea repensado a partir de nuevas inversiones -sobre todo del sector privado- que permitan ampliar la capacidad operativa del aeropuerto y los servicios de la ciudad. Y, por supuesto, pensado a partir de su rol como principal hub de la Patagonia desde el cual se distribuya el flujo turístico, ya sea a través del fomento de nuevas empresas de turismo vinculadas a servicios de transporte terrestre o mediante la desregulación del mercado aerocomercial nacional que permita el desarrollo del segmento “low cost”.

3. ¿Cómo va a ser el foco de la gestión de políticas de estado de turismo y desde qué estructura? ¿Ministerio independiente, estructura dependiente de otro ministerio u otra alternativa?

En condiciones prósperas, el marco ideal es que la cartera de turismo cuente con autonomía, en términos de contar con un alto nivel de representación institucional, un tipo de dedicación exclusivo al turismo, y fuerte disposición de recursos materiales.

Sin embargo, entendiendo que antes de que el país pueda comenzar a crecer de manera sostenida, el Estado debe reducir su estructura. Por ello, es posible pensar que la gestión de las políticas turísticas pueda partir de una Secretaría de Turismo, orientada al desarrollo armónico (por inversión / iniciativa privada) de toda la infraestructura necesaria, de modo coordinado, en los destinos con potencial (que logren concretar las inversiones).

4.  En su opinión, de hacer las cosas bien ¿cuánto puede apuntar a crecer la Argentina en ingreso de dólares por Turismo de extranjeros en un horizonte de 20 años? ¿Y durante su mandato?

No hay una respuesta cierta para esta pregunta, pero se podría hacer una estimación a partir de ciertos datos. Por un lado, según el Ministerio de Turismo, tenemos que en 2022 el ingreso por turismo internacional alcanzó los USD 3,4 mil millones. Por otro lado, según el dato provisto por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), los países sudamericanos tendrán una tasa de crecimiento[1] interanual promedio del 4% para el sector turístico durante los próximos 10 años.

A partir de ambos datos mencionados, se podría estimar que, en los próximos 4 años, Argentina podría aspirar a pasar de USD3,7 mil millones de ingreso anual por turismo internacional en 2024, a USD 4,2 mil millones de ingreso anual por el mismo concepto en el año 2027.

Y, si esta tasa de crecimiento se mantiene constante dentro de 20 años, el ingreso anual por turismo internacional podría generar USD 8 mil millones para el año 2043.

5. ¿Tiene los equipos de gobierno que llevaran adelante sus propuestas? ¿Quiénes son?

Se cuenta con un equipo multidisciplinario completo, de profesionales calificados, experimentados y comprometidos con los lineamientos estratégicos presentados en el plan de gobierno. Los mismos tienen los perfiles adecuados para cubrir los cargos de responsabilidad identificados en el diagnóstico institucional del área de turismo de la Nación.

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[1] Una tasa de crecimiento interanual es la tasa a la que está aumentando (o disminuyendo) un determinado indicador de un año a otro. Algunos indicadores pueden ser: cantidad de miles de millones de dólares en ingresos por turismo internacional o cantidad de llegadas de turistas internacionales.

OTROS ÁMBITOS

VIVIENDA – URBANISMO y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE

1. ¿Tiene algún proyecto para la generación de una nueva organización y un mayor desarrollo del territorio nacional?

Se considera que el piso de institucionalización territorial es la comuna o Municipio. Pero el Estado en general, usa a la comunidad para los intereses de la política. Estructura su funcionamiento desde “arriba hacia abajo”, considera que gestionar es “ir a la capital a pedir que le bajen recursos”.

Nuestra mirada es absolutamente diferente. Creemos en fortalecer institucionalmente a la ciudadanía en sus unidades de funcionamiento micro-comunales básicas. El consorcio y las relaciones entre pares en el alma de lo social. No la subordinación.  

Consideramos que a un país sano, lo construye su ciudadanía. 46 millones de individuos que desarrollan estructuras formales que nos deben hacer, antes que nada, iguales ante la ley. Creciendo en capacidades a lo largo de una extensión que no debe perder su foco en la base.

Un Estado a “nuestro” servicio. El de todos y cada uno de los ciudadanos, utilizando las prerrogativas e incumbencias institucionales, desde las personas y grupos hacia las instituciones.

El Estado, como organizador y planificador del territorio, debe ser una herramienta al servicio del desarrollo y la gestión comunitaria, sin la menor pretensión de condicionarla desde sus estructuras burocráticas, políticas y menos que menos, partidarias.

Se dice que hay una integración Estado, Mercado, Sociedad Civil. Y para nosotros importa la Sociedad Civil en el Mercado. Y el Estado debe ser una forma colaborativa de atender a los asuntos comunes, sin dueño ni agendas propias. Subordinado a la primera, en un marco de competencia, igualdad ante la ley y cuidado de las personas que efectivamente requieran asistencia específica. No privilegios.  

2. En Argentina suele pensarse que las políticas de desarrollo humano solo pueden estar basadas en el costo fiscal. ¿Usted como lo ve? Tiene propuestas de desarrollo sostenible que no se basen en el costo fiscal?

Argentina tiene una suerte muy particular. Que es que como el Estado abandonó a la población, la población abandonó al Estado.

Los particulares tenemos solo una fracción de nuestro ahorro y capacidad “en blanco”. No porque seamos intencionalmente evasores o elusores de responsabilidades sino porque el Estado se comporta como enemigo de la prosperidad ciudadana.

Nuestra propuesta es simple: Pasar del paradigma del Gasto Público, justificado en el supuesto derecho a la inclusión plena, administrado por los políticos en base a la asignación discrecional de recursos escasos provenientes de un tormento tribtario sobre los sectores trabajadores, el endeudamiento del Estado o la emisión descontrolada de dinero, a un nuevo paradigma basado en creer profundamente en las capacidades de la población y por lo tanto planificando con seriedad el desarrollo urbano sostenible, basado en las capacidades económicas de cada persona, familia y comunidad, acompañadas por lo que hace efectiva la confianza, que es entre otras cosas en “crédito”. Con esa herramienta pensamos en crear no menos de 3 millones de puestos de trabajo sin costo y con superávit fiscal, a efectos de poder hacer la reforma estructurales que requiere Argentina con la población alegre y productiva, gozando, trabajando y acumulando riqueza estructural e individual. Sin endeudamiento del Estado. Honrando los compromisos y terminando de una vez por todas con la idea de que un estado sensible debe ser insolvente, una falsedad verificada en cada país que logró un nivel de desarrollo deseable, en contexto democrático. 

3. En Argentina hay ahorros cuantiosos en el sistema financiero nacional que no se direccionan a ningún tipo de inversión productiva. Y al menos 3 millones de familias deseosas de pagar a crédito tanto la extensión de los servicios y urbanización, como ampliación, mejoramiento o directamente una vivienda entera. ¿Cree que es posible vincular una cosa a la otra?

Contestado parcialmente en lo anterior. Sin dejar a ninguna afuera del sistema. Cada familia tendrá la oportunidad de ser propietaria de la vivienda que necesite, en un marco urbano y a pagar en cuotas.

4. Si la respuesta a 3. fuera que sí, ¿cómo sería ese plan concreto que permita vincular al ahorro con la inversión de esas 3 millones de familias?

Dado que parte de nuestro equipo formó estas ideas participando activamente en Plan País Argentina, una síntesis del trabajo que proponemos hacer desde el Estado, con bastante profundidad y el compromiso de acompañar en caso de que gane otra propuesta electoral, está disponible en Shock de desarrollo sostenible: https://planpaisargentina.org/Archivos/Decalogo_Vivienda_-Desarrollo_Territorial_Sostenible-_En_construccion_V1.pdf

5. ¿Tiene los equipos de gobierno que llevaran adelante sus propuestas? ¿Quiénes son?

Ricardo Inti Alpert, con un equipo de colaboradores que trabajan y han trabajado en diferentes áreas del Estado y la sociedad civil, en donde tenemos como jefes de asesores en diferentes aspectos a Raúl Zavalía Lagos y el Arq. Roberto Converti.

COPARTICIPACION

DEVOLVER EL PODER A LAS PROVINCIAS

La Libertad Avanza propone volver a la filosofía liberal de la Constitución de Alberdi de 1853/1860, es decir devolverle las potestades de recaudación a las provincias, las cuales fueron delegadas por estas a la Nación. Con esto se busca que las provincias tengan el incentivo de ser eficientes en la recaudación y en el gasto. El sistema tributario argentino se fue distorsionado desde principios del siglo pasado. Para simplificarlo, en la Constitución de 1853 las provincias gozaban de las potestades de recaudación de todos los impuestos salvo los derechos aduaneros. Hoy la realidad es inversamente proporcional. La Nación recauda los impuestos de mayor trascendencia y las provincias solo se reservan impuestos de menor importancia como el de sellos e ingresos brutos.

Este sistema ha alterado el orden económico y político del país atento a que las administraciones provinciales reciben el mismo porcentaje de recaudación sean bien administradas o no por sus autoridades provinciales.

Nuestra idea es devolverle a las provincias las facultades que nunca debieron ceder. No es posible que los ciudadanos de una provincia bien administrada y pujante paguen los costos de aquellas provincias desordenadas fiscalmente. Tampoco es posible que la Nación sea beneficiaria del esfuerzo productivo de las provincias con el consecuente agrandamiento burocrático de la estructura nacional.

En la Argentina que viene tenemos que generar las condiciones para que las provincias, autónomamente, sean los motores del desarrollo de las economías regionales; y para que los administradores provinciales que no sean eficientes en la recaudación y el gasto sean castigados por la ciudadanía a través del voto popular. No podemos permitir gobernadores que duren cuarenta años en sus mandatos mientras descansan en la tranquilidad de la coparticipación federal sin que agudicen sus esfuerzos para hacer de sus provincias motores de desarrollo y producción.

Nuestra propuesta de devolverle las potestades a las provincias las deja a salvo de la discrecionalidad que puedan tener funcionarios del gobierno nacional modificando las alícuotas que alteren los montos coparticipables.

En concreto, llevamos veintinueve años sin cumplir con el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, por ello una vez asumida la gestión nacional rápidamente buscaremos los consensos políticos para dar cumplimiento a esta manda constitucional, generando las mayorías parlamentarias necesarias para un nuevo orden fiscal en la Argentina que reconozca los esfuerzos provinciales dejando que el estado Nacional se avoque exclusivamente a sus funciones esenciales con la consecuente reducción del gasto.

Básicamente, propiciaremos que cada argentino sea el protagonista de su propio destino sin esperar que la burocracia ineficiente del estado nacional gire los recursos para pagar el gasto de sus provincias.

A modo de ejemplo en el año 2022 las provincias y C.A.B.A. se quedaron de manera efectiva con el 50,9% del total de la recaudación tributaria nacional coparticipable mientras que la Nación se quedó con el resto.

Queda de manifiesto el señoreaje que ejerce la Nación respecto de las fuerzas productivas de las provincias.

En conclusión, proponemos volver a la filosofía liberal de la Constitución 1853 la cual hizo de la Argentina uno de los países más prósperos del Mundo.

EMPLEO

1.-  Los convenios colectivos de trabajo de ramas de actividad fueron negociados en las décadas de 1970 y 1980: ¿Qué haría con ellos?

En realidad, el Estado no debería intervenir interfiriendo en las negociaciones colectivas de trabajo. Lo que corresponde conforme el marco internacional en materia de negociación colectiva, es dejar en libertad a las partes (representantes de empleadores y de trabajadores) para que ellos negocien libremente. Esta bien que luego el Estado revise esos acuerdos para verificar que no afecten temas de orden publico o de interés colectivo y los homologue para que tengan efectos también para todos los que no formaron parte directa en la negociacion.

El problema es que el Estado interviene y lo hace de manera directa mucho mas de lo que debería, por ejemplo diciendo cual debe ser el ámbito de negociación (hoy de actividad), aumentando los costos, normando la ultraactividad de acuerdos mas alla del vencimiento de los plazos pactados por las partes, u ordenando dar sumas de dinero por fuera de lo que negocian las partes entre si.

Hay que permitir que las partes elijan el nivel de negociación libremente, actividad, empresa, etc. dando prioridad a los convenios que mas se acerquen a la realidad de cada uno, dar mayor autonomía con menos normas impuestas, a ello hay que agregar que si bien hay clausulas en los convenios que deber ser ultraactivas por su propia naturaleza (ejemplo las salariales)  otras no. Hay que dar un marco de seguridad y confianza para que las partes por si mimas, puedan negociar y mejorar clausulas que hoy son realmente una antigüedad para los tiempos actuales.

2. Hoy contratar un trabajador en blanco cuesta – por encima del bolsillo del trabajador – 45% del salario para seguridad social y entre un 5 y 7% adicional de aporte obligatorio para los sindicatos. ¿Hay que revisar esto o dejarlo como esta? Si hay que revisar, ¿qué habría que hacer?

Claramente hay que revisar todo este sistema y el costo adicional que implica no solo directo sino también indirecto con innumerables cargas que no benefician a nadie.

Hay que simplificar las contrataciones y no transformarlas en casi imposibles como se lo hace hoy.

Nuevamente, se trata de la intromisión del Estado, en su afán regulatorio y recaudatorio, cobra mucho mas de lo que da, complica, pone trabas administrativas (hoy para contratar una persona se necesita contratar además un contador) y lo hace en un ámbito que es esencial al ser humano cual es su DERECHO A TRABAJAR, reconocido además por numerosos pactos internacionales como DERECHO ESENCIAL

Es la propia dignidad de la persona la que esta en juego, cuando el Estado complica tanto las cosas que deberían ser tan simples, las encarece, las hace inequitativas, en un sistema litigioso, se impide trabajar a la gente y con ello se le quita la posibilidad de desarrollar la capacidad con la que nace y la esperanza de una vida mejor.

3. Los empleadores dicen no querer tomar mas asalariados registrados por el alto e incierto costo del despido: ¿Qué haría usted con la indemnización por despido?

Este es un punto central que es fundamental aclarar. Las sociedades crecen cuando se les permite a los individuos la búsqueda de su propia felicidad. Muchas personas buscan su progreso a través del trabajo, diversas actividades, de manera individual o través de la formación de empresas, grupos de trabajo, equipos, compuestos de diversa indole y asi todos nos abocamos al mejoramiento individual y del conjunto.

Si las normas traban este proceso en el ámbito privado, si lo hacen complejo, injusto o litigioso como es actualmente, nada funciona, o por lo menos la gran mayoría de las cosas que importa que funcionen no lo hacen.

Con la normativa actual (multas de la ley 24.013, ley 25.323, multa del articulo 80 L.C.T. y multa del art. 132 bis L.C.T.) un empleado informal cobra mas indemnización que uno formal y esto no tiene ninguna lógica. El sistema es en si mismo autodestructivo y sumamente riesgoso.

Por su parte, los contratos de obra o de servicio con una persona que hace el Estado en caso de litigio, van a la justicia contencioso administrativa quien los toma como contrato de obra o de servicio.

Si esto pasa en la actividad privada, la justicia laboral los considera un trabajo no registrado y manda pagar no solo las indemnizaciones por despido sino también las multas triplicando estas indemnizaciones. 

Este desequilibrio que neutraliza las contrataciones tanto laborales como de obras y servicios por parte de las empresas, por su alto riesgo y falta de seguridad jurídica, paraliza la actividad privada que hay que fomentar. Esto hay que corregirlo inmediatamente.

Luego de solucionar este problema, se puede por supuesto en paralelo también pensar en mejorar el sistema indemnizatorio a través de acuerdos libres convenidos en las negociaciones colectivas (como podría ser algo similar a un fondo de cese, dependiendo de cada actividad o empresa y representación gremial) o permitir al empleador contratar un sistema de capitalización y ahorro, para hacer frente a las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo (o a los acuerdos de desvinculación que hoy se hacen mediante el pago de una suma de dinero aceptada por el trabajador y el empleador). La indemnización por despido de la ley de contrato de trabajo que existe actualmente (art. 245 LCT) si funciona correctamente, sin los agregados absurdos posteriores de las leyes mencionadas anteriormente (que han destruido el empleo y las Pymes en el Pais) no representa el mayor problema del orden laboral.

DE LO PUBLICO

1. ¿Cuál sería la situación deseada (metas) al concluir su primer término de Gobierno en diciembre de 2027, respecto de:

a.         Tamaño del Sector Público en términos de PBI (hoy cercano al 45%)

A final de mandato, un Sector Público en términos de 30% del PBI o inferior.

b.         Funciones principales del Sector Público: funciones prioritarias:

Seguridad interior, defensa nacional, administración de justicia, relaciones exteriores. Los valores a preservar son la defensa de la vida, la libertad, y de los derechos de propiedad privada, con un marco institucional de libertad de mercado, libre competencia, y la cooperación social espontánea, no impuesta por el Estado. El Sector Público debe dejar de asfixiar la libertad de elegir, de contratar y de comerciar.

c.         Estructura tributaria del financiamiento de esas funciones:

Se tratará de lograr una estructura tributaria más eficiente focalizada en la eliminación de impuestos distorsivos y de bajo rendimiento recaudatorio que restan competitividad, y de regímenes de retenciones y percepciones que generan sobrecostos innecesarios al sector privado.

2. ¿Cuál es su posición en relación a las empresas estatales que dan pérdida?

Las empresas estatales que dan pérdida serán privatizadas.

3. Si las empresas estatales fueran económica y financieramente superavitarias, proveyendo de tal modo fondos a las arcas del Estado; ¿vería conveniente su privatización? Razones.

Las empresas estatales detraen recursos al sector privado, y no proveen servicios que no puede prestar el sector privado, y de manera más eficiente. El hecho de que sean superavitarias no significa necesariamente más ingresos para la Administración central. Su privatización es necesaria tanto para asegurar una provisión más eficiente de servicios y para evitar la proliferación de focos de corrupción de todo tipo.

TRANSPARENCIA

1. ¿Considera que la corrupción tiene peso en la falta de desarrollo económico en el país?

Absolutamente. Existen múltiples estudios a nivel internacional que colocan a la corrupción como un flagelo que se lleva aprox. del 5% del PIB. En este sentido:

1. Argentina se ubica entre los peores países del mundo en materia de percepción de la corrupción según los índices de Transparencia Internacional.
2. En el Estado Argentino hay un bajo nivel de rendición de cuentas: transferencias discrecionales sin rendición detallada; asignación de contratos de servicios sin justificación adecuada; gastos duplicados por el mismo concepto ejecutados por distintos ministerios.
3. Sumado a lo anterior, existen falencias estructurales que facilitan (o no desalientan) las irregularidades: la oficina anticorrupción no es autárquica, las auditorías no tienen la profundidad que deberían, las sanciones por corrupción no son proporcionales al daño causado. Para ilustrar esto último, hoy la falsificación de un DNI de un privado para usar UBER da más penas  (3-8 años) que los delitos contra la administración pública por hechos de corrupción (2-6 años).

La corrupción afecta recursos que podrían destinarse a inversión. Por otro lado, la inadecuada sanción refuerza la degradación moral del inconsciente colectivo de que nada pasa si hacemos las cosas mal, generando un círculo vicioso.

• ¿Qué medidas tomaría de ser elegido, para reprimir y, sobre todo, para prevenir la corrupción?

Obra pública: acompañar la lógica de la iniciativa privada a la Chilena. Esto permite que las obras públicas no pasen por las manos del Estado, utilizando las mismas para fines políticos. Pero sí se establecerán procesos para licitaciones transparentes desde el Estado y control de gestión de avances.

Transferencias discrecionales, gastos interministeriales y contratos: promover leyes y resoluciones para la justificación de los gastos, el control cruzado de los mismos y la oportuna rendición de cuentas.

Oficina Anticorrupción: independizar estructuralmente a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y reforzar su rol preventivo. Fortalecer el vínculo con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en lo que refiere a investigaciones.

Adopción de normas de ética pública y anticorrupción pendientes: coordinar con los gobiernos provinciales que todavía no adoptan estas leyes anticorrupción (23 provincias sobre 24) y de ética pública (11/24).

Enlaces de Integridad y Unidades de Auditoría: profesionalizar los enlaces de integridad y las Unidades de Auditoría Interna con herramientas privadas de nivel internacional para la prevención y detección de irregularidades, haciendo un uso integral, por ende, eficiente, de las funciones de prevención y control.

Funciones de control interno de la administración pública: realizar un ordenamiento para la función eficiente y coordinada de organismos de control hoy dispersos.

Estándares internacionales: cumplimiento de requisitos de transparencia para las empresas del Estado (ejemplo, OCDE).

Penas: promover leyes para incrementar las penas como mecanismo de mitigación ante hechos de corrupción.

Transparencia y trazabilidad: Promover la digitalización y la seguridad informática a paso firme para favorecer la transparencia y la trazabilidad de las transacciones a efectos de que sean auditables y que la información esté debidamente protegida.

Educación: observar el cumplimiento de la ley en cuanto a la enseñanza de la Ética Pública como un contenido específico de todos los niveles educativos.

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