“La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7% y 8% en términos reales. Es decir, están recibiendo un montón de recursos y partieron de una situación de equilibrio. No es que les estén faltando recursos. No corresponde (que les dé los recursos que piden los gobernadores). Si partieron de una situación de equilibrio, además la recaudación está creciendo entre el 8% y el 10% en términos reales. Quieren destruir al gobierno nacional. Todos”. 

Esas palabras, que se hicieron virales estos días, salieron de la boca del presidente Javier Milei en referencia a los gobernadores, en la antesala de la votación del Senado que le dio media sanción a los proyectos de redistribución de recursos nacionales presentados por las provincias. 

Posiblemente haya alguien que, por no seguir el estado de las finanzas provinciales, crea que es verdad. Posiblemente también haya personas a quien no le interese conocer el dato: si lo dijo el Presidente, debe ser así. Pero corregir a Milei (oportunidad desperdiciada por el periodista con quien hablaba el Presidente) es muy fácil. Basta con mirar los datos. Veamos. 

Empecemos por la recaudación tributaria global del Estado nacional: en el primer semestre creció 1,3%, un alza muy leve respecto a las expectativas y a su vez muy apoyada en algunos pocos elementos. Ahora bien, eso no impacta de manera directa en las provincias, ya que no todos los impuestos son coparticipables. Ahí es donde Milei, en la entrevista, dice que si “se ajusta por los impuestos que se reparten con provincias, están recibiendo entre 8% y 10% más” afirmando además que una parte de la suba corresponde a IVA. Sin embargo, IVA crece solo 1,9%, Ganancias por su parte cae 4,8%; los impuestos internos -1,8% y los Otros Coparticipados bajan 18,4%. 

Es cierto que hay otros tributos con crecimiento más fuertes, como Combustibles (84,2%) y Bienes Personales (70%), pero son una parte muy minoritaria del reparto en relación con los otros. 

Entonces, ya a primera vista, la recaudación a los gobernados no crece en esa magnitud. Pero además, el Presidente parte de un error conceptual: mira recaudación tributaria cuando debe ver distribución por régimen vigente que, si bien van de la mano, no necesariamente van en línea. Veamos entonces, vía coparticipación y otros recursos automáticos, los fondos a provincias crecen entre 8% y 10%. 

Es cierto que en el primer trimestre del año los envíos por coparticipación crecieron en doble dígito (entre 10% y 17%) pero entre mayo y junio mostraron caídas significativas. El semestre acumulado muestra bajas del 1% en coparticipación, lejos del cálculo del Presidente. Las transferencias automáticas totales, en cambio, crecen al 4% por el impulso de leyes especiales y compensaciones de consenso fiscal. Pero eso no es suficiente para calmar las preocupaciones provinciales ni para pensar que las provincias están holgadas. Hagamos una mirada más amplia. Así como la coparticipación cae 1% vs. 2024, lo hace con más fuerza respecto a años previos: -10% respecto a 2023 y 2022 y -2% vs. 2021. A su vez, las transferencias automáticas totales caen 9% vs. 2023, -11% contra 2022 y -4% respecto a 2021. 

En otras palabras: el valor real de los fondos que recibieron las provincias es menor al de los años previos, situación que equivale a decir que tienen menor capacidad adquisitiva para su gestión presupuestaria. Pero pongamos esto en números: por coparticipación, el conjunto de provincias perdió $ 223.628 millones en este 2025 respecto al 2024; pero si comparamos con el primer semestre 2023, la pérdida es de casi 3 billones de pesos. No millones, Billones. Este problema se verifica en todos los distritos subnacionales. 

¿Qué vemos en Misiones? Perdió siete mil millones de pesos contra 2024 y 91.600 millones contra 2023. Estas cifras solamente contemplan los primeros semestres, pero veamos específicamente que pasó en la era Milei. 

Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, el consolidado de provincias y CABA perdieron por coparticipación federal 6,6 billones. Misiones, en ese marco, perdió casi 211 mil millones, es decir, casi un mes y medio promedio de coparticipación. 

Pero quedarnos en la coparticipación solamente sería mirar la mitad del problema: la otra parte, quizás menos voluminoso pero muy importante igualmente, es el recorte de las transferencias no automáticas. Por este concepto, el consolidado de provincias y CABA perdió en la era Milei $ 4,9 billones, mientras que Misiones perdió $ 191 mil millones. 

Hagamos el saldo global de envíos nacionales (automáticas + no automáticas): los subnacionales perdieron $ 11,4 billones; Misiones perdió casi $ 395 mil millones. 

La pérdida global para el consolidado de provincias equivale al 1,5% del PBI. ¿A cuánto equivale el pedido de los gobernadores en el Senado? A 0,36% del PIB. Aún así, el gobierno está en contra de esas propuestas. 

Por otro lado, el Presidente siguió hablando contra las provincias diciendo que, como quieren “destruir al gobierno nacional”, suben impuestos. Si bien es cierto que hubo casos puntuales de suba en algunas provincias, el propio ministerio de Economía de la Nación desmiente al presidente: en 2023, la Presión Tributaria Nacional, como porcentaje del PBI, era del 22,8% y creció al 23,0% en 2024; en cambio, la Presión Tributaria Provincial pasó del 5,1% en 2023 al 4,8% en 2024. Es decir, la presión tributaria creció en la Nación pero cayó en las provincias. Milei, entonces, miente o ignora. 

Otro argumento en contra de Milei y a favor de las provincias, es el peso del ajuste. Desde el Gobierno nacional niegan el recorte del gasto público que hicieron las provincias e instan al mismo, pero olvidan (o ignoran) el fuerte recorte realizado en 2024: el consolidado de provincias aplicó un ajuste del gasto por $ 15 billones, equivalente al 2,2% del PBI. 

Resumamos brevemente: las provincias perdieron recursos de origen nacional por el 1,5% del PIB en la era Milei, y ajustaron el gasto en 2,2% del producto. Es decir, no solo recortaron gastos por caída de ingresos, sino que hicieron ajustes extra. Además, disminuyeron su presión tributaria. Entonces, el conflicto del gobierno nacional no es por dogmas de política económica, es simplemente político e incluso es hasta filosófico: es desconocer el rol central político, económico, institucional, normativo y constituyente de las provincias, simple y llanamente.